La República
La mitadmasuno
4 de julio de 2014
Juan De la Puente
La caída en desgracia de los cabecillas de dos grupos que la justicia investiga como parte del crimen organizado nos coloca en más de un sentido en ligas mayores. Por un lado, confirma que esta modalidad de delito ha dejado de ser una particularidad criminal y convertido en una forma violenta de emergencia social a la que se vinculan directa e indirectamente miles de peruanos, una versión nada surrealista del delito de masas que paga bien, un movimiento social en el que los personajes que copan las noticias de las últimas semanas solo son sus emblemas y velámenes.
Por otro lado, coloca sobre la mesa un movimiento anticorrupción, débil para la dimensión del problema, que por ahora tiene dos elementos constitutivos, el asombro e indignación pública que la prensa agita y refleja, y la acción coordinada del Estado impulsada por el reclamo ciudadano y por los reflejos propios del sistema. En este punto, se sabe que los desenlaces de los casos de César Álvarez y Rodolfo Orellana tienen origen en reuniones calientes de los llamados “Consejos de Estado”, en los que respetando la autonomía constitucional de cada órgano constitucional se trazan estrategias y se exigen cuentas claras.
Tres leyes aprobadas en los últimos años son determinantes para enfrentar este nuevo momento signado por las figuras aparentemente fuertes y extraordinarias de mafiosos novelescos. Se trata de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077), la Ley de Lucha contra el Lavado de Activos (D. Leg. N° 1106) y la Ley de Pérdida de Dominio (D. Leg. 1104). Ellas obedecieron al impulso del equipo que lideró Juan Jiménez Mayor desde el sector Justicia y la PCM, y quien paradójicamente debió dejar el cargo debido a su apreciación de las percepciones sobre la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas y otras normas han sido cruciales para producir un salto normativo para enfrentar el nuevo momento.
Ahora es posible iniciar una investigación por lavado de activos sin demostrar el delito precedente, una restricción que en la década pasada derribó el primer megaproceso por tráfico de drogas contra un grupo empresarial del norte del país dedicado a la actividad minera. También se ha hecho obligatoria la bancarización de las operaciones de dinero en el exterior, y la extensión de la incautación de bienes a todos los delitos en agravio del Estado. Asimismo, el país cuenta con una procuraduría más eficaz y legítima y con los primeros grupos policiales especializados en lavado de activos y crimen organizado.
Ahora es posible iniciar una investigación por lavado de activos sin demostrar el delito precedente, una restricción que en la década pasada derribó el primer megaproceso por tráfico de drogas contra un grupo empresarial del norte del país dedicado a la actividad minera. También se ha hecho obligatoria la bancarización de las operaciones de dinero en el exterior, y la extensión de la incautación de bienes a todos los delitos en agravio del Estado. Asimismo, el país cuenta con una procuraduría más eficaz y legítima y con los primeros grupos policiales especializados en lavado de activos y crimen organizado.
No estamos ante un empate técnico entre crimen y castigo. Las fuerzas del primero son mayores, en el promedio quizás mejores, y su acción es vasta. El delito en movimiento se desarrolla con más velocidad que las fuerzas del Estado; forzando las figuras podría decirse que el primero crece geométricamente y el segundo aritméticamente. Esta brecha debería por lo menos reducirse.
Las medidas legales y las actividades de equipamiento son importantes pero no son suficientes. La batalla contra el crimen organizado en expansión exige un movimiento anticorrupción desde el Estado y la sociedad. En el primero de los casos obliga a acometer cambios de política criminal para cerrar los vacíos de la legalidad usados por la ilegalidad, reformar radicalmente algunas instituciones, reducir las posibilidades de creación de grupos criminales y su expansión, y financiar la prevención y punición. De lo contrario caeremos en la lógica lamentosa de la Contraloría General de la República que pese a aceptar que su control fue desbordado por las bandas, se empeña en afirmar que la descentralización ha fracasado.
Los buenos no solo deben ser más que los malos, sino parecer que son más. El crimen organizado también nos interroga como sociedad; el delito a secas es un hecho antijurídico culpable que toda sociedad está obligada a prevenir y sancionar; no obstante, la convicción de que habita entre nosotros una cosa nostra extendida, impune y floreciente, nos desnuda como una comunidad carente de algunos valores esenciales que parecen haberse perdido en un momento especial de la peruanidad.
