VRAEM, civiles y militares

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/vraem-civiles-y-militares-18-09-2012

La República

La mitadmasuno

18 de setiembre de 2012

Juan De la Puente

Por lo que empiezan a reconocer varios funcionarios del gobierno, el principal problema en el VRAEM es la excesiva autonomía de los mandos operativos allí localizados y la falta de supervisión de sus actividades por sus superiores. En los años ochenta, esta vía libre estuvo en la base de la violación de los DDHH, encubierta luego por las autoridades políticas. No parece ser el único problema; los especialistas anotan dos muy importantes: la ausencia de un verdadero comando unificado de las fuerzas desplegadas en la zona y la falta de preparación del personal allí destacado.

Tomando el rábano por las hojas, algunos sectores se fijan solo en el papel de los ministros y colocan como elementos centrales del reciente Operativo Mantaro sus consecuencias. Algunas de estas opiniones traslucen el natural deseo de que el gobierno asuma su responsabilidad política. En otras se advierte una complicidad con errores y excesos que no deberían ser tolerados.

Disculpar a los militares/policías y cargar la tinta solo a los políticos encierra por lo menos tres mensajes: 1) En el VRAEM las cosas se están haciendo bien y el problema son los políticos en el gobierno; 2) Siendo el VRAEM un escenario de guerra lo que hagan los militares/policías debe ser juzgado desde las leyes de la guerra; y 3) Si existe algún error/exceso, se trata de un “daño colateral” o hecho fortuito que no incide en las acciones en el teatro de operaciones, que deben continuar como tales.

Debe celebrarse la decisión del gobierno de enfrentar a los grupos armados de senderistas/narcos que operan en esa zona. Sin embargo, no habría que perder de vista que quien combate es un poder democrático y que quienes operan en la zona actúan a nombre de él y no son otro poder, distinto y contrario. Por esa razón el principal desafío al que nos conduce el fracaso de la Operación Mantaro es la revisión de la estrategia del Estado en el VRAEM sin separar a los políticos de los uniformados.

Esa revisión no puede eludir preguntas básicas como si está funcionando la estrategia aprobada para el VRAEM en setiembre del año pasado; si se ha logrado constituir un mando conjunto eficaz en la zona; si se han resuelto los problemas de personal que la anterior Operación Libertad develaron; y si las FFAA y la PNP se han relacionado de modo cooperativo con las instituciones públicas: regiones, municipios, fiscalía, Defensoría y Poder Judicial.

No obstante, dos preguntas clave surgen de los últimos sucesos y deberían ser respondidas con claridad, sobre todo luego del desastroso comunicado triunfalista del Comando Conjunto de las FFAA: 1) ¿Quién manda en el VRAEM?; 2) ¿Cuál es el papel de los ministros de Defensa e Interior en la estrategia? 2) ¿Qué papel juegan los ciudadanos, organizados o no, es decir, sus DDHH, su vida cotidiana y su derecho a participar como aliada y no adversaria del Estado en la lucha por la paz?

Las guerras del VRAE

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-guerras-del-vrae-19-04-2012

La República

La Mitadmasuno

19 de abril de 2012

Juan De la Puente

Los hechos del VRAE y el reciente informe de la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) sobre el narcotráfico en el Perú se mezclan irremediablemente. La banda armada que secuestró a los trabajadores de Camisea es el principal operador del narcotráfico en el primer valle cocalero y primer territorio de refinamiento de cocaína del mundo. Asimismo, el informe de la DEA pone los reflectores sobre el incremento de la presencia mexicana en las operaciones del narcotráfico desde el Perú. El VRAE aparece así como un territorio donde se libra una dura batalla contra el narcotráfico, un hecho que el uso de los conceptos “terrorismo” y “narcoterrorismo” relativiza.

Lo sucedido en el VRAE desnuda, sobre todo, el agotamiento del discurso y práctica estatales contra el narcotráfico. La epopeya de soldados y policías y de los más altos funcionarios del Estado se dirigen hacia una organización subversiva derrotada como tal y que hace más de 10 años ha mutado en una banda al servicio de las drogas. Ellos han cambiado pero en el imaginario del Estado siguen siendo los maoístas de los años 80 que quieren tomar el poder por las armas y el terror. Por esa razón, la estrategia diseñada contra ellos no ha cambiado, sigue siendo antisubversiva en lugar de interdicción del poder narco.

Es obvio que un sector del país se siente más cómodo practicando el discurso ideológico como sustento de las operaciones contra “eso” que llaman SL y que asesina policías, soldados, fiscales y civiles, y que a veces llaman “narcosenderismo”, casi como una concesión. Ese sector se reduce a los patrullajes y operaciones militares, subestimando elementos claves que, de otro modo, reducirían el poder de esa banda: el desarrollo alternativo, el control de insumos químicos y el lavado de activos.

En el VRAE hay una guerra imprecisa. Cambiar ese discurso y práctica cuesta. Obligaría, por ejemplo, a preguntarse si fue correcto enviar a las FFAA al VRAE y construir allí un mando bicéfalo, con la PNP y las FFAA divorciadas casi en todo; o cómo fueron empleados los recursos entregados para el equipamiento militar; o por qué es más exitoso el papel de la PNP en el Alto Huallaga. Si el Estado decidiera que frente a la banda armada del VRAE se debe desarrollar una nueva estrategia antinarco, la primera decisión sería crucial: ¿Deben las FFAA participar en la lucha contra las drogas sobre todo luego de la experiencia mexicana?

No obstante lo dicho, estamos lejos del cambio. Nadie puede garantizar que, por ejemplo, se instalen dos garitas móviles en las vías hacia el VRAE como se espera desde hace casi 10 años, o que se generalicen las acciones de desarrollo alternativo en aquellas zonas donde las características del suelo lo permiten. Siendo minimalistas, ¿Es posible pensar en un Plan VRAE de verdad, que no sea la agregación de obras sectoriales? Quizás por ahora no.

La fiesta equivocada

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-fiesta-equivocada-16-02-2012

La República

La mitadmasuno

16 de febrero 2012

Juan De la Puente

La celebración de la captura de “Artemio” se ha incorporado a la épica antiterrorista. Desde el Estado y los medios el arresto es presentado como una consecuencia de la política antisubversiva lineal y a pesar del uso del término “narcoterrorismo” para designar a la violencia en el Huallaga y el VRAE, el sentido común indica que el Perú le acaba de asestar un golpe mortal a Sendero Luminoso. En más de un comentario, “Artemio” y su banda han sido mezclados en el debate sobre el Movadef, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y los comandos de la Operación Chavín de Huántar, un mix que elude el problema de fondo, la verdadera batalla que el país tiene por delante.

La información de la que se dispone desde hace años indica que en el Huallaga y el VRAE operan grupos armados del y para el narcotráfico entre los cuales son más notables los llamados “remanentes” senderistas. Lo cierto es que de remanentes no tienen nada; son bandas que le dan gobernabilidad y seguridad al tráfico de drogas usando de vez en cuando la tapadera senderista. Desde hace más de una década se han despojado de todo objetivo político y sus líderes han pasado del clásico cobro de cupos al narcotráfico, una práctica de los años ochenta, a la propiedad de pozas de maceración, la prestación de servicios de seguridad al traslado de la droga, el asesinato de policías y erradicadores de coca y el ataque a comisarías para vengar detenciones o para ajustar cuentas.

El fenómeno que descubre la captura de “Artemio” es el paramilitarismo narco. Es visible, no obstante, que los cautivos del discurso antiterrorista eluden oficialmente el contexto de los recientes sucesos. En algunos casos podría tratarse de pereza mental para delimitar los nuevos horizontes de los problemas del Estado. En la mayoría de casos, sin embargo, se advierte una consciente renuncia a poner en valor la amenaza del narcotráfico porque es más cómodo, institucional y presupuestalmente, enfrentar al terrorismo que al tráfico de drogas.

Esta renuncia tiene costos. Según el Informe de Monitoreo de Cultivos de coca 2010 de la ONUDD, entre el VRAE, Alto Huallaga y la contigua Aguaytía reúnen más del 60% de la superficie cultivada de coca. En el mismo informe se consigna que, por regiones, en San Martín estos cultivos se multiplicaron 4,5 veces, es decir, pasaron en un año de 378 a 1.725 hectáreas. Habría que recordar que el Huallaga y desde hace poco Aguaytía son la fecunda tierra del desarrollo alternativo.

Mientras más se demoren el Estado y la sociedad en asumir el nuevo reto y mientras se siga cubriendo con el lenguaje antiterrorista el desafío de las bandas armadas al servicio del narcotráfico, la actividad de este, que demanda una estrategia propia en el campo de la interdicción y el juzgamiento y una nueva institucionalidad, continuará gozando de la alta cuota de impunidad.