viernes, 27 de diciembre de 2013

Un año de medio pelo

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-ano-de-medio-pelo-27-12-2013
La República
La mitadmasuno
27 de diciembre de 2013
Juan De la Puente
Las malas noticias políticas del 2013 son varias y es preciso realizar un esfuerzo para reconocer las de mayor incidencia, pasando del comentario al análisis. Entre todos los fenómenos, escojo cuatro como los más relevantes: la pérdida de la mayoría política y social por el gobierno, la guerra política gobierno/oposición, el hundimiento del centro político y el reflujo de los movimientos sociales.
La caída de la aprobación presidencial, 33 puntos en 10 meses, es aún motivo de debate; la mayoría de observaciones apunta a que esta obedece a un concepto genérico denominado “mala gestión”, que hace énfasis en el efecto, impidiendo precisar las causas. Es sintomático que en la mayoría de encuestas haya desaparecido la variable “incumplimiento de ofertas” como una de las razones de la desaprobación presidencial. De ese modo, en el ámbito “Humala comentario” la desaprobación se debe a sus desaciertos, aunque en el “Humala análisis” la serie de insatisfacciones como inseguridad, corrupción, conflictos, programas sociales, retraso salarial y derechos, debe leerse como el abandono definitivo del programa de cambio, en sus componentes más básicos. Aquí, la sustitución del análisis por el comentario es crucial porque reduce la intensidad de cualquier política de relanzamiento del gobierno: cambio en las formas y gestos sin recuperación de las reformas desechadas.
También fue un año de intensa confrontación gobierno/oposición; la guerra política escaló para situarse a niveles cercanos a los experimentados en 1987, luego del anuncio de la estatización de la banca, y el 2000, cuando la reelección de Alberto Fujimori. La áspera batalla ha sido llevada a cabo por un arco de fuerzas conservadoras partidarias, empresariales y periodísticas, siendo esta última la más vigorosa, coherente y exitosa. La debilidad del gobierno es evidente sin que amenace su continuidad, en un esquema de tensiones donde el acoso se intercala con la tutela.
Bajo ese marco impuesto es casi un chiste debatir si las decisiones las toma el Presidente o su esposa cuando es evidente que las decisiones de fondo son impulsadas o bloqueadas por los grandes poderes que no se ubican, necesariamente, en Palacio de Gobierno. El mismo marco de acoso/tutela quizás sirva como un escarmiento para futuros intentos de desafío al establishment.
El país se acerca a las elecciones del 2016 sin centro político; este sucumbió como efecto de la polarización anotada líneas arriba pero también por otros eventos, el más importante de ellos la caída de Alejandro Toledo bajo acusaciones de corrupción serias y documentadas. Toledo no era el único centrista pero era uno de los más caracterizados; su hundimiento en los estudios de aprobación de líderes políticos agrega en él una responsabilidad política además de los otros cuestionamientos. ¿Cuánto más podrá funcionar el sistema peruano sin centro y en qué condiciones podrá ser reconstruido de cara al 2016?
Un cuarto fenómeno es el reflujo de los movimientos sociales que no se produce luego de la satisfacción de sus reclamos. La separación de la izquierda del gobierno tiene un efecto letal sobre la parte más demandante de la sociedad civil. Sin considerar el caso Conga, un proyecto dormido por el gobierno y a la espera del beso reactivador, los conflictos sociales persisten aunque su imposibilidad de producir efectos políticos es mayor. No pasa desapercibido el escaso éxito del paro nacional del 26 de setiembre pasado y la señal que proyecta: el proceso político se lleva a cabo sin la presión de la calle, con el costo que ello implica.
Estos cuatro grandes fenómenos se han producido simultáneamente y en algún caso condicionando unos a otros; han operado en el contexto de un régimen político precario y probablemente debido a ello. No obstante, no ha producido una crisis de envergadura, lo que evidencia que la democracia peruana es más fuerte de lo que generalmente se piensa. A pesar de ello han abierto una transición a otro país político con reglas nuevas aunque no siempre con actores nuevos.

Tercer autoritarismo universitario

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/tercer-autoritarismo-universitario-13-12-2013
La República
La mitadmasuno
13 de diciembre de 2013
Juan De la Puente
El Congreso no debería aprobar la Ley Universitaria sin un verdadero debate nacional. Su obligación es aprovechar el inicio de esta intensa discusión que, ¡por fin!, se ha logrado luego de 20 años de silencio sobre la educación superior universitaria. Así, el Estado empezaría a resolver con una activa participación de estudiantes y profesores los graves problemas que le han generado al país sus decisiones parciales y parches constitucionales en materia universitaria.
Las dos más importantes decisiones sobre la universidad en los últimos 30 años han sido tomadas a espaldas de la universidad;  la Ley 23733, aprobada en diciembre de 1983, en su momento conocida como “Alayza-Sánchez” por los senadores que la inspiraron, consagró un modelo de universidad fragmentada, desfinanciada y de baja calidad. La Constitución de 1993 agravó la crisis al abrir las puertas a la explosión de universidades privadas sin control y límites, en una orgía privatista y mediocre, con muy escasas excepciones.
Este tercer autoritarismo universitario es bien intencionado pero demodé. Reproduce casi exactamente la crítica conservadora a la universidad como un espacio de desorden. Es cierto que se nutre de la necesidad impostergable de resolver los desaguisados originados por el mismo Estado. No obstante, una discusión inviable es aquella que predica que como “algo” hay que hacer, debe aprobarse un nuevo marco normativo. ¿Una nueva ley a cualquier costo? No.
La discusión de fondo es la autonomía universitaria; la vieja autonomía que levantó la Reforma Universitaria de Córdova de 1918, que llegó al Perú al año siguiente, contra la educación clerical, el claustro conventual y la eternidad de las cátedras y de las ideas, es vieja pero sigue alumbrando nuevas oscuridades. En los últimos 30 años esa autonomía fue precaria, trágica y miserable; sobre todo fue un libre albedrío, especialmente en la universidad pública, pobre y empobrecida. ¡Qué difícil es ser autónomo y al mismo tiempo indigente!
Esa autonomía, de papel y de mendrugos, no le sirve a la educación superior, y sobre ello no se ha dicho nada en el debate parlamentario. Esa indigencia ha hecho que todas las universidades públicas se hayan “semiprivatizado” disponiendo cobros por ingresos, matrículas, créditos y cursos desaprobados. En el debate se ha perdido de vista que el principal problema de los claustros, antes incluso que la calidad, es el acceso a la universidad pública. El proyecto, por ejemplo, no ha eliminado la boyante industria de los exámenes de admisión, el eje sobre el que giran las academias preuniversitarias y los colegios preuniversitarios.
Luego, se tiene tres modelos para enfrentar la fragmentación de universidades, facultades y carreras. El primero es la sobrevivencia de ese cuerpo inerte denominado Asamblea Nacional de Rectores, el segundo la creación de lo que el dictamen en mayoría llama la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEU) y el tercero la creación de un sistema regido por un órgano democrático y colegiado al que concurran rectores, representantes designados por los profesores y los colegios profesionales. En este cuadro de estas alternativas, ni la ANR ni la Superintendencia garantizan la superación de la fragmentación y la conquista de la calidad.
La Superintendencia es una pésima idea; no solo es inconstitucional sino poco práctica. Es imposible construir un sistema universitario que no integre democráticamente la autonomía universitaria. La historia del antiguo Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) debería servir para reflexionar sobre que la libertad no se puede aherrojar.
No está demás decir que la universidad no solo requiere una reforma, sino una reforma democrática. Es una de los ámbitos que más ha padecido del mal del autoritarismo, incluyendo la violencia de Sendero Luminoso que se agregan a los males de la mediocridad y de la corrupción. Dejen ya de experimentar en ese cuerpo.

2014 y los sembradores de vientos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/2014-y-los-sembradores-de-vientos-06-12-2013
La República
La mitadmasuno
6 de diciembre de 2013
Juan De la Puente
Los partidos políticos nacionales se preparan nuevamente para cosechar tempestades y la siembra es más intensa que en el pasado. Se disponen a culminar el abandono de las regiones y municipios en las elecciones del 2014. A excepción de uno, Acción Popular, han decidido como prioridad no presentar candidatos propios y en cambio negociar con los movimientos regionales cupos en las listas. En otras plazas, sus líderes se despojan del uniforme partidario para crear movimientos independientes en tanto el partido se desactiva.
Con ello culminará el proceso de instalación en el poder de las elites regionales. En las elecciones del 2002, los partidos cosecharon el poder en 18 regiones; el Apra obtuvo 12 regiones, los otros partidos nacionales (Perú Posible, FIM, Somos Perú, Patria Roja y UPP) otras 6, y los movimientos regionales triunfaron en 7. No obstante, solo los del Apra mantuvieron una relación política con el partido. Los elegidos por los otros partidos fueron “fichajes” de temporada electoral que a poco de ser elegidos se separaron del partido que los cobijó, de modo que en la práctica, 13 de las 25 regiones fueron gobernadas por líderes regionales. El 2006 el divorcio entre política nacional y elite regional se acentuó; el Apra obtuvo solo dos presidencias regionales, UPP una y Patria Roja otra. Las elites regionales tomaron 21 regiones.
En las elecciones del 2010, El Apra, Somos Perú y Acción Popular ganaron una región cada uno y Alianza para el Progreso dos. Las otras 20 regiones fueron ganadas por movimientos regionales. No obstante, solo dos de los presidentes regionales se relacionan con su partido nacional (La Libertad y Lambayeque), en tanto que un presidente regional elegido como independiente se relaciona con su partido nacional (Cajamarca), de modo que para efectos prácticos las elites regionales manejan 22 de los gobiernos regionales.
En el ámbito municipal, el 2006 los partidos triunfaron en 88 (45%) de las 195 alcaldías provinciales, pero ya se advertía el desplazamiento de los movimientos regionales hacia ellas, haciéndose de 74 alcaldías provinciales (38%) en tanto que los movimientos provinciales ganaron 25 alcaldías (8%) y las alianzas electorales 18 (9%). El 2010 los partidos retroceden, ganan en 53 de las 195 provincias, las alianzas en 15, las organizaciones locales en 26 y más de 100 provincias pasan al control de los movimientos regionales.
En los distritos los partidos aún resisten; el 2006 ganaron en 839 (51%) de las 1,615 circunscripciones, los movimientos locales distritales y provinciales triunfan en 158 (10%) de ellas y las alianzas electorales en 155 (10%). No obstante, los movimientos regionales ganaron en 463 distritos (29%). El 2010 los partidos ganan 489 (30%) alcaldías de los 1,605 distritos donde se realizan elecciones y los movimientos regionales más de mil.
En resumen, los movimientos regionales gobiernan en casi todas las regiones, en más del 50% de alcaldías provinciales y en dos tercios de las alcaldías distritales. Con excepciones reproducen allí las prácticas clientelares tradicionales con una escasa visión de país. Eso no sería mucho más dañoso que la tragedia de los partidos si no fuese por la severa crisis de la representación regional.
Hay pocos presidentes regionales que no se encuentran investigados. Uno de ellos, el de Ayacucho, se encuentra prófugo, otro investigado por lavado de activos y a un tercero le embargaron sus bienes en un proceso por cobros indebidos. Por lo menos 8 presidentes regionales tienen pendientes sentencias judiciales por casos de corrupción. Al mismo tiempo, en este período, el JNE ha batido el récord de alcaldes vacados y suspendidos.
La corrupción no tiene militancia aunque la fragmentación, la volatilidad y la antipolítica han convertido a la corrupción en el principal problema de las regiones. No obstante, la decisión de los partidos nacionales de dejar la representación regional y local en manos de una elite precaria penetrada por la corrupción, es grave.

Cohabitación a palos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/cohabitacion-a-palos-29-11-2013
La República
La mitadmasuno
29 de noviembre de 2013
Juan De la Puente
Encuentro extremadamente sesgados los análisis de las elecciones en Lima del domingo pasado para designar a 19 regidores en reemplazo de los vacados en la revocatoria de marzo. De un lado, los ganadores magnifican su victoria creyendo que han ganado todo y que los perdedores han perdido todo; y del otro, se realiza una fácil extensión de los resultados a las elecciones municipales del próximo año y a las generales del 2016.
Los números indican la derrota de la opción que respalda a la actual administración y la victoria de dos grupos políticos, el PPC y Somos Perú, en distinta dimensión. El PPC obtuvo 29,5%, un resultado claro que si bien es lejano del 38% obtenido por Lourdes Flores el 2010, refleja el trajinar de una formación política que presionada fuera y dentro supo apostar a la gobernabilidad de la ciudad. La cosecha de más de 1 millón de votos es al mismo tiempo un premio y un castigo. Aunque sea más lo primero que lo segundo, ese doble mensaje debería ser asimilado con madurez por una formación política que ya sabe asumir el costo de sus decisiones. Si hay un partido que ha ganado y perdido con sudor sus votos, ese es el PPC.
El resultado de Somos Perú es ganancia completa y es ingenuo atribuirla solo a razones emocionales, especialmente el recuerdo de su líder Alberto Andrade. El paso del 4% de votos el 2010 al 25% el 2013 no puede desconocer la polarización municipal de los últimos dos años en la que Somos Perú supo colocarse en una posición menos tirante y más centrista, de modo que el pasado domingo el elector lo ubicó (¿encontró?) como una garantía de estabilidad. Esto vale también para Acción Popular que pasó de 2% a 10%. ¿Fue un voto fácil? Sí, pero los goles son goles.
Extender el resultado del domingo a las elecciones del próximo año y al 2016 es un ejercicio de inocencia. La atipicidad de los comicios es fundamental para impedir inferencias cargadas de futuro: la elección fue de listas y sin rostros en campaña, tuvo poco despliegue de dinero, no participaron grandes partidos municipales o nacionales (Apra, fujimorismo, Gana Perú y Solidaridad Nacional), no acudieron a votar más de 1 millón 200 mil electores (19%), es decir 1 de cada 5, y más de un millón de los que acudieron (19%) viciaron su voto.
A pesar de ello, sus resultados son aleccionadores para el futuro, en consideración a la máxima de que es más fácil perder los votos que se ganan fácilmente, un aviso para Somos Perú, Acción Popular, Siempre Unidos y Perú Posible. El mayor desafío le corresponde, sin embargo, al PPC que ha empezado a moverse entre el bloqueo y la desorientación, convenientemente presionado por quienes apuestan por interrumpir la gestión de Susana Villarán.
Comparativamente, una oposición municipal no tiene las competencias de una oposición parlamentaria. Según la ley, el Concejo Municipal es órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía un órgano ejecutivo con un alto poder decisorio que ejerce a través de decretos y resoluciones de alcaldía. Este esquema alcaldista no permite un juego tipo check and balance propiamente dicho y por esa razón las posibilidades de colisión entre ambos órganos es mayor. Sin embargo, el Concejo Municipal puede ser letal al tener entre sus potestades la declaración de vacancia de la alcaldía que si bien necesita los 2/3 de los votos, opera como dinamizador de un estado de guerra municipal.
El oficialismo y la oposición en el municipio metropolitano deben asimilar el nuevo escenario que los condena a cohabitar. Por ejemplo, la oposición podrá exigir el cambio de los funcionarios pero no podrá designar los cargos; podrá bloquear decisiones pero no adoptarlas contra la opinión de la alcaldía; podrá investigar irregularidades vinculadas  a proyectos pero no bloquear su ejecución. En el caso del oficialismo, está claro que un gobierno en minoría obliga a consultar más y negociar mejor, en una lógica menos decisionista. De una cohabitación, incluso a palos, saldrán ganando la ciudad y los actores políticos municipales.