La República
La mitadmasuno
8 de noviembre de 2013
Juan De la Puente
La crítica a la democracia es también democrática, y la democracia se come pero no solo se come. El Latinobarómetro 2013, recientemente publicado se ha metido en problemas a la hora de explicar las percepciones sobre la democracia en algunos de los 18 países de la región. Para explicar el aumento de apoyo a la democracia en Venezuela y Ecuador, países donde este indicador se ha incrementado en el período 1995-2013 en 16 y 13 puntos respectivamente, el informe utiliza argumentos a los que les otorga un significado disímil, los que deja de lado para explicar otros casos, como el de Chile.
El informe se embrolla respecto del autoritarismo político venezolano, que al privar a la oposición de sus derechos políticos afecta la democracia tanto como calidad como resultado tangible. Explica el aumento del apoyo a la democracia en ese país hasta el 87% con el argumento de que Chávez le dio al pueblo venezolano “bienes políticos” y que el “chavismo se consolida con Maduro”.
Esta visión obedece a una conclusión previa: que el apoyo a la democracia solo se explica desde los partidarios del gobierno de Venezuela sin considerar que una parte de los opositores a este, de derecha o izquierda, también apoyan la democracia como expectativa. Para el informe, la palabra democracia en Venezuela no cruza la disputa gobierno/oposición. La política no importa.
En el caso de Ecuador tampoco importa la política aunque sí la economía. Señala que Correa ha logrado disminuir la pobreza y redistribuir la riqueza, efectos totalmente ciertos, por lo que la población “no considera el asunto del Parlamento y de la prensa como un problema”. Ese ángulo es igualmente increíble porque supone una visión plana del encuestado, que aprueba o desaprueba en bloque los actos del gobierno en relación al paradigma de la democracia. ¿Por lo menos una parte de la “población” opositora a Correa no es democrática?
En el caso chileno, los 8 puntos de aumento de apoyo a la democracia entre 1995 y 2013 son atribuidos a la alternancia en el gobierno (allí sí la política importa). El informe desbarra cuando señala que “el apoyo a la democracia está limitado por la desigualdad del crecimiento, porque a pesar del crecimiento aún queda gente a la que no le alcanza para comer”. Los analistas no se han enterado que en Chile el problema central no es la seguridad alimentaria (2,8% de pobreza extrema) sino la demanda de una reforma profundamente democrática al extremo en que solo la candidata de la derecha se opone a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Es probable que este desorden se origine en la interpretación de la clásica pregunta de los académicos Leonardo Morlino y Juan Linz que ofrece tres alternativas, apoyo a la democracia, al autoritarismo e indiferencia. Esta famosa interrogante no mide el apoyo a la democracia como sinónimo de poder/gobierno; es un indicador crucial para entender la cultura política de los ciudadanos aunque es imposible inferir sin mayor explicación que esta opinión política no debe incluir una valoración de las instituciones, de los representantes y de sus decisiones legales y de las políticas públicas.
El Latinobarómetro 2013 presume que la calidad de la democracia debe medirse desde la norma y las instituciones como un tópico separado de la relación entre la democracia y la pobreza. Esta relación, sin embargo, es dinámica; en los países con menor pobreza persisten razones para demandar de la democracia otros resultados económicos y políticos. En ese sentido es muy debatible aseverar rotundamente que medir la democracia no es medir la calidad de la democracia. Morlino, uno de los creadores de la famosa pregunta se ha esmerado, precisamente, en evitar esa separación.
Estos vacíos o confusiones quizás denoten un problema mayor, que sirve de poco medir el apoyo de la democracia en la región si se niega a interpretar algunas respuestas como la síntesis de un estado de ánimo que los movimientos sociales y públicos revelan en favor de profundas reformas que trascienden las plataformas convencionales de gobierno.
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