viernes, 10 de agosto de 2018

El Estado mafioso

Esta es una serie de artículos publicados en La República desde el 27 de julio de 2018, a propósito de los audios difundidos por la prensa, que revelan la corrupción judicial y politica.
La República
La mitadmasuno

27 de julio 2018
El Estado mafioso (I)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1286366-mafioso-i
Según el académico venezolano Moisés Naím, el Estado mafioso es un híbrido moderno de cuya existencia no hemos reparado del todo, caracterizado por una dinámica nueva, donde no es el crimen el que toma al Estado, sino el Estado coopta a las redes criminales, no para erradicarlas sino para ponerlas a su servicio.
El actual escándalo de los audios resume el desborde de la corrupción en las altas esferas. Ya no se puede argüir que se trata del contagio brasileño a un sistema supuestamente honrado, o la evolución lineal de nuestra larga historia de corrupción reseñada en el texto de Alfonso Quiroz (Historia de la corrupción en el Perú. Lima. 2003. IEP). Tampoco sería apropiado afirmar que nos hemos graduado de Estado mafioso, aunque sostengo que los audios de julio nos colocan en otro nivel. Para allá vamos, dejando atrás la corrupción tradicional en sus dos recientes grandes ciclos, 1990-2000 y 2001-2016, el primero en un contexto autoritario y el segundo en una etapa democrática.
En un análisis inicial, el colega César Romero (La República) identifica en el caso de los audios, dos redes delictivas. La primera –la Red Nº 1- encabezada por un vocal de la Corte Suprema, que se habría infiltrado en la Corte Superior de Justicia del Callao y en el distrito fiscal del Callao. La otra –la Red Nº 2- la encabezaría un antiguo operador montesinista, cuyo grupo, al que pertenece el dueño de una universidad de reciente data, habría tomado el CNM y la ONPE. Lo difundido hasta ahora demuestra que las altas instancias de la fiscalía y el Poder Judicial (PJ) han sido por lo menos tocadas por ambas redes, de modo que su descubrimiento ha impedido un daño mayor.
La cuantía del daño está pendiente y por una razón añadida. Se precisa de un estudio en profundidad de la existencia de una tercera red, es decir, el concurso de políticos que desde otras posiciones en el Estado se sirvieron de las redes 1 y 2 para sus fines especiales en lugar de identificarlas para suprimirlas. Siguiendo la lógica de Naím, estaríamos ante un proceso de cooptación de grupos delictivos con propósitos de largo plazo, una toma del poder no tradicional pero que implica el matrimonio entre la política y el crimen.
En eso reside la gravedad que reportan los audios, y por esa razón fue correcto apagar la luz del CNM e iniciar un proceso de reforma que debería terminar en un cambio constitucional que disminuya el alto nivel de discrecionalidad que le otorga la Constitución vigente, y modifique su composición y la forma de elección de sus miembros. Por lo mismo, es urgente atender la virtual acefalía de la ONPE y recuperar su estándar de transparencia.
Los casos de Áncash y el Callao sirven como antecedentes de la falta de diligencia del poder para suprimir las redes corruptas. Son los botones de muestra del Estado mafioso que nos espera. En estas regiones, las redes sobrevivieron y se adaptaron y por lo menos en un caso, el Callao, su fortaleza se debe a la relación intensa entre el crimen, la justicia, el poder político y en algún momento la policía.
En Áncash, luego del estallido de la corrupción, el sistema judicial no culminó la limpieza. Ese año, 2014, la OCMA y su ente de control de la corte superior sancionaron a 52 servidores judiciales, entre magistrados y auxiliares, menos que el año anterior, y en los tres siguientes años, a 84 servidores. Al momento de redactar esta nota, no tenía los datos del Ministerio Público.

A nivel nacional, una revisión de las sanciones del órgano de control del PJ arroja el incremento brusco de sanciones (a 2.074 servidores el año 2015; 3.949 el año 2016; 5.361 el año pasado; y 2.483 en lo que va del año). La cifra de más de 13.800 sanciones en tres años y medio es alta y meritoria. No obstante, quizás porque el número de auxiliares es mayor a la de magistrados, o porque la pita se rompe por el lado más débil, las sanciones a los jueces y vocales no supera el tercio del total. Asimismo, la mayoría de las sanciones son amonestaciones y multas. Desde el 2015 a la fecha solo han sido suspendidos 169 magistrados, y sobre 132 pesa la propuesta de destitución.
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3 de agosto 2018
El Estado mafioso (II)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1290643-mafioso-ii
El escándalo de los audios resume el desborde de la corrupción en las altas esferas. Es cierto que no es apropiado afirmar que nos hemos graduado de Estado mafioso, pero allá vamos, dejando atrás la corrupción tradicional. El entramado delictivo que acaba de ser descubierto presente dos redes operativas, pero la sorpresa reside –catarata de audios mediante– en una red en ciernes, la de los políticos que se sirven de las redes “tradicionales” corruptas para sus fines especiales, un proceso de cooptación de grupos delictivos con propósitos de largo plazo, especialmente advertidos en los diálogos que envuelven a varios miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Hasta ahora, la manera como se ha enfrentado la corrupción de los políticos o de las altas esferas tuvo tres constantes no concurrentes: la acción de la justicia, las investigaciones parlamentarias y la expedición de nuevas normas convencionales, especialmente las que definen nuevos tipos penales, aumentan las sanciones, evitan la prescripción de los delitos y estrechan los beneficios penitenciarios.
Los últimos 18 años han sido plenos de una legislación anticorrupción desordenada que, sin embargo, no logró impedir los actos ilícitos que se denuncian desde los Petroaudios, y el caso Ecoteva y Alejandro Toledo para adelante (años 2008 y 2013, respectivamente). La relación entre la batería de medidas legales y judiciales y las repuestas políticas contra la corrupción ha sido estudiada en otros países, en Italia, por ejemplo. El profesor Guiseppe Carlo Marino (Historia de la mafia; un poder en las sombras. 2002, ediciones B, España) sostiene que la lucha contra este fenómeno fue claramente concebida, planteada y llevada a cabo no como un capítulo de la represión de la criminalidad, sino como una empresa de liberación civil de un complejo sistema de poder, del que la criminalidad constituye solo un aspecto. En el caso específico de Sicilia –encuéntrese la referencia comparada con nuestro caso–, el Grupo Antimafia de la Fiscalía de Palermo fue el eje de un movimiento renovador de la magistratura, con jueces y fiscales empoderados y en actividad constante, al que complementaron medidas legislativas, políticas y administrativas. A esta renovación, el profesor Carlo Marino llama una revuelta legalista.
Esa revuelta está en ciernes en nuestra judicatura. Debe recordarse en el actual caso de los audios el rol desempeñado por la fiscal Rocío Sánchez y el juez Cerapio Roque, entre otros, y la batalla casi solitaria que libra el fiscal Juan Carrasco, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, contra Edwin Oviedo, respaldado este por la increíble casación de la Corte Suprema.
Si existe un imperativo político en esta hora en que se produce una dura batalla por la depuración de la Fiscalía y el Poder Judicial, es el respaldo a las decenas de fiscales y jueces probos que precisan de un mensaje claro de apoyo y protección. El peor escenario para estos propósitos es la guerra interna desatada en el Ministerio Público, un conflicto que no puede saldarse con la victoria de los denunciados. Si eso sucede, la revuelta contra la corrupción en las altas esferas habría muerto en la cuna.
Finalmente, la ofensiva contra la corrupción política que el presidente Martín Vizcarra iniciara con su Mensaje a la Nación del pasado 28 de julio es prometedora por donde se le mire. Hasta ahora, el eje de la discusión han sido las posibilidades de un referéndum para la adopción de tres medidas de reforma política y una de reforma de la justicia.
No obstante, siendo esa posibilidad meritoria, especialmente si implica que los votantes decidirán sobre cambios de fondo bloqueados casi 20 años, son atractivas también otras posibilidades que fomentarían en el corto plazo la creación de los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, originados fuera de estas instituciones y sometidos a concurso público nacional. Si a ello se agrega un nuevo CNM con las mismas características, tendríamos en poco tiempo mejores posibilidades de que las redes mafiosas no alcancen a nacer.
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10 de agosto 2018
El Estado mafioso (III)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1294923-mafioso-iii
Las bases constitutivas del Estado mafioso están en marcha, son la promesa de la vida peruana, una expresión inversa al afán nacional resumido por Jorge Basadre a inicios del siglo pasado. A la forma tradicional de infiltración del delito a la política –especialmente el narcotráfico, contrabando y minería ilegal- una parte importante del sistema ha respondido con una apuesta mayor: la cooptación del Estado de las redes criminales por la vía de una alianza expresa para beneficio mutuo.
Se han creado las condiciones para esta evolución. A la capitalización política del crimen concurren varios fenómenos: 1) la existencia de un negocio mafioso, muy lucrativo como nunca antes, resultado de un desarrollo desigual que desborda el Estado con brechas en el acceso al bienestar (tráfico de tierras, seguridad privada, contrabando, al auge de la construcción; 2) la concurrencia de los intereses económicos y políticos de los grupos criminales y de una parte de élite nacional; 3) el control territorial de las mafias locales y regionales, protegidas u objetos de indiferencia; y 4) la inoperatividad del aparato público frente al crimen manifiesto.
El negocio mafioso es no solo rentable sino masivo, brinda empleo y seguridad, y es sostenible. El número de distritos y provincias que conviven con el crimen organizado se incrementa al igual que el número de mafias que se estructuran familiarmente. Pasemos del clásico ejemplo del poder del narcotráfico (17 mil presos en cárceles, de un total de 87 mil, y miles participando del negocio) a las redes que establecen las autoridades con grupos dedicados al tráfico de tierras, extorsionadores, tratantes de personas, madereros y mineros ilegales y contrabandistas. A la mexicana, el Perú ya no tiene mafias “puras”; en ellas se encuentran crecientemente policías, militares, alcaldes, regidores, jueces fiscales, gobernadores, etc.
Por otro lado, ya no se puede negar que determinadas redes ilegales gozan de protección política y en no pocos casos político-partidaria. En ese contexto, la noticia más desalentadora es que los dos magistrados, estrellas de los audios que se difunden estos días, beneficiaron a la organización criminal “Los Reyes de Puerto Shejo”, del Callao, con reducciones de pena o liberaciones a cambio de dinero, de acuerdo a un colaborador eficaz, cuyo testimonio ha aceptado la justicia, con lo que tendríamos un esquema estructurado de protección judicial, además de la política.
Sumando espacios donde se mueven los grupos delictivos protegidos por autoridades que deberían combatirlos, o que operan gracias a la falta de efectividad de los órganos del Estado, tenemos que en un porcentaje del país funcionan grupos criminales con cierta capacidad de movimiento e impunidad. Las redes delictivas peruanas ocupan ahora más territorio de lo que en su momento de auge tuvo el terrorismo.
El caso del distrito de La Victoria (Lima) es paradigmático: no se trata de los burgomaestres de Chilca, Santa Rosa o Punta Hermosa; a solo 20 cuadras del centro del poder del país, un alcalde organizó un grupo criminal desde el primer día de su gestión, una apuesta delictiva a plena luz del día –cobros ilegales, desvío de cobranzas, extorsión de comerciantes y alquiler de la vía pública- denunciada varias veces, sobre la que se difundieron informes periodísticos, inclusive.
En este caso, con esfuerzo, los valientes vecinos se enfrentaron al grupo criminal y junto a la organización Iniciativa Ciudadana formaron un comité de vacancia. Lamentablemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no retiró al alcalde mafioso de su cargo en marzo de este año, luego de una votación rocambolesca: solo un miembro del JNE respaldó la vacancia; otro votó porque se declare infundada la tacha interpuesta por el alcalde contra las pruebas presentadas, pero no votó en favor de la vacancia; un tercero pidió tres días de plazo para que el alcalde responda los cargos, y tampoco votó por la vacancia; y los otros dos votaron porque se convoque una nueva sesión del municipio de La Victoria para tratar la vacancia. Y así se hizo; el Perú es el país donde 2 votos son mayoría de 5.