Mostrando entradas con la etiqueta Acuerdo Nacional. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Acuerdo Nacional. Mostrar todas las entradas

jueves, 3 de enero de 2019

Los años de Max Hernández

https://larepublica.pe/politica/1379977-anos-max-hernandez
La República
La mitadmasuno
21 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
Los 81 años de Max Hernández coinciden con el período más intenso de las últimas décadas, un aniversario que sus amigos y discípulos han querido festejar con un hermoso texto de homenaje (En el juego de la vida. Ed. Gradiva, Lima. 2018) al que me sumo con entusiasmo.
Sin pausa, sin prisa y con una solemnidad austera en la palabra, Max Hernández ha ejercido en los últimos años un papel terapeuta y vigilante de la vida pública, una esfera de social a la que ha observado y en más de una vez integrado, desde cuando entre 1961 y 1962 desempeñara la presidencia de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP). A ese afán en primera persona volvió más de una vez, una de las cuales fue su participación en el Acuerdo Nacional, del que fue su secretario técnico durante los gobiernos de Toledo, García y Humala.
La visión del Perú de Hernández es muy especial y profunda; desde un ángulo que se origina en su especialidad psicoanalítica, su principal preocupación es la identidad, en la que, según él, se funde la memoria y el olvido como quehaceres permanentes y renovados de nuestra historia; él considera que nuestro pluralismo multicultural, nuestra oralidad y nuestra diversidad son motores de los símbolos que hacen la memoria peruana.
A diferencia del discurso tradicional que las ciencias sociales abandonaron en la segunda mitad del siglo pasado –felizmente– Hernández cree que esa heterogeneidad y la turbulencia de nuestra diversidad son negativas, sino una ventaja en un mundo que recién se abre a lo diverso, un hecho social que hemos “practicado” por siglos.
Desde esa matriz, Hernández ha reflexionado el país en los últimos años abogando por que la relación entre el poder y la democracia se produzca a través del ejercicio de la ciudadanía, entendida como una construcción subjetiva y racional de iguales. Apuesta a un cambio mental necesario para los otros cambios, incluyendo el político y legal, como un proceso de desestructuración de conceptos arraigados. Lo llama un “cambio catastrófico” donde la palabra y la imagen son esenciales para el contenido de lo nuevo. Otra vez la identidad y los símbolos.
Esa visión ha permeado su actividad pública y académica, desde la publicación de su magistral texto Memoria del bien perdido. Conflicto, identidad y nostalgia en el Inca Garcilaso de la Vega (1993), donde da cuenta del papel distinto de la política en un contexto de fragmentación de intereses, y donde sugiere que el poder democrático practique un rito complejo entre equilibrio y el uso de la mayoría. En esa visión, el diálogo deja de ser solo una herramienta y asume la condición de una opción personal.
Max Hernández, siendo psicoanalista –y quizás por eso– se ha resistido al uso total y definitorio del concepto de “país enfermo” o de “sistema enfermo” para analizar la política peruana, un recurso manido que lleva al extremo el diagnóstico de González Prada. Prefiere un enfoque que cuestiona lo que llama una confrontación sin proyecto, una realidad a la que responde proponiendo la elaboración de significados comunes, compartidos y consensuales, donde el acuerdo es fondo y forma, medio y meta, parte y todo, a la vez.
Esta respuesta a la división nacional no en mitades sino en varias partes es descrita magistralmente en su texto En los márgenes de nuestra memoria histórica (2012), editado por el Fondo Editorial de la USMP. Juntar las partes de un todo de cara al futuro no parece una receta fácil en etapas donde se prefiere la diferencia como garantía de lo nuevo. Sin embargo, al proponer esa ruta difícil y compleja, el psicoanalista solo está recordándonos el origen de la política y en dónde reside su utilidad práctica y final.

Max Hernández tiene algunas deudas conmigo, acaso un almuerzo ofrecido y ya extraviado en las profundidades del quehacer cotidiano. Pero yo le debo mucho más, especialmente el aprendizaje de este proceso de reconocimiento del otro para alcanzar significados compartidos y estables, un magisterio permanente para superar el desencuentro.

jueves, 29 de diciembre de 2016

Mordiendo la manzana

http://larepublica.pe/impresa/opinion/824828-mordiendo-la-manzana
La República
La mitadmasuno
25 de noviembre de 2016
Juan De la Puente
La reforma judicial ha sido los últimos 15 años la manzana prohibida del Estado peruano. Toda propuesta legislativa relativa a ella era rápidamente anatemizada como un intento de intervención y el intento más serio, entre 2003-2004, fue la de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) que partió de una ley aprobada por el Congreso y que ordenaba elaborar el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, la cual fue congelada por presión de los reformados.
Desde entonces, y hace más de una década no se habla en serio de la reforma de la justicia. Y de paso, la administración de justicia no ha experimentado ningún cambio significativo. En ese lapso se agravó la crisis del Ministerio Público –al punto que el Fiscal de la Nación debió ser destituido– y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En el Poder Judicial las cosas no han pasado a mayores solo porque ha tocado fondo y porque no es posible lo peor. Bajo este cuadro se constata un impulso inicial de cambio en el Ministerio Público y un débil impacto de los códigos Procesal Constitucional (2005) y Procesal Penal (2004).
Por esa razón es importante la convocatoria al Acuerdo Nacional por la Justicia, suscrito hace poco por el Ejecutivo, el CNM, la Fiscalía y el Poder Judicial a instancias de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Surgido modestamente solo como un espacio de coordinación y colaboración para mejorar la calidad de estos servicios al ciudadano y enfrentar con éxito a la corrupción, contiene cinco acuerdos base, seis compromisos urgentes y acciones inmediatas, que son la semilla de cambios mayores.
La riqueza de este acuerdo reside en la ruptura de los límites institucionales que desde hace 15 años impiden cambios en la justicia. Esta voluntad de los poderes y organismos de compartir la crisis es positiva y puede ser el primer paso de una reforma profunda.
Por ahora sus objetivos podrían parecer de poco calado, y por eso la falta de interés de los medios y de la academia, pero no lo son. Entre sus iniciativas se cuentan acciones para disminuir la carga procesal, fortalecer la formación de operadores jurídicos, presentar medidas legislativas para mejorar los procesos de justicia y una política de transparencia y buenas prácticas de acceso al ciudadano. Es destacable también que cada institución firmante se comprometa a adoptar prioridades en tres áreas: sistema anticorrupción, servicios de justicia y sistema penitenciario y que el MINJUS opere como una secretaría técnica del acuerdo.
El modelo escogido para gestionar los cambios es prometedor especialmente porque se ubica a medio camino entre dos dinámicas, por un lado la autorreforma de las instituciones, una utopía desarmada por las lógicas internas en cada caso y por la demostrada falta de consenso interno (especialmente en la Corte Suprema), y por el otro la reforma desde fuera, siempre cuestionada como violatoria de la independencia de la función jurisdiccional. La presencia del Ejecutivo y el seguimiento atento de la Defensoría del Pueblo y el Acuerdo Nacional permitirán una mejor gestión del cambio.
Por ahora no hay otra salida a la vista que morder la manzana de ese modo. Este acuerdo naciente establece un escenario desafiante con dos grandes actores: una batería de decenas de proyectos de ley presentados al Congreso que persiguen desde cambios precisos en varios códigos normativos hasta reforma constitucionales, y una coalición de instituciones que pugnan por cambios hacia adentro, que no descartan salidas legislativas.
La idea básica es que estos dos impulsos se relacionen para evitar tanto que el acuerdo se localice en el corto plazo y huya de las reformas de fondo como para evitar un tratamiento legislativo desordenado de la administración de justicia, lo que ha sido la nota dominante desde el año 2001. Acuerdo más acuerdo es un imperativo para que esta vez no fracasen los cambios en la justicia.

sábado, 4 de junio de 2016

Hey tú, vota y cállate

http://larepublica.pe/impresa/opinion/771129-hey-tu-vota-y-cállate
La República
La mitadmasuno
27 de mayo de 2016
Juan De la Puente
Desde el sectarismo conservador o desde la ignorancia se ha cuestionado el apoyo crítico de organizaciones sociales y de grupos progresistas a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), con el argumento de una supuesta inconsecuencia. Se critica el apoyo de la izquierda a una formación de derecha o que este respaldo guarde reservas porque, se dice, es insuficiente y potencialmente desleal.
La verdad es que PPK y Keiko Fujimori desde el 10 de abril son objeto de apoyos críticos, un poco más el primero que la segunda. Es más, no se entiende la 2ª vuelta como mecanismo para la formación del poder si no se acepta que quienes se resistieron a votar por dos de los candidatos en la 1ª vuelta se avengan a hacerlo en la 2ª porque sus alternativas se han estrechado. La confirmación de la vigencia del voto crítico está encerrada en la frase “en la segunda vuelta no se vota a favor sino en contra”.
El voto crítico es una adhesión reticente en la que se equilibran el apoyo y la desconfianza, una forma del llamado “mal menor”, como lo ha recordado A. Álvarez Rodrich en este diario. Es una dinámica que le cuesta entender al pensamiento ultra, un procedimiento que asume la cultura democrática para la formación de mayorías y la superación de la fragmentación. No es inocente, lo que no significa que sea traidora porque al mismo tiempo es una táctica legítima que refleja una apreciación de los desafíos, adversarios y objetivos inmediatos y mediatos. Por eso, el apoyo crítico está emparentado con otras formas de tratamiento de los retos del binomio fuerza/consenso en la lucha por el poder como la oposición constructiva, el consenso a palos, la cohabitación y el compromiso histórico.
La crítica al voto crítico es poco informada. Desconoce que es un hecho común de la política peruana. Luego de dos períodos de mayorías parlamentarias sólidas –democrática en los años 80 y autoritaria en los 90– los últimos 15 años tuvimos mayorías precarias o relativas solo logradas gracias al apoyo crítico. La investidura de 17 gabinetes entre los años 2000-2015 se debe al concurso alternativo y en cada momento de todas las fuerzas del arco político peruano, desde el fujimorismo hasta la izquierda.
Vamos, ningún grupo que ha hecho política en estos 15 años puede afirmar que nunca votó críticamente o con reservas por alguna propuesta, desde gabinetes, leyes, delegaciones de facultades legislativas, hasta tratados de libre comercio, paquetes reactivadores, mesas directivas del Congreso, y un largo etcétera.
El rechazo al voto crítico resume una visión antidemocrática y la exigencia del acuerdo o desacuerdo completo, la cultura blanco/negro sin matices y grises, el si no estás conmigo 100% estás en contra, también 100%. Un llamado al vota y cállate o al vota por mí en silencio, sin preguntas, una suerte de fascismo electoral. La hipocresía proviene de quienes ya no recuerdan que llamaron a votar por Toledo, Alan, Keiko o Humala “tapándose la nariz” en las segundas vueltas de los años 2001, 2006 y 2011.
Los pactos mundiales, regionales y nacionales no se habrían logrado sin acuerdos con reservas o aceptaciones críticas. En nuestro caso, quienes organizamos el Acuerdo Nacional hace 14 años echamos mano de mecanismos como el acuerdo con reserva, el disenso silencioso y la aprobación de lo central pero no de lo accesorio. El resultado fue el consenso político más vasto de las últimas décadas. Dato añadido, el 2011, Keiko Fujimori y Ollanta Humala suscribieron el Acuerdo Nacional; con reservas y espíritu crítico.
En la presente coyuntura, el voto crítico refleja expectativas, certezas, dudas, y el mensaje inequívoco de que los votos que obtienen los candidatos no son enteramente propios. Es un voto de aviso, un llamado al control y un adelanto de la vigilancia. Sobre todo, es un acto de independencia y de no sumisión. Nada más libre que un voto crítico.

lunes, 14 de septiembre de 2015

¿Al diablo con la transición?

http://larepublica.pe/impresa/opinion/230044-al-diablo-con-la-transición
La República
Lamitadmasuno
7 de agosto de 2015
Juan De la Puente
El presidente al que le entregue el mando Ollanta Humala será el cuarto del ciclo democrático inaugurado el año 2000. Aunque este ciclo muestra señales claras de agotamiento dura ya 15 años y ha permitido la elección de tres presidentes constitucionales, de modo que la elección de un nuevo mandatario resume paradójicamente la maduración de un sistema con crisis en progreso.
Esta transición de gobierno es la más compleja de dicho ciclo; que vaya a durar 12 meses y que se realice en el contexto de una creciente debilidad del poder político hace de ella un período con fenómenos riesgosos y desafiantes que incidirán ahora y en el mañana. Estos son: a) la necesidad de mayores apoyos para que el gobierno termine su mandato; b) el riesgo de una tormentosa guerra electoral de bajas pasiones y métodos; c) la posibilidad de que el gobierno no pueda organizar un legado distinguible; d) el riesgo de retrocesos en política social de un nuevo gobierno; y e) la posibilidad de que de las elecciones resulte un gobierno menos fuerte de lo esperado.
Merece por lo mismo prestarles atención a los esfuerzos que se realizan para mejorar el clima político y rebajar las tensiones. El gobierno se propone llevar a cabo una ronda de consultas con los poderes del Estado y convocar en breve a un Consejo de Estado para pactar con la oposición que dirige el Congreso una agenda legislativa racional y probablemente un periodo de distensión.
También destacan otras dos iniciativas en favor de una transición gobernable. Recientemente 16 partidos integrantes del Acuerdo Nacional suscribieron una declaración llamando a respaldar los esfuerzos en favor de elecciones transparentes y apoyar al gobierno en materia económica y seguridad ciudadana. Del mismo modo, la Confiep ha solicitado un diálogo con el gobierno para una agenda de fin de periodo.
Queda claro que los actores políticos que han empezado a moverse recuerdan que de cómo termine un gobierno depende cómo se inicia el otro, y que las transiciones inestables que no son mínimamente pactadas pueden irse al diablo. Cada uno, los que vienen y los que se van, tienen mucho que ganar y perder.
Siendo evidente que se ha constituido una corriente en favor de una transición gobernable no es menos cierto que este objetivo depende del tratamiento de determinados problemas que inciden en un escenario fragmentado, confuso y antagónico. El primero es el balance del gobierno, un asunto que Humala intenta abordar con una evaluación anticipada a los 4 años de gobierno a pesar de que su mandato es de 5, siendo probable que este intento dificulte el establecimiento de una agenda compartida para el próximo año porque remite a un segundo problema, el adelanto del proceso electoral.
Es posible que estas dos tendencias, la transición gobernable y la disputa electoral adelantada, generen una transición con hitos de tensión y permanentes esfuerzos de moderación, elevando el papel de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Acuerdo Nacional, en una suerte de arbitraje público.
Los actores deben apostar a más y no quedarse en el clima. Deberían avanzar hacia pactos imprescindibles para una transición gobernable, es decir, cambios de fondo resistidos por la mayoría de partidos o, para ser precisos, adelantar algunas de esas reformas.
Entender por ejemplo que: 1) el sistema no puede escaparse del financiamiento público directo y de la entrega de mayores facultades a la ONPE para sancionar el fraude en el financiamiento partidario; 2) que se precisa de un compromiso para que TODAS las investigaciones sobre corrupción sean procesadas, las ya denunciadas y las nuevas, sin recurrir a dilaciones o bloqueos judiciales o parlamentarios; 3) que es muy necesario evitar que el próximo Congreso sea peor que el actual y, para ello, por citar dos decisiones, los partidos no deberían fichar a independientes salidos de las sombras y realizar elecciones internas, las de verdad; y 4) que debe arribarse a un acuerdo inicial de vigencia de los programas sociales y la reforma en educación.

lunes, 23 de marzo de 2015

Un nuevo Acuerdo Nacional

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-nuevo-acuerdo-nacional-27-02-2015
La República
La mitadmasuno
27 de febrero 2015
Juan De la Puente
Hace 13 años los partidos, la sociedad civil y el gobierno consideraron la necesidad de un pacto político y social. La preparación del mismo duró 5 meses y el debate de su contenido otros tres, entre el 5 de abril hasta el 22 de julio del año 2002, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional por 7 partidos, 7 instituciones sociales y el gobierno. El pacto contenía 29 políticas de Estado para los 20 años venideros.
Viví intensamente ese período; fui encargado por el entonces presidente Alejandro Toledo de coordinar el compromiso de los actores, la convocatoria y los primeros contenidos. Con la decisiva participación del premier Roberto Dañino, de la Asociación Civil Transparencia dirigida por Rafael Roncagliolo, y un grupo de valiosos peruanos, se dio forma a un espacio que alimentó y oxigenó la transición y entregó un instrumento que a pesar de sus deficiencias, la frondosidad y su carácter no vinculante, estableció un horizonte y marcó a las políticas públicas.
Nada se habría alcanzado si los líderes de entonces no se hubiesen premunido de grandeza. Esta generosidad fue desbordante, al extremo que el gobierno presentó al debate 12 políticas de Estado que los implicados rápidamente llevaron a 29. También se debió a otras dos razones decisivas: que nos encontrábamos a la búsqueda de una nueva política para un nuevo tiempo luego de la recuperación de la democracia, y que lo impulsaba un gobierno que iniciaba sus funciones.
Una parte importante de las políticas del Acuerdo Nacional ha sido implementada; es difícil concluir un balance situados solo en el análisis métrico de lo que se ha hecho y de lo que falta hacer. Sin embargo, es indiscutible que el Perú, un país históricamente alérgico a los acuerdos públicos pero muy amigo de componendas bajo la mesa, pudo romper la maldición de la discordia extrema permanente.
El Perú necesita un nuevo Acuerdo Nacional, ya no para la transición sino para la reforma. Como hace 13 años el país se encuentra otra vez en la búsqueda de una nueva política. El impulso de la transición iniciada con la presidencia de Valentín Paniagua ha concluido y son cada vez menos quienes afirman que aquí no pasa nada. También se ha roto el consenso alrededor del crecimiento y se debate en todos los ámbitos sobre qué crecimiento, para qué y cómo. Finalmente, la crisis de las instituciones reclama correctivos de fondo más que de forma.
Parece un sinsentido proponer un nuevo pacto nacional cuando el país se sumerge en una campaña electoral en medio de una polarización que además de ser más intensa que las anteriores, se vacía de contenidos. Se presume que esta etapa es de diferenciación de programas y que no es una buena estrategia hablarle al país de pactos cuando se le debe hablar de votos.
El asunto es más complejo. Durante los últimos tres gobiernos constitucionales, no ha sido posible alcanzar grandes pactos para concretar grandes cambios, varios de ellos incluso consignados en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, precisamente por la resistencia de los gobiernos y de las oposiciones a encarar estos cambios desde el consenso. El juego de leves mayorías y minorías se sustentaba en dos convicciones que están dejando de serlo: 1) el derecho del elegido de organizar “su” gobierno y “su” poder; y 2) la intangibilidad del crecimiento económico.
Tres grandes desafíos obligan a que el gobierno elegido el 2016 recurra a un nuevo Acuerdo Nacional: 1) la búsqueda de un nuevo modelo de crecimiento y de distribución habida cuenta del fin de ciclo de acumulación que se experimenta; 2) la reforma política de instituciones y procedimientos para la formación de la representación; y 3) la formación de una comunidad política en un país que ha crecido y madurado en medio de la precariedad y que necesita con urgencia más cohesión. Si los partidos que entran en campaña queman todas sus naves en la disputa electoral no podrán pedirle al país ese nuevo consenso. Por esta razón, esta campaña debería ser protagonizada por la reforma.

lunes, 26 de agosto de 2013

El sistema político está crujiendo. Entrevista en La Primera

http://www.laprimeraperu.pe/online/entrevista/el-sistema-politico-esta-crujiendo_147609.html

Entrevista de Víctor Liza, publicada en el diario La Primera el 25/08/2013
JUAN DE LA PUENTE
El sistema político está crujiendo
Para Juan De la Puente, al país le hace falta un pacto político y otros entendimientos.

Víctor Liza
Twitter: @elgatocontabas

El sociólogo (abogado) y analista político conversó con LA PRIMERA sobre la propuesta de diálogo que el gobierno ha hecho a los sectores políticos y advirtió que la convocatoria no es sinónimo de debilidad, a tiempo de cuestionar la “oposición irreductible” del fujimorismo en este y otros temas. También afirmó que la izquierda debe ser incluida no solo en esta mesa, sino en otras más que debe impulsar el Ejecutivo y dijo que también deben participar otros actores como los gobiernos regionales y los movimientos sociales.
—¿Qué piensa de esta iniciativa del gobierno de plantear un diálogo con la oposición?
—Tengo entendido que la ronda del diálogo empezará mañana con una reunión del Acuerdo Nacional (AN), en la que se expondrá el pacto por la seguridad ciudadana, que es uno de los más importantes que requiere el Perú. De modo tácito, hemos tenido tres pactos: el pacto por la estabilidad económica, que se produjo en los años 90 y que ha continuado hasta ahora, y los pactos por la democracia y por el crecimiento económico con distribución, luego de la caída de Fujimori. Hemos tenido un pacto expreso, que es el AN, un pacto modelo en América Latina, porque expresa el acuerdo de los partidos y la sociedad civil.
—Además de la seguridad ciudadana, la lucha contra la pobreza y el crecimiento económico, planteados por el gobierno, ¿qué otros deben tratarse?
—Habría que realizar un pacto por la reforma política. No estamos solo frente a una crisis de representación, que afecta la legitimidad de los elegidos, sino que el sistema político peruano está crujiendo. No es solo una crisis del gobierno, es una crisis que aleja a la gente de la política y la vuelve contestataria, aún cuando no se manifieste abiertamente en las calles, en marchas multitudinarias. Tengo la impresión de que hay que encarar este pacto. Esto es importante porque al Perú le faltan pactos. Es un país donde pactar es tradicionalmente una cosa mala, fea. Esto es tan cierto, que un político experimentado en estas negociaciones como Ramiro Prialé (parlamentario y dirigente aprista fallecido en 1988) tuvo que acuñar una frase denominada “conversar no es pactar”, que era para esconder el pacto, porque la verdad es que conversar sí es pactar. Me alegro que se haya establecido en la agenda política del país la necesidad de pactos para superar esta guerra política de los últimos seis meses.
—Esos pactos que usted señala, ¿pueden ayudar a trazar políticas de Estado, como ha ocurrido en algunos países vecinos?
—Los modelos de pactos que hemos tenido en América Latina han sido tanto de corto como de largo plazos. Los de corto plazo han permitido superar crisis en situaciones especiales, como el “Pacto por la democracia” de 1985 en Bolivia. La mesa de diálogo de la OEA aquí fue un pacto muy específico. Pero también hemos tenido pactos de largo plazo. Necesitamos uno de corto plazo para defender el crecimiento económico, para que las repercusiones de la desaceleración de la economía mundial nos afecten menos. Pero también necesitamos pactos de largo plazo. Creo que lo que se verá mañana en el AN será un pacto de largo plazo.
—Nos acaba de hablar de la crisis del sistema político. ¿Ésta también no se origina por el tema de la “narcopolítica” denunciado en los últimos días?
—Son varios problemas. Uno de estos tiene que ver más con las formas de elegir a los representantes. El problema no está en el Congreso, sino en cómo se llega allí. Entonces, hay que revisar la conformación de la representación, sin financiamiento público, con voto preferencial, con los caudillos decidiendo la conformación de las listas, sin democracia interna, sin elecciones primarias, sin lista alternada. Tengo la sensación de que por ese camino estamos matando el sistema político. Todo esto tiene que ver con la etapa previa, la selección de los candidatos a la representación. Lo que se ve en el Parlamento es la expresión de esto. El transfuguismo, que es un problema serio de nuestra democracia, no se origina el día en que los parlamentarios se sientan en sus curules, sino en toda esta etapa previa.
—Volviendo al tema del diálogo, ¿cree que este llamado del gobierno a dialogar, en un momento en el que aparentemente se avecina una crisis económica, es una señal de debilidad o es un buen reflejo político?
—Curiosamente, cuando hay claridad en el poder, el pacto es de los fuertes y fortalece al poder. No veo la idea de un pacto como expresión de debilidad. Al contrario. La convocatoria al AN fue en un momento de transición, cuando el gobierno de Alejandro Toledo todavía estaba fuerte. La reforma constitucional que se hizo en Argentina en los años ’90, llamada “Pacto de Olivos”, fue cuando el gobierno (de Menem) se encontraba en un buen momento. Es cierto que hay otros pactos que se plantean en momentos de debilidad, pero creo que pactar la defensa económica del país no es sinónimo de debilidad, porque la economía peruana tiene argumentos que le permiten salir airosa. No usaría la palabra crisis, porque creo no ayudaría al pacto.
—Le preguntaba esto porque algunos analistas consideran que el gobierno de Ollanta Humala está aislado y en conflicto con todas las fuerzas políticas.
—Hay un dato real: la caída de 22 puntos de la aprobación del presidente expresa un desaliento social. Pero también hay un aislamiento de Humala de la “elite” política. Hay que recordar, sin embargo, que hace unos cinco meses el presidente tenía 52% de aprobación, e igual estaba peleado con esta “elite”. Tenía una mayoría social, pero tenía una minoría política. Hoy el gobierno tiene minoría social y política. Ese es un aislamiento que resulta complicado. Sin embargo, me preocupa más la minoría social que tiene Humala en este momento, porque este gobierno llegó con un mensaje de cambio sustantivo para un sector de la población. Ahora, hay otro dato de la realidad: que es un gobierno acosado. Hay sectores que quieren desvestir al gobierno, que se quite las prendas de su programa político todos los días: que Nadine diga que no va ser candidata, que no compre Repsol. Eso desgasta a cualquier gobierno, por más fuerte que sea. Hay sectores que quieren que el gobierno pase de ser acosado a tutelado, y de algún modo lo están logrando. Y así se desgasta.
—¿Cree que esas son las intenciones de la oposición, al querer sumarse al diálogo?
—Hay dos oposiciones. Una es la del “establishment”, que busca una pugna para desgastar al gobierno, pero con matices. Por ejemplo, la oposición de Acción Popular, del Partido Popular Cristiano, de Solidaridad Nacional, es una oposición distinta, que no quiere sujetar al gobierno. Veo en estos días un cambio muy importante en el Apra, que ha dicho que participará en el diálogo. Pero sí creo que hay una oposición irreductible, que es la del fujimorismo, que no se nota con claridad hacia dónde quiere llegar. Porque hasta en temas de fondo, como el de La Haya, Keiko Fujimori no quiso ir a Palacio de Gobierno. También tenemos una oposición social, que reclama el Gasoducto del Sur, el cumplimiento de las promesas, la modernización de la Refinería de La Pampilla. En este escenario, me ocuparía de las dos oposiciones, tanto del “establishment” como la social, que se mostró muy fuerte en julio.
—Hablando del fujimorismo, ¿qué piensa de esta actitud cerrada que tiene el fujimorismo?
—No le favorece, porque si ellos tuvieran planteada claramente una perspectiva de gobierno hacia el 2016, deberían proponerse una apertura hacia otros sectores de la oposición, no aislarse. Siendo oposición dura, podrían contribuir al aislamiento del gobierno, pero también contribuyen al aislamiento de la oposición dura, que termina en un “córner” del cual le es difícil salir. En un esquema de confrontación muy abierto, mi impresión es que en el caso peruano, pierden los dos extremos. Pierde el confrontado, y pierde el que genera el acoso.
…..
DEBEN PARTICIPAR
La izquierda y las fuerzas sociales
—Usted acaba de mencionar el tema de la reunión sobre el proceso de La Haya, en el que Keiko Fujimori no quiso participar. Pero en ese mismo foro no fueron convocados los partidos y sectores sociales vinculados a la izquierda. ¿Es importante que esté presente este sector político en este diálogo propiciado por el gobierno?
—De hecho, en el AN hay varios sectores sociales que expresan a la izquierda. Se supone que por ser un partido legal, inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, debería estar Tierra y Libertad. También está la CGTP. Pero tengo la sensación de que habría que incluir en varias formas de diálogo a lo que denomino la “izquierda social”, que se expresa en algunos gobiernos regionales, municipales; que probablemente no esté en el “establishment”, pero tiene una voz importante. En todo caso, al gobierno le corresponde relacionarse con los diversos espacios de representación del país. El AN no es el único espacio de diálogo.
—¿Qué otros espacios de diálogo podría abrir el gobierno?
—Tenemos la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la asamblea de municipios rurales, Remurpe. También está la concertación agraria, que es otro mecanismo. El gobierno debe empezar a usar estos mecanismos, que también existen, pero que han estado abandonados durante mucho tiempo.
……..
ADVERTENCIA
“Guerra política” desgasta a todos
—¿Este diálogo puede darle algún respiro al régimen, en este momento de baja aprobación?
—Por lo menos permitirá recentrar la política, porque estos últimos seis meses hemos vivido una “guerra política”, que ha desgastado a todos los actores. Creo que no se puede llegar a un escenario del 2016, con una guerra política tan intensa. Entonces, se reposiciona una agenda con temas sustantivos, porque hoy importan mucho asuntos como la seguridad ciudadana, que la desaceleración de la economía mundial no nos afecte, estimular la inversión privada y el consumo, así como la inversión pública. El uso de las redes sociales, y hablo aquí de todos los políticos, para hacer política menuda y darse golpes bajos, en vez de una gran política, no es lo que merece el país; puede corresponderle a una nación que se está desangrando en una guerra civil, que no es nuestro caso. En cambio, la concertación a través del diálogo que se está estableciendo, implica establecer una gran política, es lo que merece un país como el nuestro, que crece 5% anual, que casi ha duplicado su PBI, que redujo la pobreza en 30 puntos porcentuales.
……….
Hay dos oposiciones. Una es la del “establishment”, que busca una pugna para desgastar al gobierno, pero con matices. Por ejemplo, la oposición de Acción Popular, del Partido Popular Cristiano, de Solidaridad Nacional, es una oposición distinta, que no quiere sujetar al gobierno. Veo en estos días un cambio muy importante en el Apra, que ha dicho que participará en el diálogo. Pero sí creo que hay una oposición irreductible, que es la del fujimorismo, que no se nota con claridad hacia dónde quiere llegar.
No es solo una crisis del gobierno, es una crisis que aleja a la gente de la política y la vuelve contestataria, aún cuando no se manifieste abiertamente en las calles, en marchas multitudinarias. Tengo la impresión de que hay que encarar este pacto. Esto es importante porque al Perú le faltan pactos. Es un país donde pactar es tradicionalmente una cosa mala, fea.

viernes, 8 de julio de 2011

Nuevo Congreso y reformas

La mitadmasuno
La República
7 de julio 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/07-07-2011/nuevo-congreso-y-reformas


El nuevo Parlamento tendrá en sus manos las reformas de gran calado por las que votó el país. Sobre el tema, la avalancha de iniciativas durante las elecciones sugiere ordenar las prioridades. Por ello, el primer desafío de la nueva legislatura deberá ser la elaboración de una agenda del cambio capaz de contener y, sobre todo, armonizar la intensa presión con la que llegan los nuevos inquilinos al Congreso.
Sobre esto, ya se registran algunos desajustes. El afán del nuevo Legislativo se reduce en estos días a la clásica “inducción”, una suerte de curso de iniciación que privilegia el cómo y olvida el qué, en tanto que en el debate público, salvo detalladas excepciones, lo más importante parecen ser las comisiones que cada grupo intenta presidir. Esta dinámica amenaza desbordarse y reiterar las experiencias de los Congresos abiertos el 2001 y el 2006 cuyas características fueron: 1) el privilegio del papel individual del congresista; 2) la subestimación de la reforma interna del Parlamento; y 3) la elaboración de una agenda post instalación de las comisiones, por lo que las prioridades resultaron una agregación de las agendas de más de 20 comisiones.
A tono de lo debatido en la campaña un movimiento clave del nuevo Congreso debería ser, contrario a lo señalado, desparlamentarizar la agenda, es decir, colocar al Congreso como eje integrador de un cuadro de prioridades nacionales, concertadas con el Ejecutivo y los otros órganos del Estado vigentes más allá del 28 de julio, incluyendo los gobiernos regionales.
Es imprescindible que el resultado de esta concertación tenga carácter vinculante. Recordemos un antecedente: el artículo 76 del Reglamento del Congreso indica, por ejemplo, que los proyectos de ley deben consignar si tienen relación con la Agenda Legislativa y con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional.
Esa agenda debería trascender la tradicional función normativa. Junto a las leyes, el Parlamento necesita con urgencia reformar sus procedimientos a fin de que le permitan cumplir eficazmente, como institución y como agregación de elegidos, su función de representación, el desafío que está en la base de la rápida pérdida de legitimidad de los Parlamentos anteriores, incluido el actual.
Allí se imponen cambios en la cultura legislativa, por ejemplo, un procedimiento colectivo e individual de rendición de cuentas.

jueves, 20 de enero de 2011

La última renuncia

La mitadmasuno
La República
Jueves 20 de enero de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/20-01-2011/la-ultima-renuncia
Los planes de gobierno entregados al JNE muestran una desordenada elaboración de ofertas que privilegian el compromiso sacrificando la propuesta, de modo que las promesas están cargadas del qué y vacías del cómo.
Salvo en la macroeconomía, los programas carecen de una visión racional y un sustento en el Acuerdo Nacional. Esta ausencia es tan evidente que uno de los programas se pregunta “¿Cómo tiene que ser el primer mundo?”, y se responde misteriosamente “como tiene que ser”.
La profusión de metas conduce a compromisos de 10 años cuando el probable gobierno solo durará 5. Son también corrientes las promesas generales tipo comentario de café: “mano dura” contra la delincuencia o “aumentar” la eficiencia del Estado. Si hace falta precisiones se recurre a los manidos “fortalecer” y “crear un sistema nacional”, argumentos evasivos que reemplazan a la creación de comisiones.
Lo general tiene sus costos, es decir, la oferta no sostenible. Un grupo propone “organizar” el gobierno electrónico, en lo que ya se invirtió recursos sin resultados por ahora; otro propone erigir una “nueva infraestructura educativa sismo resistente” de 3,400 nuevos centros educativos sin señalar cómo y cuánto. Por lo menos dos grupos proponen eliminar en 5 años la pobreza extrema y otro reducir la pobreza general a un dígito. ¿Cuántos puntos PBI costará y cómo? El programa más conservador ofrece asfaltar en total 5 mil kilómetros de carreteras, algo imposible de realizar en 5 años.
Encuentro en muchos casos visiones atrasadas por lo menos 20 años. En el tema ambiental hay un partido que solo propone “ambiente limpio”, sin desarrollo sustentable o referencia al cambio climático; otro asocia estrechamente administración de justicia y seguridad ciudadana, como si el delito fuese un problema solo de jueces y policías; y un tercero reduce su proyecto regional a la creación de oficinas del MEF en las regiones.
También sorprende, salvo excepciones puntuales, la renuncia a la reforma, la palabra más evitada en cientos de páginas. En la más esperada, la de la justicia, solo un grupo se propone recuperar las recomendaciones del CERIAJUS. El resto no aborda ni siquiera en objetivos específicos la reforma de la representación, la tributaria o la del empleo público. En el tema más comentado, la educación, aparecen muy diluidos los propósitos del Proyecto Educativo Nacional (PEN), visión que solo un grupo recoge.