Ausentismo, votos en blanco y viciados. 19/12/2014

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La República

La mitadmasuno

19 de diciembre de 2014

Juan De la  Puente

Si un porcentaje importante de electores no acude a votar y si otro porcentaje considerable que lo hace invalida su voto o vota en blanco, se produce un efecto político institucional que incide en la calidad de la representación, especialmente en la legitimidad de origen de los elegidos. Esto ha sucedido en el país en las recientes elecciones regionales y municipales con el ausentismo electoral y los votos en blanco y viciados, un fenómeno que debe ser puesto en el contexto de la fragmentación política, la debilidad de las representaciones y otros registros de los que se ha dado cuenta.

Es cierto que el ausentismo entre la primera y la segunda vuelta regional se ha incrementado del 16% a 24%, ocho puntos porcentuales que podrían atribuirse gruesamente al desinterés de los ciudadanos por las dos opciones que compitieron el 7 de diciembre. No obstante, este incremento no ha operado de modo homogéneo y fue más pronunciado en algunas circunscripciones, y en más de un caso agregándose a los votos en blanco y viciados.

Uno de esos casos es el del Cusco. En la primera vuelta el ausentismo fue del 16% y los votos en blanco/viciados (B/V) sumaron 18%. Para la segunda vuelta y siguiendo la tendencia nacional, el ausentismo subió al 26% pero los votos B/V escalaron al 22%, con desagregados cruciales. En el cercado del Cusco los votos en blanco y viciados alcanzaron 31% y ocuparon el segundo lugar, en tanto que en los distritos de Santiago y Wanchaq alcanzaron el 28% y 32%, respectivamente. En la provincia del Cusco, los votos B/V ocuparon también el segundo lugar.

Esta tendencia se profundizó en algunas provincias y distritos. En Espinar los votos B/V fueron más que los obtenidos por el ganador de la segunda vuelta regional. En el distrito de Santa Ana (Provincia de La Convención) hubo 31% de ausentismo y 42% de los votos emitidos fueron en blanco y viciados. Llama la atención que en esa provincia el ausentismo haya escalado al 48% y que en otros dos de sus distritos, Vilcabamba y Echarate (uno de los más ricos del país por el nivel de ingresos per cápita), no hayan acudido a votar el 54% y 52%, respectivamente.

En Arequipa los votos B/V en la segunda vuelta alcanzaron el 28%, y en 19 distritos de esa región los votos B/V ocuparon el 2% lugar y en otros 8 el primero. En la provincia de Islay, donde se localiza el polémico proyecto Tía María, los votos B/V sumaron el 31% y en dos de sus distritos, Dean Valdivia y Cocachacra, alcanzaron 46% y 45%, respectivamente.

Otros registros de ausentismo deben ser tomados en cuenta entre la primera y segunda vuelta. En Apurímac pasó del 20% al 31%; en Áncash del 18% al 27%; y en Puno del 13% al 20%.

Un hecho que relaciona estos resultados es que en estas regiones se desplegó una campaña por el voto viciado con el argumento de las denuncias o procesos judiciales de los candidatos o, más específicamente, del estallido de la corrupción. En la Provincia del Santa (Chimbote) no fue a votar uno de cada cinco electores y entre los que fueron, uno de cada cuatro vició su voto o votó en blanco.

El debate de la emergencia del voto en blanco o viciado o del incremento del ausentismo electoral no puede ser legal. Estos hechos no afectan la legalidad del mandato de los elegidos, Sin embargo, promueve una discusión sobre el déficit de legitimidad de los representantes, su desgaste aun antes de asumir el cargo y las brechas de confianza al interior de cada región, colocando a sus flamantes administraciones en una incómoda cuesta arriba.

En estos y otros casos, las claves de la gestión no residen exclusivamente en las políticas públicas. Obligan a construir primero un gobierno antes que un equipo, e imponen detenerse más en la política que en los planes. El riesgo de ignorar la naturaleza del mandato electoral puede conducir a que por lo menos dos tercios de los nuevos presidentes regionales crean que no necesitan de gobernabilidad, alianzas, agendas políticas y discursos para re-unir a sus regiones. Más que nunca necesitan de la política, y de la buena.

El gran movimiento

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La República

La mitadmasuno

25 de julio de 2014

Juan De la Puente

La difusión por la Asociación Civil Transparencia y Utero.pe de hallazgos en la revisión de las hojas de vida de los candidatos a las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre, nos refriega en los ojos la asociación delito/política y corrupción/política. Más de 1,400 de los que aspiran a cargos de elección popular fueron condenados por delitos en los que la sociedad pone un énfasis especial, como prestaciones alimenticias (871 condenados); peculado (113); lesiones (59); apropiación ilícita (31); abuso de autoridad (29); homicidio (12), narcotráfico (13); entre otros.

Una respuesta inmediata alegaría que esta asociación no es nueva y que lo novedoso es conocerla en su emplazamiento electoral. Otra más avisada diría que esta relación es inherente a la política en tanto afán de poder y de lo público. No en vano Maquiavelo propugnaba una buena utilización del delito en un momento concreto para asegurar el poder y en beneficio de los súbditos (leído ahora como roba pero hace), aunque desaconsejaba que los delitos aumenten en lugar de desaparecer.

No obstante, la política también es un espacio de pugna entre la virtud de lo público contra la corrupción. El diálogo entre Sócrates y Critón en vísperas de su muerte, cuando este se presenta a su celda para contarle que sus seguidores habían recolectado dinero para sobornar a los guardias y a los delatores profesionales para posibilitar su fuga, es aleccionador. El filósofo se niega a participar en un doble acto de corrupción, soborno y chantaje, aun a costa de su vida con una épica sentencia: No podemos burlar aquello que hemos convenido que es justo.

Esta batalla entre la tolerancia y la censura a la corrupción en la política es tenaz; varios estados ha logrado vencerla y otros controlarla. En el ránking de 175 países que publica Transparencia Internacional, es curioso que de los 15 menos corruptos, 14 sean estados de bienestar, con sólidos sistemas de partidos y una alta conciencia del servicio público; y que los 15 más corruptos sean estados pobres y empobrecidos, con regímenes autocráticos y dictatoriales, desprovistos de comunidades políticas organizadas. En ese ránking el Perú está debajo de la mitad de la tabla, en el puesto 83, aunque otro estudio, el Barómetro Global de la Corrupción 2013, es más revelador: el Poder Judicial, los partidos, la policía y el Congreso se ubican entre las instituciones más corruptas.

Podría ser incluso que estas mediciones que recogen percepciones vayan a la zaga de una realidad mayor y que estas, las percepciones, sean un tanto generosas. El reciente estallido de corrupción regional, añadida a la local y nacional, nos avisa de un fenómeno vasto, masivo, intenso y sólido. En este punto, la pregunta sobre si la de ahora es la misma corrupción un poco aumentada por la mayor disposición de recursos, o si es nueva, es crucial. En el primer caso se trataría de la continuación de un hilo histórico y en el segundo de una ruptura estructural.

Me temo que estamos en ciclo corrupto totalmente nuevo, amamantado desde el Estado, la sociedad, la política y el mercado, inédito en cuanto a los actores, redes, organización y eficacia, una dinámica que nos impulsa desde un país “con corrupción” a un país “de corrupción”. Este movimiento es ahora el más importante de la sociedad, aún más que otros verificados por la academia, como el emprendedurismo y la informalidad. Como dirían algunos amigos, la corrupción ya hizo sociología.

Este movimiento se encuentra institucional y socialmente instalado, con una larga pista de recorrido por delante y a él se adecúan comportamientos públicos y privados. Una evidencia  de ello, muy peruana, es que con frecuencia le echamos al Estado la culpa de la corrupción para evitar culparnos a nosotros mismos. A ese gran movimiento cuyo horizonte es de largo plazo se le opone por ahora un pequeño movimiento anticorrupción de corto plazo que utiliza escasos mecanismos institucionales, carece de fuerza política y respaldo confiable de los medios de comunicación y de activismo social.

Elecciones, plata como cancha

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La República

La mitadmasuno

18 de julio de 2014

Juan De la Puente

¿Cómo financian sus campañas las más de 14 mil listas que se presentan a las elecciones del 5 de octubre si los militantes no cotizan a sus grupos políticos y si nuestro sistema no considera el  financiamiento público directo? Un cálculo conservador estima que si cada lista gasta en promedio, algunas mucho más y otras ligeramente menos, 70 mil soles a lo largo de la campaña, la cifra global que se gastará en pocas semanas será de 1,000 millones de soles, una orgía de dinero sin control convertido en el elemento decisivo de una competencia deformada y aliada del populismo.

Este gasto quizás ayude a frenar la desaceleración de la economía pero debilita la institucionalidad que le queda al sistema. La tendencia de la política peruana es la de colocar más dinero en la campaña con lo que ello significa, es decir, más desigualdad entre los que compiten, más prebendas a los electores, predominio de las campañas pagadas en los medios de comunicación y sustitución del debate de programas por la propaganda.

Está muy claro que el argumento de que las campañas se sostienen a punta de polladas es falaz. La competencia política se ha profesionalizado en un sentido que demanda más recursos que ideas, de modo que quien revise los programas presentados al JNE pasa con facilidad de la risa al llanto por la serie de sandeces escritas para llenar un requisito. Lo que vale es el dinero.

Las modalidades que asume el flujo de dinero negro a las campañas están a la vista y se originan en la legislación electoral que favorece estas prácticas al no exigir elecciones primarias abiertas y un tiempo considerable de militancia, y en cambio promueve el fichaje de independientes y hace laxo el control del dinero por parte de la ONPE. La relación perversa entre dinero negro y política en el Perú se origina en la ley.

Esta legislación ha ordenado las formas de financiamiento sucio; la primera es la compra de lugares en las listas, un cupo casi siempre pagado por un tercero que luego cobrará en lealtades; luego, el gasto de campaña como pago por adelantado a cargo de empresas que, democráticamente, financian a más de una lista; para terminar en verdaderos joint ventures electorales en las que las empresas colocan a sus candidatos como garantía de la defensa de sus intereses. A ello se agregan otros pagos oscuros, el de la minería y tala ilegal, narcotráfico y contrabando, entre otros, y el ilegal gasto de los recursos públicos de los que van a la reelección difícil de vigilar fuera de las grandes ciudades.

La visión del que se asume consciente e informado e incapaz de vender su voto, un tópico en el que se detiene con frecuencia el análisis político, conlleva riesgos por incompleta. El más inmediato resultado de este proceso es la deformación de la agenda pública que obliga al candidato elegido a una acción de gobierno orientada a satisfacer a quienes pagaron la campaña, en perjuicio de los ciudadanos. Campaña oscura y dinero ilegal casi siempre terminan en un ejercicio corrupto de gobierno.

Las compras superfluas y la construcción de obras no prioritarias son el efecto de una gestión subordinada al dinero, la base de la rápida pérdida de legitimidad de los elegidos o el inicio de un nuevo proceso vicioso de más prebendas, una campaña electoral infinita donde el interés general cede a la negociación ante los grupos de presión, un espiral de corrupción que se traslada a la compra de fiscales, jueces, policías y periodistas, y el asesinato. Este drama nace en un punto: la hipoteca de los políticos al dinero.

Este sistema funciona con eficacia y no tiene visos de ser cambiado porque sobre él ejercen una vigilancia los parlamentarios hijos del voto preferencial, otro de los mecanismos que atrae el financiamiento ilegal. Pero ha logrado apartar a buena parte de los políticos honestos que no están dispuestos a someterse al financiamiento privado por fuera de la ley y que son reemplazados por políticos sin ley, una raza distinta que se mueve a otro ritmo. No son todos, pero son la mayoría y van a gobernar nuestros pueblos. Plata como cancha es la voz.

Transfuguismo, contagio masivo

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La República

La mitadmasuno

11 de julio de 2014

Juan De la Puente

El cierre del plazo de inscripción de las listas que competirán en las elecciones del 5 de octubre permite apreciar fenómenos que reflejan la evolución de la dinámica nacional/regional, una de las que atraviesan el sistema político, y de la correlación de fuerzas transparencia/corrupción en los ámbitos regional y local.

El número de listas es casi igual al de los comicios del 2010, ahora 14,171 frente a 11,170 de aquella vez, aunque se registran cambios al interior de las cifras generales. La competencia para los gobiernos regionales tiene menos listas (322 ahora contra 342 en los anteriores comicios) y un despliegue desigual de los partidos nacionales. En las elecciones regionales anteriores los partidos presentaron menos listas que ahora, 143 contra 159, en un contexto de crisis que afecta de distinto modo a los partidos nacionales.

Alianza para el Progreso (APP), el fujimorismo y UPP incrementan sus candidaturas respecto del 2010, pasando el primero de 16 a 24 regiones, el segundo de 13 a 15 y el tercero de 7 a 9. En otra dirección, decrece el número de listas de otros partidos como el Apra (de 24 a 14 regiones), Acción Popular (de 20 a 17 regiones), Perú Posible (de 17 a 8 regiones), Somos Perú (de 11 a 6 regiones), Restauración Nacional (de 11 a 3 regiones) y los Fonavistas (de 17 a 10 regiones).

Nuevas agrupaciones irrumpen en el escenario regional; es el caso del Partido Humanista (11 regiones), el Frente Amplio, a través de Tierra y Libertad (11), Siempre Unidos (6), Perú Patria Segura, ex Cambio 90 (6) y Vamos Perú (7). El PPC participa en 7 regiones como lo hizo el 2010 y Solidaridad Nacional en 5.

A simple vista, la inscripción ahora de 163 movimientos regionales frente a los 199 en los anteriores comicios es un dato seco que podría indicar una ligera recuperación de los partidos nacionales en las regiones o su relativo retorno. Sin embargo, ni la ecuación menos movimientos regionales y más partidos regionales es igual a más democracia, ni la presentación de listas partidarias sintetiza necesariamente un proceso democrático.

Lo que se aprecia antes bien es el contagio mutuo del transfuguismo y de la enfermedad del fichaje electoral, y la desaparición de los últimos rezagos de democracia interna e institucionalidad partidaria. En buena parte de casos, los partidos nacionales designaron como sus candidatos a caudillos regionales con los que negociaron el uso de la marca electoral en tanto que los movimientos regionales “extrajeron” candidatos de los partidos nacionales, un frenético transfuguismo que en el Cusco llegó a extremos: militantes de un mismo partido se repartieron en varias listas en tanto que los partidos se prestaron candidatos para cumplir con la ley electoral (Amaru, Revista Andina de Política y Cultura).

A pesar de lo señalado, es preciso reconocer dos movimientos que operan en sentido inverso; por un lado, se ha frenado la expansión de los movimientos regionales como una alternativa a los partidos nacionales; al mismo tiempo, algunos aparatos nacionales resisten la crisis relocalizándose en las regiones en una perspectiva de acumulación partidaria sin ideario y programa, y solo pensando en la ocupación de espacios de cara al 2016. Ese parece ser el caso del fujimorismo y de Alianza para el Progreso.

Finalmente, esta relocalización es también desigual. El país aparece dividido en bloques significativos. Uno en el que los partidos presentan cara a los movimientos regionales, como en Arequipa (12 listas partidarias de un total de 18), Apurímac (6 de 10), Ayacucho (7 de 12), Ica (10 de 14), Junín (7 de 13), La Libertad (8 de 11), Lambayeque (10 de 13) y Moquegua (5 de 9). El otro bloque es de regiones, en la mayoría de las cuales la corrupción es escandalosa y masiva y en las que los partidos están en el umbral para afuera, como en Amazonas (2 de un total de 9), Cajamarca (3 de 8), Cusco (6 de 14),  Huancavelica (2 de 9), Huánuco (6 de 14), Loreto (2 de 7), Puno (2 de 10) y Ucayali (3 de 13).

2014 y los sembradores de vientos

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La República

La mitadmasuno

6 de diciembre de 2013

Juan De la Puente

Los partidos políticos nacionales se preparan nuevamente para cosechar tempestades y la siembra es más intensa que en el pasado. Se disponen a culminar el abandono de las regiones y municipios en las elecciones del 2014. A excepción de uno, Acción Popular, han decidido como prioridad no presentar candidatos propios y en cambio negociar con los movimientos regionales cupos en las listas. En otras plazas, sus líderes se despojan del uniforme partidario para crear movimientos independientes en tanto el partido se desactiva.

Con ello culminará el proceso de instalación en el poder de las elites regionales. En las elecciones del 2002, los partidos cosecharon el poder en 18 regiones; el Apra obtuvo 12 regiones, los otros partidos nacionales (Perú Posible, FIM, Somos Perú, Patria Roja y UPP) otras 6, y los movimientos regionales triunfaron en 7. No obstante, solo los del Apra mantuvieron una relación política con el partido. Los elegidos por los otros partidos fueron “fichajes” de temporada electoral que a poco de ser elegidos se separaron del partido que los cobijó, de modo que en la práctica, 13 de las 25 regiones fueron gobernadas por líderes regionales. El 2006 el divorcio entre política nacional y elite regional se acentuó; el Apra obtuvo solo dos presidencias regionales, UPP una y Patria Roja otra. Las elites regionales tomaron 21 regiones.

En las elecciones del 2010, El Apra, Somos Perú y Acción Popular ganaron una región cada uno y Alianza para el Progreso dos. Las otras 20 regiones fueron ganadas por movimientos regionales. No obstante, solo dos de los presidentes regionales se relacionan con su partido nacional (La Libertad y Lambayeque), en tanto que un presidente regional elegido como independiente se relaciona con su partido nacional (Cajamarca), de modo que para efectos prácticos las elites regionales manejan 22 de los gobiernos regionales.

En el ámbito municipal, el 2006 los partidos triunfaron en 88 (45%) de las 195 alcaldías provinciales, pero ya se advertía el desplazamiento de los movimientos regionales hacia ellas, haciéndose de 74 alcaldías provinciales (38%) en tanto que los movimientos provinciales ganaron 25 alcaldías (8%) y las alianzas electorales 18 (9%). El 2010 los partidos retroceden, ganan en 53 de las 195 provincias, las alianzas en 15, las organizaciones locales en 26 y más de 100 provincias pasan al control de los movimientos regionales.

En los distritos los partidos aún resisten; el 2006 ganaron en 839 (51%) de las 1,615 circunscripciones, los movimientos locales distritales y provinciales triunfan en 158 (10%) de ellas y las alianzas electorales en 155 (10%). No obstante, los movimientos regionales ganaron en 463 distritos (29%). El 2010 los partidos ganan 489 (30%) alcaldías de los 1,605 distritos donde se realizan elecciones y los movimientos regionales más de mil.

En resumen, los movimientos regionales gobiernan en casi todas las regiones, en más del 50% de alcaldías provinciales y en dos tercios de las alcaldías distritales. Con excepciones reproducen allí las prácticas clientelares tradicionales con una escasa visión de país. Eso no sería mucho más dañoso que la tragedia de los partidos si no fuese por la severa crisis de la representación regional.

Hay pocos presidentes regionales que no se encuentran investigados. Uno de ellos, el de Ayacucho, se encuentra prófugo, otro investigado por lavado de activos y a un tercero le embargaron sus bienes en un proceso por cobros indebidos. Por lo menos 8 presidentes regionales tienen pendientes sentencias judiciales por casos de corrupción. Al mismo tiempo, en este período, el JNE ha batido el récord de alcaldes vacados y suspendidos.

La corrupción no tiene militancia aunque la fragmentación, la volatilidad y la antipolítica han convertido a la corrupción en el principal problema de las regiones. No obstante, la decisión de los partidos nacionales de dejar la representación regional y local en manos de una elite precaria penetrada por la corrupción, es grave.