viernes, 26 de octubre de 2012

Poco fragmentados y poco volátiles

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/poco-fragmentados-y-poco-volatiles-26-10-2012
La República
La Mitadmasuno
26 de octubre de 2012
Juan De la Puente
La reciente investigación del JNE, “Mapa Político Electoral del Perú” (INFOgob Jurado Nacional de Elecciones 2012), contiene valiosa información sobre algunos elementos considerados inherentes a la crisis de los partidos y de la representación, que podrían modificar algunas percepciones arraigadas que explican la situación actual. La mayoría de estas señalan que el sistema político peruano presenta una creciente fragmentación electoral y una alta volatilidad como resultado de una supuesta excesiva apertura del sistema y de la precariedad de las instituciones partidarias.
Los datos de la investigación relativos a regiones, provincias y distritos advierten que los fenómenos de fragmentación y volatilidad no son, en general, ni definitivos ni pronunciados, y en la mayoría de territorios se presentan con escasa relevancia. Sobre la fragmentación, es decir, la medida en que los votos de los electores se dispersan entre varias acciones políticas, solo 10 de las 25 regiones incrementaron consecutivamente el número de listas en las elecciones regionales, siendo los casos más pronunciados los de Puno, Áncash e Ica. Según el estudio, el Número Efectivo de Partidos (NEP) por regiones se mantuvo entre 5 y 6 en las tres últimas elecciones de ese nivel de gobierno. Apreciada la fragmentación en detalle, el 2002 solo Ayacucho presentó una alta fragmentación, el 2006 Puno y el 2010 Lima y Puno.
En el ámbito provincial la fragmentación aumentó entre las elecciones del 2002 y 2006 en 61 provincias (31%) pero disminuyó en 133 (69%). Asimismo, entre el 2006 y 2010 aumentó en 95 provincias (49%) y disminuyó en el otro 51% de ellas. En el ámbito distrital, la mayoría estuvo compitiendo entre 3 y 6 grupos políticos en cada elección, por lo que este nivel de gobierno presenta una baja fragmentación electoral. En este ámbito entre el 2002 y 2006 la fragmentación aumentó en 511 distritos (31%) pero disminuyó en 1123 (69%). Igualmente, entre el 2006 y 2010 aumentó en 709 distritos (43%) y disminuyó en el 57% restante.
Otro factor que se presume asociado a la crisis de partidos y de la representación es la volatilidad electoral, entendida como la modificación de las preferencias electorales de una elección a otra. Según el informe, las regiones ligeramente más volátiles son Ica, Moquegua y Tacna. En el nivel provincial, en las elecciones del 2006 la mayoría de provincias presentó una baja volatilidad, al igual que el 2010. En relación a los distritos el 2006, 1377 distritos (84%) tuvieron una volatilidad bastante baja y solo 109 distritos, el 6%, registraron una volatilidad absoluta, pues ninguna de las agrupaciones políticas que participaron en las elecciones del 2002 lo hizo nuevamente en el 2006. Para el 2010 se incrementó el número de distritos con mayor grado de volatilidad, aunque 1173 (71%) se encontraron en el nivel más bajo y 131 (8%) en el nivel de volatilidad absoluta.
Estas constataciones muestran a un país con algunos territorios fragmentados en un proceso decreciente; estos territorios son los menos, con lo que este elemento de la crisis de los partidos y de la representación se relativiza notablemente. Es obvio que se precisa un análisis más detallado de las regiones y municipios donde la fragmentación es alta y permanente, aunque es evidente que nos encontramos frente a un fenómeno que no podría ser considerado como una tendencia nacional e irreversible.
Sucede lo mismo con la volatilidad, donde los registros extremos son escasos al punto de no superar el 10% del total de distritos e igualmente bajo en provincias y regiones. Esta realidad no desmiente la precariedad de la oferta política pero permite apreciar que la desafección de los ciudadanos frente a los elegidos se expresa con distinta incidencia y que es muy probable que en la mayoría de provincias y distritos del país se están encontrado mecanismos de sustitución de los liderazgos partidarios nacionales por elites locales más resistentes a la pérdida de legitimidad.

lunes, 22 de octubre de 2012

El indulto a Fujimori y otros temas de coyuntura

 
Entrevista del periodista Javier Soto publicada en el diario La Primera, el 22 de octubre de 2012
 
EL INDULTO ES UNA OPERACIÓN POLITICA
El analista Juan De la Puente señaló que un hipotético “indulto” a Alberto Fujimori no contribuirá a la reconciliación nacional. Aunque sostuvo que la administración de Humala ha tenido cierto éxito al hacer aquietar el conflicto de Conga, advirtió que su ministro de Economía, Luis Castilla, ha oficiado, con sus recientes declaraciones a favor del reinicio de dicho proyecto minero, de “príncipe azul” que pretende despertar a la “bella durmiente”. 
—¿Cuánto han aportado estos primeros tres meses de gestión del premier Jiménez para alcanzar la meta del gabinete del diálogo, diferenciado del de su antecesor, Óscar Valdés?
—El primer valor de este gabinete es haber revertido el clima de tensión de estos últimos dos meses del gabinete Valdés; y ha instalado en la opinión pública la idea de que no se puede gobernar con una lógica de fuerza y de mano dura. En segundo lugar, algunas de las diez ofertas planteadas por su gabinete al Parlamento se han ido cumpliendo. Ya tenemos en el Congreso un proyecto de Ley de Reforma Magisterial y una nueva norma que establece una nueva relación entre la minería y la sociedad. Evidentemente, los temas de seguridad siguen estando pendientes, pero en estos tres meses el gabinete Jiménez ha hecho muy bien en instalar una lógica de apertura en lugar de una lógica de fuerza.
—Parece que la violencia de la conflictividad social ha amainado, a diferencia de lo que acontecía con la gestión Valdés.
—El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales trae dos novedades. Lo primero es que por tercer mes consecutivo han disminuido los conflictos, al pasar de 247 a 238; y es igual de importante considerar que en los últimos meses se ha resuelto un promedio mensual de cinco conflictos, lo que en sí representa un éxito ya que la tasa de resolución de conflictos es muy baja en el Perú; de uno o dos por mes.
—¿Acaso una prueba de ello sería la desactivación del litigio por las operaciones del proyecto Conga, en Cajamarca?
—Sí. El gobierno ha tenido cierto éxito al hacer “dormir” (aquietar) a Conga. Pero mi impresión es que es el efecto de una “bella durmiente”, en el que viene un príncipe azul, le da un beso y la despierta; y, en esta última etapa, es el ministro de Economía, Luis Castilla, quien ha operado como príncipe azul, porque recientes declaraciones suyas han despertado a Conga.
—Aunque las protestas de índole laboral...
—Estamos en el inicio de una ola de protestas laborales, pero que éstas tienen una connotación distinta a los otros conflictos sociales que son, fundamentalmente, ambientales.
—¿Y por qué Jiménez tiene tanta dificultad en resolverlas?
—Los conflictos laborales, a los que me he referido anteriormente, han revelado la singularidad del Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido que se ha puesto como eje de la discusión la capacidad de este portafolio para resolver o postergar soluciones. Al respecto, tengo entendido que los demás ministros tienen una muy escasa capacidad de negociación con los gremios laborales, porque todo lo termina autorizando y vetando el Ministro de Economía.
 
NARCOTERRORISMO
—¿Cree usted que el narcoterrorismo se ha expandido, durante los últimos gobiernos, en la zona del Vraem?
—Yo no diría que se ha expandido. Lo que pasa es que los ataques espectaculares que han desarrollado estas bandas en el Vraem ante la falta de éxito de las fuerzas del orden han dado la sensación de ausencia por parte del Estado. Pero, por encima de ello, lo que tenemos en el Perú es una crisis de seguridad en la que este gobierno tiene una agenda pendiente que resolver y que, esperamos, comience a ser afrontada y resuelta por la gestión de Humala.
 —El gobierno del presidente Humala y su ministro de Defensa, Pedro Cateriano, están recuperando el terreno perdido por el Estado?
—Es probable que en este espacio denominado Vraem existan algunas zonas independientes del Estado, pero también es cierto que en los últimos días los errores que se han producido se deberían a la autonomía excesiva con que cuentan los mandos militares en dicha área. En ese sentido deben interpretarse entonces las palabras del ministro de Defensa, que el poder político y constitucional va a estar mucho más atento a lo que se haga aquí en los ámbitos de la inteligencia, programas sociales, desarrollo de infraestructura, etc.
—¿Los últimos anuncios de Cateriano sobre la construcción de diez nuevas bases militares en el Vraem y la inversión en helicópteros y logística bélica, contribuirán a superar las carencias, desarticular las bandas narcosenderistas y a resolver el problema de seguridad en la zona?
—Es muy importante que se complete el equipamiento militar aéreo en el Vraem, teniendo en cuenta que, con la experiencia Colombiana, no es posible una vigilancia minuciosa del gasoducto de Camisea, ya que se ha planteado la posibilidad de que esta infraestructura sea hostigada en, por lo menos, sus primeros 200 kilómetros por las fuerzas narcosenderistas en la zona, lo que sí constituiría un golpe a la independencia y capacidad energética del país. Por ello me parece fundamental y de primer orden la compra de este equipamiento; y espero que ésta sea rápida.
—¿Coincide usted con los sectores que han reclamado cambios en la estrategia seguida, a fin de privilegiar la inteligencia, que ha dado resultados en el Valle del Huallaga?—En mi opinión, el mejor cambio debería estar orientado al privilegio de las acciones de inteligencia como un antecedente de las operaciones abiertas de interdicción. En segundo lugar, creo que debe resolverse el tema del mando en la zona, que está disperso. Y la mejor manera es entregándole una mayor competencia y presencia a la Policía Nacional que ha demostrado una mejor capacidad para resolver este problema. En cualquier circunstancia, debería garantizarse un comando unificado. En tercer lugar, es muy importante ser más incisivos en la lucha antiDrogas.
 —Si bien el manejo económico mantiene la ortodoxia, ¿hasta qué punto es cierta la afirmación de que la administración de Humala continúa con la política del “piloto automático”?
—Bueno, si bien no se ha producido un cambio sustantivo del poder económico, como lo había planteado inicialmente el Jefe del Estado, respecto al proceso de la economía nacional, evidentemente estamos frente a esta posibilidad (de mantener el statu quo). Pero también es cierto que éste es un gobierno que ha empezado a utilizar muchos más recursos en infraestructura e inclusión social, aunque con cierta dificultad y lentitud en el gasto, lo que podría provocar una crisis de distribución. Sin embargo, es un hecho que en los últimos años el modelo de economía liberal ortodoxa, que se heredó del gobierno de Alberto Fujimori, ha sufrido cambios sustantivos, en la línea de incentivar la demanda y la inversión pública.

EL PEDIDO DEL INDULTO
Parte al país en dos
—El pedido de indulto para el sentenciado expresidente, Alberto
Fujimori, ha polarizado al país. ¿Cómo debería resolver el gobierno este nudo gordiano?

—Queda claro, en estos últimos días, que enfrentamos una operación política, con un alto contenido publicitario, por parte del Fujimorismo, con lo que se está demostrando que no estamos frente a un pedido humanitario. Por lo tanto, esto conduce a que la sociedad y el gobierno traten también este tema de un modo político. Tengo la impresión de que la orientación del gobierno es la de postergar esta decisión. Es decir, a ir con más lentitud. Las revelaciones que hacen los medios sobre los conflictos internos que afectan al Fujimorismo por el tema del indulto, confirman que la solución no puede dejar de ser política. De modo que para tomar una decisión política, la administración de Humala va a tener que estudiar muchos este asunto.
—¿Cuán falsa es la premisa del sector fujiconservador respecto a que la expedición de esta gracia, a favor del exdictador, favorecerá la reconciliación nacional?
—Yo lo dudo, porque se tratan de crímenes de lesa humanidad por los que ha sido condenado Alberto Fujimori. Segundo, porque, como se ve en las últimas acciones del Fujimorismo, se trata de una operación política que, inicialmente, fue presentada como humanitaria. Y, tercero, si el resultado del indulto va a conducir al retorno de Fujimori a la actividad política de primera línea, no estaríamos frente a una medida que favoreciese la reconciliación, sino a la polarización del país.

sábado, 13 de octubre de 2012

Vade retro México

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/vade-retro-mexico-12-10-2012
La República
La mitadmasuno
12 de octubre 2012
Juan De la Puente
La Comisión de Defensa del Congreso aprobó el dictamen que permite la participación de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico. Si la iniciativa se convierte en ley y esta se promulga, el Perú daría un paso decisivo en la militarización de la lucha contra las drogas. Contra consejos y sugerencias seguiremos construyendo nuestra perspectiva mexicana.
El dictamen propone modificar el Decreto Legislativo 1095 que regula el uso de la fuerza por las FFAA en el territorio nacional y el Decreto Legislativo 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. El propósito es invertir los roles de la policía y de las FFAA en situaciones de emergencia. La norma actual señala que durante el Estado de Emergencia, al margen de qué institución tenga a su cargo del orden interno, “las FFAA realizan acciones militares en apoyo de la policía”. En la nueva redacción, si se le encarga el orden interno a las FFAA, estas asumen el control total de la zona y es la policía la que apoya las acciones militares.
En el nuevo concepto las acciones de control del orden público pasan a ser operaciones militares y dejan de ser policiales. Como se sabe, los valles cocaleros más importantes del país, el Huallaga y el VRAEM, son escenarios de la lucha contra el llamado narcoterrorismo y se encuentran en Estado de Emergencia.
Los cambios avanzan un paso más, estableciendo sin ninguna restricción que durante la emergencias las FFAA estas están facultadas para realizar acciones de interdicción terrestres, acuáticas y aéreas a los implicados en el tráfico ilícito de drogas. Ello implica disponer de procedimientos militares en la lucha antidrogas y a desarrollar una inteligencia militar antidrogas y considerar la creación de cuerpos militares de élite para esta tarea.
La Comisión ha valorado escasamente la opinión remitida por el Ministerio Público, que reitera que el Estado de Emergencia es una medida para situaciones excepcionales y que la participación de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico debe ser interpretada en sentido restrictivo, reiterando la doctrina sobre las diferencias entre los objetivos y función de la policía y las FFAA. El Ministerio Público consideró que generalizar la participación de las FFAA en el orden interno está en la misma línea de las propuestas de endurecer las sentencias, disminuir la edad de imputabilidad penal y el aumento de la capacidad carcelaria, lo que responde a presiones políticas y coyunturales. El Ministerio del Interior también expresó reparos a los cambios argumentando que se pretende legislar sobre áreas en las que ya existen disposiciones específicas.
Es obvio que el propósito es abrir el paso a una participación de las FFAA más directa que la actual en la lucha antidrogas. Esto solo es posible disminuyendo la centralidad de la policía en la conservación del orden interno en general y en las operaciones antidrogas. Una ruta contraria es potenciar el trabajo policial evitando la duplicidad, la dispersión y el uso de las FFAA en tareas para las que no han sido creadas. El Estado se está decidiendo por lo primero.
¿A qué visión obedece el cambio propuesto? A la que considera que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional, un concepto que abandona A. Latina y relativiza ahora, inclusive, EE.UU. En México, el ingreso de las FFAA a la lucha antidroga fue presidido, además, por la convicción que en ella se jugaba la existencia misma del Estado. En el Perú concurre a esta intervención, aparte de un notable deseo de captar recursos públicos, una convicción más, de que en el VRAE y en el Huallaga opera una fuerza calificada como “narcoterrorista”. Sin embargo, se ha señalado que ese concepto está vacío y que en ambos valles, especialmente en el primero, se desarrolla una incipiente guerra de la coca, donde el enemigo es una banda armada narcotraficante, que pretende distraer con un discurso maoísta, a la que se debe derrotar sobre todo con inteligencia y operaciones policiales anticrimen especializadas, con el concurso de una nueva Procuraduría del Estado, la que se gesta en el sector Justicia.

martes, 2 de octubre de 2012

La izquierda aconsejada

La República
La mitadmasuno
2 de octubre de 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-izquierda-aconsejada-02-10-2012
Nunca como en las últimas semanas he leído tantos consejos a la izquierda, la mayoría interesada en que el país cuente con una izquierda posible y gobernante aunque plantadas con un tono médico/quirúrgico. Es un paso adelante del análisis tipo “la izquierda en el diván” de los años noventa que despedía desdén por una cultura política que se consideraba en extinción. Es bueno que las ciencias sociales se preocupen ahora por ella; quizás se debe a que en las últimas elecciones triunfaran propuestas universalmente patrocinadas por la izquierda sin que expresen una organización política.
Los consejos giran en torno a dos cuestiones, a su acercamiento al mundo popular y a la concreción de una alternativa electoral. Sobre lo primero se propone diferenciar entre lo popular/colectivo y lo popular/privado, sugiriendo no jugarse por lo segundo y mirar con pinzas lo primero; de allí se desliza la idea de que la izquierda debe hacer “algo más” que centrar su acción en la sociedad organizada.
Sin embargo, ese algo más no puede ser emprendido si la izquierda no conecta con la sociedad e influye y recrea su vasta estructura actual. En este punto, no obstante, existe cierta incoherencia cuando se critica el alejamiento de la izquierda de la realidad y se le reclama conexión con el pueblo y, al mismo tiempo, se cuestiona gran parte de las demandas de los movimientos sociales. Habría que poner en el diván esta idea que sugiere un liderazgo solo moral de una izquierda que no se ensucie los zapatos y que no aspire a representar esta nueva emergencia social peruana.
Sobre la búsqueda de una alternativa electoral, la controversia es de otro tipo. No hay quien desde fuera recete la formación de una nueva Izquierda Unida (IU). Desde dentro, en cambio, persiste la idea tácita de recrear esa experiencia con pocas innovaciones en la forma. Las nuevas coaliciones planteadas tienen respecto del pasado una desventaja; la vieja IU fue un proyecto que aspiraba al largo plazo, en tanto que ahora se pretende jugar en corto, con el horizonte del 2014 y 2016. No creo, sin embargo, que eso descalifique a la izquierda porque va en la línea de ser ella misma, alejada de la tentación del proyecto electoral prestado. Intuyo, por lo tanto, que ese “algo más” que se le reclama a la izquierda por lo menos en su versión socialista y socialdemócrata, es decir, la gestación de un proyecto partidario definitivo único y unificador, no será entregado en el corto plazo.
Entendiendo ello, el principal riesgo de la izquierda no es nadar sino quedarse cerca de la orilla. El recojo de firmas de uno de sus grupos podría alejar la búsqueda de una candidatura común el 2016 y dispersar las fuerzas en las elecciones regionales y municipales del 2014. Por eso cuesta entender por qué la izquierda se resiste a usar la inscripción legal de uno de sus grupos y cerrar una táctica electoral adelantada.
 
Actualización
Sobre el tema, ver notas recientes como la de Martin Tanaka (aquí) José Alejandro Godoy (aquí) Alberto Adrianzén (aquí) Carlos Mejía (aquí) y Sinesio López (aquí).