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miércoles, 8 de enero de 2020

Y si las elecciones no funcionan

https://larepublica.pe/politica/2020/01/03/y-si-las-elecciones-no-funcionan-juan-de-la-puente/
La República
La mitadmasuno
3 de enero de 2020
Por Juan De la Puente
Cada tiempo tiene su afán. Y su narrativa. La del año pasado fue la demanda de cambio político, que se elevó en algún momento con el grito de “que se vayan todos”, y la lucha contra la corrupción. La disolución del Congreso fue un hecho que solventó esa narrativa, de modo que la tensión se aflojó para producir el actual momento, uno de los pocos desenlaces de la política peruana que, siendo sorpresivo como hecho, era esperado.
La narrativa del año 2020 será otra. Lucha contra la corrupción, en su versión Lava Jato, tendrá un aterrizaje programado y seguirá marcando diferencias entre quienes la respaldan y cuestionan, aunque la discusión se hará menos política y más judicial, es decir, se relativizará el juicio mediático y se fortalecerá el proceso penal, a lo que habría que agregar la presión hacia la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que parece añadirá a su logo la palabra “vigilada”.
El cambio seguirá siendo parte de esa narrativa nacional, aunque con otros códigos y nuevos actores, en parte. En lo estrictamente político, es decir, en lo institucional, el destinatario del cambio será el Congreso y el Gobierno, a ellos se le exigirá el suministro de ideas y acciones. Al no reponerse la pugna Vizcarra vs. fujimorismo, por lo menos en las condiciones previas al 30 de setiembre del año pasado, la responsabilidad de ambos poderes del Estado será mayor, con una alta presión inherente.
La narrativa del cambio será, no obstante, más amplia y se hará insistente en otros ámbitos, especialmente en el gobierno de todos los días, demandando resultados en Educación, Salud y seguridad ciudadana. Las encuestas ya detectan un aumento del malestar ciudadano en estas áreas y el Gobierno ha tomado nota de ello, al compás de la agitación en los países vecinos, estrenando medidas que atienden la “cuestión social” de esta transición.
Ahí se presentarán los mayores problemas. El cambio social en el Perú es más incierto que el político; los resistentes al segundo fueron derrotados en setiembre 2019, preventivamente, en tanto que los defensores de las políticas públicas que crean desigualdad o impiden el acceso a derechos económicos y sociales están en pie de lucha las 24 horas del día.
Cambio, buen gobierno con derechos, y lucha contra la corrupción será la narrativa del 2020 y hará de este un año bisagra porque todas las expectativas no serán atendidas ahora, derivando el desenlace a las elecciones del 2021.
En este período bisagra tendremos algunas respuestas, por ejemplo, si el malestar pasará a la indignación, elevando la desafección a la furia, siguiendo la estela del camino chileno. La mayoría de variables indican que es difícil ese desenlace, una conclusión que sigue colocando casi todos los huevos en la canasta de las instituciones peruanas, las mismas que resisten duramente al cambio.
En ese punto las claves de este año serán liderazgo y agenda (crecerá la narrativa anti Vizcarra) porque la política peruana sigue siendo en lo fundamental autónoma de la sociedad. Si son pocos resultados que la primera le entregue a la segunda, no se sabe cómo se recreará el malestar peruano. Es cierto que no es fácil pasar descontentos a indignados, pero cabe preguntarse qué camino les queda a los ciudadanos si las elecciones no generan cambios.

sábado, 5 de octubre de 2019

Un disparo desde el piso

https://larepublica.pe/politica/2019/10/04/un-disparo-desde-el-piso-juan-de-la-puente/
La República
La mitadmasuno
4 de octubre de 2019
Juan De la Puente

El pasado 27 de setiembre, el presidente Vizcarra disparó desde el piso uno de sus últimos proyectiles luego de un duro pulso con la alianza gobernante del Congreso, ante la que se debilitó las últimas semanas.
Se estimaba insuficiente su respuesta porque no se refería al tema de fondo, el archivo de la propuesta de adelantar las elecciones generales al 2020. A mí me parecía que, si bien era una reacción sobre una rama del problema –la cuestionada designación del TC–, esa rama era importante porque era parte del árbol, y ese árbol es parte del bosque de la larga transición a la que hemos ingresado. Y hasta parecía que Vizcarra intentaba una negociación tácita con el fujimorismo sobre el TC y aún no el adelanto electoral.
El disparo alcanzó su blanco; la coalición conservadora que tomó el poder del Congreso en julio pasado pudo moverse, hacerse a un lado, y mantener la ventaja que había conseguido, que ya era importante. Pudo postergar la elección del TC, mantener su oposición al adelanto electoral, problematizar la cuestión de confianza sobre este punto, seguir desgastando al Gobierno y avanzar en áreas colaborativas.
Pero les perdió el radicalismo, y especialmente la soberbia, lo que en el lenguaje moderno de la política criolla se denomina “borrachitos de poder”. ¿Qué pasó? La coalición tuvo un desperfecto de origen: siendo sorprendentemente amplia, al constituirse fue tomada por un núcleo fanático y extravagante de Fuerza Popular que se ensambló con personajes chocantes y desusados como el entonces presidente del Congreso, un señor feudal de horca y cuchillo.
Esta simbiosis fue trágica; multiplicó la capacidad disruptiva del Congreso, arrinconó al Gobierno, cierto, pero operó con brutal ambición. Introdujo en la crisis una narrativa explosiva en la que cabía desde la vacancia presidencial, la investigación del mensaje presidencial del 28-J y las encuestadoras, y la supresión del enfoque de género.
Se ensancharon como alianza, también es cierto, pero dejaron sus flancos abiertos; combinaron mal sus intereses y no pudieron administrar sus prioridades. En tal sentido, la disolución del Congreso es por una parte la liquidación de esta coalición y por la otra su suicidio.
Deseándolo o no, Vizcarra ha derrotado el intento de legitimación de una vasta asociación ultraderechista que se preparaba para dirigir la transición. Siendo justos, se debe anotar que no solo fue él; la movilización de la sociedad, aunque a niveles relativos y no tradicionales, fue decisiva en las horas del escalamiento de la crisis. Es bueno insistir en el papel de la opinión pública –sobria y prudente– porque se ha ratificado que el garante de la transición sigue siendo el presidente, pero la principal tarea pendiente también sigue siendo el cambio.

La caída de la coalición conservadora tendrá efectos en la relación de fuerzas en el mediano plazo. Los grupos políticos autonomizarán sus estrategias y se volverá a fragmentar el campo conservador, similar a lo que ocurre en el sector progresista-liberal. Cualquiera sea el resultado de esta etapa las cosas no volverán a su estado original porque existe más espacio para una épica de cambio que antigolpista. Nos adentramos en la fase programática de este extenso período, una nueva disyuntiva.

lunes, 5 de agosto de 2019

El nuevo parlamentarismo (I), (II) y (III)

Juan De la Puente
Serie de tres artículos sobre las debilidades de presidencialismo peruano a propósito del conflicto de poderes. Fueron publicados los días 14, 21 y 28 de junio de 2019.

La República
El nuevo parlamentarismo (I)
La mitadmasuno
14 de junio 2019
https://larepublica.pe/politica/1487874-nuevo-parlamentarismo-i/
El curso que ha tomado el debate de la reforma política hace presumir que los cambios estarán presididos por una negociación minimalista, como resultado de un proceso atípico, sin partidos, sin programa estratégico, y en contra un sistema fuerte.
No es posible estimar ahora el efecto que tendrá en el mediano plazo una reforma acotada, aunque en el corto plazo parece que satisface a la mayoría de actores. Este resultado del ciclo de reforma 2018-2019 se cerraría con avances relativos, como sucedió en el ciclo 2001-2003 (el capítulo de la descentralización en la Constitución y la Ley de Partidos), evitando una contrarreforma como la registrada en los ciclos 2013-2015 (la nefasta Ley 30414) y 2016-2017.
Pero este cierre sería en falso; el debate oficial de los cambios solo se postergará hasta luego de las elecciones del 2021, en donde la disyuntiva será también de fondo, acentuada por un hecho que emerge ahora mismo y que marcará el futuro: los pequeños cambios, continuidades y contrarreformas esconden una gruesa permuta del presidencialismo y parlamentarismo peruanos.
Tradicionalmente, el Perú conservador fue presidencialista, en tanto que primero el liberalismo y luego la izquierda fueron parlamentaristas. Estos papeles se invierten aceleradamente al calor del actual período crítico. La derecha se torna parlamentarista mientras la izquierda y los liberales se hacen presidencialistas, evidencia de lo cual son las propuestas de reforma de la Comisión de Alto Nivel designada por el Gobierno, y la feroz oposición a estos cambios, por los primeros.
El cambio de papeles es un saldo agregado de los cuatro debates constitucionales que tuvimos en menos de dos años –la cuestión de confianza del gabinete Zavala (setiembre 2017), la vacancia de PPK (diciembre de 2017), la cuestión de confianza del gabinete Villanueva (setiembre de 2018) y la cuestión de confianza del gabinete del Solar– y que suponen una dura tensión entre la Constitución y la interpretación de las prerrogativas del Ejecutivo y del Congreso, uno frente a otro.
La Constitución de 1856 fue una gesta liberal que inició la atenuación de nuestro presidencialismo, contestada por la Revolución de Arequipa de ese año. Un grito conservador; aunque luego de su derrota, Ramón Castilla –opuesto a esta Constitución–prefirió convocar a una nueva constituyente que alumbró una Carta más negociada. 
La Constitución de 1860, la más larga de nuestra historia, no redujo la implantación parlamentarista; creó la Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo para vigilar al Gobierno, instauró dos vicepresidencias, mantuvo el Consejo de Ministros y prohibió la reelección presidencial. Luego, la Constitución de 1933 culminó la inclusión de los elementos de parlamentarismo: el presidente solo podía nombrar y remover a los ministros con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros, sus actos estaban sujetos a la refrendación ministerial, en tanto se le privaba de la capacidad de observar las leyes, y no podía disolver el Congreso.
Solo el fraudulento referéndum de Benavides, en 1939, redujo en parte esta debilidad presidencial, una precariedad que, por lo demás, no fue expuesta dramáticamente hasta el período 1973-1968. Seguirá.

La República
El nuevo parlamentarismo (II)
La mitadmasuno
21 de junio 2019
https://larepublica.pe/politica/2019/06/21/el-nuevo-parlamentarismo-ii/
La Constitución de 1979 redimió de modo muy relativo la desventaja del presidente ante el Congreso, labrada en más de un siglo. Se le permitió vetar a las leyes, disolver la Cámara de Diputados, celebrar de un grupo de convenios internacionales sin la aprobación parlamentaria, y mandar personalmente a las FFAA. Es cierto que suprimió la iniciativa de gasto de los congresistas, pero incluyó el voto de confianza al gabinete.
Luego, la Constitución de 1993 impactó ese desequilibrio, al establecer la reelección inmediata, anulada luego de la caída de Fujimori, y suprimiendo el bicameralismo, preparó el terreno para una relación más tensa entre los poderes, rebajando de 3 a 2 el número de gabinetes censurados o sin confianza como condición para la disolución del Congreso.
La tradición peruana de gobiernos que no pueden construir mayorías políticas (Bustamante 1945; Belaunde 1963; y Fujimori 1990) fue acentuada desde el año 2000 con la liquidación de lo más parecido que hemos tenido a un sistema de partidos, con el resultado de presidencias precarias. En todos los casos, fueron debilidades de origen, expresadas en cada vez más bajas votaciones en la primera vuelta electoral (Toledo 36%; García 24%; Humala 31%; y PPK 21%). Incluso, los que consiguieron mayorías numéricas en el Congreso no evitaron el desgaste reflejado en una alta rotación de gabinetes y ministros.
Los ciclos de tensión política entre el Ejecutivo y Legislativo ya tienen rutas aprendidas. Por ejemplo, la mayoría de ministros en los últimos 19 años, incluso de gobiernos con mayoría parlamentaria, objeto de duro cuestionamiento del Congreso, han terminado fuera del cargo por el desgaste, en tanto que los ciclos de tensión prolongada entre los poderes, afecta severamente al Ejecutivo en su capacidad operativa, incluso cuando, como sucede con la actual tensión, el gobierno es respaldado por la sociedad.
Las medidas que se pensaban irían a promover gobiernos mayoritarios, como las dos vueltas electorales no han logrado sus objetivos. Al mismo tiempo, la presunción de que los parlamentos fragmentados son débiles frente a los gobiernos, no fue convalidada por la práctica. Es más, en los últimos periodos fueron parlamentos altamente fragmentados los que desgastaron a los gobiernos con acciones que no necesariamente corresponden al control político. Es el caso, por ejemplo, de los votos de color ámbar ante los pedidos de confianza de los gabinetes Cornejo y Jara (2014), que dejaron en el aire el gobierno durante varios días, en base a una interpretación caprichosa suministrada por la Comisión de Constitución, para otro caso.
De ese modo, nuestro presidencialismo, atenuado por incrustaciones parlamentaristas, se ha debilitado aún más tanto por la pérdida de capital político histórico de la presidencia y por el aumento de la hostilidad de congresos en posición de batalla. La presidencia peruana está en crisis y, en ese punto, algunas de las propuestas planteadas por la Comisión Tuesta tienen el propósito de resolver esta crisis en el contexto de otra enorme, la del sistema político. Ese es el segundo sentido de la reforma política.

La República
El nuevo parlamentarismo (III)
La mitadmasuno
28 de junio 2019
https://larepublica.pe/politica/2019/06/28/el-nuevo-parlamentarismo-iii/
La negociación para cambios mínimos en la legislación electoral presenta un núcleo duro (elecciones internas obligatorias y simultáneas, lista alternada y paritaria, afiliados en vez de firmas) del que depende la aguda crisis del Congreso.
El peor desenlace de esta negociación sería, por un lado, la excesiva gradualidad de las reformas, aunque debe reconocerse que, en algunos casos, por ejemplo, en el número mínimo de comités departamentales y provinciales, los cambios deben propender a desarrollar capacidades en vez de cancelarlas. Otro peligro es la adopción de medidas incompletas que lleven a una contrarreforma encubierta, en donde sobresale el riesgo de que las elecciones internas sean solo para los afiliados, o voluntarias, con lo que tendríamos un sistema donde sería más fácil quedarse (sin mecanismos de cancelación) que ingresar (sin firmas y solo con 22 mil afiliados).
En cualquier caso, la tendencia es hacia un Congreso más estable. Eso no es malo. Todo esfuerzo por mejorar la formación de la representación, es decir, la inscripción legal, comités, afiliados, alternancia y designación de candidatos, son muy útiles para una reforma en línea con la igualdad en la competencia política.
No obstante, el contexto general tiene dos grandes fenómenos, la crisis de la presidencia y la imposibilidad de realizar cambios institucionales, este hecho último atribuido tanto a los gobiernos como a los congresos en los últimos 18 años. Si la reforma política de la actual fase, imprescindible y urgente, no avanza hacia una agenda más amplia no es difícil imaginar un próximo gobierno minoritario, centrista o radical, nuevamente expuesto a un desgaste rápido.
La debilidad de nuestra presidencia presenta dos elementos. La primera, es una precariedad de origen, nacida de administraciones forjadas desde partidos instrumentales en manos de líderes ultra pragmáticos que carecen de equipos técnicos y políticos capaces de hacerse cargo del Estado (porque para eso se ganan las elecciones). El desvanecimiento del caudillo tradicional peruano y su reemplazo por el paladín/gestor, una suerte de CEO de la política, ha dado lugar a gobiernos sin hojas de ruta de inicio que protagonizaron giros espectaculares, expresión de lo cual es la alta rotación de gabinetes y ministros.
La segunda debilidad se relaciona con la fortaleza de los poderes extralegales que se instalan con facilidad tanto en el Gobierno como en el Congreso, de modo que terminan gobernando los programas que perdieron las elecciones. Esta constatación, sin embargo, no está presente en los modelos de reforma. No deja de ser extraño, a tono con ello, que se constitucionalicen varios impedimentos para postular a cargos de elección o para ser alto funcionario, pero que no se regulen el conflicto de interés y la puerta giratoria, como si no fuesen áreas “reformables”.

Sin cambios en la presidencia, para fortalecer sus posibilidades de liderar cambios institucionales y para impedir que impacten en su actividad poderes extralegales, la reforma política, aun en su expresión mínima actual, producirá un sistema de escasa gobernabilidad y volveremos con rapidez al ciclo del que queremos escapar.