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martes, 6 de agosto de 2019

Un país a dos velocidades

https://larepublica.pe/politica/2019/07/26/un-pais-a-dos-velocidades/
La República
La mitadmasuno
26 de julio de 2019
Por Juan De la Puente

Este 28 de julio estrenamos nueva agenda, confirmándose los cambios avizorados en los últimos meses. La centralidad de las reformas que fue predominante desde julio del año pasado y que produjo la asociación entre la reforma política y la lucha contra la corrupción, el mix reforma/corrupción, ha dado paso a otra relación, un mix que ha venido para quedarse, el de reforma/buen gobierno.
Esta agenda ya presiona al Ejecutivo. La aprobación del presidente Vizcarra ha sufrido un revés en las encuestas. En la que corresponde a Ipsos Perú ha caído 6 puntos, es respaldado por el 44% y desaprobado por el 45%. Las razones de esta caída son varias, y si debe encontrarse una principal, esta parece ser la deficiencia en la gestión de la economía, luego de dos meses –marzo y abril- de un bajísimo crecimiento, por debajo de 1%. A esta causa se puede agregar tanto el desgaste de la narrativa sobre la reforma, que pierde peso en la sociedad, y al manejo del conflicto de Tía María (Arequipa).
La composición de la aprobación presidencial también confirma los límites de la dinámica gobierno/oposición, cuyos actores creen que sus discursos dominan la escena. Los ciudadanos han empezado a matizar la polarización. Contra lo que sostiene la oposición, más peruanos creen que Vizcarra está luchando contra la corrupción y sigue siendo objeto de reconocimiento por ello (50%), aunque quienes lo desaprueban porque creen que no lo está haciendo, no son pocos (46%). Este registro permite concluir que su pugna con el Congreso no ha sido en vano.
No obstante, es muy claro que eso ya no es suficiente para él y para los peruanos. Crece el porcentaje de quienes creen que el Gobierno no está trabajando para la mejora de la economía y persiste la desaprobación por la falta de avances en este rubro. Ese sentido crítico se abre en varias opciones –cada vez que Vizcarra baja en aprobación se dibuja una nueva oposición, abajo-, una de las cuales proviene del sur. De hecho, nunca fue tan dispareja la aprobación de Vizcarra, porque la citada encuesta revela que el presidente exhibe 52% de aprobación en Lima (subió 5 puntos porcentuales en un mes), pero registra 36% de aprobación en el sur, habiendo caído 20 puntos desde junio. También ha caído 11 puntos en el norte y 12 en el oriente.
En resumen, el Gobierno es estable en Lima y es premiado en esta ciudad, pero es demandado por distintas razones en otras partes del país, el cuadro de un país a dos velocidades, con un telón de fondo, el retorno de la desconfianza ciudadana en materia económica: la mayoría cree que la economía no volverá a crecer con el actual Gobierno, reduciéndose drásticamente el optimismo.
En ese punto, es preciso indicar que, a diferencia de lo que sostienen medios y especialistas, las demandas en el sur del país son amplias –gasoducto para el Cusco, gas para Puno, tarifas en Moquegua, descontento contra sus mismas autoridades, entre otras- así como en el norte, centro y oriente. La idea de que las regiones son radicales “y no entienden la política” ya no solo es debatible, revela un total desconocimiento de estas velocidades, y hace realidad más bien otra conclusión, que Lima no entiende al Perú.

lunes, 5 de agosto de 2019

Tía María y la madrastra

https://larepublica.pe/politica/2019/07/19/tia-maria-y-la-madrastra/
La República
La mitadmasuno
19 de julio de 2019
Por Juan De la Puente

Si alguna definición le cabe al conflicto de Tía María es la de duradero, sin solución, sin diálogo y pleno de medidas de presión, físicas o políticas. A ello deberían agregarse otros rasgos: 1) los actores, todos, han perdido importantes cuotas de legitimidad nacional y regional: 2) carecen de la fuerza suficiente para movilizarse por sus intereses en la zona de conflicto, léase Arequipa y no solo Islay, para imponer una salida; y 3) ha perdido centralidad el argumento técnico y especializado, y ha ganado terreno la consigna.
Un problema de fondo reside en que Arequipa ha paralizado durante 10 años Tía María, pero no ha podido generar un proyecto propio para su economía y sociedad en rápida transformación y efectos de corto y mediano plazo. Por ahora, si seguimos la lógica de las consignas, la de esta región es Mina no, Agro no, Agua no.
Es el poder regional el principal obligado a aprovechar este conflicto para generar un consenso que impida el deterioro de un territorio que cambia aceleradamente, que aumenta en población por encima del promedio nacional, se urbaniza aceleradamente y que ha logrado una frágil convivencia de la economía industrial, de servicios y rural, esta última en retroceso y que, a pesar de sus dificultades –especialmente respecto a la agricultura familiar– presenta avances en la actividad agroexportadora.
Sus autoridades también abandonaron al agro arequipeño. La región, tan desconfiada con la inversión minera, no ha rechazado el canon y regalías por casi 950 millones de soles en los últimos 9 años. Esos recursos han sido escasamente invertidos en al agro y en la mejora del recurso hídrico (El 90% se han quedado para los gastos de la administración regional), de modo que en pleno conflicto, ya convencidos del abandono del país rural por parte de los gobiernos nacionales como registro histórico, queda preguntar sobre qué ha hecho la región por el agua y el agro en su territorio, considerando los graves reveses que ha tenido el Valle de Tambo cuando fracasó la autoridad autónoma del agua (2003), los retrasos en la construcción de la represa de Paltiture (desde el 2013) o el conflicto durante la sequía de 2016, por el uso del agua de la represa de Pasto Grande.
No tengo dudas de que las observaciones técnicas a Tía María son consistentes, y que estas no pueden responderse solo con el argumento de las aguas desalinizadas. Coincido en que la clave del proyecto es la licencia social, que no puede ser subestimada como instrumento de convivencia. No obstante, el conflicto de Tía María no puede esconder la agenda regional sino mostrarla en su complejidad.
Arequipa difería hasta hace poco de otras regiones del sur con contextos ultraconflictivos (Puno y Cusco). Ahora es un polvorín, carece de proyecto de desarrollo y exhibe una alta fragmentación social, con actores informales débiles (ver resultados de las elecciones 2014 y 2018), cuando no ilegales (¿55 mil mineros ilegales?). Este cuadro tiene desenlaces de manual, como una competencia sin límites por el poder, la judicialización de la política y el surgimiento de proyectos de identidad con fuerte acento populista. Es hora también de un compromiso hacia adentro.    

miércoles, 6 de septiembre de 2017

La agenda social irrumpe, contra todos

http://larepublica.pe/politica/1075340-la-agenda-social-irrumpe-contra-todos
La República
La mitadmasuno
18 de agosto de 2017
Juan De la Puente
Si el primer año del gobierno de PPK estuvo marcado por la oposición política, un escenario donde la tensión entre los poderes fue el principal elemento de la gobernabilidad, el segundo se inicia con una atmósfera modificada y desafiante: la oposición social y su capacidad de ser la piedra angular de esa gobernabilidad.
Este tránsito de lo estrictamente institucional a lo social no es del todo convencional. Contiene elementos que hacen presumir una mayor autonomía de los movimientos sociales respecto de los grupos tradicionales y la escasa capacidad de estos y de los poderes públicos para abordar y asimilar este nuevo momento de la relación entre los ciudadanos y el sistema político.
Desde el año 2000 tuvimos contextos combinados o mixtos, donde la oposición política desde el Parlamento o fuera de él se trasladaba a las calles. En un sentido inverso, la movilización social generalmente autónoma se articulaba con la oposición política encontrando en su camino aliados y respaldos. Esto sucedió en los gobiernos de Toledo, García y Humala en conflictos como el “Arequipazo” (2002), Cerro Quillish (2004), Combayo (2006) “Moqueguazo” (2008), “Baguazo” (2009), Conga (2012) y Tía María (2015), entre otros.
Salvo la huelga de Salud del año 2014 –que duró 150 días y abrió el debate de la reforma en el sector– estos conflictos eran territoriales, con direcciones localistas y programas específicos. Lo nuevo de la huelga magisterial es que iniciándose como un movimiento macrorregional se ha convertido en un asunto nacional, con dirección nacional y un programa que al paso de los días se transforma en general. ¡Vaya que sí hay cambios!
Existe espacio y motivo para discutir la actitud del gobierno y la tardanza en resolverlo, aunque esta demora no es exclusiva de PPK. No entiendo, sin embargo, la resistencia de ciertos grupos políticos y especialistas a mirar dentro del movimiento, incurriendo en errores de apreciación y el abuso de la agregación y simplificación. No hay análisis más de chato de una gran huelga que reducirla a solo una huelga.
La movilización magisterial presenta un contexto que debería ser parte del análisis, y estar en la base de la solución: 1) es una huelga que forma parte de la recuperación de los movimientos sociales; 2) es un acto de confrontación con un gobierno minoritario y débil; 3) es un movimiento cuya dirección está ubicada en el extremo izquierdo del escenario; 4) se lleva a cabo en el contexto de la disputa con la representación tradicional de los sindicatos; y 5) prioriza la demanda económica, rechazando expresamente la reforma para mejorar la calidad de la educación.
La huelga tiene una base inicial salarial legítima, pero es más que eso. Ampliado el movimiento gracias a los errores del gobierno, no puede negarse que es “contra Lima”, contra los poderes que ignoraron las demandas salariales las últimas décadas, y contra la reforma de la carrera magisterial, el único esfuerzo serio realizado desde el Estado en favor de la educación pública luego del fracaso reformista de los años 70.
Si seguimos la lógica de los grandes conflictos desde el año 2002, la huelga se dirige a una capitulación del Estado, quedando pendientes los costos económicos y políticos de ese desenlace. Lo que no puede determinarse aún es si la autonomía del movimiento persistirá, o será derrotado por otra ecuación vigente los últimos años: demandas fragmentadas más demandantes igualmente fragmentados. La otra pregunta es si la irrupción de un nuevo radicalismo sindical y político –más allá del Sutep– desbordará a quienes hoy los aplauden o los miran desde el balcón.

Desde que el Apra fue desalojado de los sindicatos y gremios estudiantiles entre los años 60 y 70, el tránsito desde lo social a lo político partidario ha sido una operación realizada por la izquierda y casi de memoria. No sabemos si en este nuevo momento, un nuevo radicalismo social tomará su lugar en las instituciones.