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lunes, 8 de octubre de 2018

Elecciones regionales y locales, preguntas nacionales

Por Juan De la Puente
Los resultados de las elecciones del 7 de octubre proponen preguntas que deberían ser respondidas sin acudir al recurso fácil de que no son relevantes al no tratarse de comicios generales. Entre las interrogantes, tres son cruciales: 1) lo sucedido con los partidos “nacionales”, especialmente Fuerza Popular y las bajas votaciones de los candidatos en todo el país; 2) el triunfo de Muñoz y derrota de Urresti en Lima; y 3) la elección de candidatos acusados de corrupción.
Sostengo, a tono con lo que señalan hoy en La República Mirko Lauer y Augusto Álvarez Rodrich, que estos resultados deberían leerse en una clave nacional, y no local; política, y no vecinal; y orgánica, y no coyuntural.
Empecemos. Descontando el desempeño muy relativo de Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), los partidos nacionales han sufrido un duro revés que se mide en dos tiempos. En un primer momento casi todos fueron colonizados por caudillos locales sin partido a los que le entregaron su representación, y en un segundo momento fueron derrotados en las urnas, con algunos triunfos matizados. Esta tendencia es aplicable incluso a Lima, donde las victorias de Muñoz y la docena de candidatos de ese partido son básicamente individuales.
De las 25 regiones, los partidos nacionales ganaron solo en 8 (APP en Cajamarca, La Libertad, Ucayali, Pasco y San Martin; AP en Cusco; Podemos en Lambayeque; y Restauración Nacional en Loreto), y en 5 regiones en primera vuelta (La Libertad, Lambayeque, Loreto, Ucayali y San Martin), con la precisión de que estos candidatos –a excepción de Mesías Guevara de Cajamarca y Manuel Llempén en La Libertad- son independientes fichados por los partidos para estas elecciones.
En tanto, en 17 regiones ganaron listas independientes, que la ley llama movimientos regionales, 6 en primera vuelta (Callao, Ica, Huancavelica, Junín, Moquegua y Puno). En 5 casos, los partidos nacionales disputaran la segunda vuelta regional.
A los partidos puede haberles ido mejor en los municipios provinciales, pero el cuadro general es de retroceso respecto las elecciones de los años 2006, 2010 y 2014, considerando el esfuerzo que realizaron varios grupos para presentarse en más circunscripciones y el haber contado los últimos dos años con financiamiento público.
El golpe más duro es para Fuerza Popular (FP), por el dato electoral precedente (el 2016 ganó en 15 regiones, con el 39% de votos del total nacional, es decir 6 millones de sufragios); el grado de participación (presentó listas en 17 regiones, 82 provincias y 514 distritos) y el nivel de movilización alcanzado.
¿Es comparable este golpe con el sufrido por PPK, el Apra, el PPC o la izquierda nacional? Desde un ángulo objetivo –es decir, el punto de partida y las posibilidades- obviamente que no.
Imposible desligar este resultado para FP de la caída de la aprobación del partido, su líder y el Congreso, y de las sucesivas derrotas sufridas por su estrategia de tensión, especialmente en los últimos seis meses. El fracaso electoral del fujimorismo no parece ser coyuntural, si se toma en cuenta el proceso de construcción partidaria durante 8 años, y su narrativa respecto a su organización, cohesión y representación popular.
La derrota descubre la falla estructural de un partido organizado hacia adentro y de arriba hacia abajo, con decenas de líderes que han perdido conexión con la sociedad, una errada táctica de privilegiar la guerra política subestimando la cooperación, y una dinámica legislativa populista en lo económico y conservadora en lo social. En resumen, los ciudadanos han rechazado la deriva ultraderechista de Fuerza Popular.
Las bajas votaciones en buena parte de regiones son efecto de la creciente ilegitimidad de la oferta, más que de la fragmentación de las candidaturas.
En un grupo de regiones, los candidatos se ubican cerca entre el 20% y 30% de votos emitidos (Amazonas, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Pasco, M. de Dios, Piura y Tumbes). En otros, preocupa que no lleguen al 20% (Arequipa, Huánuco y Lima Provincias); y es más grave que en tres regiones apenas superen el 15% de votos (Ancash, Cusco y Tacna).

Si comparamos estas bajas adhesiones con las elecciones anteriores, encontramos plazas electorales con una representación autodestruida, a lo que se agrega altas tasas de votos blancos/viciados (Ancash 28%; Tumbes 24%; Cusco 23%; Arequipa, Cajamarca y Piura, 22%), y un ausentismo creciente respecto de otros procesos electorales (Huánuco 24%; y Ancash, Cajamarca, Callao y Tumbes, 22%).

domingo, 4 de marzo de 2018

Las regiones no hacen política

http://larepublica.pe/politica/1201492-las-regiones-no-hacen-politica
La República
La mitadmasuno
23 de febrero de 2018
Juan De la Puente
Nos aprestamos a iniciar la campaña electoral regional y municipal más pobre desde que se eligieron los primeros alcaldes, en 1963. El auge de la corrupción regional/local ha hecho que el único aspecto decisivo de las elecciones de octubre próximo sea evitar que se elijan autoridades comprobadamente corruptas o sospechosas de serlo.
Este empobrecimiento de la democracia confirma del extravío de la agenda subnacional; denuncia un espantoso minimalismo y un abandono de lo público en un contexto en el que, paradójicamente, se les pide a los políticos nacionales que “hagan política”. Las demandas de transparencia electoral, inclusive, han abandonado aspectos cruciales del proceso como la democracia interna de partidos y movimientos, y los sospechosos gastos de la pre campaña electoral.
Debería ser otro momento. El proceso de descentralización tiene 15 años de vigencia, gran parte de los cuales está suspendido en el aire. No está claro qué le ha hecho más daño al proceso, si la liquidación de las elites regionalistas que pugnaron por iniciar esta etapa, el colapso de los partidos nacionales en las regiones o la reconversión mafiosa de las nuevas élites mercantilizadas. Sea cual fuese la respuesta –podrían ser todas ellas, una tras de otra- tendremos este año las elecciones más centralistas que hayamos imaginado en un contexto de regiones y municipios desnudos, descarnados y abandonados por dentro y por fuera. 
Sin proyecto regional más allá del diseño de carreteras, hospitales y mercados, un grupo de regiones (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Madre de Dios, entre otras) crecieron en la última década varios años por encima del promedio nacional sin que esta evolución significase el fortalecimiento de sus instituciones y el mejoramiento de la relación entre el poder y los ciudadanos.  En este punto, el mal centralista de buena economía combinada con mala política contagió a la mayoría de regiones. Probablemente en ellas exista actualmente más fragmentación, más políticas de fuerza, de exclusión y liquidación del adversario que en la política nacional.
Las regiones y municipios se han debilitado como un conjunto capaz de equilibrar la dinámica de las relaciones políticas nacionales al extremo que la mayoría de grandes conflictos sociales se gestionaron sin las regiones o contra ellas. Las políticas de identidad son el último refugio de este descentralismo que se bate en retirada; ellas pueden ser una respuesta a las crisis internas (Tacna vs Moquegua es el caso más caracterizado) pero ya no sirven para fijar la atención en el futuro.
Parece que el ideal descentralista sobra. Su horizonte originario se ha diluido. Fue primero reemplazado por el paradigma constructor. El eje de las dos últimas campañas electorales (2010 y 2014) fueron las obras de infraestructura que reemplazaron los problemas de fondo que llevaron a la recusación histórica del centralismo, el poder y el progreso social. Ahora, en la campaña que se inicia, no existe paradigma; el reino del taper, el polo y el helado ya es absoluto y abierto.
Me pregunto por las estrategias y rutas para revertir esta situación y aprecio más de lo mismo; un fuerte interés por evitar que los indeseables accedan o retornen al poder, acompañados de una oferta electoral tradicional que reproduce el centralismo nacional en el centralismo regional. Es probable que esta tendencia no sea revertida por los partidos nacionales que han empezado a fraccionarse gracia a la ley que permite las candidaturas de quienes no viven en la circunscripción electoral, la del domicilio múltiple.

Puede sonar raro pero la única salida es la recuperación de la unidad regional, la búsqueda de un horizonte común por quienes participarán en las elecciones de octubre, el cese de las políticas de exclusión adelantadas que son el antecedente del fracaso de quienes ganarán los municipios y regiones. La idea de un nuevo horizonte regional reclama una agenda pública renovada. Honradez sí, claro, pero también calidad y proyecto común. La crisis de la gran política nacional es una oportunidad para las regiones y municipios.

martes, 15 de agosto de 2017

La huelga y la opinión pública. Sobre la encuesta de Ipsos.

Por Juan De la Puente
Uno de los errores más comunes en el análisis político es el exceso de la agregación, que no permite apreciar los fenómenos que componen el escenario y por lo tanto impiden advertir las tendencias en curso y las brechas entre los hechos y actores. El otro extremo es el exceso de la desagregación, la apreciación aislada de los hechos, es decir, la pérdida de contexto.
He visto algo de lo último en algunos análisis de la huelga magisterial, un intento de observación que ignora varios elementos, especialmente los siguientes: 1) una huelga que dinamiza y forma parte de la recuperación de los movimientos sociales; 2) en confrontación con un gobierno minoritario y débil; 3) a cargo de una dirección ubicada en el extremo izquierdo de los movimientos sociales, maoísta y posmaoísta; 4) que se encuentra en disputa con la representación tradicional de los sindicatos; y 5) con una parte de su dirección marcadamente economicista, que subestima la reforma para mejorar la calidad de la educación.
Fuera del contexto, la huelga es una expresión de demandas legítimas que el gobierno está en la obligación de “resolver”, sin decir en qué sentido y cómo. Fuera de contexto, la huelga se dirige también contra el SUTEP oficial, y es bueno ello porque ya es hora que el SUTEP sea “liberado” de Patria Roja, no importa si luego viene la balcanización del sindicalismo magisterial como sucedió con Construcción Civil. Finalmente, fuera de contexto, el canal de solución de la huelga es el dialogo para el aumento; mañana o pasado discutiremos la evaluación y la meritocracia.
El exceso de desagregación lleva a que se extraiga solo un dato de la reciente encuesta de Ipsos: que el 56% está de acuerdo con la huelga, un número cierto y redondo que grafica la legitimidad de las demandas salariales de los maestros, el punto más vulnerable de las políticas públicas educativas desde hace décadas.
Otro dato concurre al escenario, como la caída de 10 puntos en la aprobación de la ministra de Educación (ahora en 24%), hasta hace poco una de las más valoradas del gabinete, una debilidad en el liderazgo del sector que será decisiva para el reimpulso de los cambios que se están perdiendo.
La actitud de la opinión pública está en proceso y es necesario tomar en cuenta esta condición de cara la sucesión de micro ciclos políticos que vienen.
Sorprende, por ejemplo, el alto nivel de información de los ciudadanos sobre la huelga misma (94%) y sobre sus demandas (91%), y ese conocimiento explica la opinión matizada respecto de la huelga porque junto a la legitimidad de los reclamos, y en un número superior de 94%, los peruanos se pronuncian en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.
El aspecto político de la huelga es también objeto de una visión matizada de la opinión pública: 1) El 69% cree que los maestros reclaman por convicción; 2) solo el 28% cree que están “amenazados” por una dirigencia extremista (qué pregunta más tremendista, de paso); 3) el 67% está de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas; 4) el 93% se expresa contra los ataques a los locales públicos y privados; 5) el 76% se muestra contrario que se impida trabajar a los que quieran hacerlo; 6) el 70% cree que a los huelguistas se le debe descontar los días que no trabajan; y 7) el 71% cree que deben ser despedidos -entre lo inmediato o si persisten en la inasistencia al trabajo- y solo el 24% cree que nunca los huelguistas deben ser despedidos.
Salvo la última respuesta que expresa una visión autoritaria respecto de la huelga en tanto derecho fundamental, la opinión pública no se muestra radicalizada en favor de la huelga o contra ella. En el equilibrio de la desagregación y agregación de datos, se aprecia varias legitimidades sociales, entre las cuales las más resaltantes son los reclamos salariales y la meritocracia.
Esta información explica varios hechos recientes, entre ellos la ampliación de la huelga y el poco eco que tienen las alertas sobre que un sector de la dirección de este movimiento pertenece al MOVADEF, legitimado políticamente más por el Estado que por los huelguistas.

Finalmente, la huelga consagra un escenario que reclama una gobernabilidad plural y no un bipartidismo imperfecto. Las fuerzas sociales -y regionales, que están más allá de los gobernadores convenidos, varios de ellos corruptos- han resurgido y han tomado su pedazo de dialogo y de calle, sobre lo que me referí en otro artículo (http://larepublica.pe/politica/1066842-consenso-a-palos-ano-uno). Si insistimos en desagregar nos perdemos el proceso y la tendencia, la formación de una nueva representación sectorial y local (http://larepublica.pe/politica/1072491-el-luminoso-sendero-social).