La República
La mitadmasuno
30 de setiembre de 2016
Juan De la Puente
Llevamos 50 años en una guerra contra las drogas que ha fracasado, incluso en EEUU, el país que embarcó al mundo en la cruzada prohibicionista. En el Perú, que siguió el manual de esta guerra, no debemos pasar de ese extremo al otro, a la paz de los “tronchos”, a la relativización del consumo de drogas pretendiendo que la legalización de una de ellas, la marihuana, resuelva problemas mayores que al mismo tiempo son de libertades individuales, de salud pública y de derechos colectivos.
Tres países claves para el narcotráfico: México, EEUU y Colombia, debaten seriamente hace 8 años qué hacer con las drogas, en tanto que el Perú, el real primer productor de cocaína, se ha cerrado a la discusión. Las recientes declaraciones del Presidente Kuczynski, más allá de su entrada hilarante al tema podrían ser el inicio de una inédita reflexión que los medios, la academia y el Estado no deberían dejar que quede en la anécdota.
El sistema creado por la Convención de Viena de 1961 prohibió o sometió a control a más de 100 sustancias y se propuso desaparecer el consumo tradicional del opio en 15 años y de la marihuana y coca en 25 años. Nuestro fracaso es emblemático. Cuando empezó la guerra contra las drogas había solo dos departamentos cocaleros. Ahora son 13; las 40 mil hectáreas de coca se distribuyen en 17 valles, incluidas 134 hectáreas en áreas naturales protegidas y se cuentan 26 zonas de sembrío de amapola con cerca de 1,000 hectáreas. Sobre el cultivo de marihuana no hay datos seguros pero sí dos cifras duras de Devida: es la droga de consumo masivo, con 8% de personas que alguna vez lo probaron (prevalencia de vida), y que uno de cada dos consumidores habituales de marihuana pasa a consumir cocaína.
Frente a la riqueza desafiante de esa reflexión, algunos liberales a los que he leído estos días parecen haberse fumado, precisamente, un “troncho”, postulando una entrada mágico- facilista al debate, trasladando la teoría de la mano invisible del mercado al consumo de las drogas, y situando la discusión solo en términos de libertades.
Un debate nacional sobre las drogas merece información sobre políticas públicas incluso en la perspectiva de la legalización como ¿Cuántas camas tiene el sistema de salud pública para el tratamiento de drogodependientes? ¿Cuántos departamentos están narcotizados debido al impacto de la producción de drogas y de consumo, y cuál sería su evolución en una etapa post legalización?
En caso se arribe a un consenso sobre la legalización de la marihuana, este no será necesariamente una fiesta. En Uruguay, en julio pasado, poco antes del inicio de la venta legal de esta droga, solo 50 de 1,200 farmacias se habían inscrito al sistema porque la mayoría tenía temor a los vendedores informales. Reseño la ironía de un farmacéutico: “No entiendo por qué no la venden en las comisarías, que están en todos los barrios, tienen seguridad y están abiertas las 24 horas”.
No deberíamos cerrar la discusión de las drogas legales e ilegales a un asunto exclusivo de libertades en un país donde la edad de inicio del consumo de alcohol (legal) y marihuana (ilegal) entre los escolares es de 13 años y donde el 2,7% de jóvenes entre los 12 y los 18 años admite haber consumido drogas ilegales. Para esta discusión también importa que según datos del Ministerio de Salud, 9 mil personas fallecen cada año en los hospitales públicos por enfermedades asociadas al tabaquismo, y que la sustancia THC, la que determina los efectos de la marihuana, se ha duplicado en 20 años y por eso se ha incrementado en el mundo en 5% el número de adictos pero en 10% el número de tratamientos de adictos.
Somos un país productor y consumidor de drogas fuertes entre ellas 350 toneladas de cocaína pura y de bajo precio. En otro debate sobre salud pública y derechos –sobre el alcohol, tabaco, transgénicos o comida chatarra– las sociedades no se detienen en lo legal o ilegal de una actividad sino en la capacidad del Estado de ponderar la libertad y el interés público.
