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martes, 20 de agosto de 2019

La puerta abierta

https://larepublica.pe/politica/2019/08/09/la-puerta-abierta/
La República
La mitadmasuno
9 de agosto de 2019
Juan De la Puente
La propuesta de adelanto de elecciones significa la alteración de la hoja de ruta que parecía haberse trazado con el inicio de la gestión del actual Gobierno, y que constaba de cambios mínimos resistidos por un amplio abanico de fuerzas opositoras, especialmente inmovilistas. La etapa que se acaba de iniciar es de un desenlace suspendido en el aire y de una posibilidad incierta de cambio. La política peruana es un cuaderno en blanco que se escribe cada día.
Vivimos una transición; es la palabra que mejor puede designar este proceso. Las otras, como crisis, coyuntura crítica o recomposición, no son suficientes para un ciclo precario e inseguro donde las elecciones del año 2020 serán un hito, no el final del recorrido. Es tan precario este tránsito que aún no sabemos qué será lo más importante; la única certeza es que no hay vuelta atrás.
Transitamos una experiencia nueva, pero solo en términos relativos. El Perú ha vivido tres transiciones en los últimos 50 años: la de 1977-1980, de 2000-2001 y la actual. Los códigos “externos” de las dos primeras fueron: 1) que lo esencial son las soluciones democráticas; 2) que lo constitucional se aborda con creatividad y responsabilidad desde la política, no al revés; y 3) que las salidas son negociadas, bajo un juego de presiones rudas, pero pactadas.
Y tenemos nuevos fenómenos. Las anteriores transiciones (1977-1980 y 2000-2001) se llevaron a cabo con efervescencia y masiva participación de la sociedad que hicieron débiles a los actores que empezaron la ruta con cierta fortaleza. Fueron procesos para recuperar la democracia, en tanto que la actual se propone renovarla desde dentro, con actores débiles desde el inicio y una participación social todavía pendiente.
Los datos sobre la voluntad política se posan sobre esta realidad donde se combina lo conocido y lo nuevo. Es incontestable que hay una mayoría política en favor de las elecciones adelantadas (75%), aunque por debajo de la mayoría anterior, la que obtuvo el referéndum de diciembre pasado, y con un número más bajo de peruanos (56%) que, a pesar de la impopularidad del Congreso, prefiere que se disuelva el Parlamento.
Esta mayoría es por ahora constitucional; opta por una salida legal, pacífica, pactada y democrática. No es un “que se vayan todos” en clave rupturista, sino negociada. Y pensar que todavía algunos no distinguen esa madurez y califican de populista el humor de la calle.
Que no se engañen los que no quieren calendario electoral adelantado. Ya no existe en la calle una mayoría vizcarrista y plebiscitaria; hay una mayoría transicional. El presidente tiene un alto respaldado para gestionar esta etapa, la mayoría se opone a su vacancia (70%), aunque su ubicación en el bloqueo institucional ha cambiado: ha pasado de ser una solución, a ser un problema, o en mejor de los casos una solución/problema. Solo el 18% piensa que Vizcarra y el Congreso deben de seguir en funciones hasta el 2021.

Estos datos deben servir para las negociaciones y para las soluciones unilaterales en caso fracase un pacto para usar la vía de la regla de la reforma constitucional (artículo 206º de la Carta) y se abra el uso de la regla de sucesión (artículo 115º). Se tiene que negociar el futuro y no el pasado.

martes, 6 de agosto de 2019

La incertidumbre y los inseguros

https://larepublica.pe/politica/2019/08/02/la-incertidumbre-y-los-inseguros/
La República
La mitadmasuno
2 de agosto de 2019
Por Juan De la Puente

La propuesta de adelanto electoral ha generado el uso desprevenido del concepto “incertidumbre”, especialmente aplicado a la economía, adjudicándole de plano, abusivamente, un significado concluyente solo por razones del debate público.
Desagregando nuestro modelo de desempeño institucional desde el año 2000, este presenta elementos a tomar en cuenta a la hora de apreciar los conflictos, como: 1) un riesgo país bajo para la región (considerando que el Índice Global de Riesgo, IGR, le da generalmente al Índice Político un 35% de peso); 2) una marcada separación entre la política y la economía, resumida en la imagen de las “cuerdas separadas”; y 3) una sostenida insatisfacción social sobre la economía, incluso a pesar de sus logros, lo que Latinobarómetro bautizó como “la paradoja peruana” hace 15 años, reportando en su última medición (2018) solo 9% de satisfacción por debajo del promedio regional de 18 países (16%).
Una definición abierta de incertidumbre sería que es un periodo en que los tomadores de decisión carecen de certezas sobre el resultado de sus movimientos y, por lo tanto, no pueden estimar sus logros o pérdidas debido a la falta de información sobre el curso de los hechos. Bajo esta premisa, es un exceso designar como incertidumbre los indicadores clásicos de riesgo, inestabilidad, desconfianza o conflicto, o, peor aún, ignorar la interacción de estas variables, especialmente cuando se agregan o desagregan en las coyunturas críticas.
En el caso peruano, hablaríamos de, por lo menos, tres tipos de incertidumbre, dos puras y una general o mixta. La económica “pura” fue muy escasa, y quizás la más significativa haya sido la de los efectos internos de la crisis financiera internacional (2008) con baja afectación de la economía debido al liderazgo del gobierno. Luego, tuvimos varias coyunturas de incertidumbre política “pura”, entre ellas las asociadas a las campañas electorales del 2006 y 2011 y la actual, la más larga, que dura desde diciembre del 2017. Estos episodios tampoco fueron decisivos en los resultados económicos. Hasta ahora.
En este periodo no hemos experimentado coyunturas de incertidumbre general, en la dimensión de los años 80. Es probable, sin embargo, que su ocurrencia en esta etapa vaya asociada a condiciones, como: 1) una larga disputa violenta, sin salidas, entre el Gobierno y el Congreso, que comprometa decisiones económicas públicas, como la aprobación del presupuesto, por ejemplo; 2) paralizaciones expresas y sostenidas de sectores claves de la economía o de regiones, produciendo una agregación de conflictos que escalen en intensidad; o 3) la irrupción de alternativas que desborden los cauces legales y promuevan salidas extralegales con cierto respaldo ciudadano.

De las posibilidades señaladas, la primera podría estar en ciernes, de modo que se impone una negociación para adelantar las elecciones, un pacto renovador de la democracia, propio de una transición política en la que ya tenemos experiencia. Por lo mismo, no existe una incertidumbre general, automática y obligatoria, menos un riego de recesión o de grandes pérdidas materiales, en un proceso que hasta ahora es esencialmente político. No invoquemos al diablo por gusto.