Militarización de la memoria

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La Republica
La mitadmasuno
8 de julio 2018
Juan De la Puente

Recomiendo vivamente el reciente libro de Carlos Tapia sobre el periodo de violencia política y lucha contra el terrorismo que afectó el país (Tapia, Carlos 2018. Tiempos oscuros, 1983-1995. Lima: Editorial Otra Mirada), un texto que irrumpe en la discusión sobre el pasado y presente senderista, aportando minuciosamente a la reflexión sobre el carácter de su derrota, en momentos en que se cuestionan los elementos que forman una memoria única de esos aciagos años.

Tapia aporta y estudia hechos y documentos, y contextualiza las estrategias que estas imprimieron. Analiza, por ejemplo, el giro en la lucha contrasubversiva a finales de los 80 para corregir clamorosos errores, en favor de un modelo integral que incluía lo político, económico y sicosocial, un esfuerzo que se concretó en el Manual M41-7 llamado “Guerra no convencional. Contrasubversión”, aprobado en agosto de 1989, pocos meses después de que se iniciaran las investigaciones encubiertas de la DIRCOTE, que terminaron en la creación del GEIN.

En este viraje (1988-1991) se adoptaron dos decisiones que cambiaron el curso de la guerra interna, el congreso senderista de 1988 que se propuso alcanzar el “equilibrio estratégico” y la masiva organización de la sociedad a través de las rondas y autodefensas armadas, que permitió establecer una nueva relación con la población desde una lógica participativa, contra la política senderista de sometimiento de los civiles mediante el terror. La autodefensa fue una gesta compleja y no ausente de excesos, abordada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Informe CVR tomo II) y poco estudiada luego; a fines de 1991, en Ayacucho estaban organizadas en comités de autodefensa 836 comunidades y en 1994 las FFAA registraron allí 1.564 comités, con 61.450 miembros y 5.583 armas. A nivel nacional existían ese año 4.205 comités, con 235.465 integrantes y 16.196 armas (Del Pino, Ponciano 1996 en Las rondas campesinas y la derrota del PCP Sendero Luminoso. Lima: IEP).

El texto de Tapia insiste en el concepto de memoria que proyectó hace 15 años la CVR y que ahora sufre una embestida que pretende sustituirla por una memoria sesgada, donde la imagen de heroísmo está esencialmente reservada a las FFAA y la policía. De todos los errores del intento de construir un registro conservador de la lucha contra el terrorismo, el más serio es la militarización de la memoria, y la expulsión de ella -o su ocultamiento- de la sociedad organizada, los partidos políticos y las autoridades civiles.

Siempre me pareció equívoco que el Apra no pugnase por recuperar como un acierto de su gobierno el inicio de este giro crucial de la estrategia antisubversiva, y que se conformase con adjudicarle a Fujimori el éxito de ese cambio. Tapia documenta la tendencia que jugó en este viraje la serie de golpes a la estructura senderista, especialmente a su cúpula entre 1988 y 1990, y deja claro que al terrorismo lo derrotó un enfoque político reflejado en una estrategia militar.

La épica civil en la derrota del terrorismo es imprescindible, y forma parte de una sola memoria –indivisible- y que sigue buscando justicia y reparación. De acuerdo a los datos proporcionados por el Apra a la CVR, mil 300 militantes de ese partido fueron asesinados de manera selectiva o en atentados colectivos, la mayoría de ellos gobernadores y tenientes gobernadores. De acuerdo a un texto del entonces senador Sandro Mariátegui publicado en 1986 (Acción Popular en la lucha: un Partido a imagen y semejanza del Perú), entre mayo de 1982 y mayo de 1985, el terrorismo asesinó a 80 autoridades de ese partido, mientras que, según Tapia, los militantes de los partidos de Izquierda Unida asesinados por SL superarían los 450, sin contar a las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas de las FFAA y de la policía, varios de cuyos casos fueros judicializados. Asimismo, en el periodo de violencia fueron asesinados 248 alcaldes, 161 de los cuales, en manos de SL, y que ahora mismo centenares de peruanos se encuentran exiliados en América y Europa. A ellos tampoco se les puede negar la memoria.

El indulto ya no es intocable

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La mitadmasuno
La República
12 de enero 2018
Juan De la Puente

El indulto y derecho de gracia otorgados a Alberto Fujimori ha dado lugar a una batalla política en curso, y a otra legal, que recién empieza. Las vías legales habilitadas se pueden dividir entre las que están en proceso y las menos probables por ahora.

Entre las vías en uso, se tienen: 1) la supranacional, a través de la Corte IDH, que verá el caso el 2 de febrero; 2) la penal, a través del control difuso en el caso Pativilca, que podría ejercer la Sala Penal Nacional. La audiencia será en enero; y 3) la administrativa, a través de la nulidad de los actos administrativos, impugnando el procedimiento en curso, ya planteado el 23 de diciembre por los familiares.

Entre las menos probables por ahora se tienen 4) la constitucional, un proceso de amparo, que se iniciaría en el Poder Judicial y eventualmente podría llegar al Tribunal Constitucional, o un proceso de acción popular contra la resolución que otorga las gracias; 5) la administrativa de revocatoria, con la expedición de una resolución suprema que deroga el indulto, la “ruta Crousillat” en su parte administrativa; y 6) la legislativa, una ley que derogue la resolución de indulto.

Contra la idea del indulto como punto final ha quedado establecido que este caso ya no puede ser abordado solo, desde, y con la Constitución. La tesis de que el indulto es una prerrogativa presidencial a secas, un reduccionismo de sabor monárquico y al mismo tiempo inconstitucional, ha sido superada largamente en el Perú por decisiones administrativas, constitucionales y penales, y por una resolución supranacional que nos concierne directamente. Nuestro indulto no está –o ya no está- cubierto con el manto inexpugnable de la cosa juzgada, sino que ha sido “tocado” por la jurisprudencia constitucional.

La posición del TC respecto del indulto es firme y clara. A propósito del caso Crousillat dice: que el indulto es una facultad presidencial revestida del máximo grado de discrecionalidad; pero eso no significa que se trate de una potestad que puede ser ejercida sin control jurisdiccional y con la más absoluta arbitrariedad ,y que las resoluciones que ponen fin a un proceso judicial y tienen la virtualidad de producir efectos de cosa juzgada –en este caso el decreto del indulto a AF-, pueden ser cuestionadas a través de procesos constitucionales de amparo o hábeas corpus (STC N° 03660-2010-PHC/TC).

Las dos fechas más cercanas atañen a la Corte IDH y a la Sala Penal Nacional. En el primer caso, la audiencia incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte y a las partes. El artículo 69º del reglamento de la Corte establece que el Estado en cuestión presente un informe, observado por las otras partes. La Corte emite sentencia y otorga al Estado un plazo hasta de un año para remitir un informe sobre el cumplimiento o avances. El IDL considera que la decisión de la Corte será en breve.

La defensa del Estado peruano es todavía una incógnita. Entre sus ejes probables se encuentran: 1) la irrevisabilidad del indulto humanitario por su naturaleza, precisamente, humanitaria; 2) la insistencia de que Fujimori no fue condenado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que la sentencia hace alusión a que ellos sí constituyen delitos contra la humanidad en el derecho internacional de los DDHH; y 3) que la competencia de la Corte se reduce a supervisar el procedimiento seguido y que solo puede conocer el cumplimiento de las observaciones anteriores referidas al caso, argumento que se prestaría de la defensa de Fujimori.

Será muy difícil que la Corte se aleje de los parámetros señalados por la CIDH en su pronunciamiento del 28 de diciembre pasado, inclusive si no razonara con su misma intensidad, especialmente en lo siguiente: 1) el indulto debe estar regido por principios constitucionales y normas internacionales de DDHH; 2) este indulto no cumple con los requisitos legales fundamentales, el debido proceso, independencia y transparencia de la junta de médica y técnica; y 3) la medida desconoce el principio de la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad.

El indulto a Fujimori y otros temas de coyuntura

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/dialogos-de-primera/el-indulto-es-una-operacion-politica_122889.html

 

Entrevista del periodista Javier Soto publicada en el diario La Primera, el 22 de octubre de 2012
 

EL INDULTO ES UNA OPERACIÓN POLITICA

El analista Juan De la Puente señaló que un hipotético “indulto” a Alberto Fujimori no contribuirá a la reconciliación nacional. Aunque sostuvo que la administración de Humala ha tenido cierto éxito al hacer aquietar el conflicto de Conga, advirtió que su ministro de Economía, Luis Castilla, ha oficiado, con sus recientes declaraciones a favor del reinicio de dicho proyecto minero, de “príncipe azul” que pretende despertar a la “bella durmiente”. 

—¿Cuánto han aportado estos primeros tres meses de gestión del premier Jiménez para alcanzar la meta del gabinete del diálogo, diferenciado del de su antecesor, Óscar Valdés?

—El primer valor de este gabinete es haber revertido el clima de tensión de estos últimos dos meses del gabinete Valdés; y ha instalado en la opinión pública la idea de que no se puede gobernar con una lógica de fuerza y de mano dura. En segundo lugar, algunas de las diez ofertas planteadas por su gabinete al Parlamento se han ido cumpliendo. Ya tenemos en el Congreso un proyecto de Ley de Reforma Magisterial y una nueva norma que establece una nueva relación entre la minería y la sociedad. Evidentemente, los temas de seguridad siguen estando pendientes, pero en estos tres meses el gabinete Jiménez ha hecho muy bien en instalar una lógica de apertura en lugar de una lógica de fuerza.

—Parece que la violencia de la conflictividad social ha amainado, a diferencia de lo que acontecía con la gestión Valdés.

—El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales trae dos novedades. Lo primero es que por tercer mes consecutivo han disminuido los conflictos, al pasar de 247 a 238; y es igual de importante considerar que en los últimos meses se ha resuelto un promedio mensual de cinco conflictos, lo que en sí representa un éxito ya que la tasa de resolución de conflictos es muy baja en el Perú; de uno o dos por mes.

—¿Acaso una prueba de ello sería la desactivación del litigio por las operaciones del proyecto Conga, en Cajamarca?
—Sí. El gobierno ha tenido cierto éxito al hacer “dormir” (aquietar) a Conga. Pero mi impresión es que es el efecto de una “bella durmiente”, en el que viene un príncipe azul, le da un beso y la despierta; y, en esta última etapa, es el ministro de Economía, Luis Castilla, quien ha operado como príncipe azul, porque recientes declaraciones suyas han despertado a Conga.

—Aunque las protestas de índole laboral...
—Estamos en el inicio de una ola de protestas laborales, pero que éstas tienen una connotación distinta a los otros conflictos sociales que son, fundamentalmente, ambientales.

—¿Y por qué Jiménez tiene tanta dificultad en resolverlas?

—Los conflictos laborales, a los que me he referido anteriormente, han revelado la singularidad del Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido que se ha puesto como eje de la discusión la capacidad de este portafolio para resolver o postergar soluciones. Al respecto, tengo entendido que los demás ministros tienen una muy escasa capacidad de negociación con los gremios laborales, porque todo lo termina autorizando y vetando el Ministro de Economía.

 

NARCOTERRORISMO
—¿Cree usted que el narcoterrorismo se ha expandido, durante los últimos gobiernos, en la zona del Vraem?

—Yo no diría que se ha expandido. Lo que pasa es que los ataques espectaculares que han desarrollado estas bandas en el Vraem ante la falta de éxito de las fuerzas del orden han dado la sensación de ausencia por parte del Estado. Pero, por encima de ello, lo que tenemos en el Perú es una crisis de seguridad en la que este gobierno tiene una agenda pendiente que resolver y que, esperamos, comience a ser afrontada y resuelta por la gestión de Humala.

 —El gobierno del presidente Humala y su ministro de Defensa, Pedro Cateriano, están recuperando el terreno perdido por el Estado?

—Es probable que en este espacio denominado Vraem existan algunas zonas independientes del Estado, pero también es cierto que en los últimos días los errores que se han producido se deberían a la autonomía excesiva con que cuentan los mandos militares en dicha área. En ese sentido deben interpretarse entonces las palabras del ministro de Defensa, que el poder político y constitucional va a estar mucho más atento a lo que se haga aquí en los ámbitos de la inteligencia, programas sociales, desarrollo de infraestructura, etc.

—¿Los últimos anuncios de Cateriano sobre la construcción de diez nuevas bases militares en el Vraem y la inversión en helicópteros y logística bélica, contribuirán a superar las carencias, desarticular las bandas narcosenderistas y a resolver el problema de seguridad en la zona?

—Es muy importante que se complete el equipamiento militar aéreo en el Vraem, teniendo en cuenta que, con la experiencia Colombiana, no es posible una vigilancia minuciosa del gasoducto de Camisea, ya que se ha planteado la posibilidad de que esta infraestructura sea hostigada en, por lo menos, sus primeros 200 kilómetros por las fuerzas narcosenderistas en la zona, lo que sí constituiría un golpe a la independencia y capacidad energética del país. Por ello me parece fundamental y de primer orden la compra de este equipamiento; y espero que ésta sea rápida.

—¿Coincide usted con los sectores que han reclamado cambios en la estrategia seguida, a fin de privilegiar la inteligencia, que ha dado resultados en el Valle del Huallaga?—En mi opinión, el mejor cambio debería estar orientado al privilegio de las acciones de inteligencia como un antecedente de las operaciones abiertas de interdicción. En segundo lugar, creo que debe resolverse el tema del mando en la zona, que está disperso. Y la mejor manera es entregándole una mayor competencia y presencia a la Policía Nacional que ha demostrado una mejor capacidad para resolver este problema. En cualquier circunstancia, debería garantizarse un comando unificado. En tercer lugar, es muy importante ser más incisivos en la lucha antiDrogas.

 —Si bien el manejo económico mantiene la ortodoxia, ¿hasta qué punto es cierta la afirmación de que la administración de Humala continúa con la política del “piloto automático”?

—Bueno, si bien no se ha producido un cambio sustantivo del poder económico, como lo había planteado inicialmente el Jefe del Estado, respecto al proceso de la economía nacional, evidentemente estamos frente a esta posibilidad (de mantener el statu quo). Pero también es cierto que éste es un gobierno que ha empezado a utilizar muchos más recursos en infraestructura e inclusión social, aunque con cierta dificultad y lentitud en el gasto, lo que podría provocar una crisis de distribución. Sin embargo, es un hecho que en los últimos años el modelo de economía liberal ortodoxa, que se heredó del gobierno de Alberto Fujimori, ha sufrido cambios sustantivos, en la línea de incentivar la demanda y la inversión pública.

EL PEDIDO DEL INDULTO
Parte al país en dos
—El pedido de indulto para el sentenciado expresidente, Alberto Fujimori, ha polarizado al país. ¿Cómo debería resolver el gobierno este nudo gordiano?
—Queda claro, en estos últimos días, que enfrentamos una operación política, con un alto contenido publicitario, por parte del Fujimorismo, con lo que se está demostrando que no estamos frente a un pedido humanitario. Por lo tanto, esto conduce a que la sociedad y el gobierno traten también este tema de un modo político. Tengo la impresión de que la orientación del gobierno es la de postergar esta decisión. Es decir, a ir con más lentitud. Las revelaciones que hacen los medios sobre los conflictos internos que afectan al Fujimorismo por el tema del indulto, confirman que la solución no puede dejar de ser política. De modo que para tomar una decisión política, la administración de Humala va a tener que estudiar muchos este asunto.
—¿Cuán falsa es la premisa del sector fujiconservador respecto a que la expedición de esta gracia, a favor del exdictador, favorecerá la reconciliación nacional?
—Yo lo dudo, porque se tratan de crímenes de lesa humanidad por los que ha sido condenado Alberto Fujimori. Segundo, porque, como se ve en las últimas acciones del Fujimorismo, se trata de una operación política que, inicialmente, fue presentada como humanitaria. Y, tercero, si el resultado del indulto va a conducir al retorno de Fujimori a la actividad política de primera línea, no estaríamos frente a una medida que favoreciese la reconciliación, sino a la polarización del país.