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sábado, 29 de abril de 2017

Ancash corrupción más corrupción (I, II y Final)

Ancash  corrupción más corrupción (I, II y Final)
http://larepublica.pe/impresa/opinion/865131-ancash-corrupcion-mas-corrupcion-i
http://larepublica.pe/impresa/opinion/867596-ancash-corrupcion-mas-corrupcion-ii
http://larepublica.pe/impresa/opinion/870070-ancash-corrupcion-mas-corrupcion-final
La República
La mitadmasuno
14, 21 y 28 de abril de 2017
Juan De la Puente
Lo que sigue es una seria de tres artículos publicados en La República los días 14, 21 y 28 de abril, respectivamente, en los que abordo el desenlace de la corrupción post corrupción en Ancash, como una caso de la escasa utilidad de la movilización anti corrupción sin pactos y soin cambios en la formación de la representación y en el juzgamiento de las tramas de crimen político organizado.
(14 de abril de 2017)
El 15 de marzo del 2014 fue asesinado el ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco. Nueve meses después, el 7 de diciembre de ese año, en la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales, fue elegido como gobernador regional Waldo Ríos. Entre ambas fechas se realizó una intensa movilización en favor de la transparencia pública que no evitó el triunfo de Ríos, ex convicto de corrupción.
El de Áncash es un laboratorio del fracaso de las políticas de transparencia pública. Lo que se registra allí es un auge de prácticas públicas ilegales que ha logrado superar la caída y desarticulación del grupo criminal liderado por César Álvarez y reconstruir redes mafiosas que, aunque menos organizadas, definen una forma de gestionar los bienes públicos y las relaciones del poder con la sociedad.
Nunca como luego del asesinato de Nolasco se llevó a cabo en Áncash una denuncia tan indignada y detallada del poder venal. Los ciudadanos se enteraron de las actividades ilegales organizadas alrededor del Movimiento Regional Cuenta Conmigo que bajo la dirección de Álvarez tejió una red que sedujo a la justicia, la policía y la prensa, y cuyos tentáculos llegaron al Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Ministerio Público. Los reportajes sobre esta red, la detención de decenas de personas, las audiencias públicas, las marchas ciudadanas y la publicidad de las investigaciones judiciales y del Parlamento, dieron forma a un escenario anticorrupción inédito.
Esa movilización no obstante fue débil ante los desafíos. En mucho fue más indignación que acción; no significó la formación de alianzas para recuperar el sentido creador de la gestión pública en ese territorio, ni implicó cambios en la oferta política a los ciudadanos. Situada esta movilización en una etapa de dura resistencia a los cambios, no se benefició de una reforma electoral sencillamente porque esta fue burlada.
Ese escenario posibilitó el retorno de Waldo Ríos: él fue sentenciado a 4 años de prisión por recibir 10 mil dólares de Vladimiro Montesinos para pasarse a la bancada fujimorista el año 2000. De retorno a las canchas, formó el Movimiento Regional Puro Áncash con el que ganó las elecciones regionales del año 2014 prometiendo entregar 500 soles a cada ancashino de los recursos del canon minero, del presupuesto de la región de las provincias y de los distritos para que los ciudadanos “se compren refrigeradoras, cocinas, televisores, laptops, bicicletas, y juego de dormitorio”, tal como rezaban sus consignas de campaña.
Por supuesto que no cumplió su promesa y los ciudadanos –entre ingenuos y burlados– realizaron en noviembre de 2015 un paro exigiendo que se concrete. Luego, el gobierno de Ríos fue escandalosamente corrupto y aunque purga ahora prisión por un delito cometido cuando fue alcalde de Huaraz en los 90, tiene varias causas abiertas por su reciente gestión. Su vicepresidente, Enrique Vargas, acaba de ser condenado a 5 años de prisión por mentir en su hoja de vida.
En Áncash la corrupción es más institucional que la política, y es más competitiva que ella, especialmente más que los partidos políticos. En las elecciones regionales y locales de 2014 compitieron 18 listas y las que pasaron a la segunda vuelta electoral no sumaron ni el tercio de votos emitidos. El Movimiento Ande Mar obtuvo 14% y el de Ríos, Puro Áncash, el 13.6%.
Esa elección ya evidenciaba una virtual inviabilidad del modelo de competencia electoral como mecanismo de reproducción de la democracia; hubo 17% de ausentismo electoral y entre los votos blancos y viciados sumaron 21%. Entre los 8 movimientos independientes que compitieron sumaron el 53% de votos emitidos, en tanto que los 10 partidos nacionales solo alcanzaron el 23% de votos, y salvo las provincias de Asunción Corongo y Huarmey, ningún alcalde de las 17 restantes fue elegido con más de 30% de votos. El récord lo batió la provincia de Raimondi cuyo alcalde fue elegido con el 14% de votos emitidos, un ausentismo del 25% y el 30% de votos blancos y nulos.
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(21 de abril 2017)
Las elecciones regionales y municipales del 2014 consagraron en Áncash poderes precarizados por bajas adhesiones, alto ausentismo y votos nulos. Si se suman las ausencias y los votos viciados y blancos se tiene que el 38% de los ciudadanos de esa región dejaron de expresarse a favor de la oferta electoral.
Asimismo, salvo las provincias de Asunción, Corongo y Huarmey, ningún alcalde fue elegido con más de 30% de votos. El récord lo batió la provincia de Raimondi cuyo alcalde fue elegido con el 14% de votos emitidos, un ausentismo del 25% y el 30% de votos blancos y nulos. Los alcaldes de las dos provincias más pobladas, Santa (Chimbote) y Huaraz, se hicieron con el sillón municipal apenas con el 19% y 22% de votos emitidos, respectivamente.
En esa elección, 11 de las 20 provincias fueron ganadas por los partidos nacionales (APP 5, Somos Perú 3, UPP 2 y Perú Posible 1) con votaciones igualmente bajas aunque en la mayoría de distritos triunfaron los movimientos regionales y listas independientes. Por la segunda vuelta regional compitieron dos movimientos.
No se podría afirmar que en esa región se sustituyó el viejo sistema de partidos por uno “nuevo” a cargo de las expresiones partidarias posteriores al año 2000 (Fuerza Popular, PNP y Perú Posible). Al contrario, lo más consistente en la política regional en la última etapa han sido movimientos locales con escasa estructura y caudillistas, como Cuenta Conmigo del ex presidente regional César Álvarez; y el Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE), del ex alcalde de Huaraz Lombardo Mautino.
Como en la mayoría de regiones, en Áncash se ha instalado un sistema de representación híbrida donde lo regional y local es copado por identidades políticas no partidarias en tanto que la representación nacional es negociada entre los actores regionales y nacionales con gradual predominio de los segundos.
Desde 1978 hasta 1990 la región fue escenario de una competencia de partidos políticos con predominio del Apra, Acción Popular y la izquierda. En las elecciones de 1980 de 9 diputados, AP obtuvo 5 y el Apra 4; en 1985, el Apra ganó 7 diputaciones y la izquierda 2; y en 1990, el Apra ganó 4, Cambio90 2, el Fredemo 2 y la izquierda 1, en un contexto de bajas votaciones preferenciales. En esa etapa la mayoría de municipios estaba en poder de los partidos.
Desde el año 2001, los políticos de escasa tradición partidaria han hegemonizado la representación de Áncash. Ese año de 5 legisladores, el Apra obtuvo 2 y Perú Posible 3; el 2006, el Apra 2, Unidad Nacional 1 y UPP-PNP 2; el 2011, Perú Posible 2, PNP 1, el fujimorismo 1 y Solidaridad Nacional 1; y el 2016, el fujimorismo 3, la izquierda 1 y Alianza para el Progreso 1. En las dos últimas elecciones fue evidente que los partidos nacionales cooptaron liderazgos regionales extrapartidarios, de modo que 9 de los 10 legisladores elegidos los años 2011 y 2016 un año antes de las elecciones no pertenecían a los partidos por los que fueron elegidos. Desde 1995, Huaraz y Chimbote eligen alcaldes independientes, salvo un período en este último caso, en tanto que Casma, una de las provincias más violentas, ha tenido seis alcaldes desde 2007, uno de ellos revocado y otro asesinado.
Podría decirse que la política ancashina ha creado sus propias franquicias que se relacionan exitosamente con las franquicias partidarias nacionales para efectos de una representación compartida. Es esa política antipolítica la que se ha agotado al expresar sus límites e imposibilidad de gestionar el poder con un mínimo de eficacia.
El costo de esa experiencia es alto: cinco gobernadores regionales en tres años y tres de ellos en la cárcel, varias autoridades asesinadas, otro tanto vacadas y revocadas y una ausencia absoluta de proyecto regional. Entre el 2007-2010, el 10% de las autoridades distritales fueron vacadas y en las elecciones del 2010 se anularon las elecciones en 11 distritos, un récord que no lo consiguieron los paros armados de Sendero Luminoso en los años ochenta.
(28 de abril 2017)
Áncash tuvo cinco gobernadores regionales en tres años, ahora tres de ellos en prisión, autoridades asesinadas, vacadas y revocadas, y una ausencia de proyecto regional. Entre los años 2007 y 2010, el 10% de alcaldes distritales fueron vacados y en las elecciones del 2010 se anularon las elecciones en 11 distritos, un récord que no lo consiguieron los paros armados de Sendero Luminoso en los años ochenta.
Áncash es el laboratorio de un modelo donde lo que sigue a la corrupción es más corrupción, una realidad parecida a varias regiones y municipios, y que si nos descuidamos terminará siendo la forma natural e irreemplazable de la política peruana.
Comparto la idea de que la primera medida para impedir la corrupción de los políticos es prevenirla. En tal sentido, en Áncash como en otras regiones han fracasado las estrategias preventivas, incluidas las más recientes, como la Hoja de Vida y la Ventanilla Única. Esta ausencia de prevención se condiciona con los incentivos a la corrupción, a saber: 1) el incremento del costo de las campañas, 2) la facilidad para la formación de la oferta electoral; 3) el fácil retorno al poder de los políticos sancionados; y 4) la destrucción de las capacidades de control social y público y de rendición de cuentas.
Como respuesta, requerimos abordar seriamente las siguientes soluciones, ahora que empiezan a debatirse las reformas electorales: 1) debe rebajarse el costo de las campañas, con topes a los aportes y prohibiciones de reparto de dádivas –incluidos alimentos– y el establecimiento de un piso mínimo de campaña, prohibiendo al mismo tiempo la publicidad en TV y fijando techos financieros a otras formas de publicidad; 2) la política debe retornar al poder y reemplazar al negocio. De hecho, los políticos que aspiran a representarnos tengan que ser eso, políticos, de modo que se exija un tiempo mínimo de militancia en una organización para postular a un cargo de elección popular, que se acabe el fichaje de independientes –la mayoría por su dinero– y que los partidos y movimientos se formen por lo menos tres o cuatro años antes de los procesos electorales; 3) las autoridades revocadas y vacadas no deberían volver al poder, además de los sentenciados por determinados delitos; y 4) innovar la rendición de cuentas y la transparencia para hacerla vinculante, sancionable, y ágil, reformando y descentralizando la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública creada por el D. Leg. 1353, que ha quedado claro que no sirve para luchar contra la corrupción. Al mismo tiempo, si el Sistema de Control no es eso, un sistema, financiado y respetado, no habremos avanzado mucho.
También comparto la idea de que la mejor ofrenda a la corrupción es la impunidad, la misma que asume varias dimensiones: 1) tramas corruptas “tocadas” pero no disueltas; 2) investigaciones y enjuiciamientos largos; 3) resistencia a juzgar la actividad criminal organizada, disolviendo los casos emblemáticos; y 4) sanción a los corruptos pero no a los corruptores.
Como respuesta, requerimos abordar las siguientes soluciones: 1) disolver las tramas corruptas, prohibiendo a las empresas y personas implicadas contratar con el Estado, directamente a través de fondos generados e impedir que el funcionario sancionado retorne al Estado a través de otras modalidades informales; 2) reducir los plazos de investigación fiscal, especialmente en los casos de lavado de activos y crimen organizado; 3) impedir la subdivisión de los casos que llevan al juzgamiento del crimen organizado; y 4) sanción a los corruptores, lo que implica de plano cambiar las bases para la formación de las hipótesis delictivas.
Finalmente, estoy convencido en la utilidad de los pactos sociales. En Áncash, como en Cusco, Loreto, Huánuco, Pasco o Tumbes, regiones castigadas severamente por la corrupción, hubo movilización en favor de la integridad de sus políticos pero no pacto, de modo que no se concretó una ruptura clara con el sistema imperante. Nunca más movilización sin pacto.

sábado, 2 de enero de 2016

Los peones del centralismo

http://larepublica.pe/impresa/opinion/724969-los-peones-del-centralismo
La República
La mitadmasuno
11 de diciembre de 2015
Juan De la Puente
Si pudiese sugerirles algo básico a los gobernadores regionales y a los alcaldes provinciales es que eviten los acuerdos electorales con las listas nacionales para apoyar a un candidato presidencial a cambio de colocar a un representante suyo en el Congreso.
Esa experiencia ha sido nefasta y fallida. El actual Congreso tiene por lo menos 8 congresistas que alcanzaron sus curules incrustados en por lo menos tres listas presidenciales que compitieron el 2011. Es el caso de legisladores elegidos por Áncash, Huánuco, Loreto, Junín y Cusco, entre otras regiones.
La operación no les ha servido a las administraciones regionales. Como primer efecto, los que participaron en alianzas que no ganaron la Presidencia de la República vieron enajenada la voluntad del partido ganador o, si formaron parte del grupo ganador, fueron presionados sin éxito para lograr mejoras gracias a sus contactos con el nuevo poder. Así, en uno u otro caso, solo consiguieron desazón y decepción.
Ninguno de los presidentes regionales que se ufanaron de haber hecho el 2011 el negocio de su vida, se reeligió. Antes, a poco más de un año en funciones, “sus parlamentarios” se mimetizaron en el Congreso, no lograron casi nada en favor de sus regiones con las que además perdieron contacto, en tanto que renunciaron a sus bancadas en la primera oportunidad o les dieron la espalda a los jefes políticos que organizaron el acuerdo.
Advierto que ahora por lo menos tres gobernadores regionales y algunos alcaldes de capitales de departamento han llegado a acuerdos con partidos nacionales. Estos pactos se basan en la seguridad de que los líderes regionales pueden endosar a un candidato nacional los votos obtenidos el año pasado, algo debatible y relativo. Son los casos, por citar dos ejemplos, de los gobernadores de Arequipa y Tacna, que obtuvieron alrededor de 20% de votos en la primera vuelta y que difícilmente endosarán ese caudal luego de un año de complejas administraciones.
Desde el lado nacional, en los partidos creen que un pacto con grupos locales puede resolver sus problemas de implantación, y el suministro de militantes, activistas y operadores tan necesarios en una campaña electoral. Eso también es relativo; en la mayoría de regiones los grupos que ganaron las elecciones del año pasado se han desactivado, los vínculos se han debilitado y las autoridades se han autonomizado, de modo que un acuerdo con una autoridad es principalmente con su aparato de gobierno. Y nada más.
Es cierto que para un grupo nacional sin implantación local un pacto con una autoridad local es mejor que nada. De acuerdo, pero el asunto cambia cuando lo que se quiere es gobernar un país en serio, una tarea cada vez más enfrentada por la hostilidad de un Congreso donde escasea la disciplina partidaria y los legisladores recuperan su independencia rápidamente.
Los gobernadores regionales tienen problemas nacionales más serios que sentar a un enviado suyo en una curul. El más desafiante es el destino de la descentralización, acosada por dentro y fuera de las regiones. Dentro, por la corrupción y la precariedad institucional, al punto que un gobernador regional ha sido vacado y otros tres están en esa ruta; y fuera, por un movimiento que propone ir en reversa. En la reciente CADE 2015 he escuchado por lo menos tres exposiciones que sugieren recentralizar el país bajo la convicción de que la descentralización ha fracasado.
La campaña electoral necesita de una potente y unida voz política de las regiones más que de enjuagues electorales que hacen de los líderes regionales peones del centralismo. Por si acaso, casi todos los candidatos guardan silencio sobre qué hacer con la descentralización, un proceso suspendido en el aire hace varios años, otro rasgo inédito de este proceso electoral. Como hace 30 años, las ideas de la capital se aprestan para decidir por el resto del país mientras los líderes fuera de Lima se contentan ¡qué tal minimalismo!  con buscar una esquinita en el Parlamento. Qué favor tan caro para el centralismo.

viernes, 24 de octubre de 2014

El voto que no me gusta

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-voto-que-no-me-gusta-10-10-2014
La República
La mitadmasuno
10 de octubre de 2014
Juan De la Puente
En el Perú, el voto que el establishment no entiende o que no le gusta termina siendo contestatario o ignorante; de ese modo el país está formateado antes de cada elección, sin posibilidades de interpretación de los resultados: 1) el voto por los partidos es en favor del sistema; 2) el voto por los movimientos regionales es antilimeño y antisistema; y 3) el voto por la izquierda es ignorante y “atrasador” del desarrollo.
Es absurdo apreciar los resultados solo por la identidad de los candidatos. Este software, compatible para analistas de izquierda y derecha, gira en torno a un eje: que el voto está condenado desde hace 14 años a aceptar o negar el sistema, una aplicación cerrada que no permite opciones de sufragio como: 1) aceptar el modelo económico pero rechazar el modelo político; 2) aceptar las reglas políticas pero pugnar por innovar las de la economía; 3) re-construir ambos modelos desde el espacio regional/local; 4) premiar o castigar a líderes y autoridades; 5) respaldar o reconocer promesas de interés personal o dádivas del candidato; y 6) honrar lealtades políticas y principios éticos.
Sostengo que en la reciente elección se ha relativizado el clásico voto antisistema, que aún puede apreciarse en Cajamarca, Moquegua, Puno y Cusco, donde varias listas en cada caso recabaron entre el 40 y 60% de votos, y en menor medida en Junín, Apurímac y Huancavelica, donde abarcaron entre el 30 y 40%. En cambio, no me imagino que el voto por Waldo Ríos (Áncash) se oponga al sistema, o el de Gilmer Horna (Amazonas), Jaime Rodríguez (Moquegua), Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Luis Picón (Huánuco), César Acuña (La Libertad) e Yván Vásquez (Loreto), entre otros. Eso sí, el voto por Rudecindo Vega (Amazonas) fue explícito contra la corrupción, al igual que el de Rubén Alva (Huánuco) y Fernando Meléndez (Loreto).
También es razonable sostener que la idea de un desarrollo regional abierto y no contra el modelo económico, aunque con críticas a lo político, haya recabado votos para Reynaldo Hilbk y Jhony Peralta (Piura), Javier Ísmodes (Arequipa) Omar Jiménez y Fernando Martorell (Tacna), José Murgia (La Libertad) y Fernando Cilloniz (Ica), entre otros.
El inmenso saco del voto antisistema no sirve para apreciar las nuevas identidades ciudadanas. Por ejemplo, impide identificar un voto consciente contra la ley o voto informal/ilegal en zonas que han desafiado a la política desde la política, como el que expresan Waldo Ríos (Áncash), Luis Otsuka (Madre de Dios), Manuel Gambini (Ucayali) y Walter Aduviri (Puno) y en centenares de distritos y provincias.
No es racional juntar la crítica política, el rechazo económico, los proyectos ilegales y los emprendimientos mafiosos, si en gran parte del país la fragmentación electoral no obedeció al grado de confrontación con Lima o el sistema (que no tuvieron defensores) sino al ajuste local de cuentas. De otro modo, el radicalismo político en sus vertientes de derecha o izquierda habría ganado más plazas electorales.
A pesar de ello, el país conservador está escandalizado y les atribuye a los resultados un sentido que se bate en retirada, un análisis básico en la línea del voto irracional contra las máquinas y el progreso. Otra ruta de análisis aparentemente progresista recupera la idea del voto de protesta convirtiéndolo equivocadamente en dominante.
Es preciso dejar de ver bajo cada piedra un líder o un proyecto antisistema y apreciar otros fenómenos en sus efectos inmediatos. Contra lo señalado en los análisis inmediatistas, las elecciones envían un mensaje directo: que el debilitamiento extremo de los partidos acompaña la pérdida de la identidad regional y municipal que apareció en la década pasada como respuesta a los partidos nacionales. Salvo excepciones, los nuevos actores difieren de los anteriores que exhibían peso propio, prestigio y programa; en cambio los que irrumpen en la escena son en abrumadora mayoría propietarios de maquinarias financieras y escasos escrúpulos, es decir, un regionalismo político pobre y atrasado.

sábado, 26 de julio de 2014

Transfuguismo, contagio masivo

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/transfuguismo-contagio-masivo-11-07-2014
La República
La mitadmasuno
11 de julio de 2014
Juan De la Puente
El cierre del plazo de inscripción de las listas que competirán en las elecciones del 5 de octubre permite apreciar fenómenos que reflejan la evolución de la dinámica nacional/regional, una de las que atraviesan el sistema político, y de la correlación de fuerzas transparencia/corrupción en los ámbitos regional y local.
El número de listas es casi igual al de los comicios del 2010, ahora 14,171 frente a 11,170 de aquella vez, aunque se registran cambios al interior de las cifras generales. La competencia para los gobiernos regionales tiene menos listas (322 ahora contra 342 en los anteriores comicios) y un despliegue desigual de los partidos nacionales. En las elecciones regionales anteriores los partidos presentaron menos listas que ahora, 143 contra 159, en un contexto de crisis que afecta de distinto modo a los partidos nacionales.
Alianza para el Progreso (APP), el fujimorismo y UPP incrementan sus candidaturas respecto del 2010, pasando el primero de 16 a 24 regiones, el segundo de 13 a 15 y el tercero de 7 a 9. En otra dirección, decrece el número de listas de otros partidos como el Apra (de 24 a 14 regiones), Acción Popular (de 20 a 17 regiones), Perú Posible (de 17 a 8 regiones), Somos Perú (de 11 a 6 regiones), Restauración Nacional (de 11 a 3 regiones) y los Fonavistas (de 17 a 10 regiones).
Nuevas agrupaciones irrumpen en el escenario regional; es el caso del Partido Humanista (11 regiones), el Frente Amplio, a través de Tierra y Libertad (11), Siempre Unidos (6), Perú Patria Segura, ex Cambio 90 (6) y Vamos Perú (7). El PPC participa en 7 regiones como lo hizo el 2010 y Solidaridad Nacional en 5.
A simple vista, la inscripción ahora de 163 movimientos regionales frente a los 199 en los anteriores comicios es un dato seco que podría indicar una ligera recuperación de los partidos nacionales en las regiones o su relativo retorno. Sin embargo, ni la ecuación menos movimientos regionales y más partidos regionales es igual a más democracia, ni la presentación de listas partidarias sintetiza necesariamente un proceso democrático.
Lo que se aprecia antes bien es el contagio mutuo del transfuguismo y de la enfermedad del fichaje electoral, y la desaparición de los últimos rezagos de democracia interna e institucionalidad partidaria. En buena parte de casos, los partidos nacionales designaron como sus candidatos a caudillos regionales con los que negociaron el uso de la marca electoral en tanto que los movimientos regionales “extrajeron” candidatos de los partidos nacionales, un frenético transfuguismo que en el Cusco llegó a extremos: militantes de un mismo partido se repartieron en varias listas en tanto que los partidos se prestaron candidatos para cumplir con la ley electoral (Amaru, Revista Andina de Política y Cultura).
A pesar de lo señalado, es preciso reconocer dos movimientos que operan en sentido inverso; por un lado, se ha frenado la expansión de los movimientos regionales como una alternativa a los partidos nacionales; al mismo tiempo, algunos aparatos nacionales resisten la crisis relocalizándose en las regiones en una perspectiva de acumulación partidaria sin ideario y programa, y solo pensando en la ocupación de espacios de cara al 2016. Ese parece ser el caso del fujimorismo y de Alianza para el Progreso.
Finalmente, esta relocalización es también desigual. El país aparece dividido en bloques significativos. Uno en el que los partidos presentan cara a los movimientos regionales, como en Arequipa (12 listas partidarias de un total de 18), Apurímac (6 de 10), Ayacucho (7 de 12), Ica (10 de 14), Junín (7 de 13), La Libertad (8 de 11), Lambayeque (10 de 13) y Moquegua (5 de 9). El otro bloque es de regiones, en la mayoría de las cuales la corrupción es escandalosa y masiva y en las que los partidos están en el umbral para afuera, como en Amazonas (2 de un total de 9), Cajamarca (3 de 8), Cusco (6 de 14),  Huancavelica (2 de 9), Huánuco (6 de 14), Loreto (2 de 7), Puno (2 de 10) y Ucayali (3 de 13).

viernes, 4 de enero de 2013

Partidos, retorno a las regiones

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/partidos-retorno-las-regiones-04-01-2013
La República
La mitadmasuno
4 de enero de 2013
Juan De la Puente
Este año será preelectoral, a pesar de que las candidaturas a las elecciones regionales y municipales recién serán definidas en el primer semestre del 2014. Varios hechos convertirían estos meses en cruciales: el anuncio de la adopción de un mecanismo para concretar el financiamiento público de los partidos, los cambios a la Ley de Partidos y la probable alteración del número de firmas requeridas para la legalización de los grupos políticos. Esta etapa será también escenario de un debate mucho más dinámico sobre el conjunto de la reforma política.
En ese contexto convendría que los partidos nacionales celebren un pacto cuyo propósito sea retornar a las elecciones regionales y locales y no repetir el abandono de esta competencia como en las elecciones del 2006 y 2010. No habrá ninguna esperanza para la reconstrucción del sistema de partidos si junto con las normas que se proponen los partidos nacionales no concretan una firme voluntad de participación, competencia y presencia en el territorio de la República. La primera interrogante de cara a las elecciones regionales y municipales del 2014 es si se frenará la disolución de los partidos fuera de Lima.
El divorcio entre la política nacional y regional/local es creciente. En las elecciones del 2006, los partidos ganaron en 88 (45%) de las 195 provincias, en un proceso en que ya se advertía el avance de los movimientos regionales, los que se hicieron de 74 alcaldías provinciales (38%). En tanto que los movimientos provinciales ganaron 25 alcaldías (8%) y las alianzas electorales 18 (9%). Ese año los partidos nacionales todavía resistían en los distritos, ganando en 839 (51%) de los 1.615 donde hubo elecciones, en tanto que los movimientos locales y provinciales ganaron en 158 (10%), las alianzas electorales en 155 (10%) y los movimientos regionales en 463 (29%).
En las elecciones del 2010, los partidos retrocedieron notablemente, ganaron solo 53 de las 195 provincias, las alianzas electorales en 15, los movimientos locales en 26 y los movimientos regionales más que 100 provincias. Ese mismo año, los partidos solo ganaron en 489 distritos y los movimientos regionales en más de 1.000.
Es también evidente la debilidad de los partidos en los gobiernos regionales. En las elecciones del 2010, el Apra, Somos Perú y Acción Popular ganaron cada uno una región y Alianza para el Progreso 2. Las otras 20 regiones fueron ganadas por los movimientos regionales. No obstante, solo 2 de los presidentes regionales (La Libertad y Lambayeque) se relacionan con su partido nacional.
La necesidad de que los partidos pacten su retorno a las regiones y municipios, no implica una crítica descalificadora de los movimientos regionales. Algunos de ellos, como el de San Martín, para citar un caso, constituyen una vocación de partido regional. La mayoría, sin embargo, resume el mismo vicio caudillista de los partidos nacionales a lo que se suma una falta de visión nacional de la política. En otro ángulo, son élites y son nuevas en el poder regional y local, pero no en la política; sus líderes han pertenecido a partidos nacionales o participado en el proceso político y por tanto cuentan con experiencia previa. También debe repasarse la formación de mayorías. En las elecciones del 2002, solo en 3 regiones los ganadores superaron el tercio de votos. Las elecciones del 2006 y 2010 han ratificado esa tendencia conduciendo a la segunda vuelta regional.
La necesidad de un pacto para retornar el escenario regional y local es parte de la reforma política y va en una dirección distinta al reciente proyecto de ley presentado por el PPC para elevar el número de firmas requerido para los movimientos regionales. En una versión del perro del hortelano electoral, los partidos no pueden impedir la política regionalista si es que no se proponen un ejercicio nacional partidario. Sería riesgoso que la ley fomente un enfrentamiento entre política regional y nacional. En cambio, el camino para un acuerdo de participación está abierto.