Sarhua, memoria y reconciliación

http://larepublica.pe/politica/1175684-sarhua-memoria-y-reconciliacion

La República

La mitadmasuno

26 de enero de 2018

Juan De la Puente

Una de las objeciones del reciente informe de la Defensoría del Pueblo al indulto otorgado a Alberto Fujimori es su falta de consulta a las víctimas, un presupuesto básico de toda medida que aspire a la reconciliación. Este aspecto, el dolor de las víctimas ha vuelto a irrumpir a propósito del caso de las 34 tablas de Sarhua donadas al Museo de Arte de Lima (MALI) por la Asociación Con/Vida Popular Arts for the Americas, con sede en EEUU.

Las tablas, pintadas al estilo Sarhua (relatos pictográficos con materiales naturales, coloreados horizontalmente sobre madera de arriba hacia abajo) fueron enterrados en el período más duro de la violencia, cuando el distrito de Sarhua (Provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho) fue objeto de incursiones violatorias por el terrorismo de Sendero Luminoso, y por las FFAA. Luego salieron a EEUU y donadas el año pasado al MALI para la realización de una muestra. A su retorno al Perú, la policía y la fiscalía inmovilizaron el lote de arte para entregarlo finalmente al MALI el pasado 15 de enero.

Una nota periodística, exagerada en la presentación y cargada de inexactitudes dio cuenta del caso obviando algo crucial, que el MALI ha aclarado luego, que las tablas “no constituyen apología al terrorismo y más bien están en línea con la política del museo de puesta en valor artístico de las tradiciones regionales”; que “reflejan acontecimientos reales que vivieron las comunidades ayacuchanas”; y que “registran claramente el rechazo a la ideología senderista y condenan el terrorismo”.

Lejos de una mínima discusión sobre el arte, la batalla política desatada por los críticos de las tablas es agresiva y desaforada al punto de trucar fotos para presentar a Natalia Majluf del MALI como terrorista, en tanto que ciudadanos de a pie y algunas autoridades llaman a prohibir la exposición, quemar las tablas o volver a enterrarlas, o denunciar penalmente a los artistas y a los promotores de arte por apología del terrorismo.

En todo esto lo que menos importan son las víctimas, los vecinos de Sarhua y de otros distritos cercanos que murieron a causa de la violencia, sus deudos, los desplazados forzados, los niños arrancado de su entorno y el enorme sufrimiento de peruanos de esa parte de nuestro país. Al insistir en la criminalización de la expresión artística de un pueblo atacado por la violencia se insiste también en un modelo que niega la memoria, y ya no solo la restitución de los derechos para quienes la justicia y la verdad son ajenas e inalcanzables.

Todo este debería servir para reflexionar que, a pesar de la actual crisis de gobernabilidad larga y profunda, existe un espacio pequeño para encarar la agenda casi intacta del posconflicto en el Perú. El Estado ha hecho poco para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y hasta eso poco se está quedando en el camino.

En los últimos años se han expedido leyes referidas a esta agenda (la Ley Nº 28223 del año 2004 sobre el desplazamiento forzado, y la Ley Nº 28592, del año 2005, que crea el Plan Integral de Reparaciones y la Ley Nº 30470 de búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo), pero los avances son resistidos desde el mismo Estado, como lo demuestran las observaciones al reciente Examen Periódico Universal (EPU) rendido por el Perú ante las NNUU en Ginebra.

Una reconciliación planteada con decisión debería promover la atención en cinco grandes áreas: la ejecución de reparaciones, la judicialización de las violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas, la memorialización del período de violencia, y el desplazamiento forzado. Esta agenda puede ser recuperada, a veces en forma paralela o convergente, en el proceso del diálogo que anuncia el gobierno.

No deja de ser extraño, incoherente y paradójico que en un corto período de tiempo las personas que, alabando el indulto a Fujimori reclamen la reconciliación y, al mismo tiempo, se dediquen con rencor severo a impedir que en este proceso las víctimas existan y tengan siquiera un espacio para expresar su dolor.

VRAEM, civiles y militares

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/vraem-civiles-y-militares-18-09-2012

La República

La mitadmasuno

18 de setiembre de 2012

Juan De la Puente

Por lo que empiezan a reconocer varios funcionarios del gobierno, el principal problema en el VRAEM es la excesiva autonomía de los mandos operativos allí localizados y la falta de supervisión de sus actividades por sus superiores. En los años ochenta, esta vía libre estuvo en la base de la violación de los DDHH, encubierta luego por las autoridades políticas. No parece ser el único problema; los especialistas anotan dos muy importantes: la ausencia de un verdadero comando unificado de las fuerzas desplegadas en la zona y la falta de preparación del personal allí destacado.

Tomando el rábano por las hojas, algunos sectores se fijan solo en el papel de los ministros y colocan como elementos centrales del reciente Operativo Mantaro sus consecuencias. Algunas de estas opiniones traslucen el natural deseo de que el gobierno asuma su responsabilidad política. En otras se advierte una complicidad con errores y excesos que no deberían ser tolerados.

Disculpar a los militares/policías y cargar la tinta solo a los políticos encierra por lo menos tres mensajes: 1) En el VRAEM las cosas se están haciendo bien y el problema son los políticos en el gobierno; 2) Siendo el VRAEM un escenario de guerra lo que hagan los militares/policías debe ser juzgado desde las leyes de la guerra; y 3) Si existe algún error/exceso, se trata de un “daño colateral” o hecho fortuito que no incide en las acciones en el teatro de operaciones, que deben continuar como tales.

Debe celebrarse la decisión del gobierno de enfrentar a los grupos armados de senderistas/narcos que operan en esa zona. Sin embargo, no habría que perder de vista que quien combate es un poder democrático y que quienes operan en la zona actúan a nombre de él y no son otro poder, distinto y contrario. Por esa razón el principal desafío al que nos conduce el fracaso de la Operación Mantaro es la revisión de la estrategia del Estado en el VRAEM sin separar a los políticos de los uniformados.

Esa revisión no puede eludir preguntas básicas como si está funcionando la estrategia aprobada para el VRAEM en setiembre del año pasado; si se ha logrado constituir un mando conjunto eficaz en la zona; si se han resuelto los problemas de personal que la anterior Operación Libertad develaron; y si las FFAA y la PNP se han relacionado de modo cooperativo con las instituciones públicas: regiones, municipios, fiscalía, Defensoría y Poder Judicial.

No obstante, dos preguntas clave surgen de los últimos sucesos y deberían ser respondidas con claridad, sobre todo luego del desastroso comunicado triunfalista del Comando Conjunto de las FFAA: 1) ¿Quién manda en el VRAEM?; 2) ¿Cuál es el papel de los ministros de Defensa e Interior en la estrategia? 2) ¿Qué papel juegan los ciudadanos, organizados o no, es decir, sus DDHH, su vida cotidiana y su derecho a participar como aliada y no adversaria del Estado en la lucha por la paz?

Revocatoria, política y derecho

La República
La Mitadmasuno
12 de enero de 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/revocatoria-politica-y-derecho-12-01-2012

Se registra un debate confuso sobre la revocatoria de la alcaldesa Susana Villlarán. Para algunos, no debería proceder porque la iniciativa está marcada por el odio ideológico y la revancha; para otros, la razón principal reside en la pretendida ineficiencia de la alcaldesa, la que, en defensa de Lima, debería ser echada. Una tercera visión dice que a pesar de los propósitos, la iniciativa es legal.
Un primer ámbito, el jurídico debería ser intangible. La revocatoria es, sobre todo, un derecho reconocido en la Constitución; su existencia enriquece los derechos políticos, particularmente el de sufragio y otros conexos como el de demandar al poder. Incorporado en el texto de 1993 (artículos 2° inciso 17 y 31°) amplía el alcance del artículo 64° de la Constitución de 1979 con mecanismos de democracia directa y de participación.
El derecho de participar en los asuntos públicos asume tres formas: Derecho de elección, democracia directa (referéndum, iniciativa legislativa y revocación de autoridades); y de participación ciudadana (rendición de cuentas). La Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos precisa que son derechos de participación la iniciativa de reforma constitucional y de leyes, y de referéndum, y que son derechos de control, la revocatoria y remoción de autoridades y la demanda de rendición de cuentas.
Allí reside el ámbito político de la revocatoria; opera como una forma de control político ciudadano y colectivo, un mecanismo de censura en la misma dirección de otras censuras, como la parlamentaria. Esa naturaleza obliga a un procedimiento, en este caso las firmas, pero el asunto de fondo es el cuestionamiento político a la autoridad y su rechazo a ella, motivado aunque no necesariamente probado.
El derecho reconocido y el control que de él nace, como contenido del principio de la representación, es criticado por quienes absolutizan su condición de democracia directa y se sienten satisfechos solo con la democracia representativa, aunque la revocatoria es también criticada por quienes sostienen que es una evidencia que el sistema político peruano es demasiado abierto. Este es un debate sano, aunque parece difícil oponerse a la revocatoria obviando a sus “hermanas”.
También es cierto que la revocatoria contra Susana Villarán pone sobre la mesa, más que el derecho mismo, el uso de este por facciones conservadoras de la sociedad, liderazgos sociales resentidos y negociantes ávidos de ganancia. Es por ello, una buena noticia que el esfuerzo de los revocadores haya tensado las fuerzas que respaldan a la alcaldesa y, paradójicamente, ayudado a esta a mejorar tanto su gestión como su perfil público. Podría ser el germen de un movimiento que defienda el derecho de quienes vivimos en Lima a construir una ciudad donde mande la gente.

El delito, Londres y Lima

La Mitadmasuno
La República
11 de agosto 2011
Juan De la Puente

http://www.larepublica.pe/11-08-2011/el-delito-londres-y-lima

En Londres la policía mata a Mark Duggan, de 29 años y padre de 4 hijos. Un centenar de vecinos se congrega frente a la comisaría del barrio pobre de Tottenham pero el plantón pacífico degenera en violencia que se extiende a varias ciudades inglesas. Al cabo de cuatro días se tienen más de mil detenidos, decenas de vehículos y tiendas saqueadas y quemadas, y solo en Londres más de 100 millones de libras esterlinas en pérdidas, causadas por un vandalismo que mezcla el descontento social con el delito puro y simple.
En Lima, se difunde un video que muestra que el joven Gerson Falla, 26 años y padre de una niña, detenido en abril cuando huía de unos pandilleros, fue torturado en la Comisaría de San Borja; el maltrato que le causó la muerte. La PNP pasó al retiro a cuatro de los 11 asesinos pero todos gozan de libertad. Esos mismos días un delincuente, liberado el 2008 y que fue procesado 10 veces por robo agravado, baleó a la hija de un congresista cuando su banda intentaba robar la camioneta donde viajaba con su madre. Las dos se salvaron gracias al policía que las custodiaba.
Podría ser muy parecida la brutalidad policial en Londres y en Lima. No obstante, en Inglaterra, el rechazo violento de los métodos policiales y la fuerza con la que la sociedad inglesa condena esa respuesta han sido intensos. Se debate allí cuánto de la fractura social se expresa en la violencia reciente y en qué medida ese vandalismo tiene un rostro propio. En el Perú, en cambio, ni la muerte de Falla ni la agresión contra la hija de Renzo Reggiardo han despertado los reflejos de la sociedad, más allá de algunas declaraciones oficiales y editoriales.
En esa ausencia podrían residir los límites de las raídas recetas contra la inseguridad ciudadana que se escuchan estos días: pena de muerte, reapertura de El Frontón, patrullaje del Ejército y más leyes. Al mismo tiempo, salvo la marcha por la paz promovida por el alcalde de La Victoria, nadie ha movilizado a los ciudadanos ni ha valorado las potencialidades de su organización y concurso. Parecería que el delito común es un fenómeno solitario que no se asocia a las condicionantes sociales y a la falta de políticas públicas integrales. Luego de 30 años, se sigue pensando que es un problema exclusivo de policías, jueces y ladrones, es decir del Estado. Así, habría que prepararse para otra arremetida mortícola. Y para otro fracaso.

El Perú conservador

La mitadmasuno
La República
Jueves 27 de enero de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/27-01-2011/el-peru-conservador

El Perú conservador está de vuelta o, como dicen muchos, nunca se fue. En la campaña electoral se está revelando como temperamento, aunque más que como apuesta partidaria se asume como cultura. En el ámbito de la democracia y de los derechos, un primer grupo se congrega en listas parlamentarias que reclutaron personajes cuyo oficio es sacralizar la violación y a los violadores de los DDHH y denostar las libertades públicas y a sus defensores. Más allá de la falsa épica que reivindican, el principal peligro de este primer grupo reside en la receta de un gobierno de mano dura contra las demandas sociales y el delito, asumiendo que ambos fenómenos no son problemas de la democracia sino de quienes están fuera del sistema.
Un segundo grupo conservador se define por su resistencia a los cambios así sean mínimos en el Estado y en la relación de este con el mercado y con la sociedad, apostando a prolongar el actual modelo de acumulación: no al impuesto a las sobreganancias, no a regulaciones para garantizar la libre competencia y no a mayores derechos de los consumidores. En este grupo, más allá de invocaciones muy generales, se registra una gran displicencia sobre la necesidad de las reformas, especialmente la reforma política y judicial. Este grupo se presenta como guardián de la estabilidad y cierran los ojos al enorme cráter que se abre en los pies del sistema político, expresado en el alto grado de demócratas insatisfechos.
El tercer grupo es el de los conservadores sociales, que se resiste siquiera a debatir temas complejos como el de la unión civil de las parejas gay, pero que su integrismo no tolera ser molestado también en otros temas como los derechos de género, la píldora del día siguiente, la educación sexual en la escuela, la planificación familiar o el aborto terapéutico. Paradójicamente, es el grupo más proclive a proponer a la salud y la educación como los ejes de la campaña electoral. Hipocresía, dicen.
Es difícil que algún candidato presidencial represente en su conjunto y públicamente estas tres corrientes conservadoras. Esto no sería una virtud sino un grave indicio, es decir, su desarrollo transversal. Si el Perú conservador logra imponer un patrón de campaña electoral que invisibiliza la desigualdad, los conflictos sociales, las demandas de derechos y la insatisfacción ciudadana, todos perdemos.

La chalina y la memoria

La mitadmasuno
La República
Jueves 2 de diciembre 2010
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/02-12-2010/la-chalina-y-la-memoria

La muestra de La Chalina de la Esperanza iba a estar 22 días en el Centro Cultural de la Municipalidad de San Isidro, pero debió ser desmontada cuatro días después de inaugurada en protesta por la censura municipal a sus contenidos. Así continúa, no termina, la vida pública de una hermosa iniciativa que recrea desde el arte, simbólicamente, la existencia de los familiares de los desaparecidos y su demanda de justicia. Otros llamados a la memoria, como la muestra fotográfica Yuyanapaq y el Ojo que Llora, atacado dos veces, también han padecido la furia de la antimemoria.
El colectivo Desvela que impulsa el proyecto La Chalina de la Esperanza, formado por Marina García, Paola Ugaz y Morgana Vargas Llosa, se propone reivindicar la memoria sobre los años de violencia haciendo énfasis en los familiares de los desaparecidos, particularmente las mujeres. Cada paño de la chalina es una historia contada con las manos y un desmentido a la pretensión de silencio. Junto a su valor documental expresa una estética del dolor, contra la estética de la paz perfecta que ciertas elites han digerido como una forma de olvido.
En la chalina se reivindica al desaparecido y al familiar que espera. Ambos existen y se entiende que su “presencia” desespere a los partidarios del olvido.
La dinámica memoria y antimemoria se instaló al mismo tiempo que finalizaron los trabajos de la CVR. En esta pugna de 7 años la memoria ha florecido, lozana, en tanto que la antimemoria se ha hecho vieja, amargada, irritable e intolerante. Luce algunas victorias legales, como la paralización de juicios por violación de DDHH, aunque ha perdido batallas importantes. Derogaron su DL de impunidad, no pudo desalojar a la exposición fotográfica Yuyanapaq del Museo de la Nación ni paralizar el proyecto del Lugar de la Memoria.
Al contrario, estos años han dado vida a varios centros y casas de la memoria, el último de ellos en Huancavelica, inaugurado en agosto de este año, y a otras formas de recuerdo y demanda de justicia, entre monumentos, obeliscos, estelas, plazas, mausoleos, museos, renombramiento de calles, parques, esculturas y murales. La existencia del Centro de Información para la Memoria Colectiva de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de Reparaciones y del Registro de Víctimas, todos con carácter oficial, es una evidencia de que a pesar de las resistencias, es posible no perder la memoria. Ni la razón.