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martes, 20 de agosto de 2019

La puerta abierta

https://larepublica.pe/politica/2019/08/09/la-puerta-abierta/
La República
La mitadmasuno
9 de agosto de 2019
Juan De la Puente
La propuesta de adelanto de elecciones significa la alteración de la hoja de ruta que parecía haberse trazado con el inicio de la gestión del actual Gobierno, y que constaba de cambios mínimos resistidos por un amplio abanico de fuerzas opositoras, especialmente inmovilistas. La etapa que se acaba de iniciar es de un desenlace suspendido en el aire y de una posibilidad incierta de cambio. La política peruana es un cuaderno en blanco que se escribe cada día.
Vivimos una transición; es la palabra que mejor puede designar este proceso. Las otras, como crisis, coyuntura crítica o recomposición, no son suficientes para un ciclo precario e inseguro donde las elecciones del año 2020 serán un hito, no el final del recorrido. Es tan precario este tránsito que aún no sabemos qué será lo más importante; la única certeza es que no hay vuelta atrás.
Transitamos una experiencia nueva, pero solo en términos relativos. El Perú ha vivido tres transiciones en los últimos 50 años: la de 1977-1980, de 2000-2001 y la actual. Los códigos “externos” de las dos primeras fueron: 1) que lo esencial son las soluciones democráticas; 2) que lo constitucional se aborda con creatividad y responsabilidad desde la política, no al revés; y 3) que las salidas son negociadas, bajo un juego de presiones rudas, pero pactadas.
Y tenemos nuevos fenómenos. Las anteriores transiciones (1977-1980 y 2000-2001) se llevaron a cabo con efervescencia y masiva participación de la sociedad que hicieron débiles a los actores que empezaron la ruta con cierta fortaleza. Fueron procesos para recuperar la democracia, en tanto que la actual se propone renovarla desde dentro, con actores débiles desde el inicio y una participación social todavía pendiente.
Los datos sobre la voluntad política se posan sobre esta realidad donde se combina lo conocido y lo nuevo. Es incontestable que hay una mayoría política en favor de las elecciones adelantadas (75%), aunque por debajo de la mayoría anterior, la que obtuvo el referéndum de diciembre pasado, y con un número más bajo de peruanos (56%) que, a pesar de la impopularidad del Congreso, prefiere que se disuelva el Parlamento.
Esta mayoría es por ahora constitucional; opta por una salida legal, pacífica, pactada y democrática. No es un “que se vayan todos” en clave rupturista, sino negociada. Y pensar que todavía algunos no distinguen esa madurez y califican de populista el humor de la calle.
Que no se engañen los que no quieren calendario electoral adelantado. Ya no existe en la calle una mayoría vizcarrista y plebiscitaria; hay una mayoría transicional. El presidente tiene un alto respaldado para gestionar esta etapa, la mayoría se opone a su vacancia (70%), aunque su ubicación en el bloqueo institucional ha cambiado: ha pasado de ser una solución, a ser un problema, o en mejor de los casos una solución/problema. Solo el 18% piensa que Vizcarra y el Congreso deben de seguir en funciones hasta el 2021.

Estos datos deben servir para las negociaciones y para las soluciones unilaterales en caso fracase un pacto para usar la vía de la regla de la reforma constitucional (artículo 206º de la Carta) y se abra el uso de la regla de sucesión (artículo 115º). Se tiene que negociar el futuro y no el pasado.

domingo, 14 de octubre de 2018

Un país en desorden y movimiento

https://larepublica.pe/politica/1331635-pais-desorden-movimiento
La República
La mitadmasuno
5 de octubre de 2018
Por Juan De la Puente
Crece la sensación de que el país se encuentra a minutos de estallar. Algunos creen que existe un caos, y que este anuncia otro, más profundo. Otros piensan que esta crisis, en realidad varias quebraduras, no anticipan un cambio progresista o conservador, sino solo más desorden. Finalmente, junto al pesimismo se abre paso la percepción de una extrema polarización que debe ser atajada. Como en todo periodo vehemente, la denuncia del odio es igual al odio del denunciante.
En agosto de este año César Hildebrandt prevenía contra este argumento inmovilista. Señalaba que “la peor prédica que podamos oír es aquella que la anarquía llegará si optamos por los cambios”. Y es cierto, vivimos un periodo en que el desorden viene acompañado de movimiento, de cambios, y eso no es malo.
Desconfiemos del pronóstico del abismo. Es cierto que nuestro sistema conserva una cuota de imprevisibilidad y que un giro sorprendente podría derivarnos a un espiral destructivo. Este riesgo se potencia teóricamente por una exagerada agregación de elementos, un recurso fácil que impide apreciar que desde hace años las batallas políticas se dividen en microciclos con líderes cada vez más débiles.
Esta etapa pasará a la historia como el turbulento año 2018 –vacancia, indulto, renuncia, desafueros, audios, cuestión de confianza, contra indulto, reforma, referéndum- jalando de la cola a diciembre del 2017 y que, comparado con otros años, es el más borrascoso del último siglo (más que el de 1930, 1936, 1945, 1968, 1992 o 2000).
Es cierto que nunca nos habíamos peleado tanto, pero nunca habíamos coincidido al final tanto, después de tratarnos a palos, por supuesto. Pruebas al canto: el día que renunció PPK subió la bolsa, Vizcarra se empoderó sin conflictos, tres de las cuatro reformas fueron votadas con altas mayorías, y es muy probable que el referéndum convoque una masiva votación favorable.
Este resultado se debe a otros elementos que no deberían eludirse además de la debilidad de los actores institucionales, entre ellos la fortaleza del sistema político y económico que opera como miedo al vacío, y el lento progreso de las corrientes que impulsan el cambio, de modo que es igualmente importante que sea tan evidente la corrupción recientemente revelada como lo falta de fuerza para depurar todas las instituciones tocadas por los audios del CNM.
La inestabilidad se ha hecho estable; sobre el punto, Fernando Tuesta recuerda siempre que la palabra crisis no dice nada si es que alude a un fenómeno irresuelto y de tan larga duración. Esta normalización de la inestabilidad no presenta salidas de corto plazo, pero abona a una sucesión de pequeños cambios que el sistema acepta y estimula, es decir, un país negado para las grandes reformas. Por ahora.
En esa dirección, el referéndum de diciembre no resolverá todas las brechas, pero atemperará el divorcio entre la sociedad y la élite gobernante. Los millones de votos que sancionarán las reformas, legitimarán en el corto plazo más al Gobierno que al Congreso, pero enseñarán las posibilidades de una reforma empujada desde la calle contra el sistema. En estos momentos, aún no lo saben los poderes públicos, no hay nada más “antisistema” que el referéndum.
Es probable que a esta inestabilidad estable concurra la convicción de que la posibilidad que la política dañe directamente a la economía es baja, aunque el perjuicio pueda medirse por la pérdida de oportunidades. Si sumamos los “pudimos crecer” de los últimos 8 años, es probable que el país haya perdido por lo menos 10 puntos porcentuales de crecimiento del PBI, aunque ese cálculo no se politice.

Hemos hecho en poco tiempo un aprendizaje del cambio. Después de la sucesión constitucional ordenada luego de la caída de PPK el sistema podría digerir un adelanto de elecciones parlamentarias y hasta un adelanto de elecciones generales. Estamos construyendo lentamente una mayoría social contra el sistema, un momento especial en el que es más fácil identificar lo malo y lo bueno, a pesar incluso de victorias pasajeras de lo primero. Nunca habían caído tantos dioses.

lunes, 8 de octubre de 2018

Elecciones regionales y locales, preguntas nacionales

Por Juan De la Puente
Los resultados de las elecciones del 7 de octubre proponen preguntas que deberían ser respondidas sin acudir al recurso fácil de que no son relevantes al no tratarse de comicios generales. Entre las interrogantes, tres son cruciales: 1) lo sucedido con los partidos “nacionales”, especialmente Fuerza Popular y las bajas votaciones de los candidatos en todo el país; 2) el triunfo de Muñoz y derrota de Urresti en Lima; y 3) la elección de candidatos acusados de corrupción.
Sostengo, a tono con lo que señalan hoy en La República Mirko Lauer y Augusto Álvarez Rodrich, que estos resultados deberían leerse en una clave nacional, y no local; política, y no vecinal; y orgánica, y no coyuntural.
Empecemos. Descontando el desempeño muy relativo de Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), los partidos nacionales han sufrido un duro revés que se mide en dos tiempos. En un primer momento casi todos fueron colonizados por caudillos locales sin partido a los que le entregaron su representación, y en un segundo momento fueron derrotados en las urnas, con algunos triunfos matizados. Esta tendencia es aplicable incluso a Lima, donde las victorias de Muñoz y la docena de candidatos de ese partido son básicamente individuales.
De las 25 regiones, los partidos nacionales ganaron solo en 8 (APP en Cajamarca, La Libertad, Ucayali, Pasco y San Martin; AP en Cusco; Podemos en Lambayeque; y Restauración Nacional en Loreto), y en 5 regiones en primera vuelta (La Libertad, Lambayeque, Loreto, Ucayali y San Martin), con la precisión de que estos candidatos –a excepción de Mesías Guevara de Cajamarca y Manuel Llempén en La Libertad- son independientes fichados por los partidos para estas elecciones.
En tanto, en 17 regiones ganaron listas independientes, que la ley llama movimientos regionales, 6 en primera vuelta (Callao, Ica, Huancavelica, Junín, Moquegua y Puno). En 5 casos, los partidos nacionales disputaran la segunda vuelta regional.
A los partidos puede haberles ido mejor en los municipios provinciales, pero el cuadro general es de retroceso respecto las elecciones de los años 2006, 2010 y 2014, considerando el esfuerzo que realizaron varios grupos para presentarse en más circunscripciones y el haber contado los últimos dos años con financiamiento público.
El golpe más duro es para Fuerza Popular (FP), por el dato electoral precedente (el 2016 ganó en 15 regiones, con el 39% de votos del total nacional, es decir 6 millones de sufragios); el grado de participación (presentó listas en 17 regiones, 82 provincias y 514 distritos) y el nivel de movilización alcanzado.
¿Es comparable este golpe con el sufrido por PPK, el Apra, el PPC o la izquierda nacional? Desde un ángulo objetivo –es decir, el punto de partida y las posibilidades- obviamente que no.
Imposible desligar este resultado para FP de la caída de la aprobación del partido, su líder y el Congreso, y de las sucesivas derrotas sufridas por su estrategia de tensión, especialmente en los últimos seis meses. El fracaso electoral del fujimorismo no parece ser coyuntural, si se toma en cuenta el proceso de construcción partidaria durante 8 años, y su narrativa respecto a su organización, cohesión y representación popular.
La derrota descubre la falla estructural de un partido organizado hacia adentro y de arriba hacia abajo, con decenas de líderes que han perdido conexión con la sociedad, una errada táctica de privilegiar la guerra política subestimando la cooperación, y una dinámica legislativa populista en lo económico y conservadora en lo social. En resumen, los ciudadanos han rechazado la deriva ultraderechista de Fuerza Popular.
Las bajas votaciones en buena parte de regiones son efecto de la creciente ilegitimidad de la oferta, más que de la fragmentación de las candidaturas.
En un grupo de regiones, los candidatos se ubican cerca entre el 20% y 30% de votos emitidos (Amazonas, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Pasco, M. de Dios, Piura y Tumbes). En otros, preocupa que no lleguen al 20% (Arequipa, Huánuco y Lima Provincias); y es más grave que en tres regiones apenas superen el 15% de votos (Ancash, Cusco y Tacna).

Si comparamos estas bajas adhesiones con las elecciones anteriores, encontramos plazas electorales con una representación autodestruida, a lo que se agrega altas tasas de votos blancos/viciados (Ancash 28%; Tumbes 24%; Cusco 23%; Arequipa, Cajamarca y Piura, 22%), y un ausentismo creciente respecto de otros procesos electorales (Huánuco 24%; y Ancash, Cajamarca, Callao y Tumbes, 22%).