sábado, 26 de julio de 2014

El gran movimiento

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-gran-movimiento-25-07-2014
La República
La mitadmasuno
25 de julio de 2014
Juan De la Puente
La difusión por la Asociación Civil Transparencia y Utero.pe de hallazgos en la revisión de las hojas de vida de los candidatos a las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre, nos refriega en los ojos la asociación delito/política y corrupción/política. Más de 1,400 de los que aspiran a cargos de elección popular fueron condenados por delitos en los que la sociedad pone un énfasis especial, como prestaciones alimenticias (871 condenados); peculado (113); lesiones (59); apropiación ilícita (31); abuso de autoridad (29); homicidio (12), narcotráfico (13); entre otros.
Una respuesta inmediata alegaría que esta asociación no es nueva y que lo novedoso es conocerla en su emplazamiento electoral. Otra más avisada diría que esta relación es inherente a la política en tanto afán de poder y de lo público. No en vano Maquiavelo propugnaba una buena utilización del delito en un momento concreto para asegurar el poder y en beneficio de los súbditos (leído ahora como roba pero hace), aunque desaconsejaba que los delitos aumenten en lugar de desaparecer.
No obstante, la política también es un espacio de pugna entre la virtud de lo público contra la corrupción. El diálogo entre Sócrates y Critón en vísperas de su muerte, cuando este se presenta a su celda para contarle que sus seguidores habían recolectado dinero para sobornar a los guardias y a los delatores profesionales para posibilitar su fuga, es aleccionador. El filósofo se niega a participar en un doble acto de corrupción, soborno y chantaje, aun a costa de su vida con una épica sentencia: No podemos burlar aquello que hemos convenido que es justo.
Esta batalla entre la tolerancia y la censura a la corrupción en la política es tenaz; varios estados ha logrado vencerla y otros controlarla. En el ránking de 175 países que publica Transparencia Internacional, es curioso que de los 15 menos corruptos, 14 sean estados de bienestar, con sólidos sistemas de partidos y una alta conciencia del servicio público; y que los 15 más corruptos sean estados pobres y empobrecidos, con regímenes autocráticos y dictatoriales, desprovistos de comunidades políticas organizadas. En ese ránking el Perú está debajo de la mitad de la tabla, en el puesto 83, aunque otro estudio, el Barómetro Global de la Corrupción 2013, es más revelador: el Poder Judicial, los partidos, la policía y el Congreso se ubican entre las instituciones más corruptas.
Podría ser incluso que estas mediciones que recogen percepciones vayan a la zaga de una realidad mayor y que estas, las percepciones, sean un tanto generosas. El reciente estallido de corrupción regional, añadida a la local y nacional, nos avisa de un fenómeno vasto, masivo, intenso y sólido. En este punto, la pregunta sobre si la de ahora es la misma corrupción un poco aumentada por la mayor disposición de recursos, o si es nueva, es crucial. En el primer caso se trataría de la continuación de un hilo histórico y en el segundo de una ruptura estructural.
Me temo que estamos en ciclo corrupto totalmente nuevo, amamantado desde el Estado, la sociedad, la política y el mercado, inédito en cuanto a los actores, redes, organización y eficacia, una dinámica que nos impulsa desde un país “con corrupción” a un país “de corrupción”. Este movimiento es ahora el más importante de la sociedad, aún más que otros verificados por la academia, como el emprendedurismo y la informalidad. Como dirían algunos amigos, la corrupción ya hizo sociología.
Este movimiento se encuentra institucional y socialmente instalado, con una larga pista de recorrido por delante y a él se adecúan comportamientos públicos y privados. Una evidencia  de ello, muy peruana, es que con frecuencia le echamos al Estado la culpa de la corrupción para evitar culparnos a nosotros mismos. A ese gran movimiento cuyo horizonte es de largo plazo se le opone por ahora un pequeño movimiento anticorrupción de corto plazo que utiliza escasos mecanismos institucionales, carece de fuerza política y respaldo confiable de los medios de comunicación y de activismo social.

Elecciones, plata como cancha

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/elecciones-plata-como-cancha-18-07-2014
La República
La mitadmasuno
18 de julio de 2014
Juan De la Puente
¿Cómo financian sus campañas las más de 14 mil listas que se presentan a las elecciones del 5 de octubre si los militantes no cotizan a sus grupos políticos y si nuestro sistema no considera el  financiamiento público directo? Un cálculo conservador estima que si cada lista gasta en promedio, algunas mucho más y otras ligeramente menos, 70 mil soles a lo largo de la campaña, la cifra global que se gastará en pocas semanas será de 1,000 millones de soles, una orgía de dinero sin control convertido en el elemento decisivo de una competencia deformada y aliada del populismo.
Este gasto quizás ayude a frenar la desaceleración de la economía pero debilita la institucionalidad que le queda al sistema. La tendencia de la política peruana es la de colocar más dinero en la campaña con lo que ello significa, es decir, más desigualdad entre los que compiten, más prebendas a los electores, predominio de las campañas pagadas en los medios de comunicación y sustitución del debate de programas por la propaganda.
Está muy claro que el argumento de que las campañas se sostienen a punta de polladas es falaz. La competencia política se ha profesionalizado en un sentido que demanda más recursos que ideas, de modo que quien revise los programas presentados al JNE pasa con facilidad de la risa al llanto por la serie de sandeces escritas para llenar un requisito. Lo que vale es el dinero.
Las modalidades que asume el flujo de dinero negro a las campañas están a la vista y se originan en la legislación electoral que favorece estas prácticas al no exigir elecciones primarias abiertas y un tiempo considerable de militancia, y en cambio promueve el fichaje de independientes y hace laxo el control del dinero por parte de la ONPE. La relación perversa entre dinero negro y política en el Perú se origina en la ley.
Esta legislación ha ordenado las formas de financiamiento sucio; la primera es la compra de lugares en las listas, un cupo casi siempre pagado por un tercero que luego cobrará en lealtades; luego, el gasto de campaña como pago por adelantado a cargo de empresas que, democráticamente, financian a más de una lista; para terminar en verdaderos joint ventures electorales en las que las empresas colocan a sus candidatos como garantía de la defensa de sus intereses. A ello se agregan otros pagos oscuros, el de la minería y tala ilegal, narcotráfico y contrabando, entre otros, y el ilegal gasto de los recursos públicos de los que van a la reelección difícil de vigilar fuera de las grandes ciudades.
La visión del que se asume consciente e informado e incapaz de vender su voto, un tópico en el que se detiene con frecuencia el análisis político, conlleva riesgos por incompleta. El más inmediato resultado de este proceso es la deformación de la agenda pública que obliga al candidato elegido a una acción de gobierno orientada a satisfacer a quienes pagaron la campaña, en perjuicio de los ciudadanos. Campaña oscura y dinero ilegal casi siempre terminan en un ejercicio corrupto de gobierno.
Las compras superfluas y la construcción de obras no prioritarias son el efecto de una gestión subordinada al dinero, la base de la rápida pérdida de legitimidad de los elegidos o el inicio de un nuevo proceso vicioso de más prebendas, una campaña electoral infinita donde el interés general cede a la negociación ante los grupos de presión, un espiral de corrupción que se traslada a la compra de fiscales, jueces, policías y periodistas, y el asesinato. Este drama nace en un punto: la hipoteca de los políticos al dinero.
Este sistema funciona con eficacia y no tiene visos de ser cambiado porque sobre él ejercen una vigilancia los parlamentarios hijos del voto preferencial, otro de los mecanismos que atrae el financiamiento ilegal. Pero ha logrado apartar a buena parte de los políticos honestos que no están dispuestos a someterse al financiamiento privado por fuera de la ley y que son reemplazados por políticos sin ley, una raza distinta que se mueve a otro ritmo. No son todos, pero son la mayoría y van a gobernar nuestros pueblos. Plata como cancha es la voz.

Transfuguismo, contagio masivo

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/transfuguismo-contagio-masivo-11-07-2014
La República
La mitadmasuno
11 de julio de 2014
Juan De la Puente
El cierre del plazo de inscripción de las listas que competirán en las elecciones del 5 de octubre permite apreciar fenómenos que reflejan la evolución de la dinámica nacional/regional, una de las que atraviesan el sistema político, y de la correlación de fuerzas transparencia/corrupción en los ámbitos regional y local.
El número de listas es casi igual al de los comicios del 2010, ahora 14,171 frente a 11,170 de aquella vez, aunque se registran cambios al interior de las cifras generales. La competencia para los gobiernos regionales tiene menos listas (322 ahora contra 342 en los anteriores comicios) y un despliegue desigual de los partidos nacionales. En las elecciones regionales anteriores los partidos presentaron menos listas que ahora, 143 contra 159, en un contexto de crisis que afecta de distinto modo a los partidos nacionales.
Alianza para el Progreso (APP), el fujimorismo y UPP incrementan sus candidaturas respecto del 2010, pasando el primero de 16 a 24 regiones, el segundo de 13 a 15 y el tercero de 7 a 9. En otra dirección, decrece el número de listas de otros partidos como el Apra (de 24 a 14 regiones), Acción Popular (de 20 a 17 regiones), Perú Posible (de 17 a 8 regiones), Somos Perú (de 11 a 6 regiones), Restauración Nacional (de 11 a 3 regiones) y los Fonavistas (de 17 a 10 regiones).
Nuevas agrupaciones irrumpen en el escenario regional; es el caso del Partido Humanista (11 regiones), el Frente Amplio, a través de Tierra y Libertad (11), Siempre Unidos (6), Perú Patria Segura, ex Cambio 90 (6) y Vamos Perú (7). El PPC participa en 7 regiones como lo hizo el 2010 y Solidaridad Nacional en 5.
A simple vista, la inscripción ahora de 163 movimientos regionales frente a los 199 en los anteriores comicios es un dato seco que podría indicar una ligera recuperación de los partidos nacionales en las regiones o su relativo retorno. Sin embargo, ni la ecuación menos movimientos regionales y más partidos regionales es igual a más democracia, ni la presentación de listas partidarias sintetiza necesariamente un proceso democrático.
Lo que se aprecia antes bien es el contagio mutuo del transfuguismo y de la enfermedad del fichaje electoral, y la desaparición de los últimos rezagos de democracia interna e institucionalidad partidaria. En buena parte de casos, los partidos nacionales designaron como sus candidatos a caudillos regionales con los que negociaron el uso de la marca electoral en tanto que los movimientos regionales “extrajeron” candidatos de los partidos nacionales, un frenético transfuguismo que en el Cusco llegó a extremos: militantes de un mismo partido se repartieron en varias listas en tanto que los partidos se prestaron candidatos para cumplir con la ley electoral (Amaru, Revista Andina de Política y Cultura).
A pesar de lo señalado, es preciso reconocer dos movimientos que operan en sentido inverso; por un lado, se ha frenado la expansión de los movimientos regionales como una alternativa a los partidos nacionales; al mismo tiempo, algunos aparatos nacionales resisten la crisis relocalizándose en las regiones en una perspectiva de acumulación partidaria sin ideario y programa, y solo pensando en la ocupación de espacios de cara al 2016. Ese parece ser el caso del fujimorismo y de Alianza para el Progreso.
Finalmente, esta relocalización es también desigual. El país aparece dividido en bloques significativos. Uno en el que los partidos presentan cara a los movimientos regionales, como en Arequipa (12 listas partidarias de un total de 18), Apurímac (6 de 10), Ayacucho (7 de 12), Ica (10 de 14), Junín (7 de 13), La Libertad (8 de 11), Lambayeque (10 de 13) y Moquegua (5 de 9). El otro bloque es de regiones, en la mayoría de las cuales la corrupción es escandalosa y masiva y en las que los partidos están en el umbral para afuera, como en Amazonas (2 de un total de 9), Cajamarca (3 de 8), Cusco (6 de 14),  Huancavelica (2 de 9), Huánuco (6 de 14), Loreto (2 de 7), Puno (2 de 10) y Ucayali (3 de 13).

Crimen y castigo, nueva crónica

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/crimen-y-castigo-nueva-cronica-04-07-2014
La República
La mitadmasuno
4 de julio de 2014
Juan De la Puente
La caída en desgracia de los cabecillas de dos grupos que la justicia investiga como parte del crimen organizado nos coloca en más de un sentido en ligas mayores. Por un lado, confirma que esta modalidad de delito ha dejado de ser una particularidad criminal y convertido en una forma violenta de emergencia social a la que se vinculan directa e indirectamente miles de peruanos, una versión nada surrealista del delito de masas que paga bien, un movimiento social en el que los personajes que copan las noticias de las últimas semanas solo son sus emblemas y velámenes.
Por otro lado, coloca sobre la mesa un movimiento anticorrupción, débil para la dimensión del problema, que por ahora tiene dos elementos constitutivos, el asombro e indignación pública que la prensa agita y refleja, y la acción coordinada del Estado impulsada por el reclamo ciudadano y por los reflejos propios del sistema. En este punto, se sabe que los desenlaces de los casos de César Álvarez y Rodolfo Orellana tienen origen en reuniones calientes de los llamados “Consejos de Estado”, en los que respetando la autonomía constitucional de cada órgano constitucional se trazan estrategias y se exigen cuentas claras.
Tres leyes aprobadas en los últimos años son determinantes para enfrentar este nuevo momento signado por las figuras aparentemente fuertes y extraordinarias de mafiosos novelescos. Se trata de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077), la Ley de Lucha contra el Lavado de Activos (D. Leg. N° 1106) y la Ley de Pérdida de Dominio (D. Leg. 1104). Ellas obedecieron al impulso del equipo que lideró Juan Jiménez Mayor desde el sector Justicia y la PCM, y quien paradójicamente debió dejar el cargo debido a su apreciación de las percepciones sobre la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas y otras normas han sido cruciales para producir un salto normativo para enfrentar el nuevo momento.
Ahora es posible iniciar una investigación por lavado de activos sin demostrar el delito precedente, una restricción que en la década pasada derribó el primer megaproceso por tráfico de drogas contra un grupo empresarial del norte del país dedicado a la actividad minera. También se ha hecho obligatoria la bancarización de las operaciones de dinero en el exterior, y la extensión de la incautación de bienes a todos los delitos en agravio del Estado. Asimismo, el país cuenta con una procuraduría más eficaz y legítima y con los primeros grupos policiales especializados en lavado de activos y crimen organizado.
No estamos ante un empate técnico entre crimen y castigo. Las fuerzas del primero son mayores, en el promedio quizás mejores, y su acción es vasta. El delito en movimiento se desarrolla con más velocidad que las fuerzas del Estado; forzando las figuras podría decirse que el primero crece geométricamente y el segundo aritméticamente. Esta brecha debería por lo menos reducirse.
Las medidas legales y las actividades de equipamiento son importantes pero no son suficientes. La batalla contra el crimen organizado en expansión exige un movimiento anticorrupción desde el Estado y la sociedad. En el primero de los casos obliga a acometer cambios de política criminal para cerrar los vacíos de la legalidad usados por la ilegalidad, reformar radicalmente algunas instituciones, reducir las posibilidades de creación de grupos criminales y su expansión, y financiar la prevención y punición. De lo contrario caeremos en la lógica lamentosa de la Contraloría General de la República que pese a aceptar que su control fue desbordado por las bandas, se empeña en afirmar que la descentralización ha fracasado.
Los buenos no solo deben ser más que los malos, sino parecer que son más. El crimen organizado también nos interroga como sociedad; el delito a secas es un hecho antijurídico culpable que toda sociedad está obligada a prevenir y sancionar; no obstante, la convicción de que habita entre nosotros una cosa nostra extendida, impune y floreciente, nos desnuda como una comunidad carente de algunos valores esenciales que parecen haberse perdido en un momento especial de la peruanidad.

sábado, 5 de julio de 2014

Documento JNE sobre Diálogo Vecinal

Documento del JNE que rechaza sustitución del Presidente de Diálogo Vecinal Sr Becerra por Víctor Guerrero. Es del 4 de junio.

viernes, 4 de julio de 2014

El populismo policial

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-populismo-policial-27-06-2014
La República
La mitadmasuno
El gobierno parece ha decidido hacerse cargo de la alta percepción de inseguridad aceptando la evidencia empírica que sostiene que en este tema, más que en cualquier otro, las sensaciones son definitivas. Se entiende así que la designación de Daniel Urresti como Ministro del Interior busca corregir una omisión patente en declaraciones oficiales y en anteriores estrategias. En esa misma línea de actuación, la irrupción de Urresti en la escena también lleva implícito el mensaje sobre un liderazgo operativo cotidiano que impedirá a los críticos señalar que no se hace nada.
En principio, la decisión es correcta. Sin embargo, toda construcción de imágenes es al mismo tiempo una elaboración de mensajes y una asignación de cuotas de poder en las instituciones del Estado. Siendo que la política mediática es una forma de hacer política, no basta con que los actores públicos y las imágenes existan sino el cómo existen, porque de ello depende el destino del mensaje y su impacto.
Este esfuerzo se complica en el caso de la seguridad ciudadana donde las imágenes pueden ser pasajeras al estar condicionadas por la exigencia de resultados de corto plazo. También se complejiza porque lo que se tiene al frente no es un adversario identificable con facilidad, lo que hace de la construcción de contenidos una tarea de extremo cuidado.
Estas previsiones no han sido tomadas en cuenta en los primeros días de gestión del ministro Urresti caracterizados por una lluvia de promesas y actos de fe, entre ellas la declaratoria de guerra al delito, el compromiso de entregar resultados a fin de año y la subestimación de la lucha contra la corrupción policial. Estas ligerezas se han empezado a corregir aunque persiste la duda sobre el carril sobre el que se desplaza la nueva gestión en esa cartera ministerial. Sobre el particular, aquí resumo dos riesgos que deben ser conjurados.
1. La idea de una guerra contra el delito común desarma, desarticula y enerva; expresa la idea clásica de buenos contra malos que deben ser exterminados, y es la base de políticas de la mano dura, gatillo fácil, y dispare primero y pregunte después. La idea de guerra, con la cuota de excepcionalidad que implica, es distinta al despliegue de una política pública, las guerras las dirigen los jefes militares y las políticas los hombres de Estado. La guerra contra el delito es un discurso en espiral que en México, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) ha costado más de 70 mil muertos, y solo en último año, 25 mil. De esa vorágine no ha podido salir el gobierno de Enrique Peña Nieto que en sus primeros 14 meses de gobierno ha tenido 23 mil muertos. En ese mensaje de mano dura acaba de inscribirse el congresista Renzo Reggiardo al sugerir el ingreso del Ejército a Comas y San Juan de Lurigancho.
2. La visión de combate al delito que absolutiza la labor policial es tradicional y desanda el camino realizado en estos años. Frente a ese facilismo, en este mismo gobierno y en las gestiones de Wilfredo Pedraza y Walter Albán, se han logrado avances que no deberían tirarse por la borda. El más importante de ellos es la creación de una visión compartida de la seguridad ciudadana como un asunto que trasciende la relación entre policías y ladrones. A pesar de las debilidades el trabajo del CONASEC y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 nos colocan sobre un piso mínimo multisectorial en el que importa el trabajo de fiscales, jueces y otros funcionarios e instituciones, un modelo que no debe ser subestimado frente a una "lógica Rambo", de autosuficiencia policial que no tiene ninguna posibilidad de éxito real y escasa vida como imagen pública. Esa agenda debe ser fortalecida e implementada y no sustituida por experimentos.
La crisis de seguridad que vive el país demanda un liderazgo que, no obstante, no es sinónimo de figuración o populismo policial. El liderazgo que pide esta crisis es más exigente; incluye símbolos y operativos pero es más que eso, exige ganar la calle y recuperarla frente al delito pero reclama poner fin a la cadena de impunidad.

La Guerra de los Luises

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-guerra-de-los-luises-20-06-2014
La República
La mitadmasuno
Sería atrevido responsabilizar a los políticos o a la política de la desaceleración de la economía. Al revés, conforme se calienta el debate sobre las cifras macro y las alternativas al enfriamiento, queda claro que la tecnocracia económica tiene una cuota de responsabilidad en el hecho de que el país no haya acometido los cambios que hagan menos vulnerable a nuestra economía a los eventos externos, que permitan desarrollar una oferta exportadora más diversificada y amplíen el mercado interno, conforme rezaban decenas de memorandos.
La disputa entre Luis Miguel Castilla y Luis Carranza se produce en una hora difícil para la tecnocracia económica; la Guerra de los Luises tiene como trasfondo el fin de una parte del consenso económico, el que se construyó alrededor del crecimiento con un sentido complaciente, poco crítico y sobre todo inmovilista, patentizada en la idea del piloto automático y en la exigencia de que los políticos no interfieran en la economía, una suerte de fisiocracia ultraliberal. En esta disputa, Carranza luce más agresivo, innovador, abierto y rectificador ante un Castilla atrapado en un discurso clásico, a pesar inclusive de algunas reformas emprendidas.
En el balance tecnócratas/políticos nunca quedó precisada la fuerza de los primeros respecto de los segundos desde el año 2001 a la fecha, aunque la idea básica con cargo a profundizar es que en las administraciones de Toledo y García su poder político fue menor que durante el actual gobierno.
En cualquier caso estamos en la hora en que los técnicos rinden cuentas, en un nuevo momento en que se precisa la defensa del crecimiento. En el nuevo escenario persiste la pregunta de “para qué” el crecimiento, no respondida desde hace una década, e irrumpe una nueva interrogante: “cómo” defenderlo. Nuestra tecnocracia hegemónica parece no poder responder ni la vieja pregunta ni la nueva, y tampoco producir un nuevo consenso por lo menos en las líneas generales, es decir, en cómo impedir la desaceleración de la demanda interna, moderar la caída de los sectores minería, hidrocarburos y construcción y sostener la inversión pública en cifras y en calidad. Esta falta de consenso adquiere dramatismo cuando por segundo año las predicciones sobre el crecimiento ofrecen un abanico de opciones de hasta tres puntos porcentuales de diferencia.
Esta tecnocracia, a la que le debemos aciertos innegables como el crecimiento mismo, la rebaja sostenida de la inflación y el saneamiento de las cuentas fiscales, podría estar llegando a un límite marcado por la ideología, esa robusta señora que amamanta las políticas públicas, incluso a las que se presumen puras y técnicas. En ese sentido, es muy probable que no se encuentre en debate solo el crecimiento sino la conducción misma del proceso económico.
Las palabras confianza, optimismo y pesimismo se han instalado en el debate de la política económica y me temo que también en ese punto sea insuficiente la lógica tecnocrática que se basa en campañas, medidas, buenos augurios y llamados a silenciar las críticas. Rotos el consenso y el encanto, la única manera de evitar un rompan filas con claros y legítimos intereses sectoriales –finanzas, servicios, industria y exportación, cada cual por su lado–, se hace necesario promover de modo responsable una discusión abierta y sana sobre el futuro de un país que ya no crecerá a tasas de 7% anual en los próximos años. El nuevo país, el del 3% o 4% de crecimiento, demanda nuevas certezas, nuevas políticas, nuevos consensos y probablemente una renovada tecnocracia. Esta no es la hora de la ortodoxia sino de la innovación.
La búsqueda de la confianza y el optimismo es crucial en la perspectiva de construir una comunidad nacional que aliente y garantice el crecimiento, que no se logrará si no se encara la incertidumbre y cierta angustia que algunos estudios están revelando en el ciudadano de a pie, que está empezando a preocuparse por su futuro mediato y que asocia el crecimiento al empleo, consumo y un piso mínimo de bienestar.

Corrupción, mentira pública y noticia


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