Militarización de la memoria

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La Republica
La mitadmasuno
8 de julio 2018
Juan De la Puente

Recomiendo vivamente el reciente libro de Carlos Tapia sobre el periodo de violencia política y lucha contra el terrorismo que afectó el país (Tapia, Carlos 2018. Tiempos oscuros, 1983-1995. Lima: Editorial Otra Mirada), un texto que irrumpe en la discusión sobre el pasado y presente senderista, aportando minuciosamente a la reflexión sobre el carácter de su derrota, en momentos en que se cuestionan los elementos que forman una memoria única de esos aciagos años.

Tapia aporta y estudia hechos y documentos, y contextualiza las estrategias que estas imprimieron. Analiza, por ejemplo, el giro en la lucha contrasubversiva a finales de los 80 para corregir clamorosos errores, en favor de un modelo integral que incluía lo político, económico y sicosocial, un esfuerzo que se concretó en el Manual M41-7 llamado “Guerra no convencional. Contrasubversión”, aprobado en agosto de 1989, pocos meses después de que se iniciaran las investigaciones encubiertas de la DIRCOTE, que terminaron en la creación del GEIN.

En este viraje (1988-1991) se adoptaron dos decisiones que cambiaron el curso de la guerra interna, el congreso senderista de 1988 que se propuso alcanzar el “equilibrio estratégico” y la masiva organización de la sociedad a través de las rondas y autodefensas armadas, que permitió establecer una nueva relación con la población desde una lógica participativa, contra la política senderista de sometimiento de los civiles mediante el terror. La autodefensa fue una gesta compleja y no ausente de excesos, abordada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Informe CVR tomo II) y poco estudiada luego; a fines de 1991, en Ayacucho estaban organizadas en comités de autodefensa 836 comunidades y en 1994 las FFAA registraron allí 1.564 comités, con 61.450 miembros y 5.583 armas. A nivel nacional existían ese año 4.205 comités, con 235.465 integrantes y 16.196 armas (Del Pino, Ponciano 1996 en Las rondas campesinas y la derrota del PCP Sendero Luminoso. Lima: IEP).

El texto de Tapia insiste en el concepto de memoria que proyectó hace 15 años la CVR y que ahora sufre una embestida que pretende sustituirla por una memoria sesgada, donde la imagen de heroísmo está esencialmente reservada a las FFAA y la policía. De todos los errores del intento de construir un registro conservador de la lucha contra el terrorismo, el más serio es la militarización de la memoria, y la expulsión de ella -o su ocultamiento- de la sociedad organizada, los partidos políticos y las autoridades civiles.

Siempre me pareció equívoco que el Apra no pugnase por recuperar como un acierto de su gobierno el inicio de este giro crucial de la estrategia antisubversiva, y que se conformase con adjudicarle a Fujimori el éxito de ese cambio. Tapia documenta la tendencia que jugó en este viraje la serie de golpes a la estructura senderista, especialmente a su cúpula entre 1988 y 1990, y deja claro que al terrorismo lo derrotó un enfoque político reflejado en una estrategia militar.

La épica civil en la derrota del terrorismo es imprescindible, y forma parte de una sola memoria –indivisible- y que sigue buscando justicia y reparación. De acuerdo a los datos proporcionados por el Apra a la CVR, mil 300 militantes de ese partido fueron asesinados de manera selectiva o en atentados colectivos, la mayoría de ellos gobernadores y tenientes gobernadores. De acuerdo a un texto del entonces senador Sandro Mariátegui publicado en 1986 (Acción Popular en la lucha: un Partido a imagen y semejanza del Perú), entre mayo de 1982 y mayo de 1985, el terrorismo asesinó a 80 autoridades de ese partido, mientras que, según Tapia, los militantes de los partidos de Izquierda Unida asesinados por SL superarían los 450, sin contar a las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas de las FFAA y de la policía, varios de cuyos casos fueros judicializados. Asimismo, en el periodo de violencia fueron asesinados 248 alcaldes, 161 de los cuales, en manos de SL, y que ahora mismo centenares de peruanos se encuentran exiliados en América y Europa. A ellos tampoco se les puede negar la memoria.

Sarhua, memoria y reconciliación

http://larepublica.pe/politica/1175684-sarhua-memoria-y-reconciliacion

La República

La mitadmasuno

26 de enero de 2018

Juan De la Puente

Una de las objeciones del reciente informe de la Defensoría del Pueblo al indulto otorgado a Alberto Fujimori es su falta de consulta a las víctimas, un presupuesto básico de toda medida que aspire a la reconciliación. Este aspecto, el dolor de las víctimas ha vuelto a irrumpir a propósito del caso de las 34 tablas de Sarhua donadas al Museo de Arte de Lima (MALI) por la Asociación Con/Vida Popular Arts for the Americas, con sede en EEUU.

Las tablas, pintadas al estilo Sarhua (relatos pictográficos con materiales naturales, coloreados horizontalmente sobre madera de arriba hacia abajo) fueron enterrados en el período más duro de la violencia, cuando el distrito de Sarhua (Provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho) fue objeto de incursiones violatorias por el terrorismo de Sendero Luminoso, y por las FFAA. Luego salieron a EEUU y donadas el año pasado al MALI para la realización de una muestra. A su retorno al Perú, la policía y la fiscalía inmovilizaron el lote de arte para entregarlo finalmente al MALI el pasado 15 de enero.

Una nota periodística, exagerada en la presentación y cargada de inexactitudes dio cuenta del caso obviando algo crucial, que el MALI ha aclarado luego, que las tablas “no constituyen apología al terrorismo y más bien están en línea con la política del museo de puesta en valor artístico de las tradiciones regionales”; que “reflejan acontecimientos reales que vivieron las comunidades ayacuchanas”; y que “registran claramente el rechazo a la ideología senderista y condenan el terrorismo”.

Lejos de una mínima discusión sobre el arte, la batalla política desatada por los críticos de las tablas es agresiva y desaforada al punto de trucar fotos para presentar a Natalia Majluf del MALI como terrorista, en tanto que ciudadanos de a pie y algunas autoridades llaman a prohibir la exposición, quemar las tablas o volver a enterrarlas, o denunciar penalmente a los artistas y a los promotores de arte por apología del terrorismo.

En todo esto lo que menos importan son las víctimas, los vecinos de Sarhua y de otros distritos cercanos que murieron a causa de la violencia, sus deudos, los desplazados forzados, los niños arrancado de su entorno y el enorme sufrimiento de peruanos de esa parte de nuestro país. Al insistir en la criminalización de la expresión artística de un pueblo atacado por la violencia se insiste también en un modelo que niega la memoria, y ya no solo la restitución de los derechos para quienes la justicia y la verdad son ajenas e inalcanzables.

Todo este debería servir para reflexionar que, a pesar de la actual crisis de gobernabilidad larga y profunda, existe un espacio pequeño para encarar la agenda casi intacta del posconflicto en el Perú. El Estado ha hecho poco para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y hasta eso poco se está quedando en el camino.

En los últimos años se han expedido leyes referidas a esta agenda (la Ley Nº 28223 del año 2004 sobre el desplazamiento forzado, y la Ley Nº 28592, del año 2005, que crea el Plan Integral de Reparaciones y la Ley Nº 30470 de búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo), pero los avances son resistidos desde el mismo Estado, como lo demuestran las observaciones al reciente Examen Periódico Universal (EPU) rendido por el Perú ante las NNUU en Ginebra.

Una reconciliación planteada con decisión debería promover la atención en cinco grandes áreas: la ejecución de reparaciones, la judicialización de las violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas, la memorialización del período de violencia, y el desplazamiento forzado. Esta agenda puede ser recuperada, a veces en forma paralela o convergente, en el proceso del diálogo que anuncia el gobierno.

No deja de ser extraño, incoherente y paradójico que en un corto período de tiempo las personas que, alabando el indulto a Fujimori reclamen la reconciliación y, al mismo tiempo, se dediquen con rencor severo a impedir que en este proceso las víctimas existan y tengan siquiera un espacio para expresar su dolor.

Madre Mía, la guerra oscura en el Huallaga

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La República

La mitadmasuno

5 de mayo de 2017

Por Juan De la Puente

La probable reapertura del caso Madre Mía para juzgar el papel desempeñado por el entonces capitán del EP Ollanta Humala en los primeros años de la década de los 90 implica también la posibilidad de juzgar las violaciones a los DDHH en el Alto Huallaga y la Provincia de Padre Abad, los territorios menos estudiados respecto de la violencia terrorista, y donde hubo mayor impunidad.

Razones para reabrir el caso las hay, así como la convicción de que se trata de un período oscuro sobre el que hay que poner luz. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reconoció en su momento el déficit de procesos judiciales, testimonios e indagaciones de la violencia en los territorios amazónicos. Aun así, pudo dar cuenta de que en su base de datos consta que en la provincia de Leoncio Prado (solo una parte del Alto Huallaga), entre los años 1989 y 1994, murieron 232 personas y que 198 fueron desaparecidas.

Una de las célebres matanzas fue la de Venenillo, al sur de Aucayacu, en junio de 1989. De acuerdo con el testimonio de un ex miembro del Ejército ante la CVR, en respuesta al ataque donde murieron un capitán y seis soldados, el mando militar ordenó “limpiar” la zona con el resultado de 300 personas asesinadas. El testimonio N° 100168 es escalofriante: “quemaron los cuerpos o los arrojaron al río, más o menos un promedio de 200, 300, entre hombres, niños y mujeres; nosotros comenzamos a matar y a tirar los cadáveres al río y los de la DEA llamaron a Tingo María diciendo que de río arriba venían cadáveres. Nosotros hemos bajado a recogerlos. Eran los mismos que tirábamos. Regresamos y los comenzaron a quemar”.

Para un libro que espera su publicación he recuperado y procesado información sobre la actividad de Sendero Luminoso en la zona y el desempeño de las FFAA. La información oficial senderista señala que arribaron al Huallaga en 1981. Hacia 1987 se habían extendido por todo el valle y sus columnas se adentraron hacia los pueblitos cocaleros que nacían a las orillas de los afluentes del río Huallaga, alcanzando al norte el ramal de Aspuzana, cerca al límite entre Huánuco y San Martín. De allí llegaron a Madre Mía, Sión y Paraíso, pueblos a la derecha e izquierda del Huallaga, fundados por iglesias protestantes.

En diciembre de 1985 se levantó el Estado de Emergencia en la zona y se desactivó el Comando Político-Militar. Al finalizar 1987, los 57 caseríos de Aucayacu tenían delegados nombrados por las columnas terroristas. Así se explica que en pocas semanas, con el apoyo activo de la población, cubrieran de zanjas cada 50 metros de la carretera Tingo María-Aucayacu.

La guerra en el Alto Huallaga fue extremadamente violenta. A diferencia de Ayacucho, SL tuvo en esa zona control de territorios por mucho tiempo y llevó a cabo operaciones de envergadura como la sangrienta toma de Uchiza, el 27 de marzo de 1989, como respuesta a la fumigación de la hoja de coca. Sobre este episodio, El Diario, el órgano de información terrorista, informó que el comandante del puesto policial de Uchiza fue aniquilado en la Plaza de Armas por un “niño combatiente” de solo nueve años de edad que le descargó un balazo en la cabeza. El punto más alto de su ofensiva fue, precisamente, el ataque a Madre Mía el 27 de julio de ese año, para el que SL movilizó cerca de mil personas.

En 1991, Sendero Luminoso proclamó el equilibrio estratégico por lo que se hacía inevitable que los comités populares clandestinos en el Huallaga pasen a ser abiertos. Poco después se demostraría que el “equilibrio” era una táctica que buscaba esconder el callejón sin salida en que se hallaba la guerra para Abimael Guzmán.

Los siguientes fueron los años de la victoria de las FFAA y del terrorismo errante. Tres operativos memorables por el despliegue de las FFAA se realizaron precisamente en los primeros años de la década de los 90, período en el que Humala estuvo destacado en la zona; fueron los operativos “Cuchara”, Paraíso” y “Aries”, este último investigado por el Congreso y documentado por la Coordinadora Nacional de DDHH.