viernes, 23 de septiembre de 2016

Reducción no consensuada del sueldo ya es jurisprudencia

Por Juan De la Puente
El juez supremo Javier Arévalo  ha dicho que la sentencia que re-crea la figura de la reducción no consensuada de salario no constituye precedente vinculante ni doctrina jurisprudencial que debe ser seguida por los demás jueces de la República.
1.- Este aseveración es inexacta en lo que corresponde al concepto “doctrina jurisprudencial” porque si bien es cierto que dicha sentencia no es vinculante de
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Artículo 22.- Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento …), no deja de ser un precedente, sienta precedente y por lo tanto no deja de ser jurisprudencia.
2.-  Para recordar, la jurisprudencia de la Corte no se agota en el precedente vinculante. Nuestra jurisprudencia ha sido sistematizada por la Corte Suprema e incluye por lo menos: i) la llamada jurisprudencia uniforme (jurisprudencia “llana”); ii) las ejecutorias vinculantes; iii) las resoluciones relevantes; y iv) los acuerdos plenarios.
3.- Se agrega a esto el valor doctrinario jurisprudencial de la casación. El Dr. Arévalo reproduce la clásica idea de que la jurisprudencia que no es vinculante no es precedente porque en el fondo no es jurisprudencia. Olvida el sentido de una sentencia de casación como fuente de verdad y derecho. Es preciso recordar lo que señala que el artículo 384° del Código Procesal Civil cuando dice: “El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia” (el subrayado es mío). Que no se pretenda entonces que la sentencia que de reducción unilateral de salario no es un precedente grave.  Como decía mi antiguo y querido profesor Aníbal Torres: recuerden, stare decises et quieta moveré, no te metas con lo que está decidido, quieto.
4.- La casación no es cualquier procedimiento en el derecho peruano. Debe saberse que es: i) un recurso extraordinario; ii) está en la potestad del más alto nivel de nuestro sistema judicial; iii) tiene como objetico controlar los errores de derecho; y iv) la resolución que fluye de ella implica también una valoración del fondo de la controversia.
5.- La re-creación de la figura de la reducción unilateral del salario -en una dimensión distinta a la señalada por el TC- es un misil contra los derechos laborales y como está planteado en el argumento merece un debate sobre su constitucionalidad. Ello no evita que un juez recurra a la figura creada para fallar en otros casos concretos sin esperar a un acuerdo de sala plena o para forzar a ella, basado en esta casación que señala dos condiciones para la reducción de sueldo no consensuado: i) que sea una medida excepcional: y ii) que sea razonable respecto del monto reducido. Esta figura desborda lo que en su momento señalo el TC cuando consideró que la reducción no consensuada procede si existe una causa objetiva  o legal (Exp. N° 0020-2012-PI/TC), es decir, cumplimiento de objetivos financieros y reorganización de personal. La Corte Suprema crea en el fondo una figura nueva señalando que procede si el monto es poco, legalizando la "mochada" del sueldo.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Una nueva UIF sin cambiar la Constitución. Hay antecedentes.

Por Juan De la Puente
El Congreso y el Gobierno están en la obligación de resolver legalmente el pedido de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se amplíen sus funciones en dos potestades: 1) acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de las personas cuya información financiera analiza; y 2) compartir esa información con la JNE y la ONPE. Algunas reflexiones desde el derecho constitucional.

1.- La oposición a que el Congreso conceda facultades al gobierno en la materia aduce que este acceso violaría la disposición constitucional establecida en el artículo 2° Inciso 5) que reza: “El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”.
2.- Se señala que para darle más poder a la UIF se requiere modificar la Constitución. Sin embargo, no encuentro razones constitucionales para que no se amplíe las facultades de la UIF tal como está pedidas. En cambio, realizar una reforma constitucional perforando cláusulas del bloque de constitucionalidad sería riesgoso porque se sentaría un precedente innecesario. Sí se podría aprobar una norma que opere en similar sentido a las MIT (Medidas de Intervención Telefónica) dispuestas por la Ley N° Ley 27697 del año 2002 (Gobierno de Toledo), denominada Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, y que fue reformada precisamente por el Decreto Legislativo N° 991 del año 2007 (Gobierno de García) merced a facultades delegadas. Estas normas regulan las limitaciones del derecho al secreto de las comunicaciones, un derecho conexo al de la intimidad personal y según algunos tratadistas parte del mismo.
3.- En esta norma hay dos figuras claves: 1) el juez que autoriza las MIT; y el fiscal que lo solicita, llamado “fiscal recolector”. Por lo que he podido saber, en el caso de la UIF lo que se propone no es eliminar la figura del juez que autoriza sino la del “fiscal recolector”, que a su vez tramita las solicitudes de otros fiscales y de los procuradores. Este procedimiento opera para la investigación de 14 delitos, incluido el lavado de activos (los otros son secuestro, trata de personas, pornografía infantil, robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de migrantes, asociación ilícita para delinquir, delitos contra la humanidad, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, peculado, corrupción de funcionarios, terrorismo, y delitos tributarios y aduaneros).
4.- En el caso de la UIF sería perfectamente constitucional que el procedimiento opere así: 1) el oficial recolector de la UIF lo solicita; y 2) el juez lo autoriza. El artículo 2° inciso 5) no menciona al fiscal sino al juez. ¿Por qué el fiscal? Porque las intervenciones telefónicas se realizan en el marco de la indagación de un delito. En el caso de la UIF nadie podría negar que si bien por mandato de su ley de creación (Ley Nº 27693) no investiga, si está autorizada a analizar la información, solicitar la ampliación de información y trasladar a la fiscalía sus hallazgos.
5.- Si la pregunta es ¿Se puede levantar el secreto bancario y la reserva tributaria en un caso administrativo que no constituye investigación? la respuesta es sí. Si hay otra pregunta, esta sería: ¿Por qué no funciona la relación UIF-fiscalía en este caso? Porque esta última se demora en procesar la información existente y porque en esa parte no ha funcionado la Ley contra el lavado de activos, Decreto Legislativo N° 1106, dictado igualmente por delegación de facultades. Esta ley no obstante avanzó sin mucha queja en lo  que ahora se pretende con más profundidad, cuando al modificar las funciones de la UIF dice: "La UIF-Perú tiene las siguientes funciones y facultades: Artículo 3.- Funciones y facultades de la UIF-Perú: 1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público del Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y locales, instituciones y empresas pertenecientes a éstos, y en general a toda institución o empresa del Estado sin excepción ni reserva alguna, y a todas las personas naturales a jurídicas privadas, quienes están obligados a proporcionar la información requerida bajo responsabilidad. Dicha información debe ser de acceso y manejo exclusivo del Director Ejecutivo de la UIF, para lo establecer un procedimiento especial que resguarde dicha información. En los casos que la UIF-Perú considere necesario, podrá solicitar acceso a base de datos, información será proporcionada a través de enlace electrónico. No puede oponerse a la UIF-Perú reserva alguna en materia de acceso a la información, bajo responsabilidad”.
6.- No se entiende la negativa a conceder las facultades en este punto, y parecer ser que el problema es otro: que la UIF comparta esta información con el JNE y la ONPE. Allí podría existir el riesgo de una potencial violación de la intimidad, ahora remachada con la Ley de Protección de Datos Personales, aunque creo que ya la Hoja de Vida obliga a los candidatos a exponer parte de su intimidad en favor del interés público. Una medida que ayudaría a evitar la violación de algún derecho sería que la UIF ponga los hallazgos al mismo tiempo en manos de la fiscalía de lavado activos que en un plazo rápido abra investigación considerando al JNE y la ONPE como terceros interesados. De otro modo, ambos organismos electorales no podrían cumplir su función y evitar el dinero sucio en la política.

martes, 20 de septiembre de 2016

A propósito del último plagio; la ley, el patito feo del Congreso. .

Por Juan De la Puente
El hallazgo de cinco proyectos de ley presentados por el congresista del Apra Elías Rodríguez que contenía argumentos plagiados no es una anécdota parlamentaria. La primera impresión ha sido culpar al congresista y este descargar la responsabilidad en un asesor. Se enreda el caso porque Elías reveló que no leyó los proyectos y que solo los firmó.
Foto Diario Correo
Si el problema se reduce a un congresista desprevenido y un asesor copión, la solución sería fácil: mejores asesores y congresistas que hagan las cosas por si mismos, porque proponer leyes es finalmente una de las razones fundamentales por las que fueron elegidos. Me temo que el  asunto es más complejo. El plagio no es una causa sino la consecuencia, y quizás debería aprovecharse este caso para realizar algunos cambios en el proceso parlamentario, reclamados hace tiempo. Aquí algunas reflexiones:
1.- El “tiempo social” de los congresistas no es "tiempo político". Que los parlamentarios, en un alto número, no elaboren sus proyectos de ley es preocupante. Ello indica que los “legisladores” –nótese en la palabra- no pueden o no tienen tiempo para hacerlo de modo que convierten a los asesores en cuasi legisladores. Esto obedece a una deformación del proceso parlamentario que se avoca los últimos años a otras labores que no dejan de ser importantes: 1) representación y gestión ante los poderes; 2) control y fiscalización; 3) vocería política nacional y regional; y 4) relacionamiento público. De estas funciones, la última ha cambiado los despachos parlamentarios al convertirlos en oficinas de actividades socio-culturales como el recojo de ropa, compra de sillas de ruedas, acopio de medicinas, colecta para colegios, padrinazgo de promociones, organización de fiestas costumbristas, premiación de personas, entre otros. Los congresistas creen que eso rinde votos. No es cierto pero cada período nuevos legisladores insisten en ello. Una mirada de los informativos parlamentarios y fotografías en redes sociales, y a la web del Congreso indican que el “tiempo social” del congresista es intenso.
2.- El patito feo del Congreso: la formación de leyes propiamente dicho. Los legisladores llevan más de una década subestimando la calidad de la iniciativa legislativa y el trabajo en las comisiones y el pleno. La mayoría tiene un mal desempeño en comisiones, pertenecen a varias sin darse a basto y el Congreso se ha negado sistemáticamente a reformar su Reglamento para reorientar el tiempo del congresista y reordenar las prioridades. Un reporte de La Asociación Civil Transparencia detectó que en el período 20014-2015 solo 39 de 130 congresistas habían asistido al 70% de reuniones del pleno del Congreso (aquí) y que la tasa se inasistencias a las comisiones es mucho mayor. El estudio fue cuestionado por algunos legisladores pero es básicamente ajustado a la realidad.
3.- El puntualismo legislativo. El parto de una ley en el Congreso es doloroso y la calidad ha decaído. Lo primero no es malo pero lo segundo sí. Si revisamos la evidencia empírica se encontrará que se privilegia la proposición de leyes puntuales, las que obligan al menor esfuerzo, y se evitan las miradas integrales. Los que ha sufrido con esa epidemia son el Código Penal y el Código Tributario. Según la organización Gaceta Jurídica, el año 2014 el Congreso sólo expidió 112 leyes pero casi todas de cambios puntuales dejando en la agenda dictámenes sobre normas básicas y temas fundamentales. Si se mira en el tiempo el problema del puntualismo legislativo es grave. Según la misma fuente, desde su promulgación el Código Penal -que tiene solo 452 artículos- se ha modificado casi 600 veces y que el Código Tributario más de 1,000 veces. Buena parte de estos cambios provienen del Congreso.
4.- Parto con hemorragia. La hemorragia de proyecto es constante. Desde el 28 de julio se han propuesto 242 proyectos de ley, a razón de 1.8 leyes por cada legislador. Esto solo ha empezado. Entre los años 2011-2016 los parlamentarios propusieron 4,655 proyectos de ley a razón de 35 leyes por cada uno, de las cuales no se aprobaron alrededor del 10%. No se llegará a las 13,653 leyes del período 2001-2006 pero sigue siendo una cifra inmanejable (en el periodo 2006-2011  propusieron 3,716 proyectos). Con estos datos a la mano,  es obvio que las comisiones se congestionan porque deben de dictaminar 40 leyes promedio en cada legislatura, además de realizar sus otras actividades de control e inclusive de investigación.
5.- Yo legislo, el partido no. El Perú es uno de los pocos países donde se legisla individualmente. El procedimiento de iniciativa legislativa nace mucho más de los despachos de los legisladores mientras que las bancadas solo se involucran en el debate del pleno, en un sistema de toma y daca al interior de cada grupo parlamentario. Este proceso ha debilitado el trabajo de las comisiones que en casi todos los casos opera como un segundo despacho de su presidente, a excepción del secretario técnico. El via crucis de los dictámenes que duermen, son despertados para luego volver a dormir, que van al pleno y son devueltos a pedido de un nuevo presidente de comisión, parece una pesadilla surrealista. Un ejemplo fue el proyecto de ley contra el maltrato infantil y de los adolescentes: desde que el 27 de marzo del año 2012, el Ejecutivo presentara el Proyecto de Ley N° 00994 el Congreso se demoró más de tres años en aprobar la ley porque una de las comisiones dictaminadoras, la de la Mujer y Familia, no dictaminó a tiempo.
6.- Reformas ya. Me parece bien la idea de un scaner antiplagio en el Congreso. Además, a inicios de un nuevo período legislativo podrían adoptarse algunos cambios:
a) desincentivar la presentación de proyectos de ley individuales y empoderar a las bancadas. Ahora se tienen pocos requisitos para las iniciativas, como que no impliquen aumento de gasto público, salvo en lo que se refiere a su presupuesto (Art. 79° de la Constitución); que solo se puede presentar proyectos de ley de carácter especial porque así lo exige la naturaleza de las cosas y no por la razón de la diferencia de las personas (Art. 103° de la Constitución); que se necesita de la firma del vocero de la bancada,  de la mayoría de sus miembros en el caso del grupo parlamentario conformado por seis 6 congresistas, o de no menos de seis 6 congresistas en el caso de los grupos parlamentarios conformados por un número de integrantes superior a seis 6 parlamentarios (Art. 76° del Reglamento); y que estén alineadas con una agenda parlamentaria, decorativa. Entre las medidas de reforma podrían encontrarse: i) un límite proyectos por comisión en cada legislatura (en este momento la Comisión de Economía tiene 49 proyectos y Descentralización 47); ii) que las leyes orgánicas y códigos solo se modifiquen con proyectos debatidos con acta de bancada; iii) que cada legislador tenga una cuota de proyectos; y iv) eliminar las leyes con la formula populista “declárese de necesidad pública o de interés público” para que esa prioridad sea reemplazada por otra modalidad Ejecutivo-Legislativo. Algunos van a clamar al cielo señalando que eso sería limitar las prerrogativas del legislador. Si, de eso se trata, como ahora lo hace la Constitución y el Reglamento del Congreso.
b) Es preciso reordenar el trabajo de las bancadas y de las comisiones para aligerar la carga del congresista y mejorar su relación política com la sociedad y su representación. El congresista Rodríguez no leyó los proyectos de ley plagiados probablemente porque no tenía tiempo y priorizó otras tareas. Esos cambios podrían doler al actual estatus parlamentario pero son necesarios: i) prohibir las actividades que no son de exclusiva representación: no más “tiempo social” perdido en recojo de ropa, sillas de ruedas y medicinas; colectas para colegios, padrinazgo de promociones, fiestas costumbristas, premiación de personas, etc. (no se imaginan las colas que se hacen en las oficinas parlamentarias para ese tipo de pedidos); ii) reducir el número de comisiones (propuesta de Transparencia); reducir el número de comisiones en las que participa un parlamentario, otra propuesta de Transparencia (se han reducido respecto del anterior período, ahora 62 legisladores pertenecen a 3 comisiones pero aún se tiene a 25 que pertenecen a 4 o más comisiones; iii) y que los asesores no sean asignados a los parlamentarios sino a las comisiones y bancadas. Que no se diga ¡horror un parlamentario sin asesor! Porque no sería ni nuevo ni el único caso en el mundo.
7.- Los asesores y el Congreso. Me parece fácil reducir el caso Rodríguez y el plagio a un asunto de ética. Hay de eso pero el problema de fondo es el puntualismo y la hemorragia individualista de iniciativas que están matando al Congreso. No es casual que los dos últimos escándalos en el Congreso giren alrededor de proyectos de ley, en los casos Vilcatoma y Rodríguez. Conozco asesores de lujo en el Congreso, como Carlos Chipoco, Jorge Morelli, Jorge Adrianzén Siancas, Milagros Campos, y Eduardo Gonzáles, entre otros, a tal grado que el genial Heduardo ha dicho que mejor hagamos dos cámaras, una de congresistas y otra de asesores. Ese recurso humano de calidad debe ser explotado en beneficio del país.

viernes, 16 de septiembre de 2016

Vilcatoma, toma, toma. Lo que mal empieza...

Por Juan De la Puente
Comparto cinco tips sobre el caso Vilcatoma, el fujimorismo, la lucha anticorrupción y los medios.
1.- Lo que mal empieza mal acaba. La renuncia de Yeni Vilcatoma a Fuerza Popular es un punto de llegada del fujimorismo. Refleja los límites de la estrategia de formación de una fuerza política prescindiendo de cualquier institucionalidad y basada en cambio  en la cooptación de líderes arriba y abajo, sin identidades o vínculos partidarios (y ahora se aprecia sin lealtades) y que se auto-representan. Si nos atenemos a la clasificación de Mauricio Zavaleta, la renuncia de Vilcatoma impacta el modelo de coalición de independientes relativamente institucionalizada por la que se decantó Fuerza Popular, prescindiendo exprofesamente de casi todos los antiguos cuadros fujimoristas y empoderando a otros por razones menos orgánicas y más externas. Con esta renuncia se diluyen también los últimos ecos del aggiornamento emprendido por Keiko Fujimori.
2.- Fuerza Popular no es una bancada cohesionada. El fujimorismo sufre un traspié víctima de sus propios esquemas. Pretendió construir una representación política post fujimorista relativizando la militancia creyendo que más importante era la pertenencia. Aún recuerdo a algunos politólogos  asegurar que Fuerza Popular era un gran aparato partidario y por lo mismo una bancada muy organizada. Seguirá siendo junto al Apra la más cohesionada del Congreso pero ahora se hace evidente que los incentivos para la unidad no son tan macizos como para sobreponerse decisivamente a otras constantes: 1) a los poderes fácticos que han penetrado algunas agendas individuales (véase el proyecto de debilitar la consulta previa, por ejemplo); 2) a las agendas locales/regionales que no han desaparecido de la acción política de por lo menos una treintena de legisladores con vínculos propios en sus lugares de origen; y 3) a la falta de cohesión programática que se hizo visible en las primeras semanas del Congreso y que proyecta la imagen de la evaporación del proyecto político presentado en las elecciones de este año.
3.- Existe un problema estructural en la representación parlamentaria. Se aprecia esto ahora como un problema más acusado en Fuerza Popular pero común a todos los grupos parlamentarios. No puede haber institucionalidad arriba (en el Congreso) si tampoco existe abajo. De hecho, en gran parte del país se han desactivado los comités y grupos movilizados durante la campaña. Algunos análisis podrían señalar que este resultado es normal si se recuerda que los partidos peruanos son vehículos electorales convertibles a los que luego de las elecciones se les vuelve a subir el capote. Sin embargo, eso no puede suceder sin consecuencias con el grupo que obtuvo el 50% de votos en la segunda vuelta electoral y el 40% en la primera,  aun más en el contexto de una sociedad movilizada o re-movilizada, con fuerte vocación de autonomía. La pregunta que surge es si será suficiente para un partido –de derecha o izquierda- practicar sólo una política parlamentaria y prescindir de cualquier dinámica extraparlamentaria.
4.- Vilcatoma no es la expresión de una nueva política superior. Vilcatoma parece ser la única que gana en este lance porque proyecta una imagen más nítida de su compromiso contra la corrupción. Eso salta a la vista desde un punto de apreciación básico y desprevenido, especialmente si se analiza los movimientos de las personas y no sus dinámicas. Vilcatoma es al mismo tiempo la más acabada expresión de la anti política en un grupo anti político, y en términos ontológicos es más fujimorista que el grupo que acaba de dejar. Es probable que esto no lo entiendan los Vilcalovers, pero no puede ser adoptada como un ejemplo de la nueva política ética quien intentó postular por el Frente Amplio, luego por PPK y finalmente lo hizo por el fujimorismo, cubriendo las crítica al pasado fujimorista con el expediente de “no me  consta”. Si alguien relativiza este comportamiento solo porque ahora Fuerza Popular se perjudica con esta novela, tendrá que recordar esto más adelante.
5.- La prensa construye sus actores políticos propios. Vilcatoma es antes y aún más ahora, una creatura de la prensa del mismo modo en que Julio Guzmán fue el bebé probeta exitoso de las redes sociales. En el desarrollo de uno de los casos contra el gobierno de Humala apareció Vilcatoma como una figura ad hoc para la narrativa anti corrupción de los medios, particularmente de aquellos medios a los que les interesa los corruptos pero no mucho los sistemas corruptos y todos los casos de corrupción incluyendo la privada. Vilcatoma es para estos efectos una figura por ahora inacabable y puede sintetizar más que ningún político una épica anticorrupción que busca el país afanosamente, como en un momento muy corto representó Daniel Urresti la épica de la seguridad ciudadana. En un sistema político sin instituciones y sin políticos, con los medios amasando identidades, ella tiene un gran futuro por delante. No sé cuánto ni por cuanto tiempo.

miércoles, 14 de septiembre de 2016

La segunda vuelta; verdades, medias verdades y mentiras.

Por Juan De la Puente
Comparto en buena onda y con argumentos desde el Derecho Constitucional y la Teoría Política, 7 tips sobre el debate de la segunda vuelta: Flexibilizar, estabilizar, copiar de Argentina, reformar las instituciones o cambiar el acceso al poder, qué hacer con los “antis” y con la mayoría absoluta, etc.
1.- ¿Flexibilizar para estabilizar? Se ha deslizado la idea de que la gobernabilidad en el Perú mejorará si se flexibiliza la segunda vuelta para permitir que sea elegido un candidato que llegue por lo menos al 40% en la primera vuelta. El argumento básico es que se debe evitar que los “anti” definan la naturaleza del poder y que en cambio franqueen el gobierno a un partido fuerte.
Esto es solo parcialmente cierto; todo sistema de elección presidencial tiene ventajas y defectos. Los dos sistemas clásicos, el de mayoría simple y de mayoría absoluta con segunda vuelta, se implementaron en el Perú y en América Latina. Sin embargo, siendo correcta la apreciación sobre los “antis” y sobre que la segunda vuelta fomenta la fragmentación de opciones y desincentiva las alianzas, en cambio tiene una gran virtud: permite la formación de mayorías políticas más duraderas en un país y en una región inestable, pendular y poco afecta a los pactos de Estado.
2.- ¿Qué hacemos con la mayoría absoluta? Antes de una discusión respecto al porcentaje de votos debería tenerse otra, sobre si abandonamos la tradición peruana de la mayoría absoluta. En esa dirección, no es cierto que la regla de mayoría absoluta se instauró solo con la Constitución de 1979. Hay una rica historia que debe saberse: seis constituciones peruanas –las de 1828, 1834, 1839, 1856, 1860 y 1867-  establecieron el sistema de mayoría absoluta en primera vuelta y en su defecto una segunda vuelta en el Congreso.  También es cierto que la Constitución de Leguía de 1920 y la de 1933 exigieron solo la mayoría simple para la elección del Presidente de la República, aunque debe recordarse que la de 1933 disponía que si ningún candidato obtenía el tercio de votos se llevaba a cabo una segunda vuelta en el Congreso, entre los que obtuvieran las más altas votaciones, una especia de segunda vuelta alternativa a la baja mayoría simple. De hecho, somos un país de mayoría absoluta en lo que se refiere a la elección del Presidente de la República, y el mejor modo de lograrlo no es entregarle la segunda vuelta al Congreso sino a los ciudadanos.
3.- No es la primera discusión sobre qué hacer con los “antis”. Ese fue el sentido del debate de la Asamblea Constituyente de 1978-79 cuando el PPC impone la segunda vuelta contra la opinión del Apra. Enrique Chirinos Soto se opuso precisamente por la misma razón de ahora, el antiaprismo, en tanto que Roberto Ramírez del Villar, el autor del artículo 203° de la Constitución de 1979 y específicamente de la segunda vuelta, señaló en el debate:Si el Presidente de la República es el representante de un Poder, en nuestro concepto el Poder más importante, debe ser elegido por la mayor cantidad de sufragios. No podríamos pedir unanimidad, porque eso sería sencillamente absurdo (…) ¿Qué es lo más justo para una mayoría, sin desconocer los derechos de la minoría? Es la mitad más uno”:
4.- ¿Mejorará la democracia y la gobernabilidad flexibilizar la segunda vuelta asumiendo la fórmula argentina? No lo creo. Un sistema de mayoría simple o de alta mayoría simple no evitaría los efectos políticos del “anti”, dirigido contra el gobierno ya elegido.
Creo que sí nos merecemos una discusión sobre los “anti” y en ese devenir apreciar su naturaleza. Algunos análisis creen que los “antis” se deben a la ausencia de identidades propias y el acento de las identidades negativas; sin negar este argumento de modo total, creo que también se debe a: 1) el carácter conservador de las ideologías que anteceden a los partidos y en algunos casos lo reemplazan; 2) la resistencia al cambio del sujeto del “anti”; y 3) nuevamente, a la ausencia de pactos. En todo caso, los triunfos de Alan García en 1985 y 2006, de Toledo el 2001 y de O. Humala el 2011 demuestra que incluso los “antis” son relativos frente a otros “antis” o si los sujetos de ellos rebajan las resistencias. Este es un problema político que no tiene que pasar por un cambio constitucional. La teoría política no aconseja abordar los problemas políticos solo desde las leyes o primero desde las leyes.
5.- Argentina no es un buen ejemplo ni de mayorías, ni de estabilidad ni de control de los “antis”. Dos países de A. Latina tienen un sistema de segunda vuelta flexible o llamada también de complemento: Costa Rica y Argentina. Sobre este último habría que decir que obedeció a una modificación constitucional de envergadura de la vieja constitución argentina (de 1853), un país federal, en ese momento bipartidista y al borde de un cambio en favor de la reelección presidencial indefinida. No fue un cirugía menor. 
Debe saberse que el Pacto de los Olivos y el posterior Pacto de la Casa Rosada, ambos de 1993, y que terminó en la reforma constitucional de 1994, implicó por lo menos 24 cambios a la Constitución Nacional para permitir la reelección de Saúl Menem pero al mismo tiempo recortar el mandato presidencial de 6 a 4 años, atenuar el sistema presidencialista incluyendo un Jefe de Gabinete, acortar el período de los senadores a seis años, reglamentar los decretos de urgencia, incorporar los derechos de tercera y cuarta generación, crear el Consejo de la Magistratura dentro del Poder Judicial, ampliar el período de sesiones de las cámaras, entre otros. Los constitucionalistas argentinos señalan que en ese momento fue reformado el 55% del texto originario y se aumentaron 19 artículos a su Constitución.
6.- Por ahora, yo no copiaría el modelo argentino en ese punto. Visto a la distancia los dos cambios de ese paquete de la reforma argentina que tienen que ver con el Presidente de la República –segunda vuelta flexible y reelección- ambos fueron un fracaso. En las elecciones de 1999 fue elegido Fernando de la Rúa que obtuvo el 48% de votos y su más cercano rival 30%. En esas elecciones, sin embargo, se presentaron 10 candidatos presidenciales apenas 4 menos que el año 1995, no cumpliéndose el objetivo de suprimir la fragmentación.
La historia posterior es conocida, la caída de De la Rúa, la liquidación del bipartidismo, las reelecciones corruptas, y en general el desequilibrio del sistema político argentino. Argentina tiene ahora menos control y menos alternancia que antes de la reforma.
7.- ¿Qué discutimos, instituciones o poder? Personalmente no me cierro a una discusión sobre la reforma constitucional, pero creo que se deben discutir sobre instituciones y no sobre el poder, o exclusivamente sobre el poder. Es riesgoso un cambio de esta magnitud sin pacto, y es paradójico que se pretenda ahora un cambio puntual de la Constitución peruana sin atender el paquete reformista sugerido desde el año 2001, o que se pretende eludir la reinstalación del bicameralismo o la constitucionalización del derecho al agua pero dar curso a la relativización de la mayoría absoluta de nuestra constitución histórica.

martes, 6 de septiembre de 2016

La crisis mortal del Frente Amplio

Por Juan De la Puente
Comparto siete tips muy cortos sobre la crisis mortal del Frente Amplio, en un tono menos dramático de lo que leído en las últimas horas.
Foto Gestión.
1.- El Frente Amplio que hemos conocido hasta ahora, ha muerto para el tiempo de la política. Tardará algún tiempo en ser enterrado pero es obvio que ha dejado de existir. Y ha muerto por suicidio más o menos convenido. Ahora, el dilema de la izquierda es nuevo y reside en lo siguiente: si lo que fue el Frente Amplio será reemplazado por un nuevo frente y pacto –llámese como se  llame- que siga reuniendo al partido que lidera Marco Arana y a los grupos que lidera Verónika Mendoza en otras condiciones, o si por el contrario cada una de estas tendencias seguirá un camino propio.
2.- Ninguna de las dos salidas sería terrible. La crítica a esta crisis mortal del FA no puede ser plana. Algunas de las reacciones que he leído desde la misma izquierda son poco respetuosas de un proceso que desde hace meses tenía vida propia porque está alimentada de proyectos divergentes. Cuando leo frases “otra vez la izquierda dividiéndose” o “dos soles no pueden brillar en un mismo cielo” pienso que quizás el problema sea el pueblo izquierdista –incluida la izquierda social- preso del trauma de la unidad desde su niñez política y poco preocupado en lo que creo ahora importa mucho más, la identidad.
3.- Me parece hasta cierto punto natural el modo en que se han emplazado las dos tendencias. Arana y Tierra y Libertad (TyL), persisten en una construcción orgánica que refleje una izquierda pos-socialista llevando el programa ambiental a su más alto nivel político. Ese proyecto no es ahora un proyecto de poder en el sentido de gobierno, sino el esfuerzo por construir un sujeto social consciente, organizado, colectivo, fuertemente local/rural y comunitario.
4.- Verónika Mendoza, el Movimiento Sembrar y otros grupos y personalidades muy cercanos a la ex candidata no recusan ni el programa ni la identidad de TyL pero ponen más acento en un programa de gobierno, el desarrollo de los derechos viejos y “nuevos”, la identidad de género -.por eso ella, Indira Huilla y Marisa Glave son objeto de una atroz campaña de acoso político de la derecha- en un código de mayor urgencia política, activismo de corto y mediano plazo, más urbano y regional y más dispuesto a conquistar a las clases medias.
5.- Entre ambos discursos existen fuertes vasos comunicantes, qué duda cabe, y esto explica de alguna manera –no es la única explicación- el resultado de la irrupción del FA y de Verónika en la primera vuelta electoral por el pequeño ojo de una aguja. Sería ideal que ambas discursos siguiesen coexistiendo en un nuevo frente que suceda al FA que conocimos y en el que sea explícita la diferencia y el consenso. Para eso hace falta que el proyecto de Verónika se haga más tangible, sea propio e incluso con el registro legal de partido político.
6.- Por ahora prima la diferencia, pero insisto en que no creo que se deba esencialmente a celos, resentimientos o caudillismos sino a un imposible político: mientras un grupo quiere cerrarse o abrirse muy poco para construir su proyecto al que tienen legítimo derecho, el otro pugna por abrirse mucho más precisamente para concretar su proyecto, al que tiene igual derecho. Ese es el sentido del debate FA cerrado o abierto.
7.- Creo que Verónika se encuentra ahora más libre para desplegar su liderazgo en la izquierda. He leído su comunicado donde tira hacia adelante, a que se realice el Congreso del FA en setiembre como estaba previsto y para dar a los militantes la soberanía del proceso constituyente de un nuevo frente de la izquierda peruana. Es un paso audaz y maduro. Ella plantea otra disyuntiva, unidad arriba o unidad abajo, haciendo lo que Alfonso Barrantes no hizo en 1983, es decir, organizar al pueblo izquierdista, aceptando en cambio ser el prisionero de los partidos.

domingo, 4 de septiembre de 2016

Sobre el Apra y su congreso

Una nota sobre el congreso del Apra, que genera más fisuras personales que de opciones, escritas con aprecio y respeto.
1.- Creo que más allá de la derrota de este año, el problema del Apra reside en que desde hace más de dos décadas no ha podido generar un consenso interno mínimo sobre todo político que requieren los grandes y viejos partidos. Incluso luego del retorno de AGP al país, esta imposibilidad fue crucial para resolver el problema de una dirección coherente, activa, eficaz y compartida. Creo, a diferencia de lo que discuten ahora los apristas –que lo orgánico bloquea su perspectiva política- que es lo político lo que condiciona sus asuntos internos. El Apra no tuvo candidato presidencial el 2011 y antes en Lima el 2010 por razones esencialmente políticas, y perdió las elecciones por los mismas motivos.
2.- El Apra ha dejado de tener un gran motivo; luego de ganar las elecciones del 2006, que fueron su gran reivindicación histórica luego del fracaso 1985-1990 y el ostracismo 1990-2000, ha perdido valores ideológicos y políticos, expresión simbólica de lo cual es el artículo El Perro del Hortelano, de Alan García, la puerta hacia un gran vacío más que un cambio de postura.
Frente a este vacío, hasta hace algunos años, la izquierda y la derecha aprista aun debatían entre dos explicaciones de la crisis. La izquierda sostenía que todo se debía a un abandono consciente y sucesivo por parte del liderazgo partidario de las raíces apristas, particularmente del pensamiento político de Haya. La derecha aprista aducía que el Apra es víctima de la gradual extinción de los valores que cimentaban su fuerza y le daban sentido a su representación, una especie de envejecimiento político que necesita conjurarse con una modernización menos hayista.
3.- Eso ya no se debate o se discute muy poco. De lo que he podido apreciar, existe una discusión esencialmente institucionalista y generacional. Se debate como debería funcionar el Apra, la edad de sus líderes y la relación con el simbolismo.
Más Haya o menos Haya creo que es un error de partida si solo se refiere a una discusión del pasado; igual si el debate es más o menos Alan. Creo que el desafío del Apra pasa por recuperar el compromiso y activismo social que alimentaba al partido y lo legitimaba socialmente. El Apra debe volver a tener un gran motivo, una gran causa, una gran razón, que ahora no lo tiene, más que un nuevo gran líder.
4.- No me queda duda que el Apra necesita una representación política de cara a la sociedad pero no creo que el eje de ese desafío sea encontrar un nuevo Alan o alguien parecido a él. Creo que, al revés de lo que piensan algunos, la clave del futuro no es cómo suprimir a Alan sino como convivir con él a pesar de un divorcio orgánico. Creo que eso pasa también por tener una teoría de partido, la renovación interna, una cruzada contra la corrupción interna y las redes clientelares y de una posición frente a la reforma política, el antiaprismo, pero sobre todo de un gran motivo respecto del Perú.

viernes, 2 de septiembre de 2016

La cuestion democrática en América Latina

http://larepublica.pe/impresa/opinion/799216-la-cuestion-democratica-en-latina
La República
La mitadmasuno
2 de setiembre de 2016
Juan De la Puente
Tres países –Colombia, Venezuela y Brasil– son sacudidos por distintas razones que sin embargo se relacionan con un hecho general, el fin del ciclo progresista o posneoliberal regional que coincide con otro final, el del auge de los precios de las materias primas. Política y economía se funden en una nueva transición como hace 30 años, aunque a diferencia de aquella no estamos ante un movimiento hacia la democracia desde un patrón único autoritario sino de una convulsión que parece no tener agenda evolutiva general.
La derecha no tiene mayor problema en poner todo en el saco contra la izquierda y le es fácil oponerse a una sola voz a la paz en Colombia, aplaudir la destitución de Rousseff y apoyar la salida de Maduro del poder. Ella bate palmas por lo que le sucede a la izquierda sin considerar que se inicia un proceso complejo en el que la sociedad asumirá formas de acción política contestatarias que afectarán a derechas e izquierdas.
Este reduccionismo es similar al de la izquierda más atrasada del continente que apoya la paz en Colombia pero respaldaría un golpe chavista en Venezuela, aunque califique de golpe de Estado lo sucedido con Roussef en Brasil, que efectivamente lo fue.
Algunos académicos señalan que una cosa es el agotamiento del potencial transformador del progresismo y otra el final de su ciclo político (Eduardo Gudynas, Uruguay). Eso parece ahora poco relevante frente al envilecimiento del proyecto chavista en Venezuela y a la caída de Dilma Rousseff en Brasil, procesos en cuya base se localizan tanto el fracaso económico como institucional. En Colombia, en tanto, lo que ha fracasado son las políticas de guerra de la derecha y de la izquierda, superadas por un audaz pacto democrático liberal, resistido por el ultra conservadurismo. Colombia es el único país del mundo en guerra donde se marcha contra la paz.
Es cierto que en la crisis regional juega un papel destacado la derecha, pero reducir todos los efectos a esta participación es un delito conceptual; equivale a negar la deriva autoritaria y corrupta en países como Venezuela o Nicaragua, o los graves errores de los modelos argentino y brasileño que no solo no combatieron la corrupción sino se asociaron a ella. Que Rousseff sea derrocada por un grupo de políticos corruptos que pugnan por librarse de la cárcel –y que ella sea personalmente inocente– no debería hacernos cerrar los ojos ante la descomunal ausencia de la ética pública que ha envuelto la política oficial de ese país. El vómito negro no esconde la infección.
Son lejanos los días en que la viabilidad de la izquierda se subordinaba a dos mutaciones genéticas, la inclusión en el régimen democrático y la rebaja de su programa máximo frente al mercado y la sociedad. En lo segundo, en la mayoría de países gobernados por el progresismo en los últimos 15 años se exhiben avances notables en materia de ingresos y equidad, pero en lo primero se confirma un resonante fracaso.
El progresismo dejó pasar la oportunidad de garantizar una democracia política que acompañe al programa de democracia económica y equidad. Las reformas institucionales realizadas en Bolivia, Venezuela y Ecuador sirvieron para ganar las reelecciones y en otros países, como en Argentina, el gobierno familiar cerró toda opción de futuro. En Brasil no hubo reforma reeleccionista, pero una gigantesca maquinaria estatal corrupta devoró al grupo portador del cambio, el Partido de los Trabajadores (PT), cuya actual impopularidad es una suerte de caída del Muro de Berlín del progresismo regional.
La izquierda está nuevamente enfrentada a sí misma. Ella, que ha llenado bibliotecas con recetas para la reforma del Estado tendrá una nueva oportunidad si asume un programa de cambios democráticos en la región –que no pasen obviamente por el reeleccionismo– y si al mismo tiempo profundiza su compromiso con la ética pública. En otras palabras, se encuentra frente a una nueva cuestión democrática.

El consenso a palos

http://larepublica.pe/impresa/opinion/797318-el-consenso-palos
La República
La mitadmasuno
26 de agosto de 2016
Juan De la Puente
La presentación del gabinete que preside Fernando Zavala ante el Congreso y el voto de confianza conseguido cierran un ciclo de tensión un tanto extrema y ruda entre el gobierno y el fujimorismo, una etapa que se inició luego de la segunda vuelta electoral y que atravesó la toma de posesión de PPK y la formación de su gobierno.
Lo que hubo en el Congreso la semana pasada no fue un choque de poderes sino un encuentro, que fue posible gracias a una moderación de todos los actores. Esa moderación no será permanente ni será propia de todos los grupos, pero los principales códigos de esta relación en la cúspide del sistema parecen aclararse.
Entre las tres posibilidades a la mano –confrontación en toda la línea, acuerdos puntuales alcanzados con cierta dificultad o convivencia–el fujimorismo ha escogido la segunda opción, graficada en el debate de una investidura que duró dos días, donde nada fue gratis y en el que la fuerza de la mayoría se apreció en cada tramo.
No es amor sino conveniencia. Este modelo de consenso a palos presenta algunas características iniciales: 1) Fuerza Popular acota el margen de maniobra del Ejecutivo al corto plazo, sin posibilidad aún de abordar el mediano plazo; 2) el fujimorismo acepta la narrativa económica macro del Gobierno pero pone en debate los cambios en el discurso tradicional del modelo (ejemplo el 1% del IGV); 3) en su relación con el Congreso, el Gobierno raspa las aristas complejas de su programa para evitar medidas que podrían no ser compartidas, introduciendo un cariz minimalista a su administración, alejándose de las reformas; y 4) se establece entre ambos un gran consenso que en adelante puede operar de memoria: el funcionamiento eficaz de los sectores con prioridad de la obra pública, y si incluye un dura crítica al anterior gobierno, mejor.
Esa arquitectura es lo que hasta ahora ha podido producir el sistema sin que el gobierno abandone su idea de gobernar y la oposición su tarea de oponerse, aunque en este último sector se han abierto dos modelos opositores, el fujimorismo recusando el continuismo político de PPK y el Frente Amplio cuestionando el continuismo económico.
Sin posibilidades de un acuerdo explícito alrededor de grandes temas de Estado asoma la idea del “otro” acuerdo, uno económico de corto y mediano plazo. ¿Puede evolucionar el consenso a palos a una cohabitación PPK/Fuerza Popular como presionan algunos medios y poderes no oficiales?
Es difícil que ello suceda no solo por el deseo natural del fujimorismo de tener un gobierno propio el 2021, sino por la misma presencia de PPK interesado a jugar un papel más centrista que su gabinete, en un tono belaundista de los ochenta, una ubicación que dificultaría cualquier intento de cerrar la gobernabilidad arriba sin tomar en cuenta el humor de la sociedad. Conveniencia sí, pero no convivencia.
Por esa razón habría que prestar atención a los llamados implícitos a reducir el peso del Presidente de la República, como sostiene la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, en un reciente artículo (Gobernabilidad de baja intensidad, El Comercio 21.8.2016) en el que sugiere que el premier sea el “mediador” entre un Congreso fuerte y un presidencialismo fuerte; o varios artículos que llaman a convertir al premier en un Jefe de Gobierno, una función que como se sabe está reservada a PPK en su calidad de Presidente.
Parece que existe apuro para reducir los acuerdos a los asuntos económicos y al compromiso de las élites representativas. Eso no es nuevo y de hecho los tres últimos gobiernos, elegidos bajo el signo del cambio, sucumbieron ante esas presiones, con los resultados conocidos.
El desafío del gobierno y de todos los partidos con representación política –que tiene el poder pero que no son fuertes– es más complejo en lo tocante a los acuerdos, especialmente si se trata de avanzar en consensos explícitos con regiones, territorios y sectores sociales, es decir, un encuentro con todas las agendas que las elecciones pusieron sobre la mesa.

Género, calle e indignación pública

http://larepublica.pe/impresa/opinion/795381-genero-calle-e-indignacion-publica
La República
La mitadmasuno
19 de agosto de 2016
Juan De la Puente
La marcha #NiUnaMenos del 13 de agosto fue el punto más alto de movilización ciudadana desde las marchas contra la repartija parlamentaria, de julio del 2013. En tres años, la calle se ha convertido en un decisivo espacio de participación política y social y su legitimidad se ha elevado a cuotas inimaginables hace algunos años. Las marchas, tradicionalmente condenadas por el discurso conservador como un medio de expresión antisistémica, agitadora y populista, se están transformando en una forma de representación propia y de indignación aceptada.
Luego del 13 de agosto, quedan menos dudas de que nuestro espacio público es doblemente público. La política formal ya se hace en la calle aunque habría que prestar atención a las claves de esta vigencia porque el proceso no ha terminado. Recién empieza.
En tres momentos estelares de la capital –la repartija (julio 2013), la Ley Cotillo (noviembre 2015) y Fujimori Nunca Más (abril 2016)– se hizo patente que los signos que definen esa disposición ciudadana son los derechos y la transparencia pública.
Asimismo, a diferencia de lo sucedido los últimos años en Brasil o Chile, en las calles de Lima movilizada, el sello de las nuevas clases medias es inconfundible. Ellas son las figuras dominantes de una nueva politización urbana y juvenil y de una inédita toma de conciencia de las mujeres.
Son pocas las diferencias de estas marchas, probablemente los ingresos y la ocupación de los ciudadanos, respecto de las otras grandes movilizaciones de los últimos años, especialmente las que obedecieron a razones ambientales o de desarrollo regional. Aun así, las marchas en Cajamarca, Cusco o Arequipa fueron objeto de cuestionamiento oficial, y en cambio el Presidente de la República, los ministros y los congresistas asistieron a #NiUnaMenos.
¿Por qué el trato diferente? Sería un error reducirlo a la legitimidad de los reclamos, entendiéndose erróneamente que las exigencias ambientales son menos legítimas que otras.
Sí podría señalarse en cambio que la crítica de los medios es decisiva para colocar sobre una marcha el rótulo de “positiva” y en otra el de “negativa”.
No obstante ello, debe advertirse que los medios y gobiernos tienen cada vez menos poder para condenar las movilizaciones o para sofocarlas incluso por la fuerza. Las grandes capitulaciones del Estado durante los conflictos sociales estuvieron precedidas de la idea de impedir por la fuerza que los ciudadanos se expresen en las calles. No es casual que según los reportes de la Defensoría del Pueblo el 52% de los conflictos pasaron a una etapa de diálogo luego de actos de violencia.
La vigencia de la protesta pública está en ascenso y otros indicadores podrían ser analizados. Por ejemplo, la relación del Estado con las manifestaciones es menos cruenta si se considera que el número de muertos en los conflictos sociales durante el gobierno de Humala fue mucho menor que en el de García.
Finalmente, debe recordarse que la calle peruana es dinamizada por la crisis de la política y de sus instituciones. En este proceso opera una lógica distinta a la anterior cuando los partidos y la sociedad organizada recurrían a las calles para demandar al poder. Ahora, la sociedad menos organizada que antes recurre a las calles para demandar al poder y a los partidos.
Que se tenga en cuenta esta precisión es importante para que nadie, todavía, se sienta dueño de las manifestaciones ciudadanas. La marcha del 13 de agosto ha tenido escasas intermediaciones políticas, ha sido relativamente autónoma y sin liderazgos fuertes. Ello lleva a dos preguntas: ¿cuánto tiempo más durará esta autonomía? Y ¿de estos movimientos emergerán nuevas formaciones partidarias y se enriquecerán las existentes? Imposible saberlo; solo anotar los antecedentes: los que llevan hasta el final estas demandas son los que logran transformar esa épica en poder político. Y que la agenda de derechos y específicamente de los de género recién ha empezado a ser tejida.