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domingo, 6 de enero de 2019

El año de las coaliciones

https://larepublica.pe/politica/1387649-ano-coaliciones
La República
La mitadmasuno
4 de enero de 2019
Juan De la Puente
El año 2019 será el de las coaliciones. El resultado del referéndum del 9 de diciembre licuó la polarización entre el Gobierno y el Congreso, estableciendo una nueva mayoría política que legitimó al presidente Martín Vizcarra. Al mismo tiempo, rebajó a mínimos la fuerza de los partidos como actores públicos –reduciéndolos casi exclusivamente al ámbito parlamentario– ayudado por el proceso electoral regional y local que consagró la debilidad de las formaciones partidarias.
Este nuevo momento no se organiza solo a partir de mayoría y minoría, sino a través de coaliciones de las que emergerán las apuestas del 2021, en las que los liderazgos se vuelcan a la sociedad en busca de mayor legitimación. El fin de la polarización no es el fin de la confrontación, como que no es seguro que las coaliciones impidan la fragmentación. El Congreso y las otras instituciones del sistema se han integrado a la etapa de cambios como sujetos u objetos, una interesante politización que enriquecerá el escenario. 
La más activa es la coalición reformista, que ha puesto en marcha el Gobierno y el presidente Vizcarra, con un apoyo parlamentario –y dos bancadas parlamentarias y media o, si se quiere, tres–, otro en los nuevos gobiernos regionales y locales, y uno más en los medios que han respaldado tanto la política del Gobierno en el referéndum como su propuesta ante la crisis del Ministerio Público.
En esta coalición, la de mayor respaldo en la sociedad, la novedad es la bancada liberal porque más allá del número de sus integrantes expresa una apuesta por una identidad maltratada los últimos 25 años por la derecha económica, al punto que las críticas más duras contra el nuevo grupo parlamentario provienen de ese sector hortelano, que ni son liberales ni dejan que otros lo sean.
La segunda es la coalición de la resistencia, ahora claramente dirigida por el Apra y obviamente por Alan García, a la que se adscriben varios grupos o humores conservadores y algunos espacios claves del Estado. Al romperse o agrietarse la alianza entre Fuerza Popular y el Apra, la derecha sin partido, que no es poca cosa en el país, se siente liberada de su apoyo al fujimorismo y coincide principalmente con las tesis apristas respecto a la reforma política y judicial. No es predecible el destino de esta coalición, desde el respaldo a un Bolsonaro –¿ya es muy tarde para que aparezca?– hasta la reincidencia en el apoyo a García como el año 2006. El reclamo por una identidad claramente derechista es creciente en el país y recorre los restos de lo que fue la centro derecha peruana.
La tercera es la coalición constituyente, con escaso peso en la elite nacional, pero con una fuerte vigencia en los movimientos sociales organizados y en las regiones, liderados por Verónika Mendoza, Marco Arana y varios líderes y autoridades regionales. Esta coalición simpatiza con Vizcarra y respalda su política contra la corrupción, pero su programa es otro; no se agota en una nueva Constitución o en una Asamblea Constituyente sino en un programa todavía difuso, en donde caben las políticas ambientales y de género, pero también el viejo descentralismo.
En este cuadro, el fujimorismo aparece como el más damnificado. Ha pasado de tener una mayoría autosuficiente en el Congreso y de manejar una política de alianzas con partidos y gremios empresariales, a un aislamiento riguroso. Fuerza Popular sigue teniendo la mayoría en el Congreso, pero esa mayoría está fuertemente condicionada por el resultado del 9 de diciembre, el precario (des)equilibrio interno y la situación judicial de Keiko Fujimori. De algún modo, Fuerza Popular está presa de su propia mayoría, con una escasa capacidad de movimiento.

Lo nuevo es que estas coaliciones actúan de cara a la opinión pública, el gran elector que les ha expropiado a los políticos su capacidad decisoria el 9 de diciembre. En esa dinámica los giros bruscos son moneda corriente, las rectificaciones y por supuesto las traiciones, una sucesión de pequeños dramas y comedias bajo el signo de una etapa en la que el cambio es un parto doloroso.

jueves, 3 de enero de 2019

2018, la rebelión inconclusa

https://larepublica.pe/politica/1383754-2018-rebelion-inconclusa
La República
La mitadmasuno
28 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
Hay más certezas de que el 2018 empezó mucho antes, quizás en julio del año 2016, con un gobierno dividido, entre una presidencia precaria y autolimitada y un Congreso autosuficiente, y que acabará muchos meses más adelante, adentrados en el 2019, con un gobierno sin mayoría, con una presidencia más fuerte frente a un Congreso fragmentado y quizás autolimitado.
El largo 2018 no se parece a ninguna de las etapas que vivimos en las últimas décadas. Liberados de la palabra crisis, que ya nos dice muy poco, el término rebelión –como rechazo al poder, revuelta y resistencia– podría resumir lo vivido como un conjunto turbulento e inconexo de varios movimientos cuyos rasgos más definidos son la crítica y la radicalidad más que el cambio mismo, un escenario donde caben la áspera denuncia popular contra las élites, el empoderamiento solitario del presidente, la popularidad de algunos jueces y fiscales, el extremismo de la derecha y el auge de lo que se denomina ética pública. La ética privada, ya sabemos, normal nomás.
La rebelión se topó con un sistema fuerte y a ello se debe que sus desenlaces sean limitados si se compara con la fuerza de los remezones. Esta etapa termina con el liderazgo político nacional descabezado y el Congreso vencido, como elementos que condicionan la apertura de una evolución insospechada por sus actores.
No nos engañemos. Ha terminado la disyuntiva y se inicia la transición, aunque la cuota de incertidumbre sigue siendo alta porque la llave de la gobernabilidad no está en poder de las instituciones sino de la sociedad. Esta no es una frase de cliché; el referéndum les ha expropiado a los políticos su capacidad decisoria. El plebiscito –de las urnas, encuestas, redes sociales y medios– será permanente en adelante.
Una parte de las principales instituciones, el Congreso, el Poder Judicial y la fiscalía, están heridas de muerte, pero no muertas. La extrema derecha cree que el Gobierno las quiere tomar, aunque en realidad este aplica una presión imprecisa para el cambio por dentro. Los verdaderos problemas son otros, sus liderazgos sangrantes y precarios, y su absoluta imposibilidad para reconstruirse. En eso consiste el carácter inconcluso de esta rebelión que el presidente Vizcarra intentó relanzar en su mensaje del 12 de diciembre, incorporando la reforma política, diálogo nacional y presión en corto al Congreso para avanzar en los cambios judiciales.
Vizcarra camina hacia un pacto con una parte del Congreso. El presidente debe ser el más interesado en no disolver constitucionalmente el Parlamento porque los plazos de la reforma –las siete leyes, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia– presionan más su agenda que la de la oposición.
La reforma judicial tiene una ruta “externa” más o menos cierta, aunque ilusiona demasiado con que las leyes curarán la corrupción. En cambio, la reforma política es un libro abierto que debe ser escrito cada semana con el riesgo de dejar hojas en blanco. En este punto, lo inconcluso de la rebelión consiste en reemplazar el “que se vayan todos” por el “que vengan los nuevos”, dos lógicas más contrapuestas de lo que suponemos.
Muy a menudo, es decir, casi todos los días, la rebelión es jalonada por las batallas judiciales que más allá de su importancia procesal, y de conjurar el riesgo de la impunidad, no pueden brindar más resultados políticos que los entregados entre octubre y noviembre. En este punto, los tribunales impactan menos a la espera de las revelaciones que promete el acuerdo de la justicia peruana con Odebrecht. Si estas informaciones son graves forzarán nuevos desenlaces, de modo que el sistema depende otra vez de testimonios procesales.

A esta rebelión le falta promesa; por eso no es revolución. La sucesión constitucional PPK/Vizcarra fue una experiencia tan escandinava que nos ha preparado para casi todo. En pocos meses hicimos con éxito travesuras constitucionales que para nosotros estaba solo en los libros. El país está preparado para más, pero el sistema resiste. Por eso también, esta rebelión es inconclusa. Alguien tiene que abrir la puerta a los grandes cambios.

Región y reforma política

https://larepublica.pe/politica/1375656-region-reforma-politica
La República
La mitadmasuno
14 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
Las regiones del Perú serán gobernadas por un grupo de autoridades en su mayoría electas bajo la sombra de la ilegitimidad y la sospecha de corrupción. Salvo un puñado de gobernadores, no se había visto una precariedad inicial tan aguda desde el inicio del proceso de descentralización, el año 2002.
La idea de que a pesar de esta realidad las regiones iniciarán un nuevo período de gobierno de 4 años “sin problemas” es errada. El rasgo predominante de las gestiones que culminan este mes –otra vez con muy contadas excepciones, no más 3 o 4- es el fracaso, sin diferenciar los orígenes de derecha o izquierda de sus autoridades, o que las gestiones sean más o menos descentralistas, o poco o más tecnocráticas.
La pregunta de si se había agotado el impulso descentralista del 2002 hace años era incómoda, esencialmente tratándose de una reivindicación tan cara a los pueblos, con raíces históricas asociadas a los reclamos de justicia social. Es más incómodo ahora negarlo. Al contrario, admitirlo es la condición básica del cambio.
El paso obligado de una conclusión que afirme que nuestro descentralismo ha llegado a un punto de incompetencia no habilita el retorno al centralismo, no solo viejo e inservible, sino obsoleto. Por lo mismo, no debería esperarse que Lima piense en un cambio, sino que debe abrirse paso una reflexión sobre que este es el momento más crítico del proceso iniciado hace 16 años, y que se necesitan medidas urgentes para evitar una quiebra institucional adelantada, de lo que anuncian un sombrío aumento de la abstención electoral.
Existe un corto plazo insoslayable; el acompañamiento de los primeros 180 días de las nuevas administraciones es necesario. La mayoría de los gobernadores elegidos no ha tenido contacto directo con las regiones o carecen de experiencia de gobierno, y una revisión de los planes de gobierno arroja la necesidad de una rápida apropiación de las políticas públicas nacionales y regionales, añadida a un problema aún más generalizado: la falta de recurso humano calificado para cubrir un creciente número de cargos de confianza.
Solo una región fue ganada por el mismo grupo que triunfó el año 2014; en el resto de casos, fueron elegidos movimientos que habían postulado candidatos sin éxito en elecciones anteriores, y solo en tres casos retornan al poder anteriores gobernadores regionales.
Desde ese punto del balance, la inclusión de la descentralización en el proceso de reforma política es ineludible. De otro modo no se entendería que la reforma del sistema político obvie problemas tan serios como la formación de la representación regional, las competencias no ejercidas, las debilidades de las políticas regionales, el consejo regional convertido en un Frankenstein, la inexistente rendición de cuentas y la participación, y la resistencia a la descentralización fiscal, entre otros.
La derrota del grupo que gobernó dos períodos en Cajamarca es la debacle del regionalismo duro e ineficaz, así como que los caóticos casos de Piura y Ayacucho son la derrota del regionalismo pragmático aliado de los gobiernos nacionales. Entre ambos modelos se ubican emblemáticos casos de regiones que terminan este período en literal colapso, incluido aquellos que practicaban un partidismo regional con alcance nacional, a cargo de Alianza para el Progreso (APP), uno de cuyos gobernadores fue detenido hace unas horas.

¿Cuál sería el argumento básico para no incluir el proceso de descentralización en la reforma política? Una explicación podría señalar que la reforma de los partidos y del sistema de elección de autoridades de plano incidiría en las regiones. Es cierto eso, pero es más cierto que solo una parte de esta reforma se refiere a estas áreas, teniéndose una compleja agenda de normas, incluyendo reformas constitucionales, y otras decisiones que se encuentran particularmente en el ámbito de las relaciones entre las regiones y los poderes nacionales y de las regiones entre sí. De hecho, hay muchas más razones para incluir ahora a las regiones en la reforma política que razones para mirar a otro lado.