Militarización de la memoria

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La Republica
La mitadmasuno
8 de julio 2018
Juan De la Puente

Recomiendo vivamente el reciente libro de Carlos Tapia sobre el periodo de violencia política y lucha contra el terrorismo que afectó el país (Tapia, Carlos 2018. Tiempos oscuros, 1983-1995. Lima: Editorial Otra Mirada), un texto que irrumpe en la discusión sobre el pasado y presente senderista, aportando minuciosamente a la reflexión sobre el carácter de su derrota, en momentos en que se cuestionan los elementos que forman una memoria única de esos aciagos años.

Tapia aporta y estudia hechos y documentos, y contextualiza las estrategias que estas imprimieron. Analiza, por ejemplo, el giro en la lucha contrasubversiva a finales de los 80 para corregir clamorosos errores, en favor de un modelo integral que incluía lo político, económico y sicosocial, un esfuerzo que se concretó en el Manual M41-7 llamado “Guerra no convencional. Contrasubversión”, aprobado en agosto de 1989, pocos meses después de que se iniciaran las investigaciones encubiertas de la DIRCOTE, que terminaron en la creación del GEIN.

En este viraje (1988-1991) se adoptaron dos decisiones que cambiaron el curso de la guerra interna, el congreso senderista de 1988 que se propuso alcanzar el “equilibrio estratégico” y la masiva organización de la sociedad a través de las rondas y autodefensas armadas, que permitió establecer una nueva relación con la población desde una lógica participativa, contra la política senderista de sometimiento de los civiles mediante el terror. La autodefensa fue una gesta compleja y no ausente de excesos, abordada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Informe CVR tomo II) y poco estudiada luego; a fines de 1991, en Ayacucho estaban organizadas en comités de autodefensa 836 comunidades y en 1994 las FFAA registraron allí 1.564 comités, con 61.450 miembros y 5.583 armas. A nivel nacional existían ese año 4.205 comités, con 235.465 integrantes y 16.196 armas (Del Pino, Ponciano 1996 en Las rondas campesinas y la derrota del PCP Sendero Luminoso. Lima: IEP).

El texto de Tapia insiste en el concepto de memoria que proyectó hace 15 años la CVR y que ahora sufre una embestida que pretende sustituirla por una memoria sesgada, donde la imagen de heroísmo está esencialmente reservada a las FFAA y la policía. De todos los errores del intento de construir un registro conservador de la lucha contra el terrorismo, el más serio es la militarización de la memoria, y la expulsión de ella -o su ocultamiento- de la sociedad organizada, los partidos políticos y las autoridades civiles.

Siempre me pareció equívoco que el Apra no pugnase por recuperar como un acierto de su gobierno el inicio de este giro crucial de la estrategia antisubversiva, y que se conformase con adjudicarle a Fujimori el éxito de ese cambio. Tapia documenta la tendencia que jugó en este viraje la serie de golpes a la estructura senderista, especialmente a su cúpula entre 1988 y 1990, y deja claro que al terrorismo lo derrotó un enfoque político reflejado en una estrategia militar.

La épica civil en la derrota del terrorismo es imprescindible, y forma parte de una sola memoria –indivisible- y que sigue buscando justicia y reparación. De acuerdo a los datos proporcionados por el Apra a la CVR, mil 300 militantes de ese partido fueron asesinados de manera selectiva o en atentados colectivos, la mayoría de ellos gobernadores y tenientes gobernadores. De acuerdo a un texto del entonces senador Sandro Mariátegui publicado en 1986 (Acción Popular en la lucha: un Partido a imagen y semejanza del Perú), entre mayo de 1982 y mayo de 1985, el terrorismo asesinó a 80 autoridades de ese partido, mientras que, según Tapia, los militantes de los partidos de Izquierda Unida asesinados por SL superarían los 450, sin contar a las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas de las FFAA y de la policía, varios de cuyos casos fueros judicializados. Asimismo, en el periodo de violencia fueron asesinados 248 alcaldes, 161 de los cuales, en manos de SL, y que ahora mismo centenares de peruanos se encuentran exiliados en América y Europa. A ellos tampoco se les puede negar la memoria.

El luminoso sendero social

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La República

La mitadmasuno

11 de agosto de 2017

Juan De la Puente

En los años 80, Sendero Luminoso asesinaba a los dirigentes populares porque sostenía que la única función de los sindicatos y organizaciones sociales era anunciar y sostener la “guerra popular”. Quienes demandaban mejores salarios y bienestar eran traidores que merecían ser aniquilados. Con ese pretexto fueron asesinados centenares de dirigentes del SUTEP y profesores universitarios. Me acuerdo ahora de tres de ellos, amigos míos y compañeros: Cirilo Meza Porta, sutepista y alcalde de Tantamayo (Huánuco) asesinado en 1984 frente a sus alumnos; Fermín Azparrent, antiguo dirigente magisterial, alcalde de Huamanga, asesinado en 1989; e Iván Pérez Ruibal, asesinado cuando preparaba sus clases en la universidad del Cusco, en 1991.

El terrorismo, derrotado militarmente, se ha reinventado políticamente. Y tiene éxito. Sendero Luminoso es ahora la fuerza más dinámica y en alza en el movimiento sindical peruano; forma parte de una tendencia amplia y radical en la que caben otras expresiones maoístas o posmaoístas cuyos rasgos son: 1) una firme recusación de las dirigencias sindicales de la izquierda tradicional; 2) un programa extremadamente economicista que aborrece las políticas públicas de mejora de la prestación de los bienes públicos; y 3) una política de alianzas pragmática, de pactos inimaginables contra el enemigo común, según sea el caso.

Esta práctica tiene como resultado la formación de una nueva representación sectorial y local que se ha hecho nacional con la huelga magisterial actual, la más importante movilización social autónoma de los últimos años, y que consolida una penetración sostenida en universidades, minería informal/artesanal, grupos cocaleros y sindicatos en el sector público.

Frente a este fenómeno, algunos intentan apreciar la huelga magisterial con el esquema convencional de la correlación interna del SUTEP, celebrando los reveses del partido político que dirige este sindicato. Otros, entre ellos el Frente Amplio y otros grupos de izquierda y parlamentarios, respaldan su economicismo basados en las legítimas expectativas salariales de los maestros, sin exigir a sus dirigentes un compromiso con los estudiantes y con la calidad de la educación. Es la micro-política llevada al conflicto social.

Este es un momento de ruptura y redefinición en los movimientos sociales, donde se aprecia por un lado la afirmación de tendencias con enfoques de derechos –sobre todo ambientales y de género– y, por el otro, la recreación de opciones populistas desinteresadas de reformas; populares, claro, pero que no dejan de ser populistas.

Esa debería ser la matriz del debate respecto a los conflictos actuales. La simplificación de algunos análisis (diálogo vs. no diálogo, SUTEP oficial vs. bases) impide una reflexión sobre ciertas tendencias regresivas. Si bien es injusta la acusación de que todos los maestros en huelga son simpatizantes del MOVADEF, un análisis objetivo debería indagar más sobre por qué grupos que se niegan a condenar el terrorismo como método político dirigen a miles maestros peruanos, y qué razones existen para que los maestros acepten esa dirección. En ambos hechos hay lugar para el asombro, a lo que se agregan otros como el respaldo de gobernadores regionales corruptos que no tienen ni idea de un proyecto educativo regional.

En 1972, en el Cusco, una ofensiva básicamente economicista y enfilada contra el gobierno de Juan Velasco, bajo el impulso del maoísmo, el aprismo y otros grupos, fundó el SUTEP como alternativa al otro sindicato magisterial, el FENEP, iniciando el bloqueo de los cambios que el gobierno militar pretendía en la educación. Ahora, 45 años después –con epicentro por coincidencia localizado también en el Cusco–, el maoísmo y posmaoísmo, derrotados militarmente y renacido sindicalmente, han descargado un golpe demoledor al SUTEP oficial, pero han dejado seriamente afectada la reforma magisterial, la más importante de las últimas décadas. Espero que lo sucedido no anuncie una refundación regresiva del sindicalismo y el abandono de una política pública de la calidad educativa.

La huelga y la opinión pública. Sobre la encuesta de Ipsos.

Por Juan De la Puente

Uno de los errores más comunes en el análisis político es el exceso de la agregación, que no permite apreciar los fenómenos que componen el escenario y por lo tanto impiden advertir las tendencias en curso y las brechas entre los hechos y actores. El otro extremo es el exceso de la desagregación, la apreciación aislada de los hechos, es decir, la pérdida de contexto.

He visto algo de lo último en algunos análisis de la huelga magisterial, un intento de observación que ignora varios elementos, especialmente los siguientes: 1) una huelga que dinamiza y forma parte de la recuperación de los movimientos sociales; 2) en confrontación con un gobierno minoritario y débil; 3) a cargo de una dirección ubicada en el extremo izquierdo de los movimientos sociales, maoísta y posmaoísta; 4) que se encuentra en disputa con la representación tradicional de los sindicatos; y 5) con una parte de su dirección marcadamente economicista, que subestima la reforma para mejorar la calidad de la educación.

Fuera del contexto, la huelga es una expresión de demandas legítimas que el gobierno está en la obligación de “resolver”, sin decir en qué sentido y cómo. Fuera de contexto, la huelga se dirige también contra el SUTEP oficial, y es bueno ello porque ya es hora que el SUTEP sea “liberado” de Patria Roja, no importa si luego viene la balcanización del sindicalismo magisterial como sucedió con Construcción Civil. Finalmente, fuera de contexto, el canal de solución de la huelga es el dialogo para el aumento; mañana o pasado discutiremos la evaluación y la meritocracia.

El exceso de desagregación lleva a que se extraiga solo un dato de la reciente encuesta de Ipsos: que el 56% está de acuerdo con la huelga, un número cierto y redondo que grafica la legitimidad de las demandas salariales de los maestros, el punto más vulnerable de las políticas públicas educativas desde hace décadas.

Otro dato concurre al escenario, como la caída de 10 puntos en la aprobación de la ministra de Educación (ahora en 24%), hasta hace poco una de las más valoradas del gabinete, una debilidad en el liderazgo del sector que será decisiva para el reimpulso de los cambios que se están perdiendo.

La actitud de la opinión pública está en proceso y es necesario tomar en cuenta esta condición de cara la sucesión de micro ciclos políticos que vienen.

Sorprende, por ejemplo, el alto nivel de información de los ciudadanos sobre la huelga misma (94%) y sobre sus demandas (91%), y ese conocimiento explica la opinión matizada respecto de la huelga porque junto a la legitimidad de los reclamos, y en un número superior de 94%, los peruanos se pronuncian en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.

El aspecto político de la huelga es también objeto de una visión matizada de la opinión pública: 1) El 69% cree que los maestros reclaman por convicción; 2) solo el 28% cree que están “amenazados” por una dirigencia extremista (qué pregunta más tremendista, de paso); 3) el 67% está de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas; 4) el 93% se expresa contra los ataques a los locales públicos y privados; 5) el 76% se muestra contrario que se impida trabajar a los que quieran hacerlo; 6) el 70% cree que a los huelguistas se le debe descontar los días que no trabajan; y 7) el 71% cree que deben ser despedidos -entre lo inmediato o si persisten en la inasistencia al trabajo- y solo el 24% cree que nunca los huelguistas deben ser despedidos.

Salvo la última respuesta que expresa una visión autoritaria respecto de la huelga en tanto derecho fundamental, la opinión pública no se muestra radicalizada en favor de la huelga o contra ella. En el equilibrio de la desagregación y agregación de datos, se aprecia varias legitimidades sociales, entre las cuales las más resaltantes son los reclamos salariales y la meritocracia.

Esta información explica varios hechos recientes, entre ellos la ampliación de la huelga y el poco eco que tienen las alertas sobre que un sector de la dirección de este movimiento pertenece al MOVADEF, legitimado políticamente más por el Estado que por los huelguistas.

Finalmente, la huelga consagra un escenario que reclama una gobernabilidad plural y no un bipartidismo imperfecto. Las fuerzas sociales -y regionales, que están más allá de los gobernadores convenidos, varios de ellos corruptos- han resurgido y han tomado su pedazo de dialogo y de calle, sobre lo que me referí en otro artículo (http://larepublica.pe/politica/1066842-consenso-a-palos-ano-uno). Si insistimos en desagregar nos perdemos el proceso y la tendencia, la formación de una nueva representación sectorial y local (http://larepublica.pe/politica/1072491-el-luminoso-sendero-social).