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lunes, 5 de agosto de 2019

Tía María y la madrastra

https://larepublica.pe/politica/2019/07/19/tia-maria-y-la-madrastra/
La República
La mitadmasuno
19 de julio de 2019
Por Juan De la Puente

Si alguna definición le cabe al conflicto de Tía María es la de duradero, sin solución, sin diálogo y pleno de medidas de presión, físicas o políticas. A ello deberían agregarse otros rasgos: 1) los actores, todos, han perdido importantes cuotas de legitimidad nacional y regional: 2) carecen de la fuerza suficiente para movilizarse por sus intereses en la zona de conflicto, léase Arequipa y no solo Islay, para imponer una salida; y 3) ha perdido centralidad el argumento técnico y especializado, y ha ganado terreno la consigna.
Un problema de fondo reside en que Arequipa ha paralizado durante 10 años Tía María, pero no ha podido generar un proyecto propio para su economía y sociedad en rápida transformación y efectos de corto y mediano plazo. Por ahora, si seguimos la lógica de las consignas, la de esta región es Mina no, Agro no, Agua no.
Es el poder regional el principal obligado a aprovechar este conflicto para generar un consenso que impida el deterioro de un territorio que cambia aceleradamente, que aumenta en población por encima del promedio nacional, se urbaniza aceleradamente y que ha logrado una frágil convivencia de la economía industrial, de servicios y rural, esta última en retroceso y que, a pesar de sus dificultades –especialmente respecto a la agricultura familiar– presenta avances en la actividad agroexportadora.
Sus autoridades también abandonaron al agro arequipeño. La región, tan desconfiada con la inversión minera, no ha rechazado el canon y regalías por casi 950 millones de soles en los últimos 9 años. Esos recursos han sido escasamente invertidos en al agro y en la mejora del recurso hídrico (El 90% se han quedado para los gastos de la administración regional), de modo que en pleno conflicto, ya convencidos del abandono del país rural por parte de los gobiernos nacionales como registro histórico, queda preguntar sobre qué ha hecho la región por el agua y el agro en su territorio, considerando los graves reveses que ha tenido el Valle de Tambo cuando fracasó la autoridad autónoma del agua (2003), los retrasos en la construcción de la represa de Paltiture (desde el 2013) o el conflicto durante la sequía de 2016, por el uso del agua de la represa de Pasto Grande.
No tengo dudas de que las observaciones técnicas a Tía María son consistentes, y que estas no pueden responderse solo con el argumento de las aguas desalinizadas. Coincido en que la clave del proyecto es la licencia social, que no puede ser subestimada como instrumento de convivencia. No obstante, el conflicto de Tía María no puede esconder la agenda regional sino mostrarla en su complejidad.
Arequipa difería hasta hace poco de otras regiones del sur con contextos ultraconflictivos (Puno y Cusco). Ahora es un polvorín, carece de proyecto de desarrollo y exhibe una alta fragmentación social, con actores informales débiles (ver resultados de las elecciones 2014 y 2018), cuando no ilegales (¿55 mil mineros ilegales?). Este cuadro tiene desenlaces de manual, como una competencia sin límites por el poder, la judicialización de la política y el surgimiento de proyectos de identidad con fuerte acento populista. Es hora también de un compromiso hacia adentro.    

miércoles, 6 de septiembre de 2017

El luminoso sendero social

         http://larepublica.pe/politica/1072491-el-luminoso-sendero-social
La República
La mitadmasuno
11 de agosto de 2017
Juan De la Puente
En los años 80, Sendero Luminoso asesinaba a los dirigentes populares porque sostenía que la única función de los sindicatos y organizaciones sociales era anunciar y sostener la “guerra popular”. Quienes demandaban mejores salarios y bienestar eran traidores que merecían ser aniquilados. Con ese pretexto fueron asesinados centenares de dirigentes del SUTEP y profesores universitarios. Me acuerdo ahora de tres de ellos, amigos míos y compañeros: Cirilo Meza Porta, sutepista y alcalde de Tantamayo (Huánuco) asesinado en 1984 frente a sus alumnos; Fermín Azparrent, antiguo dirigente magisterial, alcalde de Huamanga, asesinado en 1989; e Iván Pérez Ruibal, asesinado cuando preparaba sus clases en la universidad del Cusco, en 1991.
El terrorismo, derrotado militarmente, se ha reinventado políticamente. Y tiene éxito. Sendero Luminoso es ahora la fuerza más dinámica y en alza en el movimiento sindical peruano; forma parte de una tendencia amplia y radical en la que caben otras expresiones maoístas o posmaoístas cuyos rasgos son: 1) una firme recusación de las dirigencias sindicales de la izquierda tradicional; 2) un programa extremadamente economicista que aborrece las políticas públicas de mejora de la prestación de los bienes públicos; y 3) una política de alianzas pragmática, de pactos inimaginables contra el enemigo común, según sea el caso.
Esta práctica tiene como resultado la formación de una nueva representación sectorial y local que se ha hecho nacional con la huelga magisterial actual, la más importante movilización social autónoma de los últimos años, y que consolida una penetración sostenida en universidades, minería informal/artesanal, grupos cocaleros y sindicatos en el sector público.
Frente a este fenómeno, algunos intentan apreciar la huelga magisterial con el esquema convencional de la correlación interna del SUTEP, celebrando los reveses del partido político que dirige este sindicato. Otros, entre ellos el Frente Amplio y otros grupos de izquierda y parlamentarios, respaldan su economicismo basados en las legítimas expectativas salariales de los maestros, sin exigir a sus dirigentes un compromiso con los estudiantes y con la calidad de la educación. Es la micro-política llevada al conflicto social.
Este es un momento de ruptura y redefinición en los movimientos sociales, donde se aprecia por un lado la afirmación de tendencias con enfoques de derechos –sobre todo ambientales y de género– y, por el otro, la recreación de opciones populistas desinteresadas de reformas; populares, claro, pero que no dejan de ser populistas.
Esa debería ser la matriz del debate respecto a los conflictos actuales. La simplificación de algunos análisis (diálogo vs. no diálogo, SUTEP oficial vs. bases) impide una reflexión sobre ciertas tendencias regresivas. Si bien es injusta la acusación de que todos los maestros en huelga son simpatizantes del MOVADEF, un análisis objetivo debería indagar más sobre por qué grupos que se niegan a condenar el terrorismo como método político dirigen a miles maestros peruanos, y qué razones existen para que los maestros acepten esa dirección. En ambos hechos hay lugar para el asombro, a lo que se agregan otros como el respaldo de gobernadores regionales corruptos que no tienen ni idea de un proyecto educativo regional.
En 1972, en el Cusco, una ofensiva básicamente economicista y enfilada contra el gobierno de Juan Velasco, bajo el impulso del maoísmo, el aprismo y otros grupos, fundó el SUTEP como alternativa al otro sindicato magisterial, el FENEP, iniciando el bloqueo de los cambios que el gobierno militar pretendía en la educación. Ahora, 45 años después –con epicentro por coincidencia localizado también en el Cusco–, el maoísmo y posmaoísmo, derrotados militarmente y renacido sindicalmente, han descargado un golpe demoledor al SUTEP oficial, pero han dejado seriamente afectada la reforma magisterial, la más importante de las últimas décadas. Espero que lo sucedido no anuncie una refundación regresiva del sindicalismo y el abandono de una política pública de la calidad educativa.

sábado, 15 de octubre de 2016

Moderados arriba, impaciantes abajo

http://larepublica.pe/impresa/opinion/803397-moderados-arriba-impacientes-abajo
La República
La mitadmasuno
16 de setiembre de 2016
Juan De la Puente
Parecemos felices en este reino de la moderación en la que se ha convertido la política peruana. Se moderan los poderes, los políticos y la academia. Se moderan los ya moderados, los inmoderados y los que prometieron no moderarse nunca. Preocupa ese esfuerzo por no chocar mucho con el otro porque en democracia no se pide unanimidad sino identidad, debate, pugna y, claro, acuerdo, la conocida dinámica de la fuerza de la sociedad política vs. el consenso de la sociedad civil, a decir de Gramsci.
La moderación es una de las caras de lo público y se refleja en la luna de miel a la que tiene derecho todo gobierno en su primer tramo. De hecho, el Congreso hizo bien en otorgarle las facultades al gabinete Zavala y asumir la idea de que lo que se tendrá en adelante es un consenso a palos que tiene dos componentes, la cooperación y la oposición.
Lo que está en blanco es la otra cara de la moneda, la representación. Más allá de las formas democráticas señaladas existe un bullicioso silencio, es decir, un esfuerzo por evitar lo más importante dentro de la agenda de lo importante. La moderación trasluce quizás la falta de proyectos como si luego de las elecciones se hubiese decretado colectivamente la coagulación de los programas.
Es un fenómeno curioso porque el país no se ha moderado. En este punto no habría que confundir el optimismo con la paciencia. Las dos encuestas recientes –Ipsos y GfK–, que han indagado las expectativas ciudadanas, reportan una aplastante convicción de que se le facilite al gobierno las herramientas para que sea eficaz, y que por ello el Congreso debe aprobar la delegación de facultades. No parece ser una adhesión al gobierno sino a una solución rápida de los tres grandes problemas de la agenda: seguridad, corrupción y eficacia del Estado.
La brecha entre la moderación arriba y la impaciencia de abajo ya se expresa en la reactivación de los conflictos existentes antes del cambio de gobierno, como el de las comunidades nativas de los ríos Marañón y Tigre (Loreto), de Las Bambas (Apurímac), Ocuviri y Lalli (Puno) La Convención, Anta y Urubamba (Cusco), entre otros.
El gobierno ha abierto en cada caso líneas de diálogo, pero es preciso que sea consciente de que el país ingresa a un ciclo de demandas abiertas. El golpe no avisa y habría que recordar el registro de esta brecha moderación/impaciencia. Las protestas en Puno por el trazo de la Carretera Transoceánica (agosto 2001), y los sucesos conocidos como el Arequipazo (junio 2002), Combayo (agosto 2006), Río Corrientes (setiembre 2006), Conga (octubre 2011) y Espinar (mayo 2012), estallaron en los tramos iniciales de los gobiernos de Toledo, García y Humala precisamente cuando todos eran casi hermanos creyendo con ilusión que se había cerrado en las alturas el círculo de la gobernabilidad entendida en ese contexto como estabilidad.
Actualmente, por lo menos dos regiones, Puno y Cusco, son laboratorios de gobernabilidad. El primero puede explotar si las demandas se agregan a partir del conflicto por la represa de Paltiture y otros reclamos ambientales, de obras y de demarcación. El Cusco también puede estallar por razones similares; se encuentra atravesado por conflictos en casi todas sus provincias y a esto se agrega una escasa intermediación de sus líderes y autoridades. Un dato adicional, la política cusqueña actual se parece a la de Puno: ha extraviado su proyecto de desarrollo, es impactada por actores informales y la lucha por la representación carece de límites y se resuelve arbitrariamente o en los juzgados penales.
Habría que preguntarse sobre el momento en que los poderes se abrirán hacia abajo pensando en la gobernabilidad. Las reuniones del Ejecutivo con las regiones y con las mesas de lucha contra la pobreza son útiles para la elaboración de agenda y simbólicas frente a la tradición del olvido. Sin embargo, la representación de la impaciencia aún no ha sido llamada a la mesa.

viernes, 9 de enero de 2015

Ausentismo, votos en blanco y viciados. 19/12/2014

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/ausentismo-votos-en-blanco-y-viciados-20-12-2014
La República
La mitadmasuno
19 de diciembre de 2014
Juan De la  Puente
Si un porcentaje importante de electores no acude a votar y si otro porcentaje considerable que lo hace invalida su voto o vota en blanco, se produce un efecto político institucional que incide en la calidad de la representación, especialmente en la legitimidad de origen de los elegidos. Esto ha sucedido en el país en las recientes elecciones regionales y municipales con el ausentismo electoral y los votos en blanco y viciados, un fenómeno que debe ser puesto en el contexto de la fragmentación política, la debilidad de las representaciones y otros registros de los que se ha dado cuenta.
Es cierto que el ausentismo entre la primera y la segunda vuelta regional se ha incrementado del 16% a 24%, ocho puntos porcentuales que podrían atribuirse gruesamente al desinterés de los ciudadanos por las dos opciones que compitieron el 7 de diciembre. No obstante, este incremento no ha operado de modo homogéneo y fue más pronunciado en algunas circunscripciones, y en más de un caso agregándose a los votos en blanco y viciados.
Uno de esos casos es el del Cusco. En la primera vuelta el ausentismo fue del 16% y los votos en blanco/viciados (B/V) sumaron 18%. Para la segunda vuelta y siguiendo la tendencia nacional, el ausentismo subió al 26% pero los votos B/V escalaron al 22%, con desagregados cruciales. En el cercado del Cusco los votos en blanco y viciados alcanzaron 31% y ocuparon el segundo lugar, en tanto que en los distritos de Santiago y Wanchaq alcanzaron el 28% y 32%, respectivamente. En la provincia del Cusco, los votos B/V ocuparon también el segundo lugar.
Esta tendencia se profundizó en algunas provincias y distritos. En Espinar los votos B/V fueron más que los obtenidos por el ganador de la segunda vuelta regional. En el distrito de Santa Ana (Provincia de La Convención) hubo 31% de ausentismo y 42% de los votos emitidos fueron en blanco y viciados. Llama la atención que en esa provincia el ausentismo haya escalado al 48% y que en otros dos de sus distritos, Vilcabamba y Echarate (uno de los más ricos del país por el nivel de ingresos per cápita), no hayan acudido a votar el 54% y 52%, respectivamente.
En Arequipa los votos B/V en la segunda vuelta alcanzaron el 28%, y en 19 distritos de esa región los votos B/V ocuparon el 2% lugar y en otros 8 el primero. En la provincia de Islay, donde se localiza el polémico proyecto Tía María, los votos B/V sumaron el 31% y en dos de sus distritos, Dean Valdivia y Cocachacra, alcanzaron 46% y 45%, respectivamente.
Otros registros de ausentismo deben ser tomados en cuenta entre la primera y segunda vuelta. En Apurímac pasó del 20% al 31%; en Áncash del 18% al 27%; y en Puno del 13% al 20%.
Un hecho que relaciona estos resultados es que en estas regiones se desplegó una campaña por el voto viciado con el argumento de las denuncias o procesos judiciales de los candidatos o, más específicamente, del estallido de la corrupción. En la Provincia del Santa (Chimbote) no fue a votar uno de cada cinco electores y entre los que fueron, uno de cada cuatro vició su voto o votó en blanco.
El debate de la emergencia del voto en blanco o viciado o del incremento del ausentismo electoral no puede ser legal. Estos hechos no afectan la legalidad del mandato de los elegidos, Sin embargo, promueve una discusión sobre el déficit de legitimidad de los representantes, su desgaste aun antes de asumir el cargo y las brechas de confianza al interior de cada región, colocando a sus flamantes administraciones en una incómoda cuesta arriba.
En estos y otros casos, las claves de la gestión no residen exclusivamente en las políticas públicas. Obligan a construir primero un gobierno antes que un equipo, e imponen detenerse más en la política que en los planes. El riesgo de ignorar la naturaleza del mandato electoral puede conducir a que por lo menos dos tercios de los nuevos presidentes regionales crean que no necesitan de gobernabilidad, alianzas, agendas políticas y discursos para re-unir a sus regiones. Más que nunca necesitan de la política, y de la buena.