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miércoles, 8 de enero de 2020

Entrevista El Comercio: "Este es un país que está discutiendo su futuro sin ideas”.

https://elcomercio.pe/politica/juan-de-la-puente-este-es-un-pais-que-esta-discutiendo-su-futuro-sin-ideas-noticia/
El Comercio
5 de enero 2020
Jontathan Castro
A tres semanas de las elecciones del 2020, Juan De la Puente cree que las expectativas sobre los resultados deberán ser más moderadas. Mientras, el presidente Martín Vizcarra debe resolver cuestiones sociales urgentes sin generar falsas expectativas. “Ni Vizcarra es Churchill ni sus opositores son Lenin”, afirma.
— ¿Estamos viendo un exceso de los organismos electorales para excluir candidatos?
Es un exceso en la medida que es una aplicación muy puntillosa de la norma. Pero también es cierto que la norma en los últimos años ha sido elaborada restrictivamente respecto de los derechos de elegir y ser elegidos. Hace 30 años, la legislación electoral estaba compuesta por cuatro o cinco normas generales. Hoy, también está compuesta por un conjunto de decisiones jurisprudenciales del JNE. Un libro sobre la legislación electoral no baja de 700 páginas. Se ha hecho engorrosa. 
— Nunca antes se ha visto que los organismos electorales decidan si el spot de un partido se emite. 
Hay un problema que subyace a esto: la política se ha radicalizado en relación con los mensajes. Tenemos mensajes mucho más extremistas y radicales en este proceso que en el anterior. Entonces, aparecen algunos que chocan con los parámetros de la ONPE. Hay un par de spots que me parece que no deberían haber sido censurados, pero estas son las consecuencias de una campaña de ideas radicalizadas. 
— ¿Cómo ve la campaña? 
Veo una campaña extraña que ha desmovilizado a la sociedad. Cuando se disuelve el Congreso, daba la impresión de que se iba a producir una movilización masiva de la sociedad para tener un mejor Congreso que renueve la política. Eso convertía al 2020 en uno reformador. Creo que las expectativas respecto a esta campaña van a ser menores. 
— Hemos pasado de la esperanza que a muchos les generó el cierre del Congreso a la realidad: más de 200 candidatos con sentencias, propuestas imposibles de realizar, argumentos débiles. ¿Qué ha pasado en ese tránsito?
La falta de ideas. Este es un país que está discutiendo su futuro sin ideas. Es una cosa absolutamente inédita. Las dos ideas son eliminar la inmunidad parlamentaria y reducir el sueldo de los congresistas. ¿Para eso hemos disuelto el Congreso? El país está pidiendo bastante, y la política le está dando muy poco. Y esa falta de ideas va a promover un Congreso sobre el que deberíamos tener menos expectativas que antes. 
— ¿Cómo ve a los líderes políticos?
Salvo Acuña, ningún líder está protagonizando la campaña. Creo que los líderes están calculando demasiado, creen que hay una separación entre el 2020 y el 2021, y no todos están poniendo los huevos en la canasta de este año. No tenemos una idea unificadora que nos diga para qué va a servir este Congreso. 
— ¿Cuál debería ser la agenda que debería primar en este período?
La narrativa del año pasado era el cambio, la reforma política y la lucha contra la corrupción. Sigue siendo importante esto, pero ahora es más amplia. Hay una cuestión social que debe ser atendida y que ha sido postergada por las tensiones del año pasado. 
— ¿La campaña ha calentado? Ya estamos en enero.
Creo que la indiferencia política impide que se caliente la campaña. Los códigos que se llevaron a cabo en los últimos días de la campaña del 2018 me parece que van a reproducirse ahora. Puede ser que en el tramo final la gente se decante por un partido al margen de las ideas y resuelva de algún modo esta alta fragmentación con candidatos que no superan el 10% de intención de voto. 
— Solo Acción Popular supera esa cifra.
Para estar a tono con los tiempos, vivimos un ‘pitufeo’ electoral. Se ha fragmentado el volumen de adhesiones en pequeñas adhesiones. Podría ser que este ‘pitufeo’ se resuelva al final. 
— El fujimorismo se ha fragmentado, pero los jales no le suman a Solidaridad Nacional, ni merman el voto duro de Fuerza Popular. 
El cambio más importante es que [FP] ha perdido su radicalismo conservador con el que se manejó entre el 2016 y el 2019. Lo que tenemos es una derecha vacante. 
— ¿Realmente los partidos saben para qué funciona el Congreso? Da la impresión de que quieren fiscalizar y no tienen más ideas. 
Eso deviene de la construcción de la oferta política. La captación de candidatos para este proceso ha sido muy apresurada. Uno revisa las listas y, salvo Acción Popular y el Apra, los candidatos golondrinos son el sentido dominante. Es muy probable que el Congreso que elijamos el 26 de enero tenga más independientes que los anteriores. 
— ¿Vizcarra debería asumir alguna responsabilidad si este Congreso resulta peor que el anterior? 
Ya hay una narrativa anti-Vizcarra en el proceso político. Yo lo llamo el síndrome de Moisés. Moisés saca a los judíos de Egipto y les ofrece la tierra prometida, pero en un momento la gente se vuelve contra él y le dice: “Tú nos has traído y dónde está la tierra prometida”. Y cuando Vizcarra disuelve el Congreso, nos está haciendo una promesa de renovación, de transición y de cambio. Hay una responsabilidad política que no está siendo solventada adecuadamente. 
— ¿Cuál debería ser la agenda de Vizcarra una vez instalado el Congreso?
La primera debería ser de reforma política, no solo electoral. Necesitamos modificar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Me parece un error que el gobierno se haya opuesto a la bicameralidad. Yo diría que las propuestas de la Comisión Tuesta eran muy importantes. Pero Vizcarra también tiene demandas que no pasan por el Congreso, que es calidad de gasto, la reforma educativa y resolver la inseguridad ciudadana y la prestación de servicios de salud.
— ¿Le da la impresión de que Vizcarra sabe qué hacer? Pareciera que no tiene un norte claro. 

El Vizcarra que tenemos de presidente ya se ha construido como político cuando fue presidente de la región Moquegua. No creo que tengamos un Vizcarra 2.0. Después de la disolución del Congreso, algunos han querido ver a Vizcarra no solo como un hombre providencial, sino a un líder histórico de la transición. Él ya tiene definido su legado: haber luchado contra la corrupción. Si de ahí queremos obligar a Vizcarra a ser un estadista, creo que es una pretensión de tener otro Vizcarra.

viernes, 29 de agosto de 2014

Billetera mata partido y militante

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/billetera-mata-partido-y-militante-22-08-2014
La República
La mitadmasuno
22 de agosto de 2014
Juan De la Puente
Un seminario realizado esta semana por la ONPE, Idea Internacional y la Fundación Konrad Adenauer ha puesto con solvencia  sobre la mesa el problema del financiamiento de la política en el Perú, abordando clásicos tabúes como las donaciones, las redes ilegales, la precariedad de la supervisión de fondos y la legislación comparada.
Como a otros países de la región nos sucede algo curioso. En la teoría política, los principales organizadores de la política con la ideología y los programas, en tanto que en el mundo moderno los sistemas han logrado incluir el financiamiento en esquemas legales que regulan, ponderan y equilibran los factores de la movilización política de la sociedad, de modo que con el dinero y no contra el dinero, las ideas y los programas siguen siendo los factores centrales del quehacer público.
En el Perú, no obstante, desde 1985 y con mayor intensidad desde el 2001 el dinero es el principal organizador de la política, un modelo desregulado, nada ponderado y desequilibrado.
Este resultado se debe a cinco procesos que han operado con increíble eficacia; el primero, el incremento del costo de las campañas electorales debido a la expansión de la oferta publicitaria y la compra de votos, el aumento de la demanda de prebendas por parte de los electores, y la transformación definitiva de las campañas en operaciones más personales que institucionales. Cada 5 años se tiene en el país 1,500 campañas congresales, cada una de ellas con su propia economía.
El segundo proceso es el financiamiento ilegal, tanto el que procede de fuentes legales pero que es ocultado y el financiamiento ilegal por su origen: del narcotráfico, minería y tala ilegal, contrabando y otros. El tercer proceso es la compra directa de cargos por empresas mediante pagos por adelantado, una tendencia aparentemente incontenible en regiones y municipios.
El cuarto proceso es el desborde de la institucionalidad partidaria que interactúa con el flujo del dinero no regulado, consolidando el cacicazgo regional y local y la hegemonía de una plutocracia partidaria que convierte en dirigente al que tiene más dinero, o franquea la entrada al sistema a partidos empresariales, una de cuyas expresiones es, por citar un caso, Alianza para el Progreso (APP).
En esa forma de la política, billetera mata partido, dinero mata programa y chequera mata militante. Esta dinámica se fortalece con procedimientos de elección como el voto preferencial que disuelve el colectivo político y deshabita a los partidos; según el JNE, el año 2011 solo el 37% de candidatos al Congreso estaban afiliados a los partidos por los que postularon, en tanto que al inicio del actual período parlamentario 65 legisladores no militaban en los partidos por los que fueron elegidos.
El quinto proceso es el intenso emprendimiento partidario, que solo es posible con el despliegue de recursos. Desde 1992, en nuestro país se han legalizado 55 partidos, para lo que se han debido recabar por lo menos 22 millones de firmas, a un costo total mínimo de 22 millones de dólares. Un dato más abona a lo señalado: según la ONPE, entre el 2010 y 2012 más de 150 agrupaciones adquirieron kits electorales para inscribirse como partido político.
Por esa razón, abordar la regulación del financiamiento de la política es muy urgente, probablemente en un esquema mixto que combine los fondos públicos y privados. Al mismo tiempo, es preciso que esta regulación asuma una opción estratégica que además de la regulación administrativa que se propone vigilar el ingreso de dinero y la rendición de cuentas, se preocupe por disminuir el flujo de dinero en las campañas.
Este tema nos deriva a la reforma política y debería incluirse en ella, contra los deseos que ya se advirtieron el año pasado cuando se pretendió concretar el financiamiento público sin democracia interna, aumentando el número de firmas para inscribir a los partidos, incrementando el número de invitados independientes y sin hacer más vinculante la rendición de cuentas.

sábado, 26 de julio de 2014

Elecciones, plata como cancha

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/elecciones-plata-como-cancha-18-07-2014
La República
La mitadmasuno
18 de julio de 2014
Juan De la Puente
¿Cómo financian sus campañas las más de 14 mil listas que se presentan a las elecciones del 5 de octubre si los militantes no cotizan a sus grupos políticos y si nuestro sistema no considera el  financiamiento público directo? Un cálculo conservador estima que si cada lista gasta en promedio, algunas mucho más y otras ligeramente menos, 70 mil soles a lo largo de la campaña, la cifra global que se gastará en pocas semanas será de 1,000 millones de soles, una orgía de dinero sin control convertido en el elemento decisivo de una competencia deformada y aliada del populismo.
Este gasto quizás ayude a frenar la desaceleración de la economía pero debilita la institucionalidad que le queda al sistema. La tendencia de la política peruana es la de colocar más dinero en la campaña con lo que ello significa, es decir, más desigualdad entre los que compiten, más prebendas a los electores, predominio de las campañas pagadas en los medios de comunicación y sustitución del debate de programas por la propaganda.
Está muy claro que el argumento de que las campañas se sostienen a punta de polladas es falaz. La competencia política se ha profesionalizado en un sentido que demanda más recursos que ideas, de modo que quien revise los programas presentados al JNE pasa con facilidad de la risa al llanto por la serie de sandeces escritas para llenar un requisito. Lo que vale es el dinero.
Las modalidades que asume el flujo de dinero negro a las campañas están a la vista y se originan en la legislación electoral que favorece estas prácticas al no exigir elecciones primarias abiertas y un tiempo considerable de militancia, y en cambio promueve el fichaje de independientes y hace laxo el control del dinero por parte de la ONPE. La relación perversa entre dinero negro y política en el Perú se origina en la ley.
Esta legislación ha ordenado las formas de financiamiento sucio; la primera es la compra de lugares en las listas, un cupo casi siempre pagado por un tercero que luego cobrará en lealtades; luego, el gasto de campaña como pago por adelantado a cargo de empresas que, democráticamente, financian a más de una lista; para terminar en verdaderos joint ventures electorales en las que las empresas colocan a sus candidatos como garantía de la defensa de sus intereses. A ello se agregan otros pagos oscuros, el de la minería y tala ilegal, narcotráfico y contrabando, entre otros, y el ilegal gasto de los recursos públicos de los que van a la reelección difícil de vigilar fuera de las grandes ciudades.
La visión del que se asume consciente e informado e incapaz de vender su voto, un tópico en el que se detiene con frecuencia el análisis político, conlleva riesgos por incompleta. El más inmediato resultado de este proceso es la deformación de la agenda pública que obliga al candidato elegido a una acción de gobierno orientada a satisfacer a quienes pagaron la campaña, en perjuicio de los ciudadanos. Campaña oscura y dinero ilegal casi siempre terminan en un ejercicio corrupto de gobierno.
Las compras superfluas y la construcción de obras no prioritarias son el efecto de una gestión subordinada al dinero, la base de la rápida pérdida de legitimidad de los elegidos o el inicio de un nuevo proceso vicioso de más prebendas, una campaña electoral infinita donde el interés general cede a la negociación ante los grupos de presión, un espiral de corrupción que se traslada a la compra de fiscales, jueces, policías y periodistas, y el asesinato. Este drama nace en un punto: la hipoteca de los políticos al dinero.
Este sistema funciona con eficacia y no tiene visos de ser cambiado porque sobre él ejercen una vigilancia los parlamentarios hijos del voto preferencial, otro de los mecanismos que atrae el financiamiento ilegal. Pero ha logrado apartar a buena parte de los políticos honestos que no están dispuestos a someterse al financiamiento privado por fuera de la ley y que son reemplazados por políticos sin ley, una raza distinta que se mueve a otro ritmo. No son todos, pero son la mayoría y van a gobernar nuestros pueblos. Plata como cancha es la voz.

miércoles, 21 de mayo de 2014

El ruego de Pitágoras

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-ruego-de-pitagoras-16-05-2014
La República
La mitadmasuno
16 de mayo de 2014
Juan De la Puente
Cada mes se presentan al Congreso 80 proyectos de ley en promedio y si bien decrece su intensidad a poco de iniciarse el penúltimo año del período parlamentario, no deja de ser llamativo el febril afán legislativo. Una revisión de las iniciativas ofrece una ofensiva que desde el año 2011 y aun ahora presiona sobre algunas comisiones como Justicia, con 576 proyectos de ley, Constitución (387), Economía (375), Descentralización (311) y Educación (307).
Separando la paja del trigo se aprecia un grupo de proyectos micro y macro reformistas en lo social, político y económico que de ser aprobados impediría que se profundice la sensación de bloqueo al cambio en sede legislativa. No obstante, este activismo básicamente individual va en sentido contrario a la decreciente aprobación de normas de impacto significativo. La racionalidad parlamentaria camina por el sendero aprendido hace varios años, es decir, el que evita el debate de contenidos integrales y selecciona las incursiones legislativas más urgentes o menos transcendentes.
Un numeroso grupo de iniciativas se orientan a reformas políticas que se diferencian en tres áreas: 1) La reforma con incidencia en los partidos políticos, es decir, derechos de los militantes, funcionamiento de los comités, transfuguismo, padrón de afiliados, elecciones de cargos dirigenciales, financiamiento, ilegalidad de partidos no democráticos y vigencia de partidos regionales; 2) La reforma con incidencia en la formación de la representación y elecciones, es decir, inscripción de partidos, formación de alianzas, valla electoral, lista alternada de género, invitados, elecciones primarias para candidatos y sistema electoral; y 3) La reforma con incidencia directa en el sistema político y en el ejercicio de la representación y el poder, es decir, bicameralidad, revocatoria, no reelección inmediata en regiones y municipios, no reelección de congresistas, acoso político y control del crimen político.
Ahora escasean las voces que niegan la necesidad de la reforma. Los balazos de Áncash han sido decisivos; algunos de los anteriores resistentes han pasado de la negativa a la crítica de las propuestas que están sobre la mesa con una lógica de reformamos todo o nada, en tanto que otro grupo más racional incide en la necesidad de priorizar el primer ámbito y algunos elementos del segundo (partidos, financiamiento, transfuguismo y valla), dejando el resto para más adelante. En cualquier caso, ya es historia la idea predominante hasta hace poco entre políticos y académicos sobre que no se debe tocar el sistema político. De aquí en adelante, la reforma será una necesidad legítima que atravesará toda decisión sobre los partidos, la formación de la representación y el ejercicio de la representación.
En este nuevo momento es crucial el qué y el cómo y en esa dirección es evidente que el Congreso como institución ha agotado sus posibilidades por falta de voluntad política y de claridad para traducir la crisis de representación en medidas más allá de los intereses inmediatos de sus miembros. El Parlamento peruano es ahora el territorio de la contrarreforma; allí anida no solo el riesgo del inmovilismo que ya es preocupante sino el peligro del cierre de la puerta de entrada al sistema político. Es muy probable que este escenario cambie poco en el Congreso que se elija el 2016 si no se produce una intensa actividad en la sociedad y en los partidos. Como ya sucedió, los años 2001, 2006 y 2011, el nuevo Parlamento nos podría traer nuevos rostros con la misma cultura reticente a una nueva política y ajena al ruego de Pitágoras de ¡Oh legislador! No me des leyes para los pueblos, sino pueblos para las leyes.
Si la demanda de reforma política va en serio no debería esperanzarse en los proyectos de ley que se amontonan en el Legislativo. Es la hora que la sociedad, los actores políticos, los medios, la academia se propongan impulsar una demanda ciudadana que culmine en un debate obligado en el Congreso, luego de las elecciones del 2016, de cara a la sociedad y acaso en una consulta ciudadana.

viernes, 8 de noviembre de 2013

No se coman la democracia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/no-se-coman-la-democracia-08-11-2013
La República
La mitadmasuno
8 de noviembre de 2013
Juan De la Puente
La crítica a la democracia es también democrática, y la democracia se come pero no solo se come. El Latinobarómetro 2013, recientemente publicado se ha metido en problemas a la hora de explicar las percepciones sobre la democracia en algunos de los 18 países de la región.  Para explicar el aumento de apoyo a la democracia en Venezuela y Ecuador, países donde este indicador se ha incrementado en el período 1995-2013 en 16 y 13 puntos respectivamente, el informe utiliza argumentos a los que les otorga un significado disímil, los que deja de lado para explicar otros casos, como el de Chile.
El informe se embrolla respecto del autoritarismo político venezolano, que al privar a la oposición de sus derechos políticos afecta la democracia tanto como calidad como resultado tangible. Explica el aumento del apoyo a la democracia en ese país hasta el 87% con el argumento de que Chávez le dio al pueblo venezolano “bienes políticos” y que el “chavismo se consolida con Maduro”.
Esta visión obedece a una conclusión previa: que el apoyo a la democracia solo se explica desde los partidarios del gobierno de Venezuela sin considerar que una parte de los opositores a este, de derecha o izquierda, también apoyan la democracia como expectativa. Para el informe, la palabra democracia en Venezuela no cruza la disputa gobierno/oposición. La política no importa.
En el caso de Ecuador tampoco importa la política aunque sí la economía. Señala que Correa ha logrado disminuir la pobreza y redistribuir la riqueza, efectos totalmente ciertos, por lo que la población “no considera el asunto del Parlamento y de la prensa como un problema”. Ese ángulo es igualmente increíble porque supone una visión plana del encuestado, que aprueba o desaprueba en bloque los actos del gobierno en relación al paradigma de la democracia. ¿Por lo menos una parte de la “población” opositora a Correa no es democrática?
En el caso chileno, los 8 puntos de aumento de apoyo a la democracia entre 1995 y 2013 son atribuidos a la alternancia en el gobierno (allí sí la política importa). El informe desbarra cuando señala que “el apoyo a la democracia está limitado por la desigualdad del crecimiento, porque a pesar del crecimiento aún queda gente a la que no le alcanza para comer”. Los analistas no se han enterado que en Chile el problema central no es la seguridad alimentaria (2,8% de pobreza extrema) sino la demanda de una reforma profundamente democrática al extremo en que solo la candidata de la derecha se opone a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Es probable que este desorden se origine en la interpretación de la clásica pregunta de los académicos Leonardo Morlino y Juan Linz que ofrece tres alternativas, apoyo a la democracia, al autoritarismo e indiferencia. Esta famosa interrogante  no mide el apoyo a la democracia como sinónimo de poder/gobierno; es un indicador crucial para entender la cultura política de los ciudadanos aunque es imposible inferir sin mayor explicación que esta opinión política no debe incluir una valoración de las instituciones, de los representantes y de sus decisiones legales y de las políticas públicas.
El Latinobarómetro 2013 presume que la calidad de la democracia debe medirse desde la norma y las instituciones como un tópico separado de la relación entre la democracia y la pobreza. Esta relación, sin embargo, es dinámica; en los países con menor pobreza persisten razones para demandar de la democracia otros resultados económicos y políticos. En ese sentido es muy debatible aseverar rotundamente que medir la democracia no es medir la calidad de la democracia. Morlino, uno de los creadores de la famosa pregunta se ha esmerado, precisamente, en evitar esa separación.
Estos vacíos o confusiones quizás denoten un problema mayor, que sirve de poco medir el apoyo de la democracia en la región si se niega a interpretar algunas respuestas como la síntesis de un estado de ánimo que los movimientos sociales y públicos revelan en favor de profundas reformas que trascienden las plataformas convencionales de gobierno.

viernes, 22 de febrero de 2013

El hombre político. Comedia y tragedia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-hombre-politico-comedia-y-tragedia-22-02-2013
La República
La mitadmasuno
22 de febrero 2013
Juan De la Puente
La campaña por la revocatoria oscila entre la comedia y la tragedia. La primera, no obstante, es solo la apariencia graciosa de la segunda, es decir, su propia farsa. Por debajo transcurre el drama de una clase política (¿clase? ¿política?) agotada e impedida de sostener un intercambio de ideas más o menos orientador de la sociedad. Eso que se llama escenario nacional, pocas veces ha colocado en el centro y con tanta nitidez al hombre político, desnudándolo.
Nuestro hombre político está en crisis y en franco retroceso como actor público. Actúa más pero, paradójicamente, representa menos. Es el resultado esperado de la ruptura de la comunidad política, cuyo eje debería ser el ciudadano, y de la quiebra del pacto social en el sentido de Rousseau, es decir, el acuerdo entre individuos libres e iguales para constituir un sociedad civil y política en sentido pleno, y de su remplazo por la dominación de poderes extralegales y el caudillismo extremo.
La campaña de la revocatoria empezó como una disputa política y se ha transformado en un huayco, lleno de lodo y piedras que a su paso arrastra varios futuros políticos. Sus protagonistas no pueden controlar un proceso librado a sus propias fuerzas y alimentado por los medios que han decidido hacer de la campaña un evento lúdico. Como sostiene Mariel García Lorens (Anticandidatos, guía analítica para unas elecciones sin partidos, Mitin 2011), enmarcar la discusión electoral desde el criterio del entretenimiento también es una decisión política; es uno de los productos del infotaiment, el género periodístico donde se borran las barreras entre los asuntos públicos y el juego. Al fin y al cabo, el periodismo político es la pequeña Magaly que llevamos dentro y, en algunos casos, no tan pequeña.
Como evolución natural o como obligación, las fuentes de la creación del poder han cambiado; los políticos que eran educados por los partidos lo son ahora por los medios. La política ya no se hace en los salones, como en los albores del siglo XX y no poco en las calles, como en las décadas siguientes; se hace en los diarios, la radio, la TV y en las redes sociales. Francisco García Calderón, el padre del liberalismo peruano decía que la salvación del Perú habría que buscarla en las profundidades de una biblioteca; los políticos actuales, salvo excepciones, lo buscan en los medios.
El hombre público, ahora en el centro del escenario, debe ser generalmente un agente del escándalo, buscapleitos, chismoso y agresivo. Si insulta, mejor. Su cultura jacobina, sin embargo, no es nueva; habría que buscarla en la tradición caudillista nacional y en el espíritu montonero, cuya expresión republicana más alta quizás sea Nicolás de Piérola.
Su individualismo tampoco es nuevo; Víctor Andrés Belaunde advertía y a su modo, hace 70 años (Peruanidad, elementos esenciales, 1943), que el pensamiento político tradicional pretendió siempre descartar el elemento colectivo o social de la Nación en beneficio del individualismo.
Asistimos estas semanas a un quehacer político que obedece a esas motivaciones personales y no a las colectivas: una ciudad de casi 10 millones de habitantes está jaqueada por un interés particular casi lunático. Es que el espíritu que durante la vigencia relativa del sistema de partidos llevó a los políticos a creer en la infalibilidad del grupo político se ha convertido en la convicción de la infalibilidad personal.
Que más adelante no se quejen del patrón de intercambio que este proceso revocatorio confirma: para la mayoría de políticos, como los políticos/antipolíticos, los ciudadanos no lo son o lo son poco; son bárbaros en el sentido de poco racionales, impulsivos, con escasa cultura y poco aptos para digerir mensajes completos; sin embargo, los políticos también están apareciendo ante los ciudadanos, y con poco esfuerzo, como bárbaros y por las mismas razones.
¿No va quedando claro que la reforma política en el Perú no será con los políticos sino contra ellos?