La mitadmasuno
La República
12 de enero 2018
Juan De la Puente
El indulto y derecho de gracia otorgados a
Alberto Fujimori ha dado lugar a una batalla política en curso, y a otra legal,
que recién empieza. Las vías legales habilitadas se pueden dividir entre las
que están en proceso y las menos probables por ahora.
Entre las vías en uso, se tienen: 1) la
supranacional, a través de la Corte IDH, que verá el caso el 2 de febrero; 2)
la penal, a través del control difuso en el caso Pativilca, que podría ejercer
la Sala Penal Nacional. La audiencia será en enero; y 3) la administrativa, a
través de la nulidad de los actos administrativos, impugnando el procedimiento
en curso, ya planteado el 23 de diciembre por los familiares.
Entre las menos probables por ahora se tienen 4)
la constitucional, un proceso de amparo, que se iniciaría en el Poder Judicial
y eventualmente podría llegar al Tribunal Constitucional, o un proceso de
acción popular contra la resolución que otorga las gracias; 5) la
administrativa de revocatoria, con la expedición de una resolución suprema que
deroga el indulto, la “ruta Crousillat” en su parte administrativa; y 6) la
legislativa, una ley que derogue la resolución de indulto.
Contra la idea del indulto como punto final ha
quedado establecido que este caso ya no puede ser abordado solo, desde, y con
la Constitución. La tesis de que el indulto es una prerrogativa presidencial a
secas, un reduccionismo de sabor monárquico y al mismo tiempo inconstitucional,
ha sido superada largamente en el Perú por decisiones administrativas,
constitucionales y penales, y por una resolución supranacional que nos
concierne directamente. Nuestro indulto no está –o ya no está- cubierto con el
manto inexpugnable de la cosa juzgada, sino que ha sido “tocado” por la
jurisprudencia constitucional.
La posición del TC respecto del indulto es firme
y clara. A propósito del caso Crousillat dice: que el indulto es una facultad
presidencial revestida del máximo grado de discrecionalidad; pero eso no
significa que se trate de una potestad que puede ser ejercida sin control
jurisdiccional y con la más absoluta arbitrariedad ,y que las resoluciones que
ponen fin a un proceso judicial y tienen la virtualidad de producir efectos de
cosa juzgada –en este caso el decreto del indulto a AF-, pueden ser
cuestionadas a través de procesos constitucionales de amparo o hábeas corpus
(STC N° 03660-2010-PHC/TC).
Las dos fechas más cercanas atañen a la Corte IDH
y a la Sala Penal Nacional. En el primer caso, la audiencia incluye a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte y a las partes.
El artículo 69º del reglamento de la Corte establece que el Estado en cuestión
presente un informe, observado por las otras partes. La Corte emite sentencia y
otorga al Estado un plazo hasta de un año para remitir un informe sobre el
cumplimiento o avances. El IDL considera que la decisión de la Corte será en
breve.
La defensa del Estado peruano es todavía una
incógnita. Entre sus ejes probables se encuentran: 1) la irrevisabilidad del
indulto humanitario por su naturaleza, precisamente, humanitaria; 2) la
insistencia de que Fujimori no fue condenado por delitos de lesa humanidad, a
pesar de que la sentencia hace alusión a que ellos sí constituyen delitos
contra la humanidad en el derecho internacional de los DDHH; y 3) que la
competencia de la Corte se reduce a supervisar el procedimiento seguido y que
solo puede conocer el cumplimiento de las observaciones anteriores referidas al
caso, argumento que se prestaría de la defensa de Fujimori.
Será muy difícil que la Corte se aleje de los
parámetros señalados por la CIDH en su pronunciamiento del 28 de diciembre
pasado, inclusive si no razonara con su misma intensidad, especialmente en lo
siguiente: 1) el indulto debe estar regido por principios constitucionales y
normas internacionales de DDHH; 2) este indulto no cumple con los requisitos
legales fundamentales, el debido proceso, independencia y transparencia de la
junta de médica y técnica; y 3) la medida desconoce el principio de la
proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de
lesa humanidad.
