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sábado, 25 de agosto de 2018

La revuelta xenófoba

La República
La mitadmasuno
24 de agosto de2018
Juan De la Puente
El aumento del número de migrantes venezolanos y la respuesta del gobierno han detonado una revuelta xenófoba cuyas posibilidades son ahora inestimables, desde agresiones directas a los migrantes, solo por ser venezolanos, como sucedió hace poco en la ciudad brasileña de Pacaraima (Brasil) o contra los nicaragüenses en Costa Rica; o la formación de movimientos políticos expresamente contrarios a la migración. Sea cual fuese el desenlace, una nueva y poderosa variable se ha instalado en la agenda pública, no para enriquecerla sino para envilecerla. Aquí, tres reflexiones sobre el estado de la cuestión.
No es un punto de partida ni un movimiento nuevo. Ahora desbordada, esta xenofobia se ha labrado a partir de rumores, mentiras y generalizaciones, una tendencia en la que los medios jugaron un papel activo o de omisión. La construcción de un nuevo enemigo público ha sido relativamente fácil en una sociedad racista, conservadora, ejercitada en el rechazo a los migrantes internos. Puede llamar la atención que el sujeto discriminador sea al mismo tiempo discriminado en su propio país, o que tenga lazos familiares con peruanos migrantes maltratados en el exterior (y que se beneficie de los US$ 3.000 millones de remesas por año), pero no demasiado; es la cadena de exclusiones recreada en un vasto discurso excluyente criollo (nos quitan empleo, primero los peruanos, son delincuentes, somos soberanos, llévalos a tu casa, entre otros) donde lo nuevo quizás sea su atropellado despliegue transversal.
La construcción de un nuevo enemigo que sin embargo es pobre y vulnerable –donde hay niños, ancianos y mujeres cabeza de familia– ha sido atrozmente colaborativo entre una parte de la derecha y otra parte de la izquierda, y otros que se asumen liberales, republicanos, centristas y apolíticos, todo un grupo impasible al dolor que no obstante se resiste en reconocerse como xenófobo. No será el nuestro el primer país donde el rechazo a los migrantes implique un travestismo ideológico y el bochornoso espectáculo de críticos de Trump que, sin recato, repiten sus argumentos contra la migración latina, incluidos los peruanos.
Existe una relación entre la cólera política ciudadana y la xenofobia. Los venezolanos ingresan a la lista de enemigos en el contexto de una crisis política que ha colocado a los ciudadanos contra el sistema político, a lo que se agrega esta insatisfacción que acaba dirigiéndose también contra el poder. Al detonarse el circuito crisis-migración como una dinámica muy parecida a la que opera en Europa, es fácil el alineamiento partidario con la xenofobia, que no tardará en llegar, pero es mucho más fácil el estreno de políticos inescrupulosos que buscan votos en este tema sensible. Esto sucede con Ricardo Belmont, en lisa para reencarnarse como outsider 30 años después de su primer debut.
La xenofobia votará en las elecciones regionales y locales del 7 de octubre, y por supuesto el año 2021, activando alternativas radicales ya no solo para los migrantes, sino para los temas tocados en su narrativa, como el nacionalismo, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y la protección social. Los partidos que cerraron el sistema político, elevando la valla de entrada al recojo de 800 mil firmas, no calcularon que esta cerrazón implicará que la habitación se llene de un aire raro que tendrán que compartir.

No hay liderazgo contrario. A diferencia de Europa y EEUU, la revuelta xenófoba peruana, por su transversalidad o por la debilidad de las instituciones, carece de voces potentes que se opongan a su mensaje cercenador de derechos y libertades. Las reacciones oficiales son medrosas y escasa de convicciones. Ningún poder del Estado o voz pública reconocida se ha enfrentado al movimiento que legitima un nuevo enemigo público. Esto entra a la contabilidad de la falta de un enfoque de derechos también respecto a la migración. Esta ausencia es muy sentida; resume la falta de entendimiento del papel moral de los líderes en los hitos históricos –este lo es– y sin lo cual lo que se diga luego importa poco.

sábado, 29 de abril de 2017

Ancash corrupción más corrupción (I, II y Final)

Ancash  corrupción más corrupción (I, II y Final)
http://larepublica.pe/impresa/opinion/865131-ancash-corrupcion-mas-corrupcion-i
http://larepublica.pe/impresa/opinion/867596-ancash-corrupcion-mas-corrupcion-ii
http://larepublica.pe/impresa/opinion/870070-ancash-corrupcion-mas-corrupcion-final
La República
La mitadmasuno
14, 21 y 28 de abril de 2017
Juan De la Puente
Lo que sigue es una seria de tres artículos publicados en La República los días 14, 21 y 28 de abril, respectivamente, en los que abordo el desenlace de la corrupción post corrupción en Ancash, como una caso de la escasa utilidad de la movilización anti corrupción sin pactos y soin cambios en la formación de la representación y en el juzgamiento de las tramas de crimen político organizado.
(14 de abril de 2017)
El 15 de marzo del 2014 fue asesinado el ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco. Nueve meses después, el 7 de diciembre de ese año, en la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales, fue elegido como gobernador regional Waldo Ríos. Entre ambas fechas se realizó una intensa movilización en favor de la transparencia pública que no evitó el triunfo de Ríos, ex convicto de corrupción.
El de Áncash es un laboratorio del fracaso de las políticas de transparencia pública. Lo que se registra allí es un auge de prácticas públicas ilegales que ha logrado superar la caída y desarticulación del grupo criminal liderado por César Álvarez y reconstruir redes mafiosas que, aunque menos organizadas, definen una forma de gestionar los bienes públicos y las relaciones del poder con la sociedad.
Nunca como luego del asesinato de Nolasco se llevó a cabo en Áncash una denuncia tan indignada y detallada del poder venal. Los ciudadanos se enteraron de las actividades ilegales organizadas alrededor del Movimiento Regional Cuenta Conmigo que bajo la dirección de Álvarez tejió una red que sedujo a la justicia, la policía y la prensa, y cuyos tentáculos llegaron al Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Ministerio Público. Los reportajes sobre esta red, la detención de decenas de personas, las audiencias públicas, las marchas ciudadanas y la publicidad de las investigaciones judiciales y del Parlamento, dieron forma a un escenario anticorrupción inédito.
Esa movilización no obstante fue débil ante los desafíos. En mucho fue más indignación que acción; no significó la formación de alianzas para recuperar el sentido creador de la gestión pública en ese territorio, ni implicó cambios en la oferta política a los ciudadanos. Situada esta movilización en una etapa de dura resistencia a los cambios, no se benefició de una reforma electoral sencillamente porque esta fue burlada.
Ese escenario posibilitó el retorno de Waldo Ríos: él fue sentenciado a 4 años de prisión por recibir 10 mil dólares de Vladimiro Montesinos para pasarse a la bancada fujimorista el año 2000. De retorno a las canchas, formó el Movimiento Regional Puro Áncash con el que ganó las elecciones regionales del año 2014 prometiendo entregar 500 soles a cada ancashino de los recursos del canon minero, del presupuesto de la región de las provincias y de los distritos para que los ciudadanos “se compren refrigeradoras, cocinas, televisores, laptops, bicicletas, y juego de dormitorio”, tal como rezaban sus consignas de campaña.
Por supuesto que no cumplió su promesa y los ciudadanos –entre ingenuos y burlados– realizaron en noviembre de 2015 un paro exigiendo que se concrete. Luego, el gobierno de Ríos fue escandalosamente corrupto y aunque purga ahora prisión por un delito cometido cuando fue alcalde de Huaraz en los 90, tiene varias causas abiertas por su reciente gestión. Su vicepresidente, Enrique Vargas, acaba de ser condenado a 5 años de prisión por mentir en su hoja de vida.
En Áncash la corrupción es más institucional que la política, y es más competitiva que ella, especialmente más que los partidos políticos. En las elecciones regionales y locales de 2014 compitieron 18 listas y las que pasaron a la segunda vuelta electoral no sumaron ni el tercio de votos emitidos. El Movimiento Ande Mar obtuvo 14% y el de Ríos, Puro Áncash, el 13.6%.
Esa elección ya evidenciaba una virtual inviabilidad del modelo de competencia electoral como mecanismo de reproducción de la democracia; hubo 17% de ausentismo electoral y entre los votos blancos y viciados sumaron 21%. Entre los 8 movimientos independientes que compitieron sumaron el 53% de votos emitidos, en tanto que los 10 partidos nacionales solo alcanzaron el 23% de votos, y salvo las provincias de Asunción Corongo y Huarmey, ningún alcalde de las 17 restantes fue elegido con más de 30% de votos. El récord lo batió la provincia de Raimondi cuyo alcalde fue elegido con el 14% de votos emitidos, un ausentismo del 25% y el 30% de votos blancos y nulos.
………..
(21 de abril 2017)
Las elecciones regionales y municipales del 2014 consagraron en Áncash poderes precarizados por bajas adhesiones, alto ausentismo y votos nulos. Si se suman las ausencias y los votos viciados y blancos se tiene que el 38% de los ciudadanos de esa región dejaron de expresarse a favor de la oferta electoral.
Asimismo, salvo las provincias de Asunción, Corongo y Huarmey, ningún alcalde fue elegido con más de 30% de votos. El récord lo batió la provincia de Raimondi cuyo alcalde fue elegido con el 14% de votos emitidos, un ausentismo del 25% y el 30% de votos blancos y nulos. Los alcaldes de las dos provincias más pobladas, Santa (Chimbote) y Huaraz, se hicieron con el sillón municipal apenas con el 19% y 22% de votos emitidos, respectivamente.
En esa elección, 11 de las 20 provincias fueron ganadas por los partidos nacionales (APP 5, Somos Perú 3, UPP 2 y Perú Posible 1) con votaciones igualmente bajas aunque en la mayoría de distritos triunfaron los movimientos regionales y listas independientes. Por la segunda vuelta regional compitieron dos movimientos.
No se podría afirmar que en esa región se sustituyó el viejo sistema de partidos por uno “nuevo” a cargo de las expresiones partidarias posteriores al año 2000 (Fuerza Popular, PNP y Perú Posible). Al contrario, lo más consistente en la política regional en la última etapa han sido movimientos locales con escasa estructura y caudillistas, como Cuenta Conmigo del ex presidente regional César Álvarez; y el Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE), del ex alcalde de Huaraz Lombardo Mautino.
Como en la mayoría de regiones, en Áncash se ha instalado un sistema de representación híbrida donde lo regional y local es copado por identidades políticas no partidarias en tanto que la representación nacional es negociada entre los actores regionales y nacionales con gradual predominio de los segundos.
Desde 1978 hasta 1990 la región fue escenario de una competencia de partidos políticos con predominio del Apra, Acción Popular y la izquierda. En las elecciones de 1980 de 9 diputados, AP obtuvo 5 y el Apra 4; en 1985, el Apra ganó 7 diputaciones y la izquierda 2; y en 1990, el Apra ganó 4, Cambio90 2, el Fredemo 2 y la izquierda 1, en un contexto de bajas votaciones preferenciales. En esa etapa la mayoría de municipios estaba en poder de los partidos.
Desde el año 2001, los políticos de escasa tradición partidaria han hegemonizado la representación de Áncash. Ese año de 5 legisladores, el Apra obtuvo 2 y Perú Posible 3; el 2006, el Apra 2, Unidad Nacional 1 y UPP-PNP 2; el 2011, Perú Posible 2, PNP 1, el fujimorismo 1 y Solidaridad Nacional 1; y el 2016, el fujimorismo 3, la izquierda 1 y Alianza para el Progreso 1. En las dos últimas elecciones fue evidente que los partidos nacionales cooptaron liderazgos regionales extrapartidarios, de modo que 9 de los 10 legisladores elegidos los años 2011 y 2016 un año antes de las elecciones no pertenecían a los partidos por los que fueron elegidos. Desde 1995, Huaraz y Chimbote eligen alcaldes independientes, salvo un período en este último caso, en tanto que Casma, una de las provincias más violentas, ha tenido seis alcaldes desde 2007, uno de ellos revocado y otro asesinado.
Podría decirse que la política ancashina ha creado sus propias franquicias que se relacionan exitosamente con las franquicias partidarias nacionales para efectos de una representación compartida. Es esa política antipolítica la que se ha agotado al expresar sus límites e imposibilidad de gestionar el poder con un mínimo de eficacia.
El costo de esa experiencia es alto: cinco gobernadores regionales en tres años y tres de ellos en la cárcel, varias autoridades asesinadas, otro tanto vacadas y revocadas y una ausencia absoluta de proyecto regional. Entre el 2007-2010, el 10% de las autoridades distritales fueron vacadas y en las elecciones del 2010 se anularon las elecciones en 11 distritos, un récord que no lo consiguieron los paros armados de Sendero Luminoso en los años ochenta.
(28 de abril 2017)
Áncash tuvo cinco gobernadores regionales en tres años, ahora tres de ellos en prisión, autoridades asesinadas, vacadas y revocadas, y una ausencia de proyecto regional. Entre los años 2007 y 2010, el 10% de alcaldes distritales fueron vacados y en las elecciones del 2010 se anularon las elecciones en 11 distritos, un récord que no lo consiguieron los paros armados de Sendero Luminoso en los años ochenta.
Áncash es el laboratorio de un modelo donde lo que sigue a la corrupción es más corrupción, una realidad parecida a varias regiones y municipios, y que si nos descuidamos terminará siendo la forma natural e irreemplazable de la política peruana.
Comparto la idea de que la primera medida para impedir la corrupción de los políticos es prevenirla. En tal sentido, en Áncash como en otras regiones han fracasado las estrategias preventivas, incluidas las más recientes, como la Hoja de Vida y la Ventanilla Única. Esta ausencia de prevención se condiciona con los incentivos a la corrupción, a saber: 1) el incremento del costo de las campañas, 2) la facilidad para la formación de la oferta electoral; 3) el fácil retorno al poder de los políticos sancionados; y 4) la destrucción de las capacidades de control social y público y de rendición de cuentas.
Como respuesta, requerimos abordar seriamente las siguientes soluciones, ahora que empiezan a debatirse las reformas electorales: 1) debe rebajarse el costo de las campañas, con topes a los aportes y prohibiciones de reparto de dádivas –incluidos alimentos– y el establecimiento de un piso mínimo de campaña, prohibiendo al mismo tiempo la publicidad en TV y fijando techos financieros a otras formas de publicidad; 2) la política debe retornar al poder y reemplazar al negocio. De hecho, los políticos que aspiran a representarnos tengan que ser eso, políticos, de modo que se exija un tiempo mínimo de militancia en una organización para postular a un cargo de elección popular, que se acabe el fichaje de independientes –la mayoría por su dinero– y que los partidos y movimientos se formen por lo menos tres o cuatro años antes de los procesos electorales; 3) las autoridades revocadas y vacadas no deberían volver al poder, además de los sentenciados por determinados delitos; y 4) innovar la rendición de cuentas y la transparencia para hacerla vinculante, sancionable, y ágil, reformando y descentralizando la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública creada por el D. Leg. 1353, que ha quedado claro que no sirve para luchar contra la corrupción. Al mismo tiempo, si el Sistema de Control no es eso, un sistema, financiado y respetado, no habremos avanzado mucho.
También comparto la idea de que la mejor ofrenda a la corrupción es la impunidad, la misma que asume varias dimensiones: 1) tramas corruptas “tocadas” pero no disueltas; 2) investigaciones y enjuiciamientos largos; 3) resistencia a juzgar la actividad criminal organizada, disolviendo los casos emblemáticos; y 4) sanción a los corruptos pero no a los corruptores.
Como respuesta, requerimos abordar las siguientes soluciones: 1) disolver las tramas corruptas, prohibiendo a las empresas y personas implicadas contratar con el Estado, directamente a través de fondos generados e impedir que el funcionario sancionado retorne al Estado a través de otras modalidades informales; 2) reducir los plazos de investigación fiscal, especialmente en los casos de lavado de activos y crimen organizado; 3) impedir la subdivisión de los casos que llevan al juzgamiento del crimen organizado; y 4) sanción a los corruptores, lo que implica de plano cambiar las bases para la formación de las hipótesis delictivas.
Finalmente, estoy convencido en la utilidad de los pactos sociales. En Áncash, como en Cusco, Loreto, Huánuco, Pasco o Tumbes, regiones castigadas severamente por la corrupción, hubo movilización en favor de la integridad de sus políticos pero no pacto, de modo que no se concretó una ruptura clara con el sistema imperante. Nunca más movilización sin pacto.

viernes, 29 de agosto de 2014

Billetera mata partido y militante

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/billetera-mata-partido-y-militante-22-08-2014
La República
La mitadmasuno
22 de agosto de 2014
Juan De la Puente
Un seminario realizado esta semana por la ONPE, Idea Internacional y la Fundación Konrad Adenauer ha puesto con solvencia  sobre la mesa el problema del financiamiento de la política en el Perú, abordando clásicos tabúes como las donaciones, las redes ilegales, la precariedad de la supervisión de fondos y la legislación comparada.
Como a otros países de la región nos sucede algo curioso. En la teoría política, los principales organizadores de la política con la ideología y los programas, en tanto que en el mundo moderno los sistemas han logrado incluir el financiamiento en esquemas legales que regulan, ponderan y equilibran los factores de la movilización política de la sociedad, de modo que con el dinero y no contra el dinero, las ideas y los programas siguen siendo los factores centrales del quehacer público.
En el Perú, no obstante, desde 1985 y con mayor intensidad desde el 2001 el dinero es el principal organizador de la política, un modelo desregulado, nada ponderado y desequilibrado.
Este resultado se debe a cinco procesos que han operado con increíble eficacia; el primero, el incremento del costo de las campañas electorales debido a la expansión de la oferta publicitaria y la compra de votos, el aumento de la demanda de prebendas por parte de los electores, y la transformación definitiva de las campañas en operaciones más personales que institucionales. Cada 5 años se tiene en el país 1,500 campañas congresales, cada una de ellas con su propia economía.
El segundo proceso es el financiamiento ilegal, tanto el que procede de fuentes legales pero que es ocultado y el financiamiento ilegal por su origen: del narcotráfico, minería y tala ilegal, contrabando y otros. El tercer proceso es la compra directa de cargos por empresas mediante pagos por adelantado, una tendencia aparentemente incontenible en regiones y municipios.
El cuarto proceso es el desborde de la institucionalidad partidaria que interactúa con el flujo del dinero no regulado, consolidando el cacicazgo regional y local y la hegemonía de una plutocracia partidaria que convierte en dirigente al que tiene más dinero, o franquea la entrada al sistema a partidos empresariales, una de cuyas expresiones es, por citar un caso, Alianza para el Progreso (APP).
En esa forma de la política, billetera mata partido, dinero mata programa y chequera mata militante. Esta dinámica se fortalece con procedimientos de elección como el voto preferencial que disuelve el colectivo político y deshabita a los partidos; según el JNE, el año 2011 solo el 37% de candidatos al Congreso estaban afiliados a los partidos por los que postularon, en tanto que al inicio del actual período parlamentario 65 legisladores no militaban en los partidos por los que fueron elegidos.
El quinto proceso es el intenso emprendimiento partidario, que solo es posible con el despliegue de recursos. Desde 1992, en nuestro país se han legalizado 55 partidos, para lo que se han debido recabar por lo menos 22 millones de firmas, a un costo total mínimo de 22 millones de dólares. Un dato más abona a lo señalado: según la ONPE, entre el 2010 y 2012 más de 150 agrupaciones adquirieron kits electorales para inscribirse como partido político.
Por esa razón, abordar la regulación del financiamiento de la política es muy urgente, probablemente en un esquema mixto que combine los fondos públicos y privados. Al mismo tiempo, es preciso que esta regulación asuma una opción estratégica que además de la regulación administrativa que se propone vigilar el ingreso de dinero y la rendición de cuentas, se preocupe por disminuir el flujo de dinero en las campañas.
Este tema nos deriva a la reforma política y debería incluirse en ella, contra los deseos que ya se advirtieron el año pasado cuando se pretendió concretar el financiamiento público sin democracia interna, aumentando el número de firmas para inscribir a los partidos, incrementando el número de invitados independientes y sin hacer más vinculante la rendición de cuentas.

domingo, 6 de junio de 2010

La espuma colombiana

La mitadmasuno
La República
Sàbado 6 de mayo de 2010

Por Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20100605/10/node/270355/total/1634/pagina
Las encuestadoras colombianas no terminan de explicarse cómo el empate previsto en la primera vuelta electoral del 30 de mayo entre Atanas Mockus y Juan Manuel Santos terminó con la victoria de éste 25 puntos por encima del primero. Los sondeos no detectaron ni los 11 puntos que perdió Mockus ni los 12 del ascenso de Santos.
Primero fueron las explicaciones técnicas, entre ellas una poco creíble, es decir, que la prohibición legal de realizar encuestas una semana antes de los comicios no permitió detectar los cambios. Los mismos analistas colombianos han salido al paso: no es posible que una caída tan pronunciada y una subida tan espectacular se hayan producido en siete días. Otras explicaciones técnicas son más atendibles: no constatar si los entrevistados se abstendrían de votar o votarían viciado, la subestimación del voto escondido, el reducido tamaño de la muestra y el uso de la encuesta telefónica en las zonas de riesgo.
Las razones políticas son aleccionadoras. La más importante es que las encuestas presentaron una falsa polarización. Los sondeos aplastaron al otro candidato partidario del presidente Álvaro Uribe, Germán Vargas de Cambio Radical, al que le daban apenas 2% y terminó con 10%, y a Gustavo Petro, del Polo Democrático, al que le adjudicaban 4% y obtuvo 9%. La pregunta flota ¿“Mataron” a Vargas y a Petro para polarizar la elección entre Santos y Mo-ckus, quien terminó siendo una espuma?
En este punto hay más tela que cortar. Los medios indujeron a ese fenómeno virtual. Situados allí convendría volver a tres preguntas incómodas: 1) Si las encuestas electorales miden más el deseo político que la intención de voto; 2) Hasta qué punto una encuesta puede ser deformada e instrumentada por un medio de comunicación; y 3) Cuánto de análisis objetivo tienen las apreciaciones del periodismo de opinión. Ahí habría que agregar, de cara al Perú, que toda opinión no implica análisis y que no todo lo que pretende ser análisis, lo es.
Otra de las razones aludidas es la subestimación del voto rural, un error que empieza en la política y termina en la confección de la muestra, fenómenos sobre el que felizmente las encuestadoras peruanas han empezado a alertar.
Se tiene, finalmente, la fragilidad de la llamada “Ola Verde”, el movimiento de Mockus que descansaba en las redes sociales y que enfrentado a los recursos humanos y económicos que movilizó Santos, sucumbió con facilidad.