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jueves, 3 de enero de 2019

Los pactos de Vizcarra

https://larepublica.pe/politica/1371247-pactos-vizcarra
La República
La mitadmasuno
7 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
El presidente Martín Vizcarra propuso en CADE un pacto a los empresarios, para arribar al 2021 con un país gobernable y en lo posible reformado en las áreas de justicia y política. Desde el lugar donde se encuentra, es decir, con una amplia legitimidad, Vizcarra ofreció un pequeño programa que anuda lo político y económico, incluyendo la inversión pública, la competitividad, la reforma laboral y el impulso a la inversión privada.
En un discurso que por un momento parecía de 28 de julio, el presidente adelantó una parte de la agenda posterior al referéndum, dejando claro que no abandonará la lucha contra la corrupción pero que sumará prioridades claras para impulsar la inversión, la transparencia, la salud, la educación, la seguridad y la descentralización, áreas que la reciente encuesta de IEP encontró deficitarias.
Es destacable en tal dirección la pregunta que lanzó al auditorio sobre el papel que asumirán los empresarios ante las reformas, contestándose él mismo que confía en que lo harán desde el compromiso con el país. Para el efecto fueron sugerentes las palabras previas del presidente de IPAE, Julio Luque, quien precisó la identificación de CADE y los empresarios con la lucha anticorrupción.
La oferta está en la cancha empresarial; una agenda de diálogo más acotada a las necesidades de los actores económicos, que ha planeado en los últimos días, tendrá que ser reemplazada por compromisos más integrales que conviertan a la inversión privada en aliada de las reformas. Los aplausos con los que fue recibido el discurso de Vizcarra prometen una nueva actitud a un año de CADE 2017 que proclamó el fin de las cuerdas separadas.
Vizcarra se refirió en varias partes de su discurso a la ronda de diálogo que también iniciará luego del referéndum con la sociedad civil, los partidos y los nuevos gobiernos regionales y locales, extendiendo hacia esos sectores su propuesta de acuerdo. Salvo los últimos, urgidos al inicio de sus gestiones por una relación provechosa con el gobierno, los partidos y la sociedad civil no han reaccionado formalmente a esta propuesta.
Ese silencio preocupa. La principal señal de esta falta de reacción es una ausencia de sensibilidad respecto de la segunda etapa de reformas luego del 9 de diciembre, que no puede ser como la primera, un consenso a palos. En esta omisión pueden esconderse presunciones de varios sentidos, como que las reformas no necesitan ser pactadas, que el liderazgo del presidente Vizcarra es suficiente, que la participación de los movimientos sociales no es necesaria porque a ellos “nadie los ha elegido”, que no procede un acuerdo con Vizcarra porque es autoritario, o que hay partidos ante los cuales hay que tender un cordón sanitario.
Es cierto que existen grupos de espaldas a las reformas, como los que inspiran y dirigen la campaña de los 4 No en el referéndum en base a inexactitudes, y es posible también que otros sectores, especialmente conservadores, manejen un esquema distinto de prioridades. No obstante, este período que se denomina con el nombre genérico de crisis, pero que es más que eso –demanda de cambio, dura resistencia a él, ausencia de actores fuertes, desenlaces extremadamente específicos, entre otros–, requiere que se adopten posiciones muy claras sobre la agenda corta y larga luego del 9 de diciembre.
Entre julio y diciembre muchos han navegado evadiendo tomar una postura ante los cambios institucionales, escondiéndose en las incidencias de esta etapa, centrándose en los aspectos anecdóticos del período más turbulento de los últimos años. Luego del referéndum eso será más difícil.

Una palabra final sobre los movimientos sociales. Ellos han sido la parte más dinámica de un país exigente de cambios y, a pesar de sus debilidades, a su decisión y movilización se debe en gran medida que las cosas hayan llegado hasta aquí. Que formen parte de un diálogo y acuerdo por las reformas es un reconocimiento y, al mismo tiempo, un acto de corrección política que nos previene de cualquier posibilidad aventurera y pragmática.

lunes, 12 de noviembre de 2018

Tres preguntas impertinentes

https://larepublica.pe/politica/1344930-tres-preguntas-impertinentes
La República
La mitadmasuno
26 de octubre de 2018
Juan De la Puente
Por lo menos tres preguntas concurren en la revisión de la situación nacional: 1) si el país necesita un diálogo; 2) cómo se llenará el vacío que va dejando Fuerza Popular y 3) cuál será el efecto de la crisis del fujimorismo en el Congreso.
Sobre el diálogo, dos cuestiones previas a considerar son que sería improbable que Fuerza Popular propusiese un diálogo si no atravesara una profunda pérdida de capital político, y que, por lo mismo, el diálogo propuesto esta semana no es el que reclama el Perú en esta etapa.
Siempre es sugerente una iniciativa de diálogo, especialmente en un país resistente al pacto y luego del fracaso de los diálogos en los que K. Fujimori fue protagonista, uno con PPK con la mediación del cardenal Cipriani, y el otro, reservado, con el presidente Vizcarra.
Un diálogo nacional en esta hora solo tendría sentido si impulsa el cambio en lugar de frenarlo, y una de sus prioridades es la lucha contra la corrupción. Ya no es posible un acuerdo para impedir la inestabilidad, un objetivo del primer año del actual período presidencial y antes de la difusión de los CNM audios. Por lo tanto, un diálogo como armisticio, no es posible.
No hay nada más serio que un diálogo democrático, que debe tener actores, método, agenda y plazos. Por lo mismo, no tendrá utilidad para el propósito del cambio un diálogo y acuerdo solo partidario. Se precisa darle voz a la sociedad, el actor más importante de este proceso, llamado ahora a ejercer un papel decisivo más allá del voto en el referéndum del 9 de diciembre. Por lo demás, es el presidente Vizcarra quien debería convocarlo, como un proceso que no se sujete a la coyuntura política y judicial.
Sobre el futuro del fujimorismo, esta es su segunda “muerte”. La primera fue superada por la construcción de un nuevo referente personal y partidario que se reposó sobre el movimiento social fujimorista. Fujimori hija se valió hasta cierto punto de la memoria de su padre para construir un partido a su imagen y semejanza, la de ella, aunque la debacle judicial y política ha vuelto a colocarla como un producto más del fujimorismo de los noventa.
No me atrevería a asegurar que la hecatombe de Fuerza Popular como partido es, al mismo tiempo, la del fujimorismo como movimiento, considerando que este resultado tiene dos tiempos, un serio desgaste en la sociedad y una acusación fiscal fulminante; contra el relato oficial de los chats de La Botica, la derrota final de Keiko no viene de los políticos, sino de fiscales y jueces.
Actuando desde ese relato, la lideresa ha ordenado una refundación del partido con ella adentro, y para el efecto no ha empoderado a las figuras tradicionales del fujimorismo sino a los que menos nexos mantienen con las fibras íntimas del movimiento. La lógica aconsejaría pasarle la posta a Kenji como Alberto se la pasó a ella, pero parece que eso no sucederá, de modo que Keiko parece apostar, por lo menos ahora, a una resurrección más que a una refundación.
En este punto es difícil asegurar también qué tendencia ocupará en el mediano plazo gran parte del espacio que ocupó Fuerza Popular el 2016, que obtuvo el 40% de votos emitidos. El análisis que afirma que tras Fuerza Popular surgirá una derecha ubicada más a la derecha, es muy debatible, porque aún no sabemos qué otros partidos y líderes arrastrará en su caída esta opción. La crisis de Fuerza Popular podría ser un proceso más colectivo de lo que pensamos.

Sobre el Congreso, el primer consenso es que en estas condiciones es imposible que el Parlamento “llegue” al 2021. No obstante, falta saber qué hará el Gobierno con un Congreso que por ahora no es suyo, y en el que tiene una bancada pequeña. Si Vizcarra no tiene entre sus planes una disolución legal del Congreso (que parece ser la alternativa del Apra y de APP) podría construir una mayoría propia recogiendo las maderas del barco desarmado. Eso pasa por un nuevo curso, más plural, para el Congreso. Por esa razón una probable sentencia a prisión de K Fujimori podría agilizar la búsqueda de una nueva mayoría parlamentaria.

viernes, 6 de mayo de 2016

No nos contemos cuentos

http://larepublica.pe/impresa/opinion/763748-no-nos-contemos-cuentos
La República
La mitadmasuno
29 de abril de 2016
Juan De la Puente
La afirmación de que entre Fuerza Popular (FP) y Peruanos por el Kambio (PPK) existen grandes similitudes, más en economía y mucho menos en política, deviene en una frase hecha de la campaña para la segunda vuelta. Al ser tomada como absoluta sirve para casi todo, para proponer el voto en blanco o viciado o para creer que hay poco en discusión, que como el modelo se ha salvado da lo mismo Juana que Chana.
Es una afirmación generalista, facilona, ociosa e inútil, una idea cuya certeza fue breve, no más de una semana, y por ello sorprende que su eco sea tan largo y que siga envolviendo a un país cómodamente instalado en la falta de profundidad del debate electoral.
Escojamos dos o tres temas de la agenda pública para apreciar diferencias cruciales. En economía, PPK propone rebajar el IGV a 15% en tres años, a lo que se opone FP que, en cambio, plantea eliminar la rebaja escalonada del Impuesto a la Renta que debe llegar a 26% el año 2019. No es cualquier diferencia, es el financiamiento del desarrollo y de esto depende el ritmo de la inversión pública y privada, el relanzamiento de la descentralización y la creación de empleo.
En seguridad ciudadana, FP propone como eje el retorno al sistema de servicio policial 24x24, abrir la puerta a la pena de muerte y una suerte de militarización de la lucha contra el crimen; PPK está en contra de esos tres planteamientos y su enfoque es distinto: todo debe empezar con la refundación de la Policía. Tampoco son diferencias menores; de ellas depende el emplazamiento de actores y de planes, y los liderazgos institucionales.
Sobre la lucha contra la corrupción no hay contradicción pero acentos distintos: FP propone contralorías regionales autónomas y gobierno abierto y PPK una autoridad autónoma para el acceso a la información pública y la muerte civil de los corruptos. Allí también se aprecia la diferencia entre un enfoque de política y otro de reforma institucional.
Pero hay otra variable en juego, y es el silencio. Un grupo importante de temas de la agenda pública no ha merecido detalles de ambos grupos en campaña. Los dos más sonados son la falta de respuesta a la propuesta de Proética de celebrar un Pacto contra la Corrupción, y la nebulosa en que ha devenido la reforma política, de la que todos hablan pero guardan silencio sobre precisiones, plazos y prioridades.
Podríamos convivir hasta el 5 de junio y hasta el 28 de julio inclusive, con la fácil idea de las grandes coincidencias. No obstante, en los primeros meses del próximo gobierno nos despertará la dura realidad de una mayoría política que cobija diferencias de fondo y que tiene al frente una oposición de izquierda con propuestas distintas al bloque de partidos que ahora disputa la segunda vuelta.
No nos contemos cuentos. Ningún país se gobierna con consensos tácitos y debe superarse la idea que lo que está en juego solo es la dinámica del gobierno. No; está en juego el modelo de gobernabilidad, las reformas que dominan una agenda cargada y la relación de esos cambios con una sociedad civil activa que no bajará los brazos sea cual fuese el resultado del 5 de junio.
Más allá de las operaciones de marketing electoral los partidos que van a la segunda vuelta –que en votos emitidos suman el 49.91% del electorado– no se han abierto al 50.09% de electores que votaron por otros partidos o votaron en blanco o viciado, que todos suman más de 9 millones, y a los 4 millones que no votaron.
Impedir que el país retroceda de sus estándares políticos es un tema de fondo en la campaña, y en esa dirección el voto de contenido democrático es la base de cualquier cambio. El segundo asunto de fondo es la recuperación de la capacidad de pacto que el país ha perdido –los pactos arriba y los de abajo– y que probablemente conduzca a que el resultado del 5 de junio sea frío y un tanto pesimista. Si a la democracia le falta alegría y optimismo, es obvio que hay mucho más por cambiar.

lunes, 23 de marzo de 2015

Un nuevo Acuerdo Nacional

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-nuevo-acuerdo-nacional-27-02-2015
La República
La mitadmasuno
27 de febrero 2015
Juan De la Puente
Hace 13 años los partidos, la sociedad civil y el gobierno consideraron la necesidad de un pacto político y social. La preparación del mismo duró 5 meses y el debate de su contenido otros tres, entre el 5 de abril hasta el 22 de julio del año 2002, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional por 7 partidos, 7 instituciones sociales y el gobierno. El pacto contenía 29 políticas de Estado para los 20 años venideros.
Viví intensamente ese período; fui encargado por el entonces presidente Alejandro Toledo de coordinar el compromiso de los actores, la convocatoria y los primeros contenidos. Con la decisiva participación del premier Roberto Dañino, de la Asociación Civil Transparencia dirigida por Rafael Roncagliolo, y un grupo de valiosos peruanos, se dio forma a un espacio que alimentó y oxigenó la transición y entregó un instrumento que a pesar de sus deficiencias, la frondosidad y su carácter no vinculante, estableció un horizonte y marcó a las políticas públicas.
Nada se habría alcanzado si los líderes de entonces no se hubiesen premunido de grandeza. Esta generosidad fue desbordante, al extremo que el gobierno presentó al debate 12 políticas de Estado que los implicados rápidamente llevaron a 29. También se debió a otras dos razones decisivas: que nos encontrábamos a la búsqueda de una nueva política para un nuevo tiempo luego de la recuperación de la democracia, y que lo impulsaba un gobierno que iniciaba sus funciones.
Una parte importante de las políticas del Acuerdo Nacional ha sido implementada; es difícil concluir un balance situados solo en el análisis métrico de lo que se ha hecho y de lo que falta hacer. Sin embargo, es indiscutible que el Perú, un país históricamente alérgico a los acuerdos públicos pero muy amigo de componendas bajo la mesa, pudo romper la maldición de la discordia extrema permanente.
El Perú necesita un nuevo Acuerdo Nacional, ya no para la transición sino para la reforma. Como hace 13 años el país se encuentra otra vez en la búsqueda de una nueva política. El impulso de la transición iniciada con la presidencia de Valentín Paniagua ha concluido y son cada vez menos quienes afirman que aquí no pasa nada. También se ha roto el consenso alrededor del crecimiento y se debate en todos los ámbitos sobre qué crecimiento, para qué y cómo. Finalmente, la crisis de las instituciones reclama correctivos de fondo más que de forma.
Parece un sinsentido proponer un nuevo pacto nacional cuando el país se sumerge en una campaña electoral en medio de una polarización que además de ser más intensa que las anteriores, se vacía de contenidos. Se presume que esta etapa es de diferenciación de programas y que no es una buena estrategia hablarle al país de pactos cuando se le debe hablar de votos.
El asunto es más complejo. Durante los últimos tres gobiernos constitucionales, no ha sido posible alcanzar grandes pactos para concretar grandes cambios, varios de ellos incluso consignados en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, precisamente por la resistencia de los gobiernos y de las oposiciones a encarar estos cambios desde el consenso. El juego de leves mayorías y minorías se sustentaba en dos convicciones que están dejando de serlo: 1) el derecho del elegido de organizar “su” gobierno y “su” poder; y 2) la intangibilidad del crecimiento económico.
Tres grandes desafíos obligan a que el gobierno elegido el 2016 recurra a un nuevo Acuerdo Nacional: 1) la búsqueda de un nuevo modelo de crecimiento y de distribución habida cuenta del fin de ciclo de acumulación que se experimenta; 2) la reforma política de instituciones y procedimientos para la formación de la representación; y 3) la formación de una comunidad política en un país que ha crecido y madurado en medio de la precariedad y que necesita con urgencia más cohesión. Si los partidos que entran en campaña queman todas sus naves en la disputa electoral no podrán pedirle al país ese nuevo consenso. Por esta razón, esta campaña debería ser protagonizada por la reforma.