El discurso político del soborno

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La República

La mitadmasuno

16 de marzo de 2018

Juan De la Puente

Las tres entregas de las declaraciones de Jorge Barata, ex responsable de Odebrecht en el Perú, publicada por IDL Reporteros, resumen la narrativa, mayoritaria y vigente, del papel de la empresa en el país, y no solo atribuible a una empresa extranjera. Como sucedió en algún momento con los vladivideos, su estudio es aleccionador respecto del discurso político de lo ilegal. Si entonces nos ilustraba sobre los entresijos del poder oscuro, ahora nos ilustra sobre la relación el poder y el financiamiento ilegal, su naturaleza y objetivos.

Barata dice que el propósito del financiamiento a los políticos era “un tratamiento diferenciado; esperábamos ser recibidos por los gobiernos, tener posibilidades de participar en los proyectos, de ser bien vistos por los gobiernos de turno. Ese era el objetivo”. En ese punto, la empresa separaba la compra de la voluntad de los políticos con la coima, que sería una compra por proyecto. Señala que “la contratación (de una obra, se entiende) no estaba implícita al hacer la contribución de campaña, sobre todo porque las contrataciones eran hechas en niveles de gobierno, como ProInversión, que no conocían que habíamos hecho algún tipo de contribución”.

El ex directivo revela las interioridades de un sistema cuya eficacia no depende de las reglas de la democracia y el servicio público, sino del dinero. El financiamiento ilegal, soborno a políticos por donde se mire, abre las puertas “para poder tener acceso a los gobiernos de turno y poder facilitar nuestra vida en el país”, “no ser discriminados y lo que nos preocupaba más es que sabíamos que había otros contratistas, de otras nacionalidades que también hacían aportes de campaña. Si tomabas la decisión de no aportar seguramente no ibas a ser percibido de forma adecuada o en igualdad de condiciones con los demás”, según Barata.

Esta confesión se posa, para desmentirla, sobre una afirmación que ya lleva dos años recorriendo artículos interesados y que, palabras más o menos, indican que una empresa extranjera vino a corromper el mercado y el poder en nombre de un proyecto político. Queda claro que las operaciones de las empresas extranjeras, brasileñas y de otras nacionalidades, se han montado –con sus propias reglas y cuantías- sobre un modelo de financiamiento ilegal boyante y existente, y sobre un esquema del ejercicio del poder susceptible al dinero. Nunca la palabra “aceitar” fue empleada tan correctamente (“los integrantes de los partidos políticos conocen que todos los empresarios realizan sus aportes”).

Ahora mismo, cuando se inicia la campaña electoral regional y municipal, el testimonio de Barata se aplica a la cadena de empresas, sobre todo constructoras y que venden equipos, en el sentido que anota el brasileño: “Usabas parte de tus utilidades para hacer aportes en campaña, con el objetivo de ser bien tratados”. Este año, gracias al fracaso de la reforma electoral se repetirá el cuadro descrito por él: “el aporte que nosotros hacíamos a la campaña era hecho, primero, porque entendíamos que era el papel de las empresas que participábamos en el país.

Segundo, porque eso de cierta forma permitía darnos espacio y oportunidad para tener las puertas abiertas a un diálogo más fluido con el gobierno de turno. Ese era el objetivo de esas contribuciones. Hacían campañas regionales. Buscaban a veces a (los encargados de) algunas obras, y pedían algún apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros ómnibus que llevaba a nuestros trabajadores llevasen gente de ellos para algún mitin. Ese tipo de apoyo también ocurría”.

Finalmente, el testimonio es igualmente revelador sobre el Congreso. Según Barata, “entendíamos que el Poder Legislativo también tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país, así como el Ejecutivo. Pese a que el Legislativo en el Perú tiene un papel mucho más fiscalizador que promotor, también pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al Legislativo”. Así se entiende que, de las 100 investigaciones parlamentarias de proyectos, ninguna haya tocado a Odebrecht.

Hey tú, vota y cállate

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La República

La mitadmasuno

27 de mayo de 2016

Juan De la Puente

Desde el sectarismo conservador o desde la ignorancia se ha cuestionado el apoyo crítico de organizaciones sociales y de grupos progresistas a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), con el argumento de una supuesta inconsecuencia. Se critica el apoyo de la izquierda a una formación de derecha o que este respaldo guarde reservas porque, se dice, es insuficiente y potencialmente desleal.

La verdad es que PPK y Keiko Fujimori desde el 10 de abril son objeto de apoyos críticos, un poco más el primero que la segunda. Es más, no se entiende la 2ª vuelta como mecanismo para la formación del poder si no se acepta que quienes se resistieron a votar por dos de los candidatos en la 1ª vuelta se avengan a hacerlo en la 2ª porque sus alternativas se han estrechado. La confirmación de la vigencia del voto crítico está encerrada en la frase “en la segunda vuelta no se vota a favor sino en contra”.

El voto crítico es una adhesión reticente en la que se equilibran el apoyo y la desconfianza, una forma del llamado “mal menor”, como lo ha recordado A. Álvarez Rodrich en este diario. Es una dinámica que le cuesta entender al pensamiento ultra, un procedimiento que asume la cultura democrática para la formación de mayorías y la superación de la fragmentación. No es inocente, lo que no significa que sea traidora porque al mismo tiempo es una táctica legítima que refleja una apreciación de los desafíos, adversarios y objetivos inmediatos y mediatos. Por eso, el apoyo crítico está emparentado con otras formas de tratamiento de los retos del binomio fuerza/consenso en la lucha por el poder como la oposición constructiva, el consenso a palos, la cohabitación y el compromiso histórico.

La crítica al voto crítico es poco informada. Desconoce que es un hecho común de la política peruana. Luego de dos períodos de mayorías parlamentarias sólidas –democrática en los años 80 y autoritaria en los 90– los últimos 15 años tuvimos mayorías precarias o relativas solo logradas gracias al apoyo crítico. La investidura de 17 gabinetes entre los años 2000-2015 se debe al concurso alternativo y en cada momento de todas las fuerzas del arco político peruano, desde el fujimorismo hasta la izquierda.

Vamos, ningún grupo que ha hecho política en estos 15 años puede afirmar que nunca votó críticamente o con reservas por alguna propuesta, desde gabinetes, leyes, delegaciones de facultades legislativas, hasta tratados de libre comercio, paquetes reactivadores, mesas directivas del Congreso, y un largo etcétera.

El rechazo al voto crítico resume una visión antidemocrática y la exigencia del acuerdo o desacuerdo completo, la cultura blanco/negro sin matices y grises, el si no estás conmigo 100% estás en contra, también 100%. Un llamado al vota y cállate o al vota por mí en silencio, sin preguntas, una suerte de fascismo electoral. La hipocresía proviene de quienes ya no recuerdan que llamaron a votar por Toledo, Alan, Keiko o Humala “tapándose la nariz” en las segundas vueltas de los años 2001, 2006 y 2011.

Los pactos mundiales, regionales y nacionales no se habrían logrado sin acuerdos con reservas o aceptaciones críticas. En nuestro caso, quienes organizamos el Acuerdo Nacional hace 14 años echamos mano de mecanismos como el acuerdo con reserva, el disenso silencioso y la aprobación de lo central pero no de lo accesorio. El resultado fue el consenso político más vasto de las últimas décadas. Dato añadido, el 2011, Keiko Fujimori y Ollanta Humala suscribieron el Acuerdo Nacional; con reservas y espíritu crítico.

En la presente coyuntura, el voto crítico refleja expectativas, certezas, dudas, y el mensaje inequívoco de que los votos que obtienen los candidatos no son enteramente propios. Es un voto de aviso, un llamado al control y un adelanto de la vigilancia. Sobre todo, es un acto de independencia y de no sumisión. Nada más libre que un voto crítico.

Movimientos y saltos en cámara lenta. La última encuesta Ipsos.

Juan De la Puente

Movimientos y saltos en cámara lenta

Por Juan De la Puente

Puede ser que una encuesta electoral sea la foto de un instante de la campaña pero el análisis no solo debe mirar la foto sino el movimiento, es decir, la tendencia. La encuesta de Ipsos de enero muestra un escenario que se sigue moviendo en cámara lenta, con signos por primera vez consistentes desde setiembre pasado cuando se anunciaron la mayoría de candidaturas.

I. Los signos de este escenario son:

1) La estabilidad de Keiko, Acuña y García, la primera en el tercio de intención de voto, el segundo en 13% (luego de trepar desde el 6% en octubre) y el tercero en el 8%;

2) La caída de PPK (de 16% en octubre y noviembre a 13%) y la de Toledo (de 5% a 3%); y

3) La irrupción de Guzmán, que salta del rubro “otros” a un expectante 5%, colándose entre los medianos, ganando este primer tramo de la pugna de los pequeños.

II. A diferencia de las dos encuestas difundidas esta semana, con tonos dramáticos y sísmicos, es consistente la idea de que estamos ante cambios en la segunda línea. Keiko se mantiene sobre el 30% detectado en abril del año pasado por Ipsos pero no debe perderse de vista que los cambios involucran a cuatro candidatos que intentan organizar distintos tonos de centro político para competir con ella en la segunda vuelta. Entre PPK, Acuña, García, Guzmán y Toledo suman 42% y es probable que las subidas y caídas sean trasvases de un electorado que pregunta, busca, deja, toma y retoma un candidato.

III. Cambios más significativos se aprecian en el rubro denominado antivoto (“definitivamente no votaré por él”). Keiko ha reducido 6 puntos de su antivoto respecto de los últimos meses (de 40% a 34%), PPK 10 puntos, Acuña 9 y García entre 4 y 8 puntos (69% de antivoto en diciembre y 65% en noviembre). En cambio, Guzmán solo tiene 27% de antivoto con un 47% de los que no lo conocen.

Estos cambios son el reflejo de que la campaña ha empezado y que por ahora "las" campañas son más eficaces que las contracampañas, aunque el resultado debe medirse en función del esfuerzo y de los recursos económicos desplegados por cada candidato. Calle y mensaje están en disputa y tal parece que por ahora la calle pesa más que la publicidad pagada.

Es este punto, una anotación: solo Keiko luce un aumento en el rubro “definitivamente votaré por él” de 27% a 32%.

IV. Otros elementos del sondeo de Ipsos son relevantes. Uno de ellos es que la mayoría (51%) se muestra de acuerdo con la exclusión de las listas parlamentarias de figuras emblemáticas del fujimorismo, a contracorriente de quienes señalaban que esa decisión de Keiko la alejaría del votante clásico fujimorista. Luego, también una mayoría desaprueba la alianza Apra-PPC aunque es probable que entre ese 51% se encuentren los que no votarán por ella. Por la misma razón, el 32% de los que se muestran de acuerdo con ese pacto, son cuatro veces más que el 8% de intención de voto de García, un espacio conquistable.

V. Tendencias. Seria equívoco pretender que un análisis serio señale que candidato caerá o quien tiene “más chance” de crecer (como escuché esta semana al jefe de una encuestadora). Sin chamanismos, las únicas tendencias son la rebaja del antivoto y que los trasvases en la segunda línea continuarán. La caída de la puntera de los sondeos, Keiko, debajo del 30% por ahora parece depender más de una conjunción adecuada de errores de campaña y contracampañas exitosas, lo que no está a la vista porque sus contendores todavía están peleando entre ellos.

Gobernar, cambiar, pactar

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La mitadmasuno

La República

4 de diciembre 2015

Juan De la Puente

Uno de los temas que deberán abordar los candidatos que hoy concurren a #CADE2015 es el de la reforma política. La demanda de cambios institucionales ha llegado a un nivel en el que es imposible no referirse a ella, de modo que si un candidato cree que puede llegar a Palacio de Gobierno eludiendo esta respuesta, comete un grave error. Incluso podrían esquivar el tema en esta oportunidad pero no podrán evitarlo a lo largo de la campaña y además tener éxito electoral.

La reforma es el eje sobre el que girará la política en los próximos 5 años, tanto los cambios que se requieren para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento como para atajar la severa perdida de legitimidad de líderes e instituciones. Si se trata de resumir, aun a riesgo de esquematizar, las características del próximo Presidente de la República, estas son: 1) Un presidente fuerte con un margen de maniobra suficiente para la toma de decisiones difíciles; 2) que sepa pactar a tiempo y conservar los pactos, sobre todo en el Congreso; 3) que sea capaz de llevar adelante reformas (y que no solo las predique); y 4) que culmine su mandato.

La idea de que el próximo año elegiremos un presidente que solo nos gobierne es un error, por incompleta. No solo por el hecho de que como sucede siempre elegiremos un poder (el Ejecutivo) y un contrapoder (el Congreso), sino porque en ambos casos se han revelado cambios en el actual período: el primero nos ha mostrado que puede debilitarse a niveles inéditos, mientras que el segundo nos ha enseñado que, si quiere, puede jaquear la gobernabilidad sin mucho esfuerzo. Ahí están para los incrédulos las veces en que el Parlamento votó ámbar en la investidura de los premieres René Cornejo y Ana Jara.

El nuevo presidente no solo debe gobernar. La agenda que le espera es un poco más gorda: debe gobernar pactando, reformando y en esa medida garantizar la gobernabilidad, de modo que deberá esforzarse tres veces más. Considerando tal perspectiva, las obligaciones de los candidatos con los electores son mayores y los temas que deberían abordar son más complejos y exigibles.

Una de estas obligaciones se refiere al contrapoder señalado líneas arriba. Me temo que, salvo alguna excepción, los candidatos presidenciales no están siendo responsables en la elaboración de las listas parlamentarias, una tarea que acometen con la peligrosa idea de sumar apoyos y dinero, una táctica que en el gobierno o fuera de él podría reventarle al sistema en la cara. Evitar que un grupo de piratas aborden el barco parlamentario es ahora –entiéndase bien, ahora– una obligación republicana que debe ser exigida a quienes compiten por el poder.

La gobernabilidad en los próximos años estará en el Congreso, en la calle, en los medios, en el mercado y, claro, en el gobierno mismo. En esa medida, el “yo haré” es muy importante pero nuevamente incompleto. En la línea de las reformas, el “nosotros haremos” adquiere una significación estratégica porque indica la capacidad del nuevo poder de relacionarse con otros poderes, legales o fácticos, para conseguir resultados. Solo por poner un ejemplo, no será posible reformar la administración de justicia sin pactos con el Congreso, el Poder Judicial y otros organismos constitucionales.

No estoy seguro de que todos los candidatos se encuentren mentalizados con la idea de gobernar cambiando y pactando. Sobre lo primero, las referencias a las reformas han sido escasas y en cambio se aprecia una cultura tecno-burocrática en la elaboración de los planes de gobierno; las comisiones que los elaboran son enclaves cerrados de tecnócratas sin conexión con la política. Sobre los pactos, me temo que el formato de la campaña electoral, que transcurre como una prolongación de la guerra política de los últimos tres años, no podrá ser desmontado debido a la formación de un escenario igualmente inédito en el que no se aprecia un centro político y vasos comunicantes. Es cierto, en política los enemigos pactan, pero las heridas demoran en cerrar y no sé si el país espere.

Agárrate del cambio, ahora

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La República

La mitadmasuno

27 de noviembre de 2015

Juan De la Puente

La próxima semana los 5 candidatos presidenciales mejor ubicados en las encuestas sobre intención de voto expondrán en CADE 2015 los avances de sus planes de gobierno. No será un debate cara a cara pero será la primera oportunidad para compulsar los contenidos de las opciones para el próximo quinquenio.

Este primer encuentro es tan inédito como el proceso electoral mismo que vivimos. El lema de CADE “El Perú necesita cambios para seguir creciendo” contrasta con la timidez de los políticos para proponerlos. Esta brecha, entre política vacilante vs instituciones que demandan transformaciones, resume un impensado cambio de roles que la crisis política está fraguando.

En las elecciones del 2006 y 2011, el mercado se situó en una posición recelosa del cambio y fueron los líderes políticos los que impulsaron el debate sobre los ajustes al llamado “modelo” y en menor medida la reforma de las instituciones. Ahora, a pesar de un proceso crítico a cuestas, son los políticos los recelosos de las reformas y estas son sugeridas desde otros lados del escenario. Por ejemplo, las propuestas de reforma electoral fueron impulsadas por los organismos electorales a la cabeza de una colación de instituciones que integran la Plataforma por la Reforma Política y Electoral, la misma que jaló a un Congreso remolón y disgustado en las 5 normas dictadas este año.

Mientras la política parece congelada en los años 2006 y 2011, persistiendo en un debate electoral sobre estabilidad/continuidad, se acrecienta la exigencia de propuestas precisas frente a la desaceleración de la economía, la inseguridad, la corrupción y la inoperancia de la mayoría de instituciones, especialmente de aquellas relacionadas a la justicia y a la transparencia pública.

Las teorías del cambio –que enfatizan en el liderazgo de los actores y en su audacia, y la capacidad para fijar estrategias que encaren las contingencias– anotan que las crisis activan un menú de ofertas que inciden en el inicio de grandes procesos de reforma, útiles sobre todo para la primera fase que los cambios implican, es decir, la transición y sus incertidumbres.

Eso no está sucediendo. Instalar una lógica de cambio en el debate público es fundamental como una condición de vigencia de la democracia en el siguiente período. Es también necesario para evitar un carnaval populista que reemplace el horizonte de las reformas, las manosee y finalmente las paralice. En menos de 4 meses, se han presentados en el Congreso 380 proyectos de ley que podrían acabar en un frenesí de decisiones que no se inscriben ciertamente en una reforma institucional. La creación masiva  de distritos –nueve en una semana– y la posibilidad de que Ventanilla pase a ser provincia sin mayores estudios, en medio de la campaña electoral hacen prever un camino conocido: clientelismo en lugar de reformas.

¿Por qué los políticos que encabezan las encuestas no nos hablan de reforma? La primera explicación es que la campaña se ha iniciado. Este argumento suena a coartada. Siendo cierto el retraso en la elaboración de los planes a detalle, es inocultable que los discursos electorales están rehuyendo asuntos claves como la formación de un nuevo consenso alrededor del crecimiento, agotado ya este; o qué hacer eficazmente para rebajar los índices de delito e impunidad en alza, solo por citar dos asuntos cruciales.

Más allá de la vigilancia de las formas, que es también importante, la vigilancia de los contenidos se convierte en un desafío básico de la campaña. Los políticos no se están imaginando el futuro y este sí es un asunto grave para un régimen democrático que agota un ciclo de 15 años y que debe empezar otro. Es probable que esto también se deba a la total entrega de los líderes al marketing político, pero no es menos cierto que revela la falta de grandes ilusiones y de compromisos personales. No parece ser un asunto de pegada sino de llegada, es decir, de horizonte y perspectiva, una falta de apuesta a la Fortuna, Virtù y Gloria, a decir de Maquiavelo.

Keiko la rompe

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La República

La mitadmasuno

24 de julio de 2015

Juan De la Puente

La reciente encuesta de IPSOS trae por lo menos tres novedades, interesantes aún para una campaña electoral adelantada, considerando que faltan más de 8 meses para la primera vuelta. Son datos sugerentes que agrietan el molde clásico en el que se cocina la competencia entre los candidatos llamados tradicionales.

Primero. Nuevos ejes de la campaña. La seguridad y la corrupción se convierten en los principales problemas que interesan a los ciudadanos, más que duplicando como expectativa al desempleo, a la pobreza y al costo de vida. Este es un coctel amargo para todos, un cambio de fondo respecto a las campañas del 2001, 2006 y 2011, dos temas que hacen uno, y que más que un desafío son una interpelación a la política, un reclamo que los candidatos deberán empeñarse en responder.

No es seguro que sean los ejes definitivos de la campaña. En tanto, los candidatos no están cubriendo estas expectativas o, mejor dicho, los movimientos que ensayan parecen ir en una dirección distinta a la que se mueve la opinión pública. La predominancia de la inseguridad/corrupción no les pide ponderación a los aspirantes presidenciales, de modo que quizás nos encontremos muy cerca de ofertas radicales en este campo, so pena de la irrupción de un candidato sorpresivo que prometa un menú más convincente, duro y popular.

El coctel inseguridad/corrupción que bebemos todos es, a golpe de fracasos, también una puerta abierta para todo, inclusive para el populismo. En el rubro seguridad, los candidatos no se atreven todavía a jugar fuerte con la militarización de la lucha contra el delito y con la ampliación de la pena de muerte; y sobre la corrupción, parece que nos dirigimos a un pacto entre la política y el ciudadano cínico –el que abjura de la corrupción pero le saca provecho– que votará por medidas radicales a sabiendas de su inviabilidad.

Segundo. Keiko Fujimori rompe el techo del tercio electoral. La candidata de Fuerza Popular tenía una intención de voto de alrededor del 30%. En el sondeo de IPSOS salta al 36% en la pregunta con tarjeta, duplicando a PPK (17%), triplicando a Alan García (12%) y más que cuadruplicando a Alejandro Toledo (8%). Keiko también derrotaría a PPK y a García en una segunda vuelta, y aparece muy favorecida a diferencia del 2011 en las alternativas “definitivamente votaría por ella” y “podría votar por ella” (49%), y más capacitada para encarar la corrupción, la delincuencia y el desempleo.

Sin magnificar la tendencia, es interesante reparar en que 3 de cada 10 peruanos creen que el fujimorismo puede liderar la lucha contra la corrupción y la delincuencia, una imagen que lleva a preguntas que incomodan algunos sentidos comunes: ¿Son más fuertes otros “antis” que el antifujimorismo? ¿Es eficaz la actual política antifujimorista basada en la memoria, y que no aborda el actual comportamiento de Fuerza Popular? ¿Mide ahora la opinión pública a Keiko con una vara distinta a la del 2011? ¿Creen los ciudadanos, a diferencia de la elite política, que Keiko expresa el neofujimorismo?

Tercero. El electorado ha iniciado (o empezó hace rato) un giro conservador. No repetiré en este punto lo que afirma otro sondeo reciente que amarra a los peruanos con modelos sin vasos comunicantes. En cambio el sondeo de IPSOS expone el escaso arraigo de la izquierda, el copamiento del escenario por una derecha que entra y sale del centro con gracia y salero, el escaso número de los que piden que el próximo presidente sea democrático y el bajo índice de votos blancos y viciados.

Aquí, más preguntas incómodas: ¿El Perú ya está preparado para elegir por primera vez desde 1956 un gobierno conservador a cara descubierta? ¿Será la izquierda la gran derrotada del quinquenio humalista, la que pague los platos rotos del fracaso de la Gran Transformación? ¿La derecha ha empezado a repartirse los efectos personales de una izquierda ausente? ¿Ante el riesgo de la derrota aplastante, es preferible una candidatura izquierda/izquierda o izquierda/centro?

Encuestas, Toledo, Humala, Nadine, el diálogo político y la concentración de medios

http://www.ideeleradio.org.pe/web/wNoti.php?idN=8100&tip=especiales

16 de setiembre de 2013. Entrevista en el programa No hay Derecho de Ideeleradio, en Radio San Borja, por Glatzer Tuesta.

El riesgo del giro conservador

El gobierno de Ollanta Humala que ingresó con una propuesta de reforma se juega el futuro del próximo régimen, porque si la gente siente que ha fracasado, habrá más posibilidades de que entre un administración de tipo conservador, aseveró el analista político Juan De la Puente.

“Hemos tenido, bajo una experiencia de reformismo fracasada, golpes militares o gobiernos conservadores. El gobierno de Ollanta Humala que ingresó con una propuesta de reforma se juega también el futuro del próximo. Es decir, si la gente siente que ha fracasado la reforma, tendríamos obviamente más posibilidades de entrar a un gobierno conservador con lo que esto significaría para un país como el nuestro”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Habría más posibilidades de entrar a un gobierno conservador con lo que esto significaría para un país como el nuestro] que ha duplicado el PBI, pero que tiene enormes demandas de universalización de derechos, de resolver estas brechas de la modernidad entre ciudades desarrolladas y un país rural atrasado”, apuntó.

El analista consideró, en ese sentido, que la posibilidad de que la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, no descarte una alianza con el Apra revela que hay un intento de posicionarse hacia el centro. No obstante, estimó que ve complicada que esta situación se concrete.

“Lourdes intenta anotarse al centro y una de las expresiones es el intento de ir en una alianza con el Apra, que lo veo muy complicado, pero el hecho de plantearlo es una corrida al centro. Pienso que de todas maneras va haber una búsqueda del centro, solo que va a ser mucho más dificultosa porque quizás no vamos a tener centros naturales, sino forzados por las circunstancias de una candidatura de una segunda vuelta electoral”, declaró.

Brecha entre el Gobierno y ciudadanía

Por otro lado, al referirse a la publicación del nuevo sondeo de opinión que revela una nueva caída en la popularidad presidencial -que este mes alcanza el 27- el periodista indicó que hay una brecha muy significativa entre el Gobierno y los ciudadanos en términos de confianza.

“Así como la confianza es un proceso, con cosas que se hacen durante dos o tres semanas, no se puede restañar esa confianza para volver a niveles significativos. Además, hay un humor –lo dice esta encuesta– y otras más contra el poder, lo político y el ejercicio de poder, que además ya se fue expresando en junio, julio y agosto. De modo que esta es una encuesta para que esté alerta el Gobierno, pero no sobre el Gobierno, todos aquellos actores políticos aparece mucha desconfianza en la gente”, detalló.

De la Puente argumentó, del mismo modo, que hay una expectativa sobre el cumplimiento de las promesas y estimó que ello también está relacionado con la capacidad de operación política por parte del Gobierno.

“Las encuestas, estas y otras, señalan que hay una expectativa de la sociedad sobre el cumplimiento de sus promesas, lucha contra la delincuencia, corrupción, temas sociales, reforma política. Me parece que esta confianza está relacionada a la capacidad de operación política en este caso del Gobierno”, aseveró.

“Uno puede ubicarse en el centro, pero eso no basta, tiene que ser activo para recuperar diálogo y para abrir cancha hacia la derecha e izquierda”, subrayó.

Hay nadinitis, nadinofobia y nadionología

La primera dama de la Nación, Nadine Heredia, representa una especie de objeto político y de comodín para determinados sectores, afirmó, al comentar sobre la posible postulación de la primera dama.

“[¿Por qué los medios amplifican tanto el caso Nadine?] Mi impresión es que Nadine es tomada como una especie de objeto político. Cuando se quiere, sirve para debilitar al gobierno, esa es la Nadine intervencionista; cuando se quiere, se le da el poder que tiene y que no tiene”, afirmó.

“[El tema Nadine] es una especie de comodín para determinados sectores. Cuando el Gobierno dijo que no compraba [los activos de] Repsol, yo leí ‘qué bien que esté Nadine ahí’, porque dicen que fue quien sugirió al presidente que tomara esa decisión”, recordó.

El analista estimó, también, que habría que ver cuál es el ángulo de la noticia que recoge el periodismo, al referirse a las declaraciones del congresista Daniel Abugattás, quien dijo, como un militante más, que confía en que el Partido Nacionalista volverá a Palacio de Gobierno no con el presidente Ollanta Humala como candidato, sino con Nadine Heredia.

“El problema es cómo lo levantan los medios también, porque la opinión de Daniel Abugattás es personal, pero como hay 'nadinitis', 'nadinofobia', y 'nadinología' en los medios de comunicación, una mención a Nadine se convierte en una portada”, agregó.

Peso constitucional del MEF es inédito

En la perspectiva del diálogo habría que incorporar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como un actor porque es evidente que tiene voz propia y el peso constitucional de este portafolio es inédito en el país, aseveró el analista.

“A mí me parece que en la perspectiva del diálogo habría, también, que incorporar al Ministerio de Economía como un actor, porque es evidente que tiene una voz propia muy por encima de otros gobiernos. El peso constitucional del MEF es inédito en el Perú, y eso fue planteado en la Constitución vigente a tal extremo que la Constitución dice que la sustentación del Presupuesto General de la República no lo hace el premier, sino el ministro de Economía”, anotó en el programa.

“Es el único que tiene ese rótulo. Algunos dicen en broma que mejor cada cinco años no hagamos elección de presidente, sino del [ministro] de Economía. En la idea de concentrar un centro, es evidente que el Ministerio de Economía debe plantear el problema del canon y tiene que haber un acuerdo para su reposición, sobre el retraso salarial, el financiamiento del nombramiento de los profesores, si va haber gaseoducto andino y el tema de la modernización de Talara. Tenemos cuatro o cinco temas puntuales”, argumentó.

En este aspecto, sostuvo que el problema no son las personas, sino las políticas, al ser consultado sobre la posibilidad de salida del ministro de Economía, Luis Castilla, planteado en el diálogo por el Frente Amplio de Izquierda.

“[¿Serviría de algo sacar a Castilla?] Para mí el problema son las políticas, no las personas. Creo que es un problema de políticas más que personas”, indicó.

Debate sobre concentración de medios

En otro momento, al ser consultado sobre la posibilidad de que la asociación comercial de Epensa con el Grupo El Comercio signifique una concentración de poder y de medios, sostuvo que el debate da como para dos años y que su discusión incluirá medidas legales sobre el tema.

“Todavía estamos en una etapa del debate operacional. Quienes criticamos la concentración de medios por parte del Grupo El Comercio, por parte de Epensa nos responden [que] no. Si la República hubiera comprado, igual era concentración, y no se superaba el 50%. Pasando a una segunda etapa vamos a entrar a un debate legal y supongo que va a ser en función de las medidas que acuerden que tomen los medios que se sienten perjudicados”, indicó.

“En el mundo hay jurisprudencia respecto a la concentración de medios y nos dicen que las leyes protegen e impiden la concentración de medios en el caso de radios y televisión, porque tiene que ver con el espacio radioeléctrico. La Constitución habla de medios en general y hay jurisprudencia en América Latina y América del Sur sobre este asunto. De modo que tenemos un debate como para unos dos o tres años que van incluir medidas legales, pero no podemos salir de este debate sumando mal”, apuntó.

Estrategia política camina al fracaso

El expresidente de la República, Alejandro Toledo, debería tener una estrategia legal más que política, aseveró el analista Juan de la Puente, al referirse a la forma en que llegó al Perú el ex jefe de Estado, para responder por los presuntos actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito por el caso de la empresa Ecoteva.

“[¿Cómo ve el ingreso de Toledo anunciando ser candidato al 2016?] Pienso que él debería tener una estrategia legal, más que política y mi impresión es que no tiene clara esa disyuntiva. De modo que se politiza un caso en el cual hay tantos elementos que juegan en contra de él y denotan que no dijo todo lo que debió decir. Cuando fue al Parlamento o cuando se le preguntó, eso obliga una estrategia legal, más que una estrategia política y por ahí puede ser el camino al fracaso”, argumentó.

 

Si se hunde Toledo, se hunde el centro

El analista y periodista consideró que es muy difícil que el expresidente Alejandro Toledo pueda intentar pasar como un perseguido político. Indicó, del mismo modo, que las evidencias dan un horizonte muy preciso al caso.

“En la discusión está la transparencia de los hombres públicos, y en el mundo, hoy la política lucha para que los actores políticos no se relacionen con paraísos fiscales, para que no haya opacidad y haya transparencia. Por ese lado, si esa es la estrategia, [estas] están equivocadas. El hundimiento de Toledo es el hundimiento del centro y este es un país que ha cuidado y construido un centro”, afirmó.

“En las elecciones del 80 funcionó el centro, la del 85 y 90. No hablemos las otras dos, la del 2001, 2006 y en el fondo la del 2011 también implica la construcción de un centro de determinada posición. Algunos dicen que el Perú está condenado a elegir al centro”, aseveró.

No obstante, afirmó que el Gobierno está preocupado en reorganizar y reconstruir el centro y que la situación del exmandatario no permite que tengamos un centro más estable. Además, considero que ha habido irresponsabilidad del exmandatario en su posición de garante de Gobierno.

“Hay irresponsabilidad de Toledo, sobre todo, en su papel de soporte garante. De hecho cinco de quince miembros de su bancada han salido, eso ya es un debilitamiento porque es un actor político más en el Parlamento con el cual hay que tener una relación diferenciada”, finalizó.