sábado, 16 de agosto de 2014

La rebelión de los malos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-rebelion-de-los-malos-15-08-2014
La República
La mitadmasuno
15 de agosto de 2014
Juan De la Puente
La delitopolítica es la fase superior de la antipolítica, el sistema de organización del poder y de la gestión del Estado vigente desde hace 25 años y que ahora nos estremece al ponernos sobre la mesa a centenares de candidatos con sentencias penales por delitos sobre los cuales la sociedad tiene un especial cuidado.
Aunque la verdad sin tapujos es que ni el Estado ni la prensa deberían horrorizarse demasiado, sobre todo si el primero fue impulsor y cómplice de la antipolítica y la segunda su entusiasta anunciadora, promotora y defensora. Tampoco el mercado debería sorprenderse tanto porque en las últimas décadas ha pedido y bregado por un sistema político bonito y barato, no necesariamente bueno, y lo ha conseguido.
La presencia de candidatos narcotraficantes, violadores, usurpadores, secuestradores y terroristas en las listas electorales no es reciente aunque revista ahora la forma de una invasión. Están siendo paridos por un sistema que aplaude y premia el rechazo a los partidos, a las ideologías y al compromiso doctrinario. Lo que empezó como la adulación a los independientes por su naturaleza pragmática, sin lealtades y sin historia adquiere ahora la forma de una resignación pública ante un modelo que se sabe puede existir solo sobre la base de partidos pequeños, débiles y a merced de los caudillos, con una vida precaria y sin democracia interna, una travesía en permanente emergencia acosada por movimientos regionales y locales que reproducen y masifican la corrupción, el populismo y el clientelismo.
Los partidos fueron en este proceso víctimas y verdugos. La antipolítica les fue impuesta por lo poderes fácticos aunque se produjo al mismo tiempo como resultado de su falta de competencia para enfrentar las crisis en la década de los ochenta. Ya es un consenso en la academia considerar que el quiebre de lo que alguna vez pudo llamarse sistema de los antiguos partidos es a la vez asesinato y suicidio.
La desprofesionalización de la política se acentuó en la década pasada; a ella concurrieron medidas y fenómenos como la misma Ley de Partidos que consagró el fichaje de independientes y relativizó las elecciones internas. En un proceso paralelo, el voto preferencial y la falta de financiamiento público de los grupos políticos dinamizaron el encarecimiento de las campañas electorales consolidando el eje que mueve casi toda elección: candidatos prestados/dinero. Mi cálculo conservador es que en estas elecciones se gastarán por lo menos 1.000 millones de soles.
Los antiguos partidos se resistieron inicialmente a este impulso de compra y venta de listas electorales, pero han sucumbido a la tentación; la antipolítica ha logrado que todos se adecúen a ella y desde esa legitimidad ha convertido la formación de la representación en lo que ahora es, un proceso generalmente irregular y a veces fraudulento de reclutamiento de militantes, formación de comités y designación de candidatos.
No es extraño que en ese contexto las elecciones sean una oportunidad para que los malos salgan del clóset y se trepen con dinero en la mano a la lista electoral que encuentren. Esta fase superior de la antipolítica está en su momento inicial; los más de 2 mil candidatos sentenciados son apenas el 2% del total de candidatos en todo el país, pero al ritmo en que opera puede alcanzar fácilmente el 6% u 8% en los siguientes comicios, un porcentaje capaz de arrebatarle a la sociedad el impulso de cambio.
Lo que no aparece suficientemente claro en la indignación de medios y líderes es la asociación de la delitopolítica con otros fenómenos que estallan al mismo tiempo, como la corrupción regional y municipal; el plagio de planes de gobierno; la compra de periodistas, jueces y fiscales; y la corrupción de buena parte de jurados electorales especiales. Quizás sea un esfuerzo agónico para decirnos que a pesar de que los malos se rebelan, arrinconan a los buenos y se cuelan a los cargos de representación popular, la reforma política no es necesaria porque aún podemos seguir conviviendo con la antipolítica.

viernes, 8 de agosto de 2014

La reforma huérfana

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-reforma-huerfana-08-08-2014
La República
La mitadmasuno
8 de agosto de 2014
Juan De la Puente
La reforma política fue abordada incluso antes de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos (LPP) Ley N° 28094 del 2003. Como se recuerda, luego de la caída del fujimorismo se plantearon cambios institucionales y constitucionales de alto calado, cuyo paradigma más elevado fue la formación de una Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva constitución, y en una lógica minimalista la reinstalación del bicameralismo y la descentralización.
La misma LPP fue recibida con desconfianza y poco entusiasmo; gestionada como parte de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional suscrito un año antes, fue posible solo por el empeño de un reducido grupo de líderes políticos y de la Asociación Civil Transparencia e Idea Internacional. Entonces, la academia razonaba con un receloso perfil, advirtiendo: 1) que lo más importante era fortalecer los partidos existentes y no debilitarlos normativamente; 2) que no debería ampliarse más un sistema ya demasiado abierto; 3) que debería colocarse más barreras de entrada al sistema y vallas para la permanencia en él: 4) que era riesgoso promover la renovación desordenada de las dirigencias partidarias; y 5) que era preciso abocarse a la reforma del Estado como un mecanismo legitimador de la política.
La LPP tuvo un sentido institucionalizador de lo existente antes que reformista, y a esa mediatización se debe su rápido fracaso. En el 2006 se hizo evidente la crisis de lo poco que quedada del sistema de partidos, cuando el parlamento se pobló de legisladores independientes ganadores de costosas campañas y cuando los partidos se replegaron a Lima y a las elecciones nacionales abandonando el resto del país. Los comicios del 2010 y 2011 profundizaron la crisis; en el 2010, las estructuras nacionales solo ganaron en 4 de 25 regiones, en 77 de 195 provincias y en 693 de 1.605 distritos. Y en el parlamento del 2011, por lo menos 65 legisladores electos no eran militantes de los partidos por los que postularon, a pesar de que algunos pasaron por fórmulas de comicios internos, obviamente fraudulentas. Nuestro Legislativo, un órgano político por excelencia, fue diezmado de políticos.
Si la LPP fue un hijo no deseado y esperado, la reforma política es evitada. La mayoría de partidos han desarrollado una sensibilidad contra la reforma y los que lo desean poseen dirigencias débiles ante sus bancadas, especialmente en este tema. Ello no ha impedido que la LPP haya sido modificada 8 veces y en 17 de sus 41 artículos, sobre todo para cerrar el sistema, elevando a 450 mil las firmas requeridas para legalizar nuevos partidos.
La reforma policía fue obviada por los candidatos presidenciales que compitieron el 2011; también fue ignorada por casi todos los medios y silenciada en los partidos; y hasta hace poco, la mayoría de académicos, politólogos y analistas pasaban de largo frente a ella con el registro general de que el problema de la políticas y de los políticos no son las reglas, una rotunda fórmula negadora. Este temperamento alcanzó inclusive a los proyectos de Código Electoral y de Ley de Partidos presentados en consenso por los organismos electorales al Parlamento.
La mención a la reforma que hiciera el Presidente de la República en su reciente mensaje a la Nación se produce luego del estallido de la corrupción regional aparejada con la fundición de las bancadas parlamentarias. En este nuevo momento se acepta por fin la necesidad de la reforma, aunque deberán pasar algunos años más para concretarla. Por ahora se han empezado a trazar los mapas de navegación de tan trascendental cambio.
Lamentablemente, el nuevo sentido común de la reforma política es todavía débil para imponerse; las llaves de la misma se encuentran en poder de los que viven y se reproducen gracias al viejo sistema de la formación de la representación. Los “comeoros”, “robacables”, lobistas y negociantes son todavía mayoría en el Congreso y hará falta una gran movilización ciudadana que echarlos de los salones del poder.

Los Cornejoleaks y los medios

La violación del secreto de las comunicaciones del ex premier René Cornejo ha expuesto miles de sus correros provenientes de una cuenta privada. No hay duda que se trata de una infracción a la ley penal que en este momento investiga la fiscalía. Sin embargo, la difusión de dichos correos ha empezado a ser considerado un delito por parte de algunos especialistas.
1.- En una entrevista para la web de La República, la Srta. Fátima Toche, jefa de la división de derecho y nuevas tecnologías del Estudio Iriarte y Asociados se ha expresado de la siguiente manera:
Pregunta. - ¿Al hacer mención al contenido de estos mensajes, la prensa comete un delito?
Respuesta.- Sí, porque se está divulgando, por lo menos la primera persona que lo haga, correspondencia destinada a ser privada. Y eso es castigado por el Código Penal.
Pregunta.-¿También la pena es de uno a tres años de prisión?
Respuesta.- Es una pena privativa de la libertad no mayor de dos años.
2.- Esta información es falsa. Ninguna norma penal establece ello. Para precisarlo le pregunté por titear al Sr. Erick Iriarte (@coyotegris) de la empresa que lleva su nombre. Él contestó lo siguiente: “…de hecho no se ha mencionado tiempo, pero el artículo en cuestión es el 164 CP”.
De hecho, esta apreciación es errónea y es una pena que los autores hayan persistido en el error induciendo involuntariamente al temor a medios y periodistas.
El Artículo 164° del Código Penal aborda el delito de publicación indebida de correspondencia:
Publicación indebida de correspondencia
Artículo 164.- El que publica, indebidamente, una correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la publicidad, aunque le haya sido dirigida, será reprimido, si el hecho causa algún perjuicio a otro, con limitación de días libres de veinte a cincuentidós jornadas.
3.- En este tipo penal, la conducta prohibida en este delito consiste en publicar indebidamente  una correspondencia epistolar o una correspondencia telegráfica. El Código Penal no menciona la difusión de correos electrónicos.  La diferencia entre correspondencia epistolar y correo electrónico es precisa. Así, el delito tipificado en el Artículo 164° del Código Penal sólo es aplicable a los que difunden indebidamente una correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la publicidad. Por lo tanto, la difusión de correos electrónicos no se encuentra sancionada por el artículo mencionado.
4.- Esto es tan cierto que a la fecha ningún periodista que ha difundido comunicaciones obtenidas ilícitamente por terceros ha sido imputado, ni siquiera en los sonados casos llamados “Petroaudios” y “Potoaudios”, es decir para estos casos a ningún juez o fiscal se le ha ocurrido echar mano del Artículo 164°. En el caso del periodista Palma, no ha sido procesado por publicar comunicaciones indebidamente obtenidas por otros, sino por ser autor material, él mismo, de una violación de la comunicaciones de otra persona.
En este punto, es importante señalar la valoración por los medios y periodistas de lo que reviste interés público. Este concepto se encontraba ya presente en el proyecto de ley de la Corte Suprema enviado al Congreso en julio de 2011. Antes, en la Sentencia 0027-2005-PI/TC, el TC también se refrió al tema.
5.- El año 2010, el TC aclaró su postura en relación a la imputación de los periodistas en los casos de la interceptación de las telecomunicaciones y su divulgación por los medios de comunicación. Esta aclaración dice así:
“Que en relación a la interceptación de las telecomunicaciones y su divulgación por los medios de comunicación, está prohibida la difusión de información que afecte la intimidad personal o familiar, o la vida privada del interceptado o terceras personas, salvo que ella sea de interés o relevancia pública, lo que debe ser determinado en cada caso por el propio medio de comunicación. En caso de exceso tanto el periodista, como los editores y/o los propietarios de los medios de comunicación, serán responsables por tales excesos, según lo determine la autoridad competente”.
6.- La imposibilidad de imputar a los periodistas en base al artículo 164° llevó al que el Congreso, en base a varias iniciativas apruebe la llamada Ley Mordaza, cuestionada por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) IPYS, IDL y otras instituciones. Esta ley fue observada por el Presidente de La República Ollanta Humala. Se entiende lógicamente que por esa razón, hoy día ni con el Artículo 164° ni con el Artículo 162° se puede imputar a un medio o periodista por divulgar documentos obtenidos ilícitamente por terceros.
7.- El Artículo 162° si fue modificado en dos oportunidades recientemente.
La Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30096, publicada el 22 octubre 2013, incluyó mayores penas si los autores de las interferencias cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial de conformidad con las normas de la materia o cuando el delito comprometa la defensa, la seguridad o la soberanía nacional
Luego, la Ley N° 30171, publicada el 10 marzo 2014, incluyó penas cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial de conformidad con la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal previsto en los supuestos anteriores.
8.- Como se aprecia, queda claro que en el Perú en este momento ningún periodista o medio puede ser procesado por divulgar las comunicaciones obtenidas ilegalmente por otros si estas revisten interés público. Es cierto que el sistema legal está a la espera de un mejor diseño de lo que se denomina interés público, pero esto no implica violar las libertades informativas.
Aquí la entrevista de la Srta. Toche:
Esta es la aclaración del TC en referencia al asunto, a propósito de los “Petroaudios”:


sábado, 26 de julio de 2014

El gran movimiento

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-gran-movimiento-25-07-2014
La República
La mitadmasuno
25 de julio de 2014
Juan De la Puente
La difusión por la Asociación Civil Transparencia y Utero.pe de hallazgos en la revisión de las hojas de vida de los candidatos a las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre, nos refriega en los ojos la asociación delito/política y corrupción/política. Más de 1,400 de los que aspiran a cargos de elección popular fueron condenados por delitos en los que la sociedad pone un énfasis especial, como prestaciones alimenticias (871 condenados); peculado (113); lesiones (59); apropiación ilícita (31); abuso de autoridad (29); homicidio (12), narcotráfico (13); entre otros.
Una respuesta inmediata alegaría que esta asociación no es nueva y que lo novedoso es conocerla en su emplazamiento electoral. Otra más avisada diría que esta relación es inherente a la política en tanto afán de poder y de lo público. No en vano Maquiavelo propugnaba una buena utilización del delito en un momento concreto para asegurar el poder y en beneficio de los súbditos (leído ahora como roba pero hace), aunque desaconsejaba que los delitos aumenten en lugar de desaparecer.
No obstante, la política también es un espacio de pugna entre la virtud de lo público contra la corrupción. El diálogo entre Sócrates y Critón en vísperas de su muerte, cuando este se presenta a su celda para contarle que sus seguidores habían recolectado dinero para sobornar a los guardias y a los delatores profesionales para posibilitar su fuga, es aleccionador. El filósofo se niega a participar en un doble acto de corrupción, soborno y chantaje, aun a costa de su vida con una épica sentencia: No podemos burlar aquello que hemos convenido que es justo.
Esta batalla entre la tolerancia y la censura a la corrupción en la política es tenaz; varios estados ha logrado vencerla y otros controlarla. En el ránking de 175 países que publica Transparencia Internacional, es curioso que de los 15 menos corruptos, 14 sean estados de bienestar, con sólidos sistemas de partidos y una alta conciencia del servicio público; y que los 15 más corruptos sean estados pobres y empobrecidos, con regímenes autocráticos y dictatoriales, desprovistos de comunidades políticas organizadas. En ese ránking el Perú está debajo de la mitad de la tabla, en el puesto 83, aunque otro estudio, el Barómetro Global de la Corrupción 2013, es más revelador: el Poder Judicial, los partidos, la policía y el Congreso se ubican entre las instituciones más corruptas.
Podría ser incluso que estas mediciones que recogen percepciones vayan a la zaga de una realidad mayor y que estas, las percepciones, sean un tanto generosas. El reciente estallido de corrupción regional, añadida a la local y nacional, nos avisa de un fenómeno vasto, masivo, intenso y sólido. En este punto, la pregunta sobre si la de ahora es la misma corrupción un poco aumentada por la mayor disposición de recursos, o si es nueva, es crucial. En el primer caso se trataría de la continuación de un hilo histórico y en el segundo de una ruptura estructural.
Me temo que estamos en ciclo corrupto totalmente nuevo, amamantado desde el Estado, la sociedad, la política y el mercado, inédito en cuanto a los actores, redes, organización y eficacia, una dinámica que nos impulsa desde un país “con corrupción” a un país “de corrupción”. Este movimiento es ahora el más importante de la sociedad, aún más que otros verificados por la academia, como el emprendedurismo y la informalidad. Como dirían algunos amigos, la corrupción ya hizo sociología.
Este movimiento se encuentra institucional y socialmente instalado, con una larga pista de recorrido por delante y a él se adecúan comportamientos públicos y privados. Una evidencia  de ello, muy peruana, es que con frecuencia le echamos al Estado la culpa de la corrupción para evitar culparnos a nosotros mismos. A ese gran movimiento cuyo horizonte es de largo plazo se le opone por ahora un pequeño movimiento anticorrupción de corto plazo que utiliza escasos mecanismos institucionales, carece de fuerza política y respaldo confiable de los medios de comunicación y de activismo social.

Elecciones, plata como cancha

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/elecciones-plata-como-cancha-18-07-2014
La República
La mitadmasuno
18 de julio de 2014
Juan De la Puente
¿Cómo financian sus campañas las más de 14 mil listas que se presentan a las elecciones del 5 de octubre si los militantes no cotizan a sus grupos políticos y si nuestro sistema no considera el  financiamiento público directo? Un cálculo conservador estima que si cada lista gasta en promedio, algunas mucho más y otras ligeramente menos, 70 mil soles a lo largo de la campaña, la cifra global que se gastará en pocas semanas será de 1,000 millones de soles, una orgía de dinero sin control convertido en el elemento decisivo de una competencia deformada y aliada del populismo.
Este gasto quizás ayude a frenar la desaceleración de la economía pero debilita la institucionalidad que le queda al sistema. La tendencia de la política peruana es la de colocar más dinero en la campaña con lo que ello significa, es decir, más desigualdad entre los que compiten, más prebendas a los electores, predominio de las campañas pagadas en los medios de comunicación y sustitución del debate de programas por la propaganda.
Está muy claro que el argumento de que las campañas se sostienen a punta de polladas es falaz. La competencia política se ha profesionalizado en un sentido que demanda más recursos que ideas, de modo que quien revise los programas presentados al JNE pasa con facilidad de la risa al llanto por la serie de sandeces escritas para llenar un requisito. Lo que vale es el dinero.
Las modalidades que asume el flujo de dinero negro a las campañas están a la vista y se originan en la legislación electoral que favorece estas prácticas al no exigir elecciones primarias abiertas y un tiempo considerable de militancia, y en cambio promueve el fichaje de independientes y hace laxo el control del dinero por parte de la ONPE. La relación perversa entre dinero negro y política en el Perú se origina en la ley.
Esta legislación ha ordenado las formas de financiamiento sucio; la primera es la compra de lugares en las listas, un cupo casi siempre pagado por un tercero que luego cobrará en lealtades; luego, el gasto de campaña como pago por adelantado a cargo de empresas que, democráticamente, financian a más de una lista; para terminar en verdaderos joint ventures electorales en las que las empresas colocan a sus candidatos como garantía de la defensa de sus intereses. A ello se agregan otros pagos oscuros, el de la minería y tala ilegal, narcotráfico y contrabando, entre otros, y el ilegal gasto de los recursos públicos de los que van a la reelección difícil de vigilar fuera de las grandes ciudades.
La visión del que se asume consciente e informado e incapaz de vender su voto, un tópico en el que se detiene con frecuencia el análisis político, conlleva riesgos por incompleta. El más inmediato resultado de este proceso es la deformación de la agenda pública que obliga al candidato elegido a una acción de gobierno orientada a satisfacer a quienes pagaron la campaña, en perjuicio de los ciudadanos. Campaña oscura y dinero ilegal casi siempre terminan en un ejercicio corrupto de gobierno.
Las compras superfluas y la construcción de obras no prioritarias son el efecto de una gestión subordinada al dinero, la base de la rápida pérdida de legitimidad de los elegidos o el inicio de un nuevo proceso vicioso de más prebendas, una campaña electoral infinita donde el interés general cede a la negociación ante los grupos de presión, un espiral de corrupción que se traslada a la compra de fiscales, jueces, policías y periodistas, y el asesinato. Este drama nace en un punto: la hipoteca de los políticos al dinero.
Este sistema funciona con eficacia y no tiene visos de ser cambiado porque sobre él ejercen una vigilancia los parlamentarios hijos del voto preferencial, otro de los mecanismos que atrae el financiamiento ilegal. Pero ha logrado apartar a buena parte de los políticos honestos que no están dispuestos a someterse al financiamiento privado por fuera de la ley y que son reemplazados por políticos sin ley, una raza distinta que se mueve a otro ritmo. No son todos, pero son la mayoría y van a gobernar nuestros pueblos. Plata como cancha es la voz.

Transfuguismo, contagio masivo

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/transfuguismo-contagio-masivo-11-07-2014
La República
La mitadmasuno
11 de julio de 2014
Juan De la Puente
El cierre del plazo de inscripción de las listas que competirán en las elecciones del 5 de octubre permite apreciar fenómenos que reflejan la evolución de la dinámica nacional/regional, una de las que atraviesan el sistema político, y de la correlación de fuerzas transparencia/corrupción en los ámbitos regional y local.
El número de listas es casi igual al de los comicios del 2010, ahora 14,171 frente a 11,170 de aquella vez, aunque se registran cambios al interior de las cifras generales. La competencia para los gobiernos regionales tiene menos listas (322 ahora contra 342 en los anteriores comicios) y un despliegue desigual de los partidos nacionales. En las elecciones regionales anteriores los partidos presentaron menos listas que ahora, 143 contra 159, en un contexto de crisis que afecta de distinto modo a los partidos nacionales.
Alianza para el Progreso (APP), el fujimorismo y UPP incrementan sus candidaturas respecto del 2010, pasando el primero de 16 a 24 regiones, el segundo de 13 a 15 y el tercero de 7 a 9. En otra dirección, decrece el número de listas de otros partidos como el Apra (de 24 a 14 regiones), Acción Popular (de 20 a 17 regiones), Perú Posible (de 17 a 8 regiones), Somos Perú (de 11 a 6 regiones), Restauración Nacional (de 11 a 3 regiones) y los Fonavistas (de 17 a 10 regiones).
Nuevas agrupaciones irrumpen en el escenario regional; es el caso del Partido Humanista (11 regiones), el Frente Amplio, a través de Tierra y Libertad (11), Siempre Unidos (6), Perú Patria Segura, ex Cambio 90 (6) y Vamos Perú (7). El PPC participa en 7 regiones como lo hizo el 2010 y Solidaridad Nacional en 5.
A simple vista, la inscripción ahora de 163 movimientos regionales frente a los 199 en los anteriores comicios es un dato seco que podría indicar una ligera recuperación de los partidos nacionales en las regiones o su relativo retorno. Sin embargo, ni la ecuación menos movimientos regionales y más partidos regionales es igual a más democracia, ni la presentación de listas partidarias sintetiza necesariamente un proceso democrático.
Lo que se aprecia antes bien es el contagio mutuo del transfuguismo y de la enfermedad del fichaje electoral, y la desaparición de los últimos rezagos de democracia interna e institucionalidad partidaria. En buena parte de casos, los partidos nacionales designaron como sus candidatos a caudillos regionales con los que negociaron el uso de la marca electoral en tanto que los movimientos regionales “extrajeron” candidatos de los partidos nacionales, un frenético transfuguismo que en el Cusco llegó a extremos: militantes de un mismo partido se repartieron en varias listas en tanto que los partidos se prestaron candidatos para cumplir con la ley electoral (Amaru, Revista Andina de Política y Cultura).
A pesar de lo señalado, es preciso reconocer dos movimientos que operan en sentido inverso; por un lado, se ha frenado la expansión de los movimientos regionales como una alternativa a los partidos nacionales; al mismo tiempo, algunos aparatos nacionales resisten la crisis relocalizándose en las regiones en una perspectiva de acumulación partidaria sin ideario y programa, y solo pensando en la ocupación de espacios de cara al 2016. Ese parece ser el caso del fujimorismo y de Alianza para el Progreso.
Finalmente, esta relocalización es también desigual. El país aparece dividido en bloques significativos. Uno en el que los partidos presentan cara a los movimientos regionales, como en Arequipa (12 listas partidarias de un total de 18), Apurímac (6 de 10), Ayacucho (7 de 12), Ica (10 de 14), Junín (7 de 13), La Libertad (8 de 11), Lambayeque (10 de 13) y Moquegua (5 de 9). El otro bloque es de regiones, en la mayoría de las cuales la corrupción es escandalosa y masiva y en las que los partidos están en el umbral para afuera, como en Amazonas (2 de un total de 9), Cajamarca (3 de 8), Cusco (6 de 14),  Huancavelica (2 de 9), Huánuco (6 de 14), Loreto (2 de 7), Puno (2 de 10) y Ucayali (3 de 13).

Crimen y castigo, nueva crónica

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/crimen-y-castigo-nueva-cronica-04-07-2014
La República
La mitadmasuno
4 de julio de 2014
Juan De la Puente
La caída en desgracia de los cabecillas de dos grupos que la justicia investiga como parte del crimen organizado nos coloca en más de un sentido en ligas mayores. Por un lado, confirma que esta modalidad de delito ha dejado de ser una particularidad criminal y convertido en una forma violenta de emergencia social a la que se vinculan directa e indirectamente miles de peruanos, una versión nada surrealista del delito de masas que paga bien, un movimiento social en el que los personajes que copan las noticias de las últimas semanas solo son sus emblemas y velámenes.
Por otro lado, coloca sobre la mesa un movimiento anticorrupción, débil para la dimensión del problema, que por ahora tiene dos elementos constitutivos, el asombro e indignación pública que la prensa agita y refleja, y la acción coordinada del Estado impulsada por el reclamo ciudadano y por los reflejos propios del sistema. En este punto, se sabe que los desenlaces de los casos de César Álvarez y Rodolfo Orellana tienen origen en reuniones calientes de los llamados “Consejos de Estado”, en los que respetando la autonomía constitucional de cada órgano constitucional se trazan estrategias y se exigen cuentas claras.
Tres leyes aprobadas en los últimos años son determinantes para enfrentar este nuevo momento signado por las figuras aparentemente fuertes y extraordinarias de mafiosos novelescos. Se trata de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077), la Ley de Lucha contra el Lavado de Activos (D. Leg. N° 1106) y la Ley de Pérdida de Dominio (D. Leg. 1104). Ellas obedecieron al impulso del equipo que lideró Juan Jiménez Mayor desde el sector Justicia y la PCM, y quien paradójicamente debió dejar el cargo debido a su apreciación de las percepciones sobre la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas y otras normas han sido cruciales para producir un salto normativo para enfrentar el nuevo momento.
Ahora es posible iniciar una investigación por lavado de activos sin demostrar el delito precedente, una restricción que en la década pasada derribó el primer megaproceso por tráfico de drogas contra un grupo empresarial del norte del país dedicado a la actividad minera. También se ha hecho obligatoria la bancarización de las operaciones de dinero en el exterior, y la extensión de la incautación de bienes a todos los delitos en agravio del Estado. Asimismo, el país cuenta con una procuraduría más eficaz y legítima y con los primeros grupos policiales especializados en lavado de activos y crimen organizado.
No estamos ante un empate técnico entre crimen y castigo. Las fuerzas del primero son mayores, en el promedio quizás mejores, y su acción es vasta. El delito en movimiento se desarrolla con más velocidad que las fuerzas del Estado; forzando las figuras podría decirse que el primero crece geométricamente y el segundo aritméticamente. Esta brecha debería por lo menos reducirse.
Las medidas legales y las actividades de equipamiento son importantes pero no son suficientes. La batalla contra el crimen organizado en expansión exige un movimiento anticorrupción desde el Estado y la sociedad. En el primero de los casos obliga a acometer cambios de política criminal para cerrar los vacíos de la legalidad usados por la ilegalidad, reformar radicalmente algunas instituciones, reducir las posibilidades de creación de grupos criminales y su expansión, y financiar la prevención y punición. De lo contrario caeremos en la lógica lamentosa de la Contraloría General de la República que pese a aceptar que su control fue desbordado por las bandas, se empeña en afirmar que la descentralización ha fracasado.
Los buenos no solo deben ser más que los malos, sino parecer que son más. El crimen organizado también nos interroga como sociedad; el delito a secas es un hecho antijurídico culpable que toda sociedad está obligada a prevenir y sancionar; no obstante, la convicción de que habita entre nosotros una cosa nostra extendida, impune y floreciente, nos desnuda como una comunidad carente de algunos valores esenciales que parecen haberse perdido en un momento especial de la peruanidad.

sábado, 5 de julio de 2014

Documento JNE sobre Diálogo Vecinal

Documento del JNE que rechaza sustitución del Presidente de Diálogo Vecinal Sr Becerra por Víctor Guerrero. Es del 4 de junio.

viernes, 4 de julio de 2014

El populismo policial

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-populismo-policial-27-06-2014
La República
La mitadmasuno
El gobierno parece ha decidido hacerse cargo de la alta percepción de inseguridad aceptando la evidencia empírica que sostiene que en este tema, más que en cualquier otro, las sensaciones son definitivas. Se entiende así que la designación de Daniel Urresti como Ministro del Interior busca corregir una omisión patente en declaraciones oficiales y en anteriores estrategias. En esa misma línea de actuación, la irrupción de Urresti en la escena también lleva implícito el mensaje sobre un liderazgo operativo cotidiano que impedirá a los críticos señalar que no se hace nada.
En principio, la decisión es correcta. Sin embargo, toda construcción de imágenes es al mismo tiempo una elaboración de mensajes y una asignación de cuotas de poder en las instituciones del Estado. Siendo que la política mediática es una forma de hacer política, no basta con que los actores públicos y las imágenes existan sino el cómo existen, porque de ello depende el destino del mensaje y su impacto.
Este esfuerzo se complica en el caso de la seguridad ciudadana donde las imágenes pueden ser pasajeras al estar condicionadas por la exigencia de resultados de corto plazo. También se complejiza porque lo que se tiene al frente no es un adversario identificable con facilidad, lo que hace de la construcción de contenidos una tarea de extremo cuidado.
Estas previsiones no han sido tomadas en cuenta en los primeros días de gestión del ministro Urresti caracterizados por una lluvia de promesas y actos de fe, entre ellas la declaratoria de guerra al delito, el compromiso de entregar resultados a fin de año y la subestimación de la lucha contra la corrupción policial. Estas ligerezas se han empezado a corregir aunque persiste la duda sobre el carril sobre el que se desplaza la nueva gestión en esa cartera ministerial. Sobre el particular, aquí resumo dos riesgos que deben ser conjurados.
1. La idea de una guerra contra el delito común desarma, desarticula y enerva; expresa la idea clásica de buenos contra malos que deben ser exterminados, y es la base de políticas de la mano dura, gatillo fácil, y dispare primero y pregunte después. La idea de guerra, con la cuota de excepcionalidad que implica, es distinta al despliegue de una política pública, las guerras las dirigen los jefes militares y las políticas los hombres de Estado. La guerra contra el delito es un discurso en espiral que en México, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) ha costado más de 70 mil muertos, y solo en último año, 25 mil. De esa vorágine no ha podido salir el gobierno de Enrique Peña Nieto que en sus primeros 14 meses de gobierno ha tenido 23 mil muertos. En ese mensaje de mano dura acaba de inscribirse el congresista Renzo Reggiardo al sugerir el ingreso del Ejército a Comas y San Juan de Lurigancho.
2. La visión de combate al delito que absolutiza la labor policial es tradicional y desanda el camino realizado en estos años. Frente a ese facilismo, en este mismo gobierno y en las gestiones de Wilfredo Pedraza y Walter Albán, se han logrado avances que no deberían tirarse por la borda. El más importante de ellos es la creación de una visión compartida de la seguridad ciudadana como un asunto que trasciende la relación entre policías y ladrones. A pesar de las debilidades el trabajo del CONASEC y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 nos colocan sobre un piso mínimo multisectorial en el que importa el trabajo de fiscales, jueces y otros funcionarios e instituciones, un modelo que no debe ser subestimado frente a una "lógica Rambo", de autosuficiencia policial que no tiene ninguna posibilidad de éxito real y escasa vida como imagen pública. Esa agenda debe ser fortalecida e implementada y no sustituida por experimentos.
La crisis de seguridad que vive el país demanda un liderazgo que, no obstante, no es sinónimo de figuración o populismo policial. El liderazgo que pide esta crisis es más exigente; incluye símbolos y operativos pero es más que eso, exige ganar la calle y recuperarla frente al delito pero reclama poner fin a la cadena de impunidad.

La Guerra de los Luises

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-guerra-de-los-luises-20-06-2014
La República
La mitadmasuno
Sería atrevido responsabilizar a los políticos o a la política de la desaceleración de la economía. Al revés, conforme se calienta el debate sobre las cifras macro y las alternativas al enfriamiento, queda claro que la tecnocracia económica tiene una cuota de responsabilidad en el hecho de que el país no haya acometido los cambios que hagan menos vulnerable a nuestra economía a los eventos externos, que permitan desarrollar una oferta exportadora más diversificada y amplíen el mercado interno, conforme rezaban decenas de memorandos.
La disputa entre Luis Miguel Castilla y Luis Carranza se produce en una hora difícil para la tecnocracia económica; la Guerra de los Luises tiene como trasfondo el fin de una parte del consenso económico, el que se construyó alrededor del crecimiento con un sentido complaciente, poco crítico y sobre todo inmovilista, patentizada en la idea del piloto automático y en la exigencia de que los políticos no interfieran en la economía, una suerte de fisiocracia ultraliberal. En esta disputa, Carranza luce más agresivo, innovador, abierto y rectificador ante un Castilla atrapado en un discurso clásico, a pesar inclusive de algunas reformas emprendidas.
En el balance tecnócratas/políticos nunca quedó precisada la fuerza de los primeros respecto de los segundos desde el año 2001 a la fecha, aunque la idea básica con cargo a profundizar es que en las administraciones de Toledo y García su poder político fue menor que durante el actual gobierno.
En cualquier caso estamos en la hora en que los técnicos rinden cuentas, en un nuevo momento en que se precisa la defensa del crecimiento. En el nuevo escenario persiste la pregunta de “para qué” el crecimiento, no respondida desde hace una década, e irrumpe una nueva interrogante: “cómo” defenderlo. Nuestra tecnocracia hegemónica parece no poder responder ni la vieja pregunta ni la nueva, y tampoco producir un nuevo consenso por lo menos en las líneas generales, es decir, en cómo impedir la desaceleración de la demanda interna, moderar la caída de los sectores minería, hidrocarburos y construcción y sostener la inversión pública en cifras y en calidad. Esta falta de consenso adquiere dramatismo cuando por segundo año las predicciones sobre el crecimiento ofrecen un abanico de opciones de hasta tres puntos porcentuales de diferencia.
Esta tecnocracia, a la que le debemos aciertos innegables como el crecimiento mismo, la rebaja sostenida de la inflación y el saneamiento de las cuentas fiscales, podría estar llegando a un límite marcado por la ideología, esa robusta señora que amamanta las políticas públicas, incluso a las que se presumen puras y técnicas. En ese sentido, es muy probable que no se encuentre en debate solo el crecimiento sino la conducción misma del proceso económico.
Las palabras confianza, optimismo y pesimismo se han instalado en el debate de la política económica y me temo que también en ese punto sea insuficiente la lógica tecnocrática que se basa en campañas, medidas, buenos augurios y llamados a silenciar las críticas. Rotos el consenso y el encanto, la única manera de evitar un rompan filas con claros y legítimos intereses sectoriales –finanzas, servicios, industria y exportación, cada cual por su lado–, se hace necesario promover de modo responsable una discusión abierta y sana sobre el futuro de un país que ya no crecerá a tasas de 7% anual en los próximos años. El nuevo país, el del 3% o 4% de crecimiento, demanda nuevas certezas, nuevas políticas, nuevos consensos y probablemente una renovada tecnocracia. Esta no es la hora de la ortodoxia sino de la innovación.
La búsqueda de la confianza y el optimismo es crucial en la perspectiva de construir una comunidad nacional que aliente y garantice el crecimiento, que no se logrará si no se encara la incertidumbre y cierta angustia que algunos estudios están revelando en el ciudadano de a pie, que está empezando a preocuparse por su futuro mediato y que asocia el crecimiento al empleo, consumo y un piso mínimo de bienestar.

Corrupción, mentira pública y noticia


La República
La mitadmasuno

martes, 10 de junio de 2014

Europa, elecciones sin reforma

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/europa-elecciones-sin-reforma-06-06-2014
La República
La mitadmasuno
06 de junio 2014
Juan De la Puente
Es normal que todo resultado electoral que altere un escenario que se creía continuo tenga como primer elemento de análisis manidas frases como “cambio de época” o “fin de ciclo”. Esto sucede con la evaluación de las recientes elecciones al Parlamento de la Unión Europea (UE) en las que se ha quebrado el bipartidismo en tres países (España, Francia y Reino Unido), se ha reducido el respaldo de las fuerzas partidarias de la integración y fortalecido los nacionalismos ultraderechistas en por lo menos 10 de los 28 países de la UE incluyendo tres en los que han triunfado de modo inédito (Reino Unido, Dinamarca y Francia).
La mayoría de estas visiones de cambio de época se centran exclusivamente en la alteración general del tablero, es decir, en la pérdida de legitimidad del modelo integrador europeísta y en la amenaza de su reversión. Siendo ello importante, no debe perderse de vista el carácter nacional de los votos; los europeos han votado pensando en sus países más que en la UE. Por esa razón, el escaso impacto institucional inmediato de los resultados, para efectos de la organización comunitaria, no debería hacernos perder de vista otras consecuencias, como la alteración de cruciales correlaciones derecha/izquierda y democracia/populismo.
En España, por ejemplo, dos de los partidos que protagonizaron la transición democrática y la modernización, el Partido Popular (PP) y el PSOE, han perdido más de 5 millones de votos, al igual que en otros países donde las formaciones políticas emergentes han mordido porciones de votos de la política tradicional fracturando sistemas que habían permanecido estables por lo menos las últimas tres décadas.
El fraccionamiento de la política es uno de los resultados de la fragmentación de la sociedad por una errada respuesta a la crisis económica. La democracia y sus instituciones son menos legítimas en el contexto de deterioro del Estado de Bienestar atacado no por los grupos que ahora irrumpen en la escena sino por quienes han gobernado la crisis. Antes de que la derecha europea sea herida por la ultraderecha, le había entregado a esta varias concesiones programáticas en materia de intolerancia religiosa, inmigración y recortes de prestaciones sociales; y antes de que la socialdemocracia sufriera el abandono de sus votantes se había decantado por la austeridad y la reducción de la protección de derechos económicos y sociales.
Hay algo de cinismo en este análisis que explica el cambio de época en el resultado de las urnas cuando el auténtico fin de ciclo fue antes, cuando los gobiernos de derecha e izquierda aceptaron un programa recesivo contra la crisis, los primeros por convicción ideológica y los segundos por una clamorosa ausencia de ella.
No obstante, los resultados tienen otras claves que no deberían obviarse. La indignación de los votantes europeos se dirige también a su sistema político atravesado por escándalos de corrupción y la resistencia a la renovación de las instituciones que la crisis ha puesto sobre la mesa. En Italia, la victoria del Partido Demócrata del premier Matteo Renzi y la derrota de los populismos no se entiende sin la prometedora reforma iniciada; en tanto, en España, una reciente encuesta sobre el perfil del elector del grupo Podemos, la estrella de las últimas elecciones que con solo cuatro meses de fundado obtuvo 8% de votos, indicaba que la mayoría tiene entre 35 años y 54 años y tiene empleo, contra la creencia de que la mayoría es joven y desempleada. El sondeo indica, además, que está más cerca de la socialdemocracia que de la izquierda radical, aunque es evidente que su exigencia de reforma es más coherente.
La falta de renovación en sociedades donde la agenda pública lo reclama constituye una omisión que termina en reveses electorales. Varios países de Europa, embelesados con el crecimiento y la modernización despreciaron reiterados llamados de atención a su sistema de partidos y la exigencia de participación y transparencia. Para efectos de nuestra contabilidad interna, la falta de reforma es una guerra avisada. No se quejen en 2016.

viernes, 30 de mayo de 2014

La corrupción y la "otra cosa"

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-corrupcion-y-la-otra-cosa-30-05-2014
La República
La mitadmasuno
30 de mayo de 2014
Juan De la Puente
Me pregunto cuál será el destino de esta cada vez más intensa demanda contra la corrupción cuya rotundidad han empezado a recoger los sondeos de opinión. Como hace 14 años la sociedad es sacudida por un indignado repudio a un sistema tramposo que se descompone por capítulos. Como aquella vez, una entrega tras otra, se va formando un macizo sentido común que llama a otra cosa.
Esa “otra cosa” sin embargo no aparece con claridad, sobre todo por las diferencias entre la indignación de hace 14 años y la de ahora. Aquel momento fue especial debido a la confluencia de factores que definieron un discurso social y una práctica política alternativa.
Estos factores fueron: 1) la crítica de los partidos democráticos al autoritarismo; 2) las audaces revelaciones de la prensa independiente contra el poder oscuro; y 3) el activismo político de una sociedad civil movilizada, cuya mayoría poco antes se había emancipado del fujimorismo.
Tampoco es posible imaginarse ese período sin el escandaloso despliegue de recursos extremos y abusivos en favor de la reelección que expusieron ante la opinión pública la asociación corrosiva entre el autoritarismo y la corrupción, y que generaron una reacción ética.
La actual indignación anticorrupción carece de esos atributos. La primera ausencia es la de una política democrática opuesta a la corrupción, sea porque varios partidos aparecen asociados a ella, o porque los que aparentemente no lo están guardan un silencio enfático; en líneas generales, salvo una que otra declaración, se tiene la impresión de que la corrupción es un problema del Estado pero no de la democracia, de sus partidos y de sus hombres, una emanación maligna que pertenece a otro mundo, a excepción del monotema sobre que la descentralización fue apresurada.
Luego, siendo relevante el desempeño de los medios en los destapes de sonados casos y con mayor diligencia que algunas instituciones, es también evidente que buena parte de la prensa trata este crucial momento desde una perspectiva policial/penal y poco rigurosa para ahondar en el descalabro de los sistemas de control nacionales y en el fracaso de la representación vía el fraude de los elegidos.
A la prensa le debemos la “chimbotanización” de este momento, a pesar de que 19 presidentes regionales están comprendidos en 158 casos de corrupción, y el olvido de sonadas denuncias “nacionales”, entre ellas de 5 parlamentarios pillados con las manos en la masa. Luego de 70 días del asesinato de Ezequiel Nolasco, el hecho que despertó al país, no tenemos un mapa de la corrupción pública.
A esta indignación ciudadana le falta pueblo y movimiento o, para ser precisos, una sociedad civil activa y decidida en su demanda de transparencia. La falta de epopeya se debe a la falta de actores sociales, más allá de la figura emblemática de Fiorella Nolasco, significativamente solitaria. Sin duda los ciudadanos están molestos e indignados con la corrupción pero en su conjunto el país carece de una razón motivadora.
Sería prematuro afirmar que este síntoma nos remite al fin de la ilusión democrática. No obstante, para los efectos contables esta corrupción va a la cuenta de la democracia cuyos líderes, partidos e instituciones emergieron o reaparecieron hace 14 años como una alternativa superior al autoritarismo con destellantes ofertas entre las que se encontraba la ética pública.
No me ilusiono demasiado; bajo estas premisas es comprensible que el actual humor de la opinión pública no se provea de mapas, faros y rutas, no se dirija a la otra cosa y se mueva en un escenario delimitado por los enfoques legalistas y controlistas de la mayoría de políticos y por una gestión informativa nada crítica de los procesos, instituciones y liderazgos.
Con un escenario cuyo eje es la ausencia de un juicio al modelo que genera la corrupción, la indignación con este formato “sin ilusión no hay movilización” podría terminar en un tsunami, algo violento y pasajero, pero que se lleve solo algunas personas y edificios institucionales.

viernes, 23 de mayo de 2014

Políticos, salgan del clóset

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politicos-salgan-del-closet-23-05-2014
La República
La mitadmasuno
23 de mayo 2014
Juan De la Puente
De pronto, la corrupción regional y municipal se ha transformado en un asunto de jueces, fiscales y contralores, y a ellos se les ha empezado a encargar el futuro de la descentralización, el cambio más importante en el ejercicio del poder en los últimos 50 años. Las palabras más usadas: delito-control-sanción forman un trío mágico que políticos, periodistas y analistas manosean con descaro, como un remedio infalible contra la avalancha de denuncias y pruebas del uso ilícito de los recursos públicos.
Mienten y se mienten. Su receta es casi microscópica frente a un problema gigantesco; esa respuesta mínima es tan dañina como el problema mismo, un minimalismo que esconde una apreciación hipócrita y centralista trasnochada: así como nunca importó el atraso de las “provincias” hoy tampoco importa su corrupción. Total, no es la de Lima.
La descentralización ha empezado a podrirse y a oler mal, y el punto de partida de una alternativa eficaz es considerar la corrupción regional y municipal más como un problema de la democracia que de jueces y auditores, un asunto de organización y de actores más que de licitaciones, un problema de la política antes que de la ley penal; es decir, de proyecto antes que de comportamiento.
Asumirlo cuesta, especialmente en un país donde todo defecto de la descentralización es la coartada soñada para el manotazo centralista. No obstante, así como la disyuntiva centralismo honrado vs descentralización corrupta es falsa, no es válido responder a la realidad atrincherados en la idea de que el centralismo es también corrupto. El debate no es sobre el viejo modelo centralista sino sobre su alternativa, es decir, lo nuevo, y en ese afán la mejor defensa de la descentralización es una franca revisión del proceso y que esta venga, precisamente, del espacio social que propugna consolidarla.
Una segunda toma de posición consiste en aceptar que la descentralización está suspendida en el aire, una de las conclusiones a las que arribaron el año pasado un panel de especialistas convocados por el PNUD. Esta incertidumbre que interroga sobre la dinámica del proceso, es decir, si avanza o retrocede, o si se consolida o se debilita, es revelada con la verdad: no se mueve. No obstante, si seguimos negando la realidad blandiendo el incremento del porcentaje de soles que ahora gastan regiones y municipios, el crecimiento económico de algunas regiones y la reducción de sus índices de pobreza perderemos la valiosa posibilidad de un nuevo impulso.
La importancia de abrir un segundo y nuevo momento en la descentralización es una ineludible tercera toma de posición que nos remite a la política, ante la que palidece la letanía de “el problema es el control”. No obstante, no se aprecia una reacción del sistema en esa dirección. Esta debería ser la hora de la política en y para las regiones pero es la hora de la Policía; debería ser la hora de la Constitución pero es la hora del Código Penal. Lamentablemente es la hora de los políticos que hacen audiencias pero no hacen política, o que solo hacen “política nacional”, es decir, limeña.
No deja de ser exigible y justo el papel de contralores, policías y magistrados para combatir las mafias regionales y municipales que se reproducen con facilidad. Sin embargo, el régimen democrático no debería quedarse en el control de plagas. Por ejemplo, el Congreso no tiene visos de encarar el sistema de elección y el período de gobierno de presidentes regionales y alcaldes, los mecanismos de rendición de cuentas, las funciones de los consejos regionales o el reforzamiento de los consejos de coordinación regional y local.
De hecho, ningún partido “nacional” ha rectificado su decisión de minimizar su participación en las elecciones del 5 de octubre, en tanto que la sociedad civil organizada sigue fomentado pactos de desarrollo local y regional en los que no figura la corrupción. ¿Cuántos presidentes regionales más deberían ser imputados o encarcelados para que los políticos salgan del clóset y hagan lo que se supone deben hacer, es decir, política?

miércoles, 21 de mayo de 2014

El ruego de Pitágoras

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-ruego-de-pitagoras-16-05-2014
La República
La mitadmasuno
16 de mayo de 2014
Juan De la Puente
Cada mes se presentan al Congreso 80 proyectos de ley en promedio y si bien decrece su intensidad a poco de iniciarse el penúltimo año del período parlamentario, no deja de ser llamativo el febril afán legislativo. Una revisión de las iniciativas ofrece una ofensiva que desde el año 2011 y aun ahora presiona sobre algunas comisiones como Justicia, con 576 proyectos de ley, Constitución (387), Economía (375), Descentralización (311) y Educación (307).
Separando la paja del trigo se aprecia un grupo de proyectos micro y macro reformistas en lo social, político y económico que de ser aprobados impediría que se profundice la sensación de bloqueo al cambio en sede legislativa. No obstante, este activismo básicamente individual va en sentido contrario a la decreciente aprobación de normas de impacto significativo. La racionalidad parlamentaria camina por el sendero aprendido hace varios años, es decir, el que evita el debate de contenidos integrales y selecciona las incursiones legislativas más urgentes o menos transcendentes.
Un numeroso grupo de iniciativas se orientan a reformas políticas que se diferencian en tres áreas: 1) La reforma con incidencia en los partidos políticos, es decir, derechos de los militantes, funcionamiento de los comités, transfuguismo, padrón de afiliados, elecciones de cargos dirigenciales, financiamiento, ilegalidad de partidos no democráticos y vigencia de partidos regionales; 2) La reforma con incidencia en la formación de la representación y elecciones, es decir, inscripción de partidos, formación de alianzas, valla electoral, lista alternada de género, invitados, elecciones primarias para candidatos y sistema electoral; y 3) La reforma con incidencia directa en el sistema político y en el ejercicio de la representación y el poder, es decir, bicameralidad, revocatoria, no reelección inmediata en regiones y municipios, no reelección de congresistas, acoso político y control del crimen político.
Ahora escasean las voces que niegan la necesidad de la reforma. Los balazos de Áncash han sido decisivos; algunos de los anteriores resistentes han pasado de la negativa a la crítica de las propuestas que están sobre la mesa con una lógica de reformamos todo o nada, en tanto que otro grupo más racional incide en la necesidad de priorizar el primer ámbito y algunos elementos del segundo (partidos, financiamiento, transfuguismo y valla), dejando el resto para más adelante. En cualquier caso, ya es historia la idea predominante hasta hace poco entre políticos y académicos sobre que no se debe tocar el sistema político. De aquí en adelante, la reforma será una necesidad legítima que atravesará toda decisión sobre los partidos, la formación de la representación y el ejercicio de la representación.
En este nuevo momento es crucial el qué y el cómo y en esa dirección es evidente que el Congreso como institución ha agotado sus posibilidades por falta de voluntad política y de claridad para traducir la crisis de representación en medidas más allá de los intereses inmediatos de sus miembros. El Parlamento peruano es ahora el territorio de la contrarreforma; allí anida no solo el riesgo del inmovilismo que ya es preocupante sino el peligro del cierre de la puerta de entrada al sistema político. Es muy probable que este escenario cambie poco en el Congreso que se elija el 2016 si no se produce una intensa actividad en la sociedad y en los partidos. Como ya sucedió, los años 2001, 2006 y 2011, el nuevo Parlamento nos podría traer nuevos rostros con la misma cultura reticente a una nueva política y ajena al ruego de Pitágoras de ¡Oh legislador! No me des leyes para los pueblos, sino pueblos para las leyes.
Si la demanda de reforma política va en serio no debería esperanzarse en los proyectos de ley que se amontonan en el Legislativo. Es la hora que la sociedad, los actores políticos, los medios, la academia se propongan impulsar una demanda ciudadana que culmine en un debate obligado en el Congreso, luego de las elecciones del 2016, de cara a la sociedad y acaso en una consulta ciudadana.

viernes, 9 de mayo de 2014

Pobreza, democracia y brechas

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/pobreza-democracia-y-brechas-09-05-2014
La República
La mitadmasuno
9 de mayo de 2014
Juan De la Puente
La reciente publicación de estudios referidos a la evolución de la pobreza ha renovado el debate sobre modelos y políticas. En los comentarios se aprecian sesgos ideológicos imposibles de evitar en un debate de esta magnitud, aunque este debería ser lo más racional posible bajo el riesgo de perder de vista elementos centrales de la discusión.
Una primera conclusión de los datos publicados por el INEI se refiere al valor social de la democracia, un régimen que nos ha permitido reducir en 12 años más de 30 puntos de pobreza, de 54,8% el 2001 a 23,9% el 2013. Esta reducción es histórica e innegable por su intensidad y resultado y comparable con las dos estrellas mundiales en materia de reducción de pobreza, Brasil y China, aún a pesar de las críticas al modelo de medición de la pobreza por el ingreso monetario.
Los porcentajes probablemente escondan que se trata de más de 8 millones de peruanos que dejaron la pobreza. Si la revisión de cifras se extiende a la pobreza extrema, la reducción ha sido de 24,4% el 2001 a 4,7% el 2013, un rango de casi 20 puntos, es decir, más de 5 millones y medio de peruanos.
Dudo de que este resultado se hubiese logrado con un gobierno autoritario, especialmente si se prolongaba el régimen político de los años noventa, cuya política social se sustentó en la compensación del ajuste, la restricción de la demanda, la recentralización del país y una escasa inversión pública. A su favor, sus defensores pueden exhibir varias razones, como el costo que implicó la estabilización de las cuentas macro, la crisis asiática que afectó los precios internacionales y, sobre todo, el principio cerrado que afirma que primero hay que crecer para luego distribuir.
Siendo de algún modo ciertas las dos primeras razones, es evidente que el auge de la década pasada no se encontró de casualidad con la redistribución. Fue un encuentro buscado por el imaginario portador de la propuesta democrática de esos años, que tuvo igualmente un imaginario social que portaba la demanda de derechos más legitimados. De hecho, no creo que las cifras que se exhiben podrían haberse alcanzado sin el proceso de descentralización, el antecedente a la intensa transferencia de recursos del centro a las regiones y municipios.
Otras tareas realizadas en estos años son resultado del régimen democrático, como el incremento de la cuota de autonomía del BCR y la expansión de la inversión privada, la demanda y el consumo, y la puesta en marcha de una nueva generación de programas sociales, algunos de transferencia directa, que en condiciones de un modelo político y económico cerrado habría sido más difícil echar a andar. En esa medida, la visión de piloto automático se relativiza notablemente.
La complacencia de estos resultados es, asimismo, nefasta. La primera conducta de este comportamiento es encerrarse en las cifras globales y negarse a mirar los desagregados y ser crítico con ellos. La revisión de estas cifras revela la persistencia de la pobreza rural en una dimensión que, contra lo que algunos afirman, supera el concepto de bolsón y adquieren la característica de una brecha. Los pobres en el Perú rural son el 48% y si bien este porcentaje ha bajado 5 puntos en un año, sigue siendo una cifra alevosamente alta. En la selva rural este porcentaje baja ligeramente a 42,6% y en la sierra rural este porcentaje se eleva al 52,9%.
Estas brechas son calientes si se comparan con las cifras de pobreza en la costa rural (29%), sierra urbana (16,2%) y Lima Metropolitana (12,8%), de modo que entre Lima y el Perú más pobre hay por lo menos una brecha de 35 puntos, aunque los pobres en ambos lugares no dejen por ello de ser pobres. Esta brecha alude directamente a la equidad, un indicador temido por lo que creen que con reducir la pobreza basta y sobra.
El actual ciclo de crecimiento económico y de reducción de la pobreza no será infinito y es probable que en algún momento se paralicen ambas tendencias. Cuando ello suceda será potencialmente explosivo para un país emergente como el nuestro, por citar un estimado, que la pobreza general se sitúe en 15% y la del Perú rural en 40%, o que Lima tenga 5% de pobres y Ayacucho 50%.

viernes, 2 de mayo de 2014

El ocaso de la segunda línea

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-ocaso-de-la-segunda-linea-02-05-2014
La República
La mitadmasuno
2 de mayo 2014
Juan De la Puente
La reciente encuesta de GfK publicada por La República reitera la alta desaprobación de los tres órganos fundamentales del Estado convertida en endémica en los casos del Congreso y del Poder Judicial y por lo menos en recurrente en el caso del Ejecutivo. Descubre asimismo el contagio de la crisis del sistema político a la segunda línea del Estado, es decir, a los organismos constitucionalmente autónomos.
La aprobación del Tribunal Constitucional (26%) y de la Defensoría del Pueblo (39%) es baja, a lo que se suma la bajísima aprobación a la elección del nuevo Fiscal de la Nación (12%). Contrariamente, se ha incrementado la aprobación de la ONPE (59%), Jurado Nacional de Elecciones (45%) y el Reniec (68%). Es probable, asimismo que otros sondeos recojan una estimable aprobación del Banco Central de Reserva.
Los pesos muertos que arrastran hacia abajo la aprobación de varios organismos constitucionalmente autónomos son desde hace buen tiempo la corrupción, el delito en sus varias dimensiones, la administración de justicia y los conflictos sociales no resueltos, aunque en el caso de la Defensoría ha pesado decisivamente la demora de más de tres años del Congreso para elegir a su titular.
La brecha de legitimidad que se abre entre estos organismos es una mala noticia tomando en cuenta su papel crucial en el sistema político. En nuestro modelo constitucional, a pesar de que por su naturaleza no participan en el juego de poderes reservado a los “tres grandes”, estas instituciones son decisivas para la entrega de derechos, la organización de la vida pública y la defensa de la legalidad.
La situación de cuatro de estos organismos es delicada. El Ministerio Público es el más golpeado por una crisis interna y transversal que ha empezado a condicionarse con la ilegalidad externa. El TC está suspendido en el aire y opera en condiciones de causa finita a la espera de que el Congreso designe a seis de sus miembros, aunque esta omisión es solo la superficie de un problema que incluye sentencias invasivas y peligrosas. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está atravesado por disputas internas y la mayoría de sus miembros tienen entre sí un juego cada vez menos oculto de debe/haber; y la Contraloría ha sido desbordada por la micro y macro corrupción, dando la impresión que su sorpresa la ha paralizado.
Las crisis de estas instituciones en más de un caso expresa un agotamiento, un ocaso que debe resolverse con medidas de gran calado. Sería necesario imaginar, por ejemplo, una forma de elección del TC y de la Defensoría que no pase por el Pleno del Congreso sin obviar la necesidad de un alto consenso político, o que pasando por el Parlamento la elección no sea secuestrada por el juego de las bancadas; que se reduzca el carácter colegiado del Ministerio Público o que su titular tenga más poderes ejecutivos y deba su elección a otro órgano; que la Contraloría tenga facultades sancionadoras no de última ratio sino de uso más frecuente; y que el CNM sea más previsible, más transparente y menos sujeto al hoy por ti mañana por mí.
Esto tiene un nombre y se llama reforma institucional, un cometido que en las condiciones normales de un régimen democrático corresponde impulsar al mismo Congreso, recogiendo las evidencias de estos problemas sociales no resueltos y de un juego institucional bloqueado y en proceso de deterioro. No obstante, la crisis del Parlamento, su falta de legitimidad y de voluntad hace imposible albergar la esperanza de una iniciativa de esa envergadura. El modo cómo el Congreso aborda las demandas de reforma política, desde una perspectiva de conservación de las ventajas de sus integrantes y cerrando el sistema en lugar de renovarlo, es una muestra suficiente de lo que en este momento de la democracia peruana es capaz de realizar el Legislativo.
Quizás sea necesario pensar en un vasto movimiento cívico político que recoja con amplitud las expectativas de reforma en varios ámbitos del sistema político y proponer un referéndum que alcance el cambio ya no con ellos sino a pesar de ellos.

viernes, 25 de abril de 2014

Pobres mayorías/mayorías pobres

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/pobres-mayorias-mayorias-pobres-25-04-2014
La República
La mitadmasuno
25 de abril de 2014
Juan De la Puente
Las encuestas donde la mayoría se pronuncia contra la unión civil resucitan la interpretación abusiva de la “regla de mayoría”, reduciendo la democracia a sentencias como “la mayoría manda” o “se hace lo que la mayoría quiere”.
Esta visión nunca fue democrática o tuvo una efímera gloria. J. Rousseau se resistía a que toda la fuerza de la soberanía popular sea entregada al poder y de allí deviene la prevención histórica de que no es suficiente la democracia como sinónimo de la soberanía, sino que hace falta limitar el poder para que florezcan las libertades y los derechos.
De allí para adelante, todo fue evitar que la democracia se erigiera como un procedimiento contra la libertad. Para B. Constant, el poder no puede disponer de la existencia de los individuos porque la mayoría tiene como límite inviolable la autonomía individual y ante ella termina toda jurisdicción pública. Luego, en las nacientes democracias liberales del siglo XIX A. Tocqueville advertía sobre los efectos de la omnipresencia de la mayoría, que lo legal puede ser arbitrario, y que es detestable la idea de que la mayoría tiene derecho a hacerlo todo porque ello implica la tiranía de la mayoría.
En el siglo XX esta prevención se consolidó y la democracia pudo ampliarse bajo la afirmación de que la mayoría antes de mandar, gobierna. En esa dirección, por ejemplo, ninguna de las acepciones de democracia en el esquema de G. Sartori, es decir, democracia como legitimidad, como sistema político y como ideal, coloca a la mayoría numérica como el eje de las decisiones públicas.
Por lo mismo, hacía bien N. Bobbio cuando afirmaba que en un sistema democrático no es suficiente saber que la regla de mayoría reconoce las libertades, sino que debe saberse cuántos se benefician de las ventajas de esta regla, y que atribuir a esta regla la capacidad de garantizar las libertades es otorgarle una virtud que no le pertenece porque con frecuencia la mayoría “no se compone no de los más libres, sino de los más conformistas”.
El pensamiento político moderno recaba como consenso que la mayoría que cree que “manda por ser mayoría” es una mayoría pobre, atrasada y peligrosa y por ello, en los temas sustantivos, los sistemas políticos diferencian las mayorías numéricas de las mayorías políticas/sociales, porque saben que la visión que absolutiza la capacidad decisoria de la mayoría lleva el virus totalitario. La democracia sabe que en ese enfoque subyace la subestimación de toda minoría en cualquiera de sus expresiones y bajo argumentos políticos, religiosos, raciales o culturales.
El uso perverso de la regla de mayoría desde el poder lleva a restarle voz y libertad a quienes por su número parecen dejar de importar, y hace de los que no tienen voz o número los perdedores de siempre. Resulta frecuente, sin embargo, que ese extremismo deviene en hipócrita cuando se trata del acceso de la mayoría a derechos legítimos; se difumina, por ejemplo, cuando se trata del goce de los derechos a la salud y educación. En esos casos, la mayoría no manda, se hace invisible y debe esperar.
Si el camino es el absolutismo numérico, ¿Qué hará nuestra democracia con la mayoría que repudia la política y la otra que pugna por la pena de muerte para la mitad de los delitos del Código Penal? ¿Qué hará con otras minorías como las personas con discapacidad, los afrodescendientes, los ciudadanos de las zonas rurales, los miembros de las comunidades nativas, quechuahablantes y evangélicos?
El manoseo político de la opinión de la mayoría es riesgoso, especialmente en un país como el nuestro, donde 8 de cada 10 ciudadanos desaprueban al Congreso y al Poder Judicial, y 7 de cada 10 desaprueba al gobierno. Hacer que la mayoría opine, grite, actúe, imponga y aplaste a la minoría en temas fundamentales es una operación primaria.
Si el destino de la minoría es ser aplastada por la mayoría, no habrá democracia; tampoco discriminación positiva y políticas públicas dirigidas e inclusivas. No me imagino al Perú dejando de ser un país poblado de minorías y quemando el principio de igualdad en el altar del principio de mayoría.