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sábado, 9 de marzo de 2019

La Victoria y los generales

https://larepublica.pe/politica/1404815-victoria-generales
La República
La mitadmasuno
1 de febrero de 2019
Juan De la Puente
Se libra en el distrito de La Victoria (Lima) una batalla compleja que presenta por lo menos dos tensiones, una contra las mafias y otra contra la Policía, ambas protagonizadas por su alcalde George Forsyth, que con su valiente desafío al crimen y a la inseguridad ciudadana ha cambiado radicalmente la agenda municipal de la capital, urgiendo por soluciones inmediatas a problemas que se encuentran más allá del alcance municipal, pero que forman parte de sus intereses.
La batalla del alcalde contra las mafias debe ser leída como el cambio de la posición del municipio contra el crimen organizado en un distrito que silenciosamente fue tomado, por lo menos, por 25 bandas, la mayor de las cuales se alojó en la misma municipalidad, llamada “Los Intocables Ediles”, dirigida por el alcalde y desarticulada en parte en agosto pasado con la detención de 32 personas.
El modelo de negocio de esta banda era perfecto. Operaba en dos zonas, Gamarra y el Mercado de Frutas; para ello establecieron cuadrantes en los que realizaban ordenadamente cobros ilícitos del parqueo de vehículos (solo en Gamarra hay 2.500 espacios disponibles) y a más de 8 mil vendedores ambulantes, que hacían un primer pago para empadronarse y luego realizaban pagos diarios.
Un modelo de esa magnitud se basó en dos pilares, el municipio y la Policía. La investigación ha detectado que por lo menos 5 generales de la PNP eran parte del grupo criminal, dos de los cuales fueron pasados a retiro, en tanto que los otros tres seguirían en actividad, además de decenas de otros oficiales y suboficiales. No habría que olvidar que el operativo de agosto incluyó el allanamiento de 11 locales policiales, entre ellos las comisarías de La Victoria, Apolo, Yerbateros, San Cosme, Juan Ingunza Valdivia, Jesús María y Sagitario, y el Departamento de Investigación Criminal de La Victoria.
En La Victoria existen otras redes, que van desde la extorsión a la “protección” de negocios, las rutas del tránsito, hasta las licencias ilegales, entre otras actividades que reportan dividendos a una actividad delictiva que “garantiza” el empleo de centenares de personas. Se entiende ello considerando que el distrito es al mismo tiempo un espacio de informalidad y formalidad económica: una de cada 10 empresas de Lima funciona en La Victoria, que además tiene, luego de San Isidro y Miraflores, la mayor densidad empresarial.
La primera batalla del alcalde Forsyht ha sido pública y ha consistido en plantar cara a las mafias e iniciar un proceso de ordenamiento del comercio, la ocupación de los espacios públicos y recuperar el papel dirigente del municipio. Esa es ya una tarea titánica para un municipio que, tomando en cuenta el volumen de la economía a la que está integrada –y que debería convertirlo en uno de los más ricos-, ha sido depredado por la corrupción, tiene un déficit de 580 millones de soles y recibe escasos ingresos propios, precisamente porque estos se van a las redes ilegales.
La segunda tensión, contra la corrupción e ineficiencia policial, es todavía silenciosa, aunque debe quedar claro que sin un compromiso nuevo y firme en ese punto, no se tendrán avances tangibles. La realización del reciente operativo con 2 mil policías, es insuficiente como respuesta de la Policía Nacional a un problema estructural, aun se hiciese un operativo cada semana.

No es la mejor salida a este fenómeno plantearse el concurso del Ejército sino insistir que cumplan su función las instituciones llamadas al control del territorio. El municipio ha empezado haciendo lo que corresponde, y ahora es el turno de otras partes del problema. La Policía debería desarticular las redes corruptas internas que operan en ese distrito, retirar de ahí a los mandos denunciados y procesarlos, implementar el trabajo de inteligencia o darle curso fiscal y judicial a los hallazgos que tiene, y presentar ante los vecinos un programa de acción que signifique el inicio de un giro creíble respecto de décadas de abandono. Cuando el alcalde señala que La Victoria “está destrozada” reporta en realidad que, además, está desprotegida.

jueves, 3 de enero de 2019

Región y reforma política

https://larepublica.pe/politica/1375656-region-reforma-politica
La República
La mitadmasuno
14 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
Las regiones del Perú serán gobernadas por un grupo de autoridades en su mayoría electas bajo la sombra de la ilegitimidad y la sospecha de corrupción. Salvo un puñado de gobernadores, no se había visto una precariedad inicial tan aguda desde el inicio del proceso de descentralización, el año 2002.
La idea de que a pesar de esta realidad las regiones iniciarán un nuevo período de gobierno de 4 años “sin problemas” es errada. El rasgo predominante de las gestiones que culminan este mes –otra vez con muy contadas excepciones, no más 3 o 4- es el fracaso, sin diferenciar los orígenes de derecha o izquierda de sus autoridades, o que las gestiones sean más o menos descentralistas, o poco o más tecnocráticas.
La pregunta de si se había agotado el impulso descentralista del 2002 hace años era incómoda, esencialmente tratándose de una reivindicación tan cara a los pueblos, con raíces históricas asociadas a los reclamos de justicia social. Es más incómodo ahora negarlo. Al contrario, admitirlo es la condición básica del cambio.
El paso obligado de una conclusión que afirme que nuestro descentralismo ha llegado a un punto de incompetencia no habilita el retorno al centralismo, no solo viejo e inservible, sino obsoleto. Por lo mismo, no debería esperarse que Lima piense en un cambio, sino que debe abrirse paso una reflexión sobre que este es el momento más crítico del proceso iniciado hace 16 años, y que se necesitan medidas urgentes para evitar una quiebra institucional adelantada, de lo que anuncian un sombrío aumento de la abstención electoral.
Existe un corto plazo insoslayable; el acompañamiento de los primeros 180 días de las nuevas administraciones es necesario. La mayoría de los gobernadores elegidos no ha tenido contacto directo con las regiones o carecen de experiencia de gobierno, y una revisión de los planes de gobierno arroja la necesidad de una rápida apropiación de las políticas públicas nacionales y regionales, añadida a un problema aún más generalizado: la falta de recurso humano calificado para cubrir un creciente número de cargos de confianza.
Solo una región fue ganada por el mismo grupo que triunfó el año 2014; en el resto de casos, fueron elegidos movimientos que habían postulado candidatos sin éxito en elecciones anteriores, y solo en tres casos retornan al poder anteriores gobernadores regionales.
Desde ese punto del balance, la inclusión de la descentralización en el proceso de reforma política es ineludible. De otro modo no se entendería que la reforma del sistema político obvie problemas tan serios como la formación de la representación regional, las competencias no ejercidas, las debilidades de las políticas regionales, el consejo regional convertido en un Frankenstein, la inexistente rendición de cuentas y la participación, y la resistencia a la descentralización fiscal, entre otros.
La derrota del grupo que gobernó dos períodos en Cajamarca es la debacle del regionalismo duro e ineficaz, así como que los caóticos casos de Piura y Ayacucho son la derrota del regionalismo pragmático aliado de los gobiernos nacionales. Entre ambos modelos se ubican emblemáticos casos de regiones que terminan este período en literal colapso, incluido aquellos que practicaban un partidismo regional con alcance nacional, a cargo de Alianza para el Progreso (APP), uno de cuyos gobernadores fue detenido hace unas horas.

¿Cuál sería el argumento básico para no incluir el proceso de descentralización en la reforma política? Una explicación podría señalar que la reforma de los partidos y del sistema de elección de autoridades de plano incidiría en las regiones. Es cierto eso, pero es más cierto que solo una parte de esta reforma se refiere a estas áreas, teniéndose una compleja agenda de normas, incluyendo reformas constitucionales, y otras decisiones que se encuentran particularmente en el ámbito de las relaciones entre las regiones y los poderes nacionales y de las regiones entre sí. De hecho, hay muchas más razones para incluir ahora a las regiones en la reforma política que razones para mirar a otro lado.

miércoles, 2 de enero de 2019

Casuística de la corrupción

https://larepublica.pe/politica/1358164-casuistica-corrupcion
La República
La mitadmasuno
16 de noviembre de 2018
Juan De la Puente
La Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya acaban de publicar un interesante libro, El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales; los casos de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios (KAS-UARM 2018. Lima, Tarea) que recoge una investigación de un equipo dirigido por Eduardo Vega Luna sobre el funcionamiento de la corrupción regional y local.
En el ámbito subnacional se desplegaron redes criminales que se desarrollaron rápidamente debido a la falta de control y a la facilidad con que coparon el sistema de justicia y los medios de comunicación, un ejemplo de lo cual fue la región Áncash en el gobierno de César Álvarez. Este fenómeno interactúa de modo más desembozado con otras modalidades de crimen organizado como la minería y tala ilegales, el narcotráfico y la trata de personas.
En el escenario nacional de la corrupción se registran cambios significativos respecto al número de casos, agrupando en ese título los delitos de peculado, colusión, cohecho, negociación incompatible, malversación y concusión, entre otros. Desde el año 2013 cuando se contabilizaron 2.500 casos, estos han escalado a 35 mil para finales del año pasado, con realidades muy diferenciadas cuando se desagregan los números a escala regional.
Por ejemplo, un grupo de regiones donde las denuncias han sido insistentes en los últimos años no experimenta una gran progresión en el número de casos. Se trata ejemplo del Cusco, donde se ha pasado de 1.611 a 1.732 en ese período, o en Cajamarca, que pasó de 1.012 a 1.139; no es el caso de Áncash donde los casos suman 3.160, el segundo lugar luego de Lima. En la capital, en cambio, los procesos han aumentado en el mismo período de 3.160 a más de 7 mil. Podría señalarse que en la capital se ubican varios casos “nacionales” o que otros fueron trasladados a la Sala Penal Nacional. Siendo todo ello cierto, no deja de tener razón la prevención de que en las regiones se lucha menos contra la corrupción.
En una mirada regional de la corrupción se advierte un panorama distinto respecto a los afectados, que son los municipios, la policía, los gobiernos regionales, los colegios y las universidades. Este cuadro nos devuelve a la realidad que los especialistas denominan la micro corrupción, la menos visible de ella, pero la que probablemente afecta más directamente la vida cotidiana de los peruanos. Esto explica que el 27% del total de casos de corrupción se refieran a municipios distritales, aunque hay otra cifra que merece también ser resaltada: 67 gobernadores y exgobernadores están implicados en procesos por delitos de corrupción, en 395 casos, de los cuales solo el 50% ha pasado de la investigación preliminar.
En la casuística regional asoman algunas realidades trasversales. La primera es la crisis de la contratación regional de obras públicas que el estudio identifica como “un proceso de alto riesgo” que se inicia en la falta de adecuación a los planes de desarrollo, el populismo en las prioridades del plan anual de contrataciones, la falta de calidad de los expedientes y la sobrevaloración inicial de las obras. La recomendación en este punto, ya advertido en otros estudios, es la reforma de los comités de selección, una alerta que ha lanzado también hace poco la Contraloría General de la República.
El estudio trae evidencias sobre el mito de las soluciones empleadas en los últimos años, especialmente la modalidad de administración directa. De hecho, en dos de las regiones estudiadas, la mayoría de obras paralizadas son de esta modalidad, en Cusco 192 y en Ayacucho 31. En este mismo contexto, se advierte la práctica del visto bueno de gastos adicionales que incrementan el costo de las obras o no aplicar las penalidades por los incumplimientos injustificados, ambas irregularidades de la mano de proceso de supervisión que a su vez no es fiscalizado por deficiencia institucional o porque forma parte de la trama corrupta.

Todos estos hallazgos son pertinentes a pocas semanas del inicio de nuevas gestiones regionales y locales que deberían tener desde su primer tramo políticas anticorrupción eficaces.