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viernes, 7 de junio de 2013

Servicio militar, mirada de desprecio

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/servicio-militar-mirada-de-desprecio-06-06-2013
La República
La mitadmasuno
7 de junio 2013
Juan De la Puente
La sociedad y el Estado lograron recabar dos consensos en torno al servicio militar luego del largo fuego cruzado entre las FFAA, que demandan cubrir 36 mil plazas de reclutas cada año, para mantener operativas las instituciones de la defensa nacional, y los jóvenes que de modo creciente se desinteresan por el servicio en  los cuarteles. Esos dos consensos se resumían en: 1) La sociedad tomaba debida nota del déficit de personal como un serio problema de la defensa; y 2) El Estado se disponía a hacer más atractivo y útil el servicio militar voluntario para los jóvenes.
La publicación del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1146 rompe esos consensos, especialmente el segundo, con un sentido militarista. El Estado he decidido privilegiar medidas discriminadoras y coercitivas contra los jóvenes de mayores carencias materiales, aquellos que no cuentan con 1.850 soles para pagar su libertad de movimiento o que no cursan estudios universitarios en un contexto de déficit de oferta universitaria pública.
Es reconocible, al mismo tiempo, que el esfuerzo de atracción haya empezado. Se anuncia que quienes concluyan el servicio podrán: 1) acceder a mil becas del Programa Beca 18 para estudios en el SIMA, SENATI y SENCICO; 2) adquirir a préstamos en el Banco de la Nación; 3) obtener bonificaciones para postular a las escuelas de las FFAA y la PNP, 20% de cuyas vacantes se reservarán para licenciados del servicio militar; y 4) acceder a descuentos en las pensiones en instituciones de educación superior, entre otras ventajas.
Este esfuerzo de persuasión es aplastado por el privilegio de un enrolamiento obligatorio disfrazado de sorteo que expresa un desprecio por el proyecto de vida de los jóvenes y que revela la ausencia de una política pública frente a ellos. Habría que preguntarse si este sistema plutocrático de servicio militar –si tienes dinero ejerces tu libertad– fue consultado con la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), ente rector de las políticas en materia de juventud, adscrita al Ministerio de Educación.
El discurso oficial expone una concepción deformada del servicio militar. Afirma que el llamamiento por sorteo servirá para encausar a los jóvenes desocupados o en situación vulnerable, cuyas actividades están acerca del delito, como si el servicio militar fuera una sanción o una medida correctiva de conducta, una suerte de reformatorio, fábrica de hombrecitos y de extirpación de vicios públicos.
Los jóvenes requieren de una política coherente en un paradójico contexto de crecimiento económico con empobrecimiento de sus derechos. Su principal problema es el acceso a la educación y al empleo calificado con remuneraciones justas y equidad. En el reciente examen de admisión para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos postularon 29 mil jóvenes para 4.500 vacantes, a razón de 6,4 aspirantes por cada vacante. Los centros especializados son más restrictivos; en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de febrero pasado postularon 7.200 jóvenes para 600 vacantes, a razón de 12 postulantes por cada vacante.
La educación técnica, una alternativa sugerente y en alza a la educación universitaria, está en camino de estrecharse por el incremento de la demanda laboral calificada que colisiona con la oferta formadora. En el reciente examen de admisión para la Escuela Tecnológica Sencico, orientada a la actividad de la construcción postularon 1.500 jóvenes para 576 vacantes. El mercado nacional demanda 300 mil técnicos industriales de los cuales SENATI solo cubre 10 mil por año y una cifra similar el resto de centros.
En ese universo de expectativas, el Estado debe responder con políticas que, sin obviar las necesidades de la defensa, tenga una visión de conjunto. En ese entendido, el gobierno debe derogar la norma injusta del sorteo y legalizar expresamente los incentivos de atracción, profundizando los mecanismos de promoción para lo cual se requiere más recursos y más diálogo social. Las FFAA necesitan llevar a los cuarteles a los mejores jóvenes del Perú.

sábado, 13 de octubre de 2012

Vade retro México

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/vade-retro-mexico-12-10-2012
La República
La mitadmasuno
12 de octubre 2012
Juan De la Puente
La Comisión de Defensa del Congreso aprobó el dictamen que permite la participación de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico. Si la iniciativa se convierte en ley y esta se promulga, el Perú daría un paso decisivo en la militarización de la lucha contra las drogas. Contra consejos y sugerencias seguiremos construyendo nuestra perspectiva mexicana.
El dictamen propone modificar el Decreto Legislativo 1095 que regula el uso de la fuerza por las FFAA en el territorio nacional y el Decreto Legislativo 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. El propósito es invertir los roles de la policía y de las FFAA en situaciones de emergencia. La norma actual señala que durante el Estado de Emergencia, al margen de qué institución tenga a su cargo del orden interno, “las FFAA realizan acciones militares en apoyo de la policía”. En la nueva redacción, si se le encarga el orden interno a las FFAA, estas asumen el control total de la zona y es la policía la que apoya las acciones militares.
En el nuevo concepto las acciones de control del orden público pasan a ser operaciones militares y dejan de ser policiales. Como se sabe, los valles cocaleros más importantes del país, el Huallaga y el VRAEM, son escenarios de la lucha contra el llamado narcoterrorismo y se encuentran en Estado de Emergencia.
Los cambios avanzan un paso más, estableciendo sin ninguna restricción que durante la emergencias las FFAA estas están facultadas para realizar acciones de interdicción terrestres, acuáticas y aéreas a los implicados en el tráfico ilícito de drogas. Ello implica disponer de procedimientos militares en la lucha antidrogas y a desarrollar una inteligencia militar antidrogas y considerar la creación de cuerpos militares de élite para esta tarea.
La Comisión ha valorado escasamente la opinión remitida por el Ministerio Público, que reitera que el Estado de Emergencia es una medida para situaciones excepcionales y que la participación de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico debe ser interpretada en sentido restrictivo, reiterando la doctrina sobre las diferencias entre los objetivos y función de la policía y las FFAA. El Ministerio Público consideró que generalizar la participación de las FFAA en el orden interno está en la misma línea de las propuestas de endurecer las sentencias, disminuir la edad de imputabilidad penal y el aumento de la capacidad carcelaria, lo que responde a presiones políticas y coyunturales. El Ministerio del Interior también expresó reparos a los cambios argumentando que se pretende legislar sobre áreas en las que ya existen disposiciones específicas.
Es obvio que el propósito es abrir el paso a una participación de las FFAA más directa que la actual en la lucha antidrogas. Esto solo es posible disminuyendo la centralidad de la policía en la conservación del orden interno en general y en las operaciones antidrogas. Una ruta contraria es potenciar el trabajo policial evitando la duplicidad, la dispersión y el uso de las FFAA en tareas para las que no han sido creadas. El Estado se está decidiendo por lo primero.
¿A qué visión obedece el cambio propuesto? A la que considera que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional, un concepto que abandona A. Latina y relativiza ahora, inclusive, EE.UU. En México, el ingreso de las FFAA a la lucha antidroga fue presidido, además, por la convicción que en ella se jugaba la existencia misma del Estado. En el Perú concurre a esta intervención, aparte de un notable deseo de captar recursos públicos, una convicción más, de que en el VRAE y en el Huallaga opera una fuerza calificada como “narcoterrorista”. Sin embargo, se ha señalado que ese concepto está vacío y que en ambos valles, especialmente en el primero, se desarrolla una incipiente guerra de la coca, donde el enemigo es una banda armada narcotraficante, que pretende distraer con un discurso maoísta, a la que se debe derrotar sobre todo con inteligencia y operaciones policiales anticrimen especializadas, con el concurso de una nueva Procuraduría del Estado, la que se gesta en el sector Justicia.