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lunes, 5 de junio de 2017

Madre Mía, la guerra oscura en el Huallaga

http://larepublica.pe/impresa/opinion/872381-madre-mia-la-guerra-oscura-en-el-huallaga
La República
La mitadmasuno
5 de mayo de 2017
Por Juan De la Puente
La probable reapertura del caso Madre Mía para juzgar el papel desempeñado por el entonces capitán del EP Ollanta Humala en los primeros años de la década de los 90 implica también la posibilidad de juzgar las violaciones a los DDHH en el Alto Huallaga y la Provincia de Padre Abad, los territorios menos estudiados respecto de la violencia terrorista, y donde hubo mayor impunidad.
Razones para reabrir el caso las hay, así como la convicción de que se trata de un período oscuro sobre el que hay que poner luz. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reconoció en su momento el déficit de procesos judiciales, testimonios e indagaciones de la violencia en los territorios amazónicos. Aun así, pudo dar cuenta de que en su base de datos consta que en la provincia de Leoncio Prado (solo una parte del Alto Huallaga), entre los años 1989 y 1994, murieron 232 personas y que 198 fueron desaparecidas.
Una de las célebres matanzas fue la de Venenillo, al sur de Aucayacu, en junio de 1989. De acuerdo con el testimonio de un ex miembro del Ejército ante la CVR, en respuesta al ataque donde murieron un capitán y seis soldados, el mando militar ordenó “limpiar” la zona con el resultado de 300 personas asesinadas. El testimonio N° 100168 es escalofriante: “quemaron los cuerpos o los arrojaron al río, más o menos un promedio de 200, 300, entre hombres, niños y mujeres; nosotros comenzamos a matar y a tirar los cadáveres al río y los de la DEA llamaron a Tingo María diciendo que de río arriba venían cadáveres. Nosotros hemos bajado a recogerlos. Eran los mismos que tirábamos. Regresamos y los comenzaron a quemar”.
Para un libro que espera su publicación he recuperado y procesado información sobre la actividad de Sendero Luminoso en la zona y el desempeño de las FFAA. La información oficial senderista señala que arribaron al Huallaga en 1981. Hacia 1987 se habían extendido por todo el valle y sus columnas se adentraron hacia los pueblitos cocaleros que nacían a las orillas de los afluentes del río Huallaga, alcanzando al norte el ramal de Aspuzana, cerca al límite entre Huánuco y San Martín. De allí llegaron a Madre Mía, Sión y Paraíso, pueblos a la derecha e izquierda del Huallaga, fundados por iglesias protestantes.
En diciembre de 1985 se levantó el Estado de Emergencia en la zona y se desactivó el Comando Político-Militar. Al finalizar 1987, los 57 caseríos de Aucayacu tenían delegados nombrados por las columnas terroristas. Así se explica que en pocas semanas, con el apoyo activo de la población, cubrieran de zanjas cada 50 metros de la carretera Tingo María-Aucayacu.
La guerra en el Alto Huallaga fue extremadamente violenta. A diferencia de Ayacucho, SL tuvo en esa zona control de territorios por mucho tiempo y llevó a cabo operaciones de envergadura como la sangrienta toma de Uchiza, el 27 de marzo de 1989, como respuesta a la fumigación de la hoja de coca. Sobre este episodio, El Diario, el órgano de información terrorista, informó que el comandante del puesto policial de Uchiza fue aniquilado en la Plaza de Armas por un “niño combatiente” de solo nueve años de edad que le descargó un balazo en la cabeza. El punto más alto de su ofensiva fue, precisamente, el ataque a Madre Mía el 27 de julio de ese año, para el que SL movilizó cerca de mil personas.
En 1991, Sendero Luminoso proclamó el equilibrio estratégico por lo que se hacía inevitable que los comités populares clandestinos en el Huallaga pasen a ser abiertos. Poco después se demostraría que el “equilibrio” era una táctica que buscaba esconder el callejón sin salida en que se hallaba la guerra para Abimael Guzmán.
Los siguientes fueron los años de la victoria de las FFAA y del terrorismo errante. Tres operativos memorables por el despliegue de las FFAA se realizaron precisamente en los primeros años de la década de los 90, período en el que Humala estuvo destacado en la zona; fueron los operativos “Cuchara”, Paraíso” y “Aries”, este último investigado por el Congreso y documentado por la Coordinadora Nacional de DDHH.

sábado, 13 de octubre de 2012

Vade retro México

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/vade-retro-mexico-12-10-2012
La República
La mitadmasuno
12 de octubre 2012
Juan De la Puente
La Comisión de Defensa del Congreso aprobó el dictamen que permite la participación de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico. Si la iniciativa se convierte en ley y esta se promulga, el Perú daría un paso decisivo en la militarización de la lucha contra las drogas. Contra consejos y sugerencias seguiremos construyendo nuestra perspectiva mexicana.
El dictamen propone modificar el Decreto Legislativo 1095 que regula el uso de la fuerza por las FFAA en el territorio nacional y el Decreto Legislativo 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. El propósito es invertir los roles de la policía y de las FFAA en situaciones de emergencia. La norma actual señala que durante el Estado de Emergencia, al margen de qué institución tenga a su cargo del orden interno, “las FFAA realizan acciones militares en apoyo de la policía”. En la nueva redacción, si se le encarga el orden interno a las FFAA, estas asumen el control total de la zona y es la policía la que apoya las acciones militares.
En el nuevo concepto las acciones de control del orden público pasan a ser operaciones militares y dejan de ser policiales. Como se sabe, los valles cocaleros más importantes del país, el Huallaga y el VRAEM, son escenarios de la lucha contra el llamado narcoterrorismo y se encuentran en Estado de Emergencia.
Los cambios avanzan un paso más, estableciendo sin ninguna restricción que durante la emergencias las FFAA estas están facultadas para realizar acciones de interdicción terrestres, acuáticas y aéreas a los implicados en el tráfico ilícito de drogas. Ello implica disponer de procedimientos militares en la lucha antidrogas y a desarrollar una inteligencia militar antidrogas y considerar la creación de cuerpos militares de élite para esta tarea.
La Comisión ha valorado escasamente la opinión remitida por el Ministerio Público, que reitera que el Estado de Emergencia es una medida para situaciones excepcionales y que la participación de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico debe ser interpretada en sentido restrictivo, reiterando la doctrina sobre las diferencias entre los objetivos y función de la policía y las FFAA. El Ministerio Público consideró que generalizar la participación de las FFAA en el orden interno está en la misma línea de las propuestas de endurecer las sentencias, disminuir la edad de imputabilidad penal y el aumento de la capacidad carcelaria, lo que responde a presiones políticas y coyunturales. El Ministerio del Interior también expresó reparos a los cambios argumentando que se pretende legislar sobre áreas en las que ya existen disposiciones específicas.
Es obvio que el propósito es abrir el paso a una participación de las FFAA más directa que la actual en la lucha antidrogas. Esto solo es posible disminuyendo la centralidad de la policía en la conservación del orden interno en general y en las operaciones antidrogas. Una ruta contraria es potenciar el trabajo policial evitando la duplicidad, la dispersión y el uso de las FFAA en tareas para las que no han sido creadas. El Estado se está decidiendo por lo primero.
¿A qué visión obedece el cambio propuesto? A la que considera que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional, un concepto que abandona A. Latina y relativiza ahora, inclusive, EE.UU. En México, el ingreso de las FFAA a la lucha antidroga fue presidido, además, por la convicción que en ella se jugaba la existencia misma del Estado. En el Perú concurre a esta intervención, aparte de un notable deseo de captar recursos públicos, una convicción más, de que en el VRAE y en el Huallaga opera una fuerza calificada como “narcoterrorista”. Sin embargo, se ha señalado que ese concepto está vacío y que en ambos valles, especialmente en el primero, se desarrolla una incipiente guerra de la coca, donde el enemigo es una banda armada narcotraficante, que pretende distraer con un discurso maoísta, a la que se debe derrotar sobre todo con inteligencia y operaciones policiales anticrimen especializadas, con el concurso de una nueva Procuraduría del Estado, la que se gesta en el sector Justicia.

jueves, 16 de febrero de 2012

La fiesta equivocada

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-fiesta-equivocada-16-02-2012
La República
La mitadmasuno
16 de febrero 2012
Juan De la Puente

La celebración de la captura de “Artemio” se ha incorporado a la épica antiterrorista. Desde el Estado y los medios el arresto es presentado como una consecuencia de la política antisubversiva lineal y a pesar del uso del término “narcoterrorismo” para designar a la violencia en el Huallaga y el VRAE, el sentido común indica que el Perú le acaba de asestar un golpe mortal a Sendero Luminoso. En más de un comentario, “Artemio” y su banda han sido mezclados en el debate sobre el Movadef, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y los comandos de la Operación Chavín de Huántar, un mix que elude el problema de fondo, la verdadera batalla que el país tiene por delante.
La información de la que se dispone desde hace años indica que en el Huallaga y el VRAE operan grupos armados del y para el narcotráfico entre los cuales son más notables los llamados “remanentes” senderistas. Lo cierto es que de remanentes no tienen nada; son bandas que le dan gobernabilidad y seguridad al tráfico de drogas usando de vez en cuando la tapadera senderista. Desde hace más de una década se han despojado de todo objetivo político y sus líderes han pasado del clásico cobro de cupos al narcotráfico, una práctica de los años ochenta, a la propiedad de pozas de maceración, la prestación de servicios de seguridad al traslado de la droga, el asesinato de policías y erradicadores de coca y el ataque a comisarías para vengar detenciones o para ajustar cuentas.
El fenómeno que descubre la captura de “Artemio” es el paramilitarismo narco. Es visible, no obstante, que los cautivos del discurso antiterrorista eluden oficialmente el contexto de los recientes sucesos. En algunos casos podría tratarse de pereza mental para delimitar los nuevos horizontes de los problemas del Estado. En la mayoría de casos, sin embargo, se advierte una consciente renuncia a poner en valor la amenaza del narcotráfico porque es más cómodo, institucional y presupuestalmente, enfrentar al terrorismo que al tráfico de drogas.
Esta renuncia tiene costos. Según el Informe de Monitoreo de Cultivos de coca 2010 de la ONUDD, entre el VRAE, Alto Huallaga y la contigua Aguaytía reúnen más del 60% de la superficie cultivada de coca. En el mismo informe se consigna que, por regiones, en San Martín estos cultivos se multiplicaron 4,5 veces, es decir, pasaron en un año de 378 a 1.725 hectáreas. Habría que recordar que el Huallaga y desde hace poco Aguaytía son la fecunda tierra del desarrollo alternativo.
Mientras más se demoren el Estado y la sociedad en asumir el nuevo reto y mientras se siga cubriendo con el lenguaje antiterrorista el desafío de las bandas armadas al servicio del narcotráfico, la actividad de este, que demanda una estrategia propia en el campo de la interdicción y el juzgamiento y una nueva institucionalidad, continuará gozando de la alta cuota de impunidad.

jueves, 9 de diciembre de 2010

Eclipse y narcopolitica

La mitadmasuno
La República
Jueves 9 de diciembre 2010
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/09-12-2010/eclipse-y-narcopolitica
Solo después de que un alcalde provincial procesado por el asesinato de un periodista fuera detenido en una operación antidroga, el sistema legal peruano empezó a superar aquella práctica de combatir el narcotráfico mirando de costado la narcopolítica. Hasta ese momento se habían investigado pocos casos de relación de políticos y líderes públicos con el narcotráfico. Al contrario, como una reminiscencia de la estrategia subversiva de los años 80, que metía en una burbuja a la sociedad cocalera y cocalizada, las cuencas con cultivos ilegales eran ignoradas como escenario de una prometedora alianza entre autoridades y líderes sociales con el narcotráfico.
En ese estado de cosas se fundaron dos centrales de campesinos cocaleros y se dio inicio al empoderamiento de sus líderes como consecuencia de la movilización abierta de los productores ilegales. El discurso en los valles de cultivo no tradicional de coca pasó de justificar su sembrío por razones de pobreza a una propuesta abierta de legalización por razones históricas y religiosas. Alcaldes, regidores, consejeros regionales y parlamentarios cocaleros irrumpieron activamente en la política.
Debajo de ese edificio continuaban tres procesos: 1) la conversión de una parte del campesinado cocalero en procesador de pasta básica de cocaína y, por lo tanto, en traficante de insumos químicos fiscalizados legalmente; 2) una nueva aceptación de Sendero Luminoso, en su versión terrorista y narcotraficante, por el campesinado cocalero; y 3) el éxito del desarrollo alternativo en San Martín, que redujo la superficie de coca de 30 mil a poco más de 300 hectáreas, éxito negado por la dirigencia cocalera y por SL.
Las revelaciones de la Operación Eclipse son cruciales. En el orden de cosas del Alto Huallaga, SL juega el papel de articulador de la política y del narcotráfico a través de una vasta red que excede el formato de los clásicos núcleos o bases de apoyo a la subversión. Líderes cocaleros, alcaldes distritales y de centros poblados subordinados a SL son parte de una gran empresa donde el poder, la sociedad y los ciudadanos importan menos que el negocio de las drogas.
Eclipse ha confirmado dos estafas. La primera, que el proyecto de SL en el Huallaga es estrictamente mercantil; y la segunda, que la reivindicación de la coca desde los valles de cultivo no tradicional y el intento de sacralizarla fue una operación mafiosa.