La República
La mitadmasuno
31 de agosto de 2018
Por Juan De la Puente
A los
gerentes públicos peruanos
Participé
recientemente en el Congreso Nacional de
Gerencia Pública 2018,
organizado por Servir. Me pidieron que exponga sobre la dirección pública en
entornos políticamente complejos, una alusión al impacto de la inestabilidad en
el funcionamiento del Estado, un tópico que preocupa a los tres niveles de la
gestión del Estado.
El Estado poco activo
es un fenómeno creciente del que deberíamos tomar nota; las sucesivas crisis de
la que está compuesto el ciclo democrático iniciado el año 2000, especialmente
las que ocurren desde el año 2011, cambiaron las prioridades públicas,
restringieron la operatividad del Estado y su eficiencia, y modificaron el
papel de la tecnocracia moderna como grupo de alta especialización
seleccionado para tomar decisiones públicas.
El peso político de
la tecnocracia ha disminuido. Si en el período 1990-2000 fueron los años
prodigiosos, que los tuvo como socios políticos de las reformas, el siguiente
periodo, el de los años felices 2000-2011, los tuvo como asociados a un régimen
donde mantenían el poder político, pero ya para oponerse y alertar sobre
desatinos, errores y el riesgo de los proyectos populistas, en un escenario
donde escaseaban las reformas. Los dos siguientes períodos fueron de franco
retroceso: los años tristes 2011-2016, donde la asociación de la tecnocracia al
poder fue en un contexto inestable; y la etapa actual, iniciada el año 2016,
donde la subordinación a la élite política se registra en medio de sucesivos
microciclos de inestabilidad, más cortos y menos predecibles.
Ahora es más difícil
ser tecnócrata; del autoritarismo y ajuste económico de los años noventa se
pasó a un tupido consenso alrededor del crecimiento en la década pasada, para
terminar en una falta de consenso sobre el “nuevo” crecimiento a bajos índices.
Gestionar un Estado donde la política y la economía se condicionan
negativamente, y cuando las prioridades de la reactivación y ejecución de la
inversión pública colisionan con la corrupción y la aparición de
indicadores sociales a la baja, demanda un nuevo compromiso político
tecnocrático.
No creo que nos
encontremos ante una crisis de los conocimientos de la tecnocracia sino de sus
posibilidades decisorias. No es la hora de pedir más gestión pública y menos
política, sino de asociar a los miles de funcionarios con capacidades de
gestión a las demandas de reforma, un imperativo que no puede “pertenecer” solo
a los políticos. De hecho, no hay más desgastante de la gestión del Estado que
la ausencia de cambios.
Luego de la caída de PPK hemos ingresado a un vigoroso proceso de
balance autocrítico de la tecnocracia que es probable que acabe en un cambio de
enfoque de la gestión pública, en favor de la innovación de sus habilidades
políticas, la articulación intersectorial, el enfoque territorial (vayamos a
una descentralización de los pueblos) y de género, la participación, la
comunicación y el gobierno abierto.
Existen áreas del
Estado que se plantean como nuevas fronteras de la tecnocracia, especialmente
la seguridad ciudadana, la protección de los consumidores, y la administración
de justicia, luego de saberse, vía los escandalosos audios del CNM, cómo se
procesa en el ámbito judicial el reclutamiento del recurso humano. Quizás
debería replicarse el proceso iniciado en la Contraloría General de la
República luego de la aprobación de una nueva ley marco, orientado a
especializar con competencias y poder a centenares de funcionarios para ejercer
el control.
En tiempos turbulentos y de alta rotación del
recurso humano, con más de 60 ministros en dos años, casi 100 viceministros,
dos presidentes de la república, tres premieres, cinco ministros del MEF y
PRODUCE y otros seis ministerios con cuatro titulares en el mismo período
(MINJUS, MINEDU, MINSA, Cultura, Defensa y Energía y Minas), es necesaria la
defensa de las políticas y de quienes las ejecutan y defienden. De hecho, sin
que exista un mapa de indicadores internos específico, salvo Unidad de
Cumplimiento de Gobierno (Delivery Unit) alojada en la PCM, le pérdida de
actividad estatal es un peligro creciente.
