Ancash corrupción más corrupción (I, II y Final)
http://larepublica.pe/impresa/opinion/865131-ancash-corrupcion-mas-corrupcion-i
http://larepublica.pe/impresa/opinion/867596-ancash-corrupcion-mas-corrupcion-ii
http://larepublica.pe/impresa/opinion/870070-ancash-corrupcion-mas-corrupcion-final
La República
La mitadmasuno
14, 21 y 28 de
abril de 2017
Juan De la Puente
Lo que sigue es
una seria de tres artículos publicados en La República los días 14, 21 y 28 de
abril, respectivamente, en los que abordo el desenlace de la corrupción post corrupción
en Ancash, como una caso de la escasa utilidad de la movilización anti corrupción
sin pactos y soin cambios en la formación de la representación y en el
juzgamiento de las tramas de crimen político organizado.
(14 de abril de
2017)
El 15 de marzo del 2014 fue asesinado el ex consejero regional de
Áncash, Ezequiel Nolasco. Nueve meses después, el 7 de diciembre de ese año, en
la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales, fue elegido como
gobernador regional Waldo Ríos. Entre ambas fechas se realizó una intensa
movilización en favor de la transparencia pública que no evitó el triunfo de
Ríos, ex convicto de corrupción.
El de Áncash es un laboratorio del fracaso de las políticas de transparencia
pública. Lo que se registra allí es un auge de prácticas públicas ilegales que
ha logrado superar la caída y desarticulación del grupo criminal liderado por
César Álvarez y reconstruir redes mafiosas que, aunque menos organizadas,
definen una forma de gestionar los bienes públicos y las relaciones del poder
con la sociedad.
Nunca como luego del asesinato de Nolasco se llevó a cabo en Áncash una
denuncia tan indignada y detallada del poder venal. Los ciudadanos se enteraron
de las actividades ilegales organizadas alrededor del Movimiento Regional
Cuenta Conmigo que bajo la dirección de Álvarez tejió una red que sedujo a la
justicia, la policía y la prensa, y cuyos tentáculos llegaron al Congreso, el
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Ministerio Público. Los
reportajes sobre esta red, la detención de decenas de personas, las audiencias
públicas, las marchas ciudadanas y la publicidad de las investigaciones
judiciales y del Parlamento, dieron forma a un escenario anticorrupción
inédito.
Esa movilización no obstante fue débil ante los desafíos. En mucho fue
más indignación que acción; no significó la formación de alianzas para
recuperar el sentido creador de la gestión pública en ese territorio, ni
implicó cambios en la oferta política a los ciudadanos. Situada esta movilización en una
etapa de dura resistencia a los cambios, no se benefició de una reforma
electoral sencillamente porque esta fue burlada.
Ese escenario posibilitó el retorno de Waldo Ríos: él fue sentenciado a
4 años de prisión por recibir 10 mil dólares de Vladimiro Montesinos para
pasarse a la bancada fujimorista el año 2000. De retorno a las canchas, formó
el Movimiento Regional Puro Áncash con el que ganó las elecciones regionales
del año 2014 prometiendo entregar 500 soles a cada ancashino de los recursos
del canon minero, del presupuesto de la región de las provincias y de los
distritos para que los ciudadanos “se compren refrigeradoras, cocinas,
televisores, laptops, bicicletas, y juego de dormitorio”, tal como rezaban sus
consignas de campaña.
Por supuesto que no cumplió su promesa y los ciudadanos –entre ingenuos
y burlados– realizaron en noviembre de 2015 un paro exigiendo que se concrete.
Luego, el gobierno de Ríos fue escandalosamente corrupto y aunque purga ahora
prisión por un delito cometido cuando fue alcalde de Huaraz en los 90, tiene
varias causas abiertas por su reciente gestión. Su vicepresidente, Enrique
Vargas, acaba de ser condenado a 5 años de prisión por mentir en su hoja de vida.
En Áncash la corrupción es más institucional que la política, y es más
competitiva que ella, especialmente más que los partidos políticos. En las elecciones regionales y locales de 2014
compitieron 18 listas y las que pasaron a la segunda vuelta electoral no
sumaron ni el tercio de votos emitidos. El Movimiento Ande Mar obtuvo 14% y el
de Ríos, Puro Áncash, el 13.6%.
Esa elección ya evidenciaba una virtual inviabilidad del modelo de
competencia electoral como mecanismo de reproducción de la democracia; hubo 17%
de ausentismo electoral y entre los votos blancos y viciados sumaron 21%. Entre
los 8 movimientos independientes que compitieron sumaron el 53% de votos
emitidos, en tanto que los 10 partidos nacionales solo alcanzaron el 23% de
votos, y salvo las provincias de Asunción Corongo y Huarmey, ningún alcalde de
las 17 restantes fue elegido con más de 30% de votos. El récord lo batió la
provincia de Raimondi cuyo alcalde fue elegido con el 14% de votos emitidos, un
ausentismo del 25% y el 30% de votos blancos y nulos.
………..
(21 de abril
2017)
Las elecciones regionales y municipales del 2014 consagraron en Áncash
poderes precarizados por bajas adhesiones, alto ausentismo y votos nulos. Si se suman las ausencias y los votos viciados
y blancos se tiene que el 38% de los ciudadanos de esa región dejaron de
expresarse a favor de la oferta electoral.
Asimismo, salvo las provincias de Asunción, Corongo y Huarmey, ningún
alcalde fue elegido con más de 30% de votos. El récord lo batió la provincia de
Raimondi cuyo alcalde fue elegido con el 14% de votos emitidos, un ausentismo
del 25% y el 30% de votos blancos y nulos. Los alcaldes de las dos provincias
más pobladas, Santa (Chimbote) y Huaraz, se hicieron con el sillón municipal
apenas con el 19% y 22% de votos emitidos, respectivamente.
En esa elección, 11 de las 20 provincias fueron ganadas por los partidos
nacionales (APP 5, Somos Perú 3, UPP 2 y Perú Posible 1) con votaciones
igualmente bajas aunque en la mayoría de distritos triunfaron los movimientos
regionales y listas independientes. Por la segunda vuelta regional compitieron
dos movimientos.
No se podría afirmar que en esa región se sustituyó el viejo sistema de
partidos por uno “nuevo” a cargo de las expresiones partidarias posteriores al
año 2000 (Fuerza Popular, PNP y Perú Posible). Al contrario, lo más consistente en la política
regional en la última etapa han sido movimientos locales con escasa estructura
y caudillistas, como Cuenta Conmigo del ex presidente regional César Álvarez; y
el Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE), del ex alcalde de Huaraz
Lombardo Mautino.
Como en la mayoría de regiones, en Áncash se ha instalado un sistema de
representación híbrida donde lo regional y local es copado por identidades
políticas no partidarias en tanto que la representación nacional es negociada
entre los actores regionales y nacionales con gradual predominio de los
segundos.
Desde 1978 hasta 1990 la región fue escenario de una competencia de
partidos políticos con predominio del Apra, Acción Popular y la izquierda. En
las elecciones de 1980 de 9 diputados, AP obtuvo 5 y el Apra 4; en 1985, el
Apra ganó 7 diputaciones y la izquierda 2; y en 1990, el Apra ganó 4, Cambio90
2, el Fredemo 2 y la izquierda 1, en un contexto de bajas votaciones preferenciales.
En esa etapa la mayoría de municipios estaba en poder de los partidos.
Desde el año 2001, los políticos de escasa tradición partidaria han
hegemonizado la representación de Áncash. Ese año de 5 legisladores, el Apra obtuvo 2 y
Perú Posible 3; el 2006, el Apra 2, Unidad Nacional 1 y UPP-PNP 2; el 2011,
Perú Posible 2, PNP 1, el fujimorismo 1 y Solidaridad Nacional 1; y el 2016, el
fujimorismo 3, la izquierda 1 y Alianza para el Progreso 1. En las dos últimas
elecciones fue evidente que los partidos nacionales cooptaron liderazgos
regionales extrapartidarios, de modo que 9 de los 10 legisladores elegidos los
años 2011 y 2016 un año antes de las elecciones no pertenecían a los partidos
por los que fueron elegidos. Desde 1995, Huaraz y Chimbote eligen alcaldes
independientes, salvo un período en este último caso, en tanto que Casma, una
de las provincias más violentas, ha tenido seis alcaldes desde 2007, uno de
ellos revocado y otro asesinado.
Podría decirse que la política ancashina ha creado sus propias
franquicias que se relacionan exitosamente con las franquicias partidarias
nacionales para efectos de una representación compartida. Es esa política antipolítica la
que se ha agotado al expresar sus límites e imposibilidad de gestionar el poder
con un mínimo de eficacia.
El costo de esa experiencia es alto: cinco gobernadores regionales en
tres años y tres de ellos en la cárcel, varias autoridades asesinadas, otro
tanto vacadas y revocadas y una ausencia absoluta de proyecto regional. Entre
el 2007-2010, el 10% de las autoridades distritales fueron vacadas y en las
elecciones del 2010 se anularon las elecciones en 11 distritos, un récord que
no lo consiguieron los paros armados de Sendero Luminoso en los años ochenta.
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(28 de abril
2017)
Áncash tuvo cinco gobernadores regionales en tres años, ahora tres de
ellos en prisión, autoridades asesinadas, vacadas y revocadas, y una ausencia
de proyecto regional. Entre los años 2007 y 2010, el 10% de alcaldes
distritales fueron vacados y en las elecciones del 2010 se anularon las
elecciones en 11 distritos, un récord que no lo consiguieron los paros armados
de Sendero Luminoso en los años ochenta.
Áncash es el laboratorio de un modelo donde lo que sigue a la corrupción
es más corrupción, una realidad parecida a varias regiones y municipios, y que
si nos descuidamos terminará siendo la forma natural e irreemplazable de la
política peruana.
Comparto la idea de que la primera medida para impedir la corrupción de
los políticos es prevenirla. En tal sentido, en Áncash como en otras regiones han fracasado las
estrategias preventivas, incluidas las más recientes, como la Hoja de Vida y la
Ventanilla Única. Esta ausencia de prevención se condiciona con los incentivos
a la corrupción, a saber: 1) el
incremento del costo de las campañas, 2)
la facilidad para la formación de la oferta electoral; 3) el fácil retorno al poder de los políticos sancionados; y 4) la destrucción de las capacidades de
control social y público y de rendición de cuentas.
Como respuesta, requerimos abordar seriamente las siguientes soluciones,
ahora que empiezan a debatirse las reformas electorales: 1) debe rebajarse el costo de las
campañas, con topes a los aportes y prohibiciones de reparto de dádivas
–incluidos alimentos– y el establecimiento de un piso mínimo de campaña,
prohibiendo al mismo tiempo la publicidad en TV y fijando techos financieros a
otras formas de publicidad; 2) la política debe retornar al poder y
reemplazar al negocio. De hecho, los políticos que aspiran a
representarnos tengan que ser eso, políticos, de modo que se exija un tiempo
mínimo de militancia en una organización para postular a un cargo de elección
popular, que se acabe el fichaje de independientes –la mayoría por su dinero– y
que los partidos y movimientos se formen por lo menos tres o cuatro años antes
de los procesos electorales; 3) las autoridades revocadas y vacadas no
deberían volver al poder, además de los sentenciados por determinados
delitos; y 4) innovar la rendición de cuentas y la transparencia para
hacerla vinculante, sancionable, y ágil, reformando y descentralizando la
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública creada
por el D. Leg. 1353, que ha quedado claro que no sirve para luchar contra la
corrupción. Al mismo tiempo, si el Sistema de Control no es eso, un sistema,
financiado y respetado, no habremos avanzado mucho.
También comparto la idea de que la mejor ofrenda a la corrupción es la
impunidad, la misma que asume varias dimensiones: 1) tramas corruptas “tocadas” pero no disueltas; 2) investigaciones y enjuiciamientos
largos; 3) resistencia a juzgar la
actividad criminal organizada, disolviendo los casos emblemáticos; y 4) sanción a los corruptos pero no a
los corruptores.
Como respuesta, requerimos abordar las siguientes soluciones: 1)
disolver las tramas corruptas,
prohibiendo a las empresas y personas implicadas contratar con el Estado,
directamente a través de fondos generados e impedir que el funcionario
sancionado retorne al Estado a través de otras modalidades informales; 2)
reducir los plazos de investigación fiscal, especialmente en los casos
de lavado de activos y crimen organizado; 3) impedir la subdivisión de los casos que
llevan al juzgamiento del crimen organizado; y 4) sanción a los
corruptores, lo que implica de plano cambiar las bases para la formación de las
hipótesis delictivas.
Finalmente, estoy convencido en la utilidad de los pactos sociales. En Áncash, como en Cusco, Loreto, Huánuco,
Pasco o Tumbes, regiones castigadas severamente por la corrupción, hubo
movilización en favor de la integridad de sus políticos pero no pacto, de modo
que no se concretó una ruptura clara con el sistema imperante. Nunca más
movilización sin pacto.
