Blog sobre cultura y política. Artículos publicados en la prensa y comentarios de temas actuales. El título, Kotosh, se refiere al templo más antiguo de la sierra peruana construido hace 4 mil años, valiosa evidencia de la arquitectura preinca. Su símbolo son las manos cruzadas. Está muy cerca de Huánuco, la ciudad donde nací, mi añorada tierra.
sábado, 9 de marzo de 2019
La Victoria y los generales
sábado, 22 de noviembre de 2014
Impacto profundo y fecundo
La República
Sobre el crimen, el interés va más allá del incremento del costo de seguridad, un efecto que las grandes corporaciones pueden asumir. En cambio, los ejecutivos son víctimas de extorsión y secuestro, y forman parte de los altos índices de percepción de inseguridad. En tanto, el delito impacta sobre realidades más allá del mercado, como el empleo y el consumo, y en actividades económicas como el turismo. De hecho, la seguridad ya es una contingencia tributaria deducible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta.
No existe un estudio riguroso de lo que le cuesta la inseguridad al país –CONASEC lo situó el 2010 en 20% del PBI, 10 puntos más que Honduras– aunque en A. Latina se sitúa entre 3% y 5% promedio. En cambio, ya está claro que la receta anticrimen desde la empresa con el modelo “amigos de la policía” que aportan vehículos y logística ha llegado a su fin. También parece haber arribado a un punto crítico la privatización de la seguridad, que ha empezado a chocar con el Estado y de qué manera. Gino Costa apuntaba hace poco (EC 20/10/2014) que en el Perú no es aguda la falta de policías sino que estos han dejado el servicio público y se dedican la mayor parte del tiempo a servir a particulares.
Sobre la corrupción, estamos ante el inicio de un cambio, aunque ya se registran algunas buenas noticias. A iniciativa de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), en abril del año pasado, 77 empresas del sector farmacéutico (ahora son más de 96), suscribieron el Compromiso por la Integridad entre el sector Salud y la industria farmacéutica, obligándose a no concertar precios para ganar contrataciones públicas, no presentar información falsa, denunciar a los empleados que cometan actos ilícitos y no entregar obsequios a los servidores del Estado. Luego, en octubre del mismo año, 17 grandes empresas se comprometieron con la erradicación del trabajo infantil.
El interés empresarial por la corrupción conduce tanto hacia los servidores públicos corruptos como a los privados corruptores, una realidad que en el estallido de estos meses presenta incompleta, ocultando a los segundos. En ese afán, el lobby y el soborno son pendientes que exigen de decisiones sobre las que es preciso recordar antecedentes: el 2007, la Sociedad de Minería y Petróleo expulsó de sus filas a la minera Casapalca por malas prácticas e incumplimiento de compromisos ambientales, laborales y de seguridad; y el 2010 hizo lo propio con Doe Run de La Oroya por faltar a sus compromisos ambientales y a sus obligaciones con sus trabajadores y acreedores.
Ahora, cuando se exige a los partidos echar a los corruptos de sus filas, es legítimo pedir a los gremios empresariales hacer lo propio con sus miembros que usan del lobby ilegal o el soborno a los servidores públicos o suspender la membresía de las empresas objeto de investigación por estas prácticas. Para los efectos, la responsabilidad social es la misma.
Los gremios empresariales deberían respaldar la iniciativa de ley (Proyecto N° 03914) de Solidaridad Nacional para sancionar penalmente a quien realiza actos de gestión de intereses privados ante el Estado sin estar inscrito como gestor. Por lo mismo, no se entiende la oposición empresarial al proyecto de Yehude Simon (Proyecto N° 0385) que pretende sancionar penalmente a las empresas comprometidas con la corrupción con la clausura temporal o definitiva de sus locales, la suspensión de actividades, la prohibición de realizar ciertos actos, la disolución o la multa.
La epidemia de la violencia
La República
La mano dura y el gatillo fácil ya están aquí a pesar de su fracaso en varios países de la región; la Ley N° 30151, que modifica el Código Penal eximiendo de toda responsabilidad a los policías y militares que den muerte a terceros en acción de servicio, es la prueba de hiel; por ello, la reacción nacional ante el asesinato de Fidel Flores en Cajamarca indica que hay esperanzas de una salida distinta, la de un pacto nacional para encarar esta crisis de seguridad y evitar deslizarnos en el delito sobre el delito y la muerte sobre la muerte.
Luego de la crisis económica y del terrorismo, es la tercera crisis de envergadura que afecta al país en los últimos 50 años. Lamentablemente, no es tratada como tal sino como un hito delicado o un desajuste legal. Un dato puede ilustrar el frenesí legalista ante el delito: el Código Penal ha sido modificado 577 veces desde que se promulgara el año 1991, según un informe de Gaceta Jurídica publicado en febrero de este año.
Esta crisis tampoco ha sido suficientemente estudiada, salvo los trabajos de las ONG Ciudad Nuestra e IDL y de la Defensoría del Pueblo; los especialistas son escasos, en su mayoría oficiales retirados de la policía y pocos académicos agrupados en el colectivo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana. Del mismo modo, hasta hace poco la información con la que se contaba era dispersa y contradictoria, de modo que la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) es un paso importante.
Un pacto por la seguridad se justifica en el hecho de que esta crisis no es del gobierno sino del Estado, y es cada vez menor el papel de la policía en su eficaz control, por el traslado de responsabilidades hacia el Poder Judicial, la fiscalía, las autoridades penitenciarias, los municipios y las regiones. Esta parte del problema sufre una reducción conceptual que debería ser resuelta para adoptar una política integral. Discuto que para el efecto sea útil atrincherarse en el concepto de “seguridad ciudadana” y creo que sería más útil empezar a tratar con un universo distinto: seguridad, violencia común y política criminal.
El recorte conceptual opera en varios ángulos de esta crisis. Por ejemplo, mientras más pretendamos negar que el auge del delito en el Perú se relaciona con el crecimiento económico, la persistencia de la desigualdad y el desarraigo social, y lo situamos estrictamente en el cumplimiento de la ley, estaremos cerca del problema pero no centrados en sus raíces. La data regional podría servir para ilustrarnos: en A. Latina, uno de cada tres internos en cárceles abandonó el hogar familiar antes de los 15 años, en Chile uno de cada dos, y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador), nunca conocieron a su padre o madre.
Durante este gobierno una vez se tocó el problema de modo integral, ocurrió en el premierato de Juan Jiménez Mayor y cuando en Interior estaba Wilfredo Pedraza y en Justicia Eda Rivas. En ese momento se propuso al Congreso un paquete de normas sobre crimen organizado, se inició el equipamiento de la PNP y se crearon algunas superintendencias y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).
No es malo que la opinión pública asuma que la epidemia de la violencia viene acompañada de la corrupción política y que en gran medida depende de ella, una tendencia en la que el incremento de los delitos y la disminución de los juzgamientos y del castigo generan una forma de crimen aspiracional trasladado a la cosa pública. Una razón más para la reforma de las instituciones y de la representación.
sábado, 26 de julio de 2014
Crimen y castigo, nueva crónica
Ahora es posible iniciar una investigación por lavado de activos sin demostrar el delito precedente, una restricción que en la década pasada derribó el primer megaproceso por tráfico de drogas contra un grupo empresarial del norte del país dedicado a la actividad minera. También se ha hecho obligatoria la bancarización de las operaciones de dinero en el exterior, y la extensión de la incautación de bienes a todos los delitos en agravio del Estado. Asimismo, el país cuenta con una procuraduría más eficaz y legítima y con los primeros grupos policiales especializados en lavado de activos y crimen organizado.
viernes, 2 de noviembre de 2012
La rebelión del hampa. Imágenes
jueves, 17 de mayo de 2012
La crisis de seguridad
viernes, 5 de agosto de 2011
La cumbre antidrogas
La República
4 de agosto 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/04-08-2011/la-cumbre-antidrogas
La promesa de Humala se realiza en un contexto regional de inéditos fenómenos como: 1) la notable reducción del consumo de cocaína en EEUU en el último decenio y la duplicación del mismo en Europa durante ese periodo; 2) el relativo éxito colombiano en la erradicación del cultivo de coca, en el marco del Plan Colombia; 3) la violencia narcótica que azota México y la concentración del comercio por el crimen organizado que regentan sus bandas; y 4) el incremento del consumo de cocaína en los países de América Latina.
En ese panorama inédito, el Perú ha colocado su “cuota”. En 10 años se ha posicionado como un país gran productor de cocaína, caminando a ser el primero, incrementando sus cultivos ilícitos, y se ha convertido en un consumidor nato de drogas. No obstante, también ha puesto en vigencia un modelo propio de desarrollo alternativo de efecto sostenible.
En ese marco, una cumbre presidencial está llamada, sobre todo, a ser regional y a evitar el sentido bilateral que reduce la relación a los intereses propios de los países productores y consumidores. La agenda actual es más abierta: financiamiento de políticas, crimen organizado, cultivos, consumo, medio ambiente y desarrollo alternativo. Si hay presidentes que no pueden faltar a una cita antidrogas promovida por el Perú son los de los países limítrofes, especialmente Brasil, que podría ser para el Perú lo que EEUU es ahora para México.
jueves, 13 de mayo de 2010
Perú: pacto político contra el narcotráfico
El 19 de abril en Lima, en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, los representantes de 19 partidos y movimientos políticos nacionales suscribieron el Compromiso Ético denominado Contra la Infiltración del Narcotráfico en los Partidos y Movimientos Políticos del Perú.
Más allá de las palabras es el primer compromiso abierto que suscriben en América Latina los partidos políticos contra el narcotráfico, la forma más brutal de crimen organizado que azota a la región.Es un inédito compromiso ciudadano para impedir la infiltración del poder corruptor de esa actividad en los grupos políticos. El acto se realizó en el contexto de una creciente preocupación regional sobre los efectos del incremento del tráfico de drogas proveniente de los países andinos y la escalada de violencia causada por los carteles internacionales, fenómeno del que el Perú empieza a ser víctima.
El Compromiso Ético contra el Narcotráfico (CEN) fue promovido por Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), el ente rector peruano encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. En él jugó un papel decisivo Rómulo Pizarro, jefe de DEVIDA que supo articular a 19 grupos del arco político peruano, desde el fujimorismo al humalismo. Tuve la satisfacción de acompañarlo en ese propósito, tanto en la formulación como en el proceso de negociación con los grupos políticos.
DEVIDA convocó en octubre del 2009 a los partidos y movimientos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y coordinó con sus dirigentes la redacción del contenido del CEN. En el esfuerzo también colaboraron instituciones públicas como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); de la sociedad civil, como la Asociación Civil Transparencia, el Instituto Internacional Republicano (IRI), el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), y Consultandes; e instituciones intergubernamentales como IDEA Internacional.
El CEN no es un pacto electoral aun cuando algunos de sus compromisos se relacionen con los mecanismos de designación de candidatos de partidos y movimientos políticos a cargos de elección popular. Ante todo, es una toma de posición colectiva de los actores políticos peruanos contra el poder ilegal, violento, corruptor y antidemocrático del narcotráfico en tanto actividad ilícita y forma de crimen organizado que conspira contra la gobernabilidad y el desarrollo humano.
Se tiene a la mano un instrumento que ayudará a los partidos y movimientos a desarrollar una cultura política contra las drogas ilegales, en sus actividades de producción, tráfico y consumo, y protegerá tanto a las generaciones jóvenes como a la democracia de los intentos de obtener impunidad y poder para su negocio ilegal.El CEN incluye 19 compromisos específicos entre los cuales se encuentran:
· Establecer rigurosos procedimientos de selección de candidatos, promoviendo la veracidad y la transparencia de la información sobre los antecedentes de los aspirantes a cargos de elección popular.
· Establecer procedimientos que busquen evitar incluir como candidatos a los aspirantes que hayan sido sentenciados por delitos de tráfico ilícito de drogas y/o en tanto se encuentren investigados.
· Incorporar al proceso de selección de candidatos el requisito de la presentación de una declaración jurada de antecedentes penales y judiciales, así como de ingresos y bienes, que deberán efectuar los precandidatos ante las dirigencias de sus organizaciones políticas.
· No considerar como candidato a cargo de elección popular al aspirante que no pueda justificar razonablemente sus bienes e ingresos y los orígenes de los mismos.
· No aceptar donaciones o alguna otra forma de colaboración y financiamiento de personas naturales o jurídicas que, al momento de realizar la donación, no declaren expresamente que no han sido notificadas formalmente de encontrarse comprendidas en un proceso de investigación policial, del Ministerio Público o de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
· Respaldar en el Congreso de la República la aprobación de una norma que faculte a las autoridades competentes a declarar la vacancia del cargo de quienes elegidos por votación popular hayan faltado a la verdad en los datos consignados en la declaración jurada.
· Elaborar en colaboración con otras entidades públicas o privadas, un “mapa de riesgo del narcotráfico” que permita a los grupos políticos y a la sociedad poner especial atención en aquellas zonas más afectadas por el accionar del tráfico ilícito de drogas.
El texto del Compromiso Etico puede leerse en:
http://www.devida.gob.pe/Documentacion/documentosdisponibles/Compromiso_Etico.pdf
El video de la suscripción puede ser visto en:
http://www.youtube.com/watch?v=rN2Pw4I4He8
Un spot que difundieron gratuitamente la TV dias antes de la suscripción del CEN se puede ver en:
http://www.youtube.com/watch?v=jHu6_ku9Xt0
Sobre el tema se tiene:
El artículo de Raúl Ferrero Costa en El Comercio, el 15 de abril
http://elcomercio.pe/impresa/notas/pacto-contra-narcotrafico/20100415/461539
El artículo de Augusto Álvarez Rodrich en La República, el 17 de abril
http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/17/04/2010/partido-peruano-narcotraficante
El artículo que publiqué en La República el 3 de abril
http://www.larepublica.pe/la-mitadmasuno/03/04/2010/munecos-de-la-mafia
Algunos editoriales merecen ser tenidos en cuenta:
El de La República, el 17 de abril:
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20100417/10/1634/todos/1634
De El Comercio, el 21 de abril:
http://elcomercio.pe/noticia/465060/editorial-narcotrafico-politica-son-incompatibles
Y el de El Peruano, el 30 de marzo:
http://www.elperuano.com.pe/edc/2010/03/30/edi.asp