viernes, 7 de junio de 2013

Servicio militar, mirada de desprecio

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La República
La mitadmasuno
7 de junio 2013
Juan De la Puente
La sociedad y el Estado lograron recabar dos consensos en torno al servicio militar luego del largo fuego cruzado entre las FFAA, que demandan cubrir 36 mil plazas de reclutas cada año, para mantener operativas las instituciones de la defensa nacional, y los jóvenes que de modo creciente se desinteresan por el servicio en  los cuarteles. Esos dos consensos se resumían en: 1) La sociedad tomaba debida nota del déficit de personal como un serio problema de la defensa; y 2) El Estado se disponía a hacer más atractivo y útil el servicio militar voluntario para los jóvenes.
La publicación del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1146 rompe esos consensos, especialmente el segundo, con un sentido militarista. El Estado he decidido privilegiar medidas discriminadoras y coercitivas contra los jóvenes de mayores carencias materiales, aquellos que no cuentan con 1.850 soles para pagar su libertad de movimiento o que no cursan estudios universitarios en un contexto de déficit de oferta universitaria pública.
Es reconocible, al mismo tiempo, que el esfuerzo de atracción haya empezado. Se anuncia que quienes concluyan el servicio podrán: 1) acceder a mil becas del Programa Beca 18 para estudios en el SIMA, SENATI y SENCICO; 2) adquirir a préstamos en el Banco de la Nación; 3) obtener bonificaciones para postular a las escuelas de las FFAA y la PNP, 20% de cuyas vacantes se reservarán para licenciados del servicio militar; y 4) acceder a descuentos en las pensiones en instituciones de educación superior, entre otras ventajas.
Este esfuerzo de persuasión es aplastado por el privilegio de un enrolamiento obligatorio disfrazado de sorteo que expresa un desprecio por el proyecto de vida de los jóvenes y que revela la ausencia de una política pública frente a ellos. Habría que preguntarse si este sistema plutocrático de servicio militar –si tienes dinero ejerces tu libertad– fue consultado con la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), ente rector de las políticas en materia de juventud, adscrita al Ministerio de Educación.
El discurso oficial expone una concepción deformada del servicio militar. Afirma que el llamamiento por sorteo servirá para encausar a los jóvenes desocupados o en situación vulnerable, cuyas actividades están acerca del delito, como si el servicio militar fuera una sanción o una medida correctiva de conducta, una suerte de reformatorio, fábrica de hombrecitos y de extirpación de vicios públicos.
Los jóvenes requieren de una política coherente en un paradójico contexto de crecimiento económico con empobrecimiento de sus derechos. Su principal problema es el acceso a la educación y al empleo calificado con remuneraciones justas y equidad. En el reciente examen de admisión para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos postularon 29 mil jóvenes para 4.500 vacantes, a razón de 6,4 aspirantes por cada vacante. Los centros especializados son más restrictivos; en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de febrero pasado postularon 7.200 jóvenes para 600 vacantes, a razón de 12 postulantes por cada vacante.
La educación técnica, una alternativa sugerente y en alza a la educación universitaria, está en camino de estrecharse por el incremento de la demanda laboral calificada que colisiona con la oferta formadora. En el reciente examen de admisión para la Escuela Tecnológica Sencico, orientada a la actividad de la construcción postularon 1.500 jóvenes para 576 vacantes. El mercado nacional demanda 300 mil técnicos industriales de los cuales SENATI solo cubre 10 mil por año y una cifra similar el resto de centros.
En ese universo de expectativas, el Estado debe responder con políticas que, sin obviar las necesidades de la defensa, tenga una visión de conjunto. En ese entendido, el gobierno debe derogar la norma injusta del sorteo y legalizar expresamente los incentivos de atracción, profundizando los mecanismos de promoción para lo cual se requiere más recursos y más diálogo social. Las FFAA necesitan llevar a los cuarteles a los mejores jóvenes del Perú.

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