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viernes, 15 de junio de 2018

La "nueva" crisis, cuatro preguntas

https://larepublica.pe/politica/1257272-nueva-crisis-cuatro-preguntas
La "nueva" crisis, cuatro preguntas
La República
La mitadmasuno
8 de junio de 2018
Juan De la Puente
Sostuvimos cuando cayó Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que la presidencia de Martin Vizcarra será una estación de una larga crisis, y que el nuevo gobierno no debería cancelar la transición abierta, porque asumir una etapa de tales atributos permitiría acometer el diálogo político, el pluralismo y el cambio.
Eso no ha sucedido, la crisis de gobierno fue conjurada, pero tenemos ante nosotros el inicio de un nuevo proceso de inestabilidad que podría demorar poco en madurar. Frente a esta irrupción tenemos por ahora más preguntas que respuestas.
La primera se refiere al tipo de protesta en curso y ascenso. La explicación básica indica que son dos protestas, una contra un gobierno débil y otra contra un Congreso arbitrario e ineficaz. Esa explicación parece válida, pero habría que intentar una mirada más allá de la desagregación. Es probable que los paros en Moquegua, Puno, Cusco, Arequipa y Piura (Talara, Paita y Sechura), las demandas de los transportistas, las marchas contra el Congreso o a raíz de la muerte de Eyvi Ágreda, tengan como hilo conductor una resistencia al poder, a la política, y a la forma en que estos se relacionan con la sociedad. Habría que confirmar que, si al romperse el corto período de estabilidad abril-mayo, y al haberse disuelto la polarización Congreso/Gobierno por el respaldo del fujimorismo a Vizcarra, se está plasmando una polarización entre el poder y la sociedad que anunciará un cambio en la narrativa del conflicto en el Perú como paso previo a una nueva correlación de fuerzas.
La segunda pregunta reside en quién o quienes capitalizarán el deterioro del gobierno de Vizcarra y del Congreso, y qué fuerzas políticas serían las más perjudicadas. En este punto, las respuestas son por ahora más difusas en la medida en que se constata que ninguna fuerza “oficial” lidera los movimientos sociales, que existe en ellos un espacio para el crecimiento de lógicas ultras (como en los paros de junio/agosto del año pasado) y que el programa de cambio, es decir una hoja de ruta en esa dirección, es igualmente difusa. Podríamos anotar que la “nueva” crisis, confirma la imposibilidad de Fuerza Popular de capitalizar la caída de PPK, de modo es probable que ahora mismo el desgaste de Vizcarra y del Congreso erosione todo el arco político peruano “oficial”.
La tercera interrogante es subsidiaria de la anterior e inquiere sobre el costo que tendrá para el fujimorismo el respaldo a Vizcarra y, al revés, el costo que tendrá para este la relación amigable con la mayoría parlamentaria. Por ahora se tiene que el fujimorismo tiene varios frentes abiertos a los que se sumarán en breve las demanda contra el Gobierno que aterrizarán en el Congreso, y que la previsible caída de la aprobación presidencial convertirá en objeto de debate la posición que adopten el Congreso y el Gobierno, uno frente al otro. Al mismo tiempo, habría que recordar que, según las encuestas, los peruanos no han tomado nota de las buenas relaciones entre los dos poderes, lo que podría aconsejar a Vizcarra que tome distancia de un Congreso debilitado y desprestigiado. Por ahora es paradójico, pero podríamos estar en breve frente a la pregunta de quién sostiene a quien.

La pregunta final es sobre los giros y cambios que debería acometer el actual Gobierno para evitar que los signos que emergen sobre una crisis, no se aceleren. Es obvio que nos dirigimos hacia un relanzamiento del Gobierno, y en este punto se han anotado recetas sensatas como coherencia e independencia frente al Congreso, es decir una base de gobernabilidad propia. El desarrollo de estas recetas podría conducir a una salida que el gobierno increíblemente no ha explorado, el diálogo con la sociedad para una agenda de gobierno y de cambio. Este giro de timón en las prioridades de la escucha y la acción significaría otro eje de operaciones y práctica, más plural y menos plebiscitaria, y quizás supere la idea de que el mejor gobierno es el que visita más ciudades (la aprobación de Vizcarra ha bajado, precisamente, en las zonas que más ha visitado), en favor de otra: el mejor gobierno es el que realiza más cambios.

viernes, 25 de mayo de 2018

El fútbol y la macropolítica

https://larepublica.pe/politica/1248906-futbol-macropolitica
La República
La mitadmasuno
25 de mayo de 2018
Juan De la Puente
El Perú puede ser explicado los últimos días por el fútbol, un poderoso sentido común que domina la escena pública y privada. Los elementos de este fenómeno se han puesto en movimiento frenético a raíz de la sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), abriendo una etapa en la que las pasiones derriban toda racionalidad, produciendo una hinchada con cólera en lugar de una hinchada con optimismo, que era lo previsible.
A diferencia de la politización nacional del fútbol en otros países, aquí se lleva a cabo un proceso inverso, la futbolización de la política. La precipitación de los políticos, medios y espacios no deportivos al caso Guerrero, es un hecho inédito y no solo para lo de siempre –que es aparecer en la foto- sino para sintonizar con la gente y sus demandas futbolísticas de corto plazo.
El fútbol despierta la emoción que la política ya no produce y suministra una alta cuota de optimismo que los peruanos necesitamos hace tiempo; la clasificación al Mundial de Rusia 2018 agregó certidumbre, otro valor a la baja en la agenda pública al punto que, estimo, la transición PPK-Vizcarra habría sido tempestuosa sin el balón corriendo en la mente de los peruanos, entre otras razones.
La macropolítica del fútbol funciona como un manto que envuelve los temas de estado y un escenario donde se juegan estrategias publicitarias, influencia pública y el poder de las élites; el capital social en disputa puede justificar grandes decisiones, buenas o malas, y como ha sucedido con el caso Guerrero, facilitar la rebaja de los estándares de objetividad y acaso de justicia. Que los ciudadanos de a pie solo puedan comprar 18 mil entradas de las 45 mil disponibles para el partido amistoso Perú-Escocia, demuestra el patrón que han impuesto los intereses en el fútbol peruano actual.
El caso Guerrero nos ha restado algo de la certidumbre ganada en los últimos meses respecto de las posibilidades del Perú en el mundial, y solo con el paso de los días aparece una rendija que señala que el asunto se ha manejado mal, y no solo desde la defensa del jugador. 
Los que intentaron un discurso que matizaba o contrariaba la demanda “Guerrero al mundial, como sea” eran poco menos que traidores a la patria. Esta mayoría aplastante y aplastadora no ha impedido que se advierta la formación de dos narrativas ahora más notorias: la de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el entrenador Ricardo Gareca, que expresan los cambios de fondo y forma en el fútbol peruano, que nos han llevado al mundial, y la narrativa tradicional derrotista de gran parte de los medios, que se resiste al cambio.
En tanto Gareca colocaba la prioridad en el futuro (expresión de lo cual es el estupendo video de la FPF, triunfante y no derrotista), insistiendo en el respaldo al capitán, la macropolítica futbolizada estiraba y especulaba con el caso Guerrero enviando al resto de la selección el pesimista mensaje de las épocas de los “cuatro fantásticos” en versión agrandada: con Guerrero somos todo, sin Guerrero no somos nada.
La política le ha prestado al fútbol la explicación conspirativa de casi todo, que sirve siempre como pretexto para no asumir responsabilidades. En el camino se ha perdido de vista que, a pesar que la resolución contra Guerrero suene injusta, ha seguido un curso que evidencia la institucionalidad de un sistema deportivo mundial que hace poco nos fue favorable –los 3 puntos en el partido con Bolivia en el caso Nelson Cabrera- con un régimen de convenciones, reglamentos y tribunales con un efecto positivo para todos.

La política también la ha prestado al futbol, o reforzado, su cortoplacismo; a pocos días del mundial se fuerzan expectativas y dinámicas de fracaso que no van acompañadas de pedidos de transparencia de los involucrados o de eficacia procesal (¿para cuando el recurso al Tribunal Federal Suizo?). Ya tuvimos -y no solo en el deporte- episodios de fe ciega que terminaron en frustración y hemos experimentado reveses a causa de endiosamientos que postergaban o sacrificaban a los colectivos, más humanos y humildes. Que no se repita esas experiencias. Estamos a tiempo.

Reforma y/o populismo

https://larepublica.pe/politica/1240684-reforma-populismo
La República
La mitadmasuno
11 de mayo de 2018
Juan De la Puente
Hay varias maneras de evitar las reformas, por lo menos tres; una de ellas es no hacerlas; la otra es hacer lo contrario, es decir, inventar una contrarreforma; y la tercera, pugnar o realizar entusiastas cambios que no lo son a pesar de las apariencias.
Las dos primeras modalidades se consumaron en el Perú a propósito de la reforma electoral, una exigencia que no fue atendida por decisión de la mayoría de direcciones partidarias y bancadas parlamentarias entre los años 2008-2018, a pesar del interés y presión de los organismos electorales, en un momento articulados en la Plataforma por la Reforma Política Electoral (2010-2015). La revisión de los proyectos de ley presentados en la última década brinda una idea completa de cómo se ha evadido esta urgencia y, al mismo tiempo cómo la élite política pudo tejer sucesivas alianzas para evitar cambios cantados y demandados, una resistencia exitosa ayudada por el crecimiento económico qua hacía (¿hace?) prescindible todo cambio sustantivo.
Estas alianzas lideraron hasta tres movimientos de contrarreforma, con el siguiente ritmo: 1) elevar de 140 mil firmas a 560 mil el número de firmas para inscripción de los partidos (Ley Nº 29490, de 2009); 2) aumentar a 900 mil firmas este requisito y otros ajustes antidemocráticos como aumentar de 20% a 25% el porcentaje de invitados en las listas de candidatos a elección popular (Ley Nº 30414, de 2015); y 3) suprimir la fiscalización de los recursos financieros por parte de la ONPE (Ley 30689, de 2017) aunque acompañado de algunos reajustes positivos respecto al financiamiento, y la ley que permite postular a quien no viven en la circunscripción electoral, aunque haya nacido en ella (Ley Nº 30692 de 2017).
Con realismo, en esta etapa existe menos posibilidades de concretar una reforma ligeramente coherente, a tenor de la disposición de fuerzas parlamentarias y de la ausencia de un liderazgo político extraparlamentario activo e influyente. Desde la derrota del proyecto de Código Electoral elaborado por el grupo de trabajo presidido por la congresista Patricia Donayre, queda claro que la agenda mínima de la reforma no será abordada en el mediano plazo. Esta convicción no implica “tirar la toalla” sino reorientar la estrategia para lograr los cambios, asumiendo que luego de una década de demandas y bloqueos se ha conformado que la reforma política y electoral no se hará con los partidos y con el Legislativo.
Por tal razón, y en ese contexto realista y desafiante, el principal riesgo actual es la distracción respecto de las claves de fondo. Esto acaba de ponerse de manifiesto con la propuesta de eliminar la relección parlamentaria. El respaldo abrumador a este planteamiento hace presumir que en esta medida se deposita gran parte del cambio.
No obstante, es un señuelo; es la parte populista de la reforma. Lo cierto es que desde el año 2001 la tasa de reelección parlamentaria peruana es la más baja de Sudamérica, una tasa que apenas superó el 20% en las elecciones del año 2016. Cuatro congresos “nuevos” en los últimos 16 años no han hecho mejor al Parlamento peruano, como tampoco mejoraran las regiones y municipios la muy aplaudida prohibición de reelección de gobernadores y alcaldes, o persistir en un Congreso unicameral y pequeño, otra idea popular.
La evidencia indica que existe una correlación entre la reelección parlamentaria y los partidos más institucionalizados y que, al contrario, existe otra correlación, perversa, entre los parlamentarios nuevos no militantes de sus partidos y la falta de institucionalidad de los grupos políticos, un escenario enmarañado donde la cohesión partidaria se bate en retirada empujada por el dinero y el independentismo legislativo, el virus disolvente del sistema. 

Si la mitad de emoción y demanda contra la reelección parlamentaria se pusiese en la exigencia de discutir el Código Electoral, o en poner sobre la mesa que solo 92 de los 130 congresistas están afiliados a los partidos por los que fueron elegidos, según los recientes datos de la Asociación Civil Transparencia, estaríamos en otro momento de esta batalla.