Vade retro México

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La República

La mitadmasuno

12 de octubre 2012

Juan De la Puente

La Comisión de Defensa del Congreso aprobó el dictamen que permite la participación de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico. Si la iniciativa se convierte en ley y esta se promulga, el Perú daría un paso decisivo en la militarización de la lucha contra las drogas. Contra consejos y sugerencias seguiremos construyendo nuestra perspectiva mexicana.

El dictamen propone modificar el Decreto Legislativo 1095 que regula el uso de la fuerza por las FFAA en el territorio nacional y el Decreto Legislativo 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. El propósito es invertir los roles de la policía y de las FFAA en situaciones de emergencia. La norma actual señala que durante el Estado de Emergencia, al margen de qué institución tenga a su cargo del orden interno, “las FFAA realizan acciones militares en apoyo de la policía”. En la nueva redacción, si se le encarga el orden interno a las FFAA, estas asumen el control total de la zona y es la policía la que apoya las acciones militares.

En el nuevo concepto las acciones de control del orden público pasan a ser operaciones militares y dejan de ser policiales. Como se sabe, los valles cocaleros más importantes del país, el Huallaga y el VRAEM, son escenarios de la lucha contra el llamado narcoterrorismo y se encuentran en Estado de Emergencia.

Los cambios avanzan un paso más, estableciendo sin ninguna restricción que durante la emergencias las FFAA estas están facultadas para realizar acciones de interdicción terrestres, acuáticas y aéreas a los implicados en el tráfico ilícito de drogas. Ello implica disponer de procedimientos militares en la lucha antidrogas y a desarrollar una inteligencia militar antidrogas y considerar la creación de cuerpos militares de élite para esta tarea.

La Comisión ha valorado escasamente la opinión remitida por el Ministerio Público, que reitera que el Estado de Emergencia es una medida para situaciones excepcionales y que la participación de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico debe ser interpretada en sentido restrictivo, reiterando la doctrina sobre las diferencias entre los objetivos y función de la policía y las FFAA. El Ministerio Público consideró que generalizar la participación de las FFAA en el orden interno está en la misma línea de las propuestas de endurecer las sentencias, disminuir la edad de imputabilidad penal y el aumento de la capacidad carcelaria, lo que responde a presiones políticas y coyunturales. El Ministerio del Interior también expresó reparos a los cambios argumentando que se pretende legislar sobre áreas en las que ya existen disposiciones específicas.

Es obvio que el propósito es abrir el paso a una participación de las FFAA más directa que la actual en la lucha antidrogas. Esto solo es posible disminuyendo la centralidad de la policía en la conservación del orden interno en general y en las operaciones antidrogas. Una ruta contraria es potenciar el trabajo policial evitando la duplicidad, la dispersión y el uso de las FFAA en tareas para las que no han sido creadas. El Estado se está decidiendo por lo primero.

¿A qué visión obedece el cambio propuesto? A la que considera que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional, un concepto que abandona A. Latina y relativiza ahora, inclusive, EE.UU. En México, el ingreso de las FFAA a la lucha antidroga fue presidido, además, por la convicción que en ella se jugaba la existencia misma del Estado. En el Perú concurre a esta intervención, aparte de un notable deseo de captar recursos públicos, una convicción más, de que en el VRAE y en el Huallaga opera una fuerza calificada como “narcoterrorista”. Sin embargo, se ha señalado que ese concepto está vacío y que en ambos valles, especialmente en el primero, se desarrolla una incipiente guerra de la coca, donde el enemigo es una banda armada narcotraficante, que pretende distraer con un discurso maoísta, a la que se debe derrotar sobre todo con inteligencia y operaciones policiales anticrimen especializadas, con el concurso de una nueva Procuraduría del Estado, la que se gesta en el sector Justicia.

Las guerras del VRAE

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-guerras-del-vrae-19-04-2012

La República

La Mitadmasuno

19 de abril de 2012

Juan De la Puente

Los hechos del VRAE y el reciente informe de la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) sobre el narcotráfico en el Perú se mezclan irremediablemente. La banda armada que secuestró a los trabajadores de Camisea es el principal operador del narcotráfico en el primer valle cocalero y primer territorio de refinamiento de cocaína del mundo. Asimismo, el informe de la DEA pone los reflectores sobre el incremento de la presencia mexicana en las operaciones del narcotráfico desde el Perú. El VRAE aparece así como un territorio donde se libra una dura batalla contra el narcotráfico, un hecho que el uso de los conceptos “terrorismo” y “narcoterrorismo” relativiza.

Lo sucedido en el VRAE desnuda, sobre todo, el agotamiento del discurso y práctica estatales contra el narcotráfico. La epopeya de soldados y policías y de los más altos funcionarios del Estado se dirigen hacia una organización subversiva derrotada como tal y que hace más de 10 años ha mutado en una banda al servicio de las drogas. Ellos han cambiado pero en el imaginario del Estado siguen siendo los maoístas de los años 80 que quieren tomar el poder por las armas y el terror. Por esa razón, la estrategia diseñada contra ellos no ha cambiado, sigue siendo antisubversiva en lugar de interdicción del poder narco.

Es obvio que un sector del país se siente más cómodo practicando el discurso ideológico como sustento de las operaciones contra “eso” que llaman SL y que asesina policías, soldados, fiscales y civiles, y que a veces llaman “narcosenderismo”, casi como una concesión. Ese sector se reduce a los patrullajes y operaciones militares, subestimando elementos claves que, de otro modo, reducirían el poder de esa banda: el desarrollo alternativo, el control de insumos químicos y el lavado de activos.

En el VRAE hay una guerra imprecisa. Cambiar ese discurso y práctica cuesta. Obligaría, por ejemplo, a preguntarse si fue correcto enviar a las FFAA al VRAE y construir allí un mando bicéfalo, con la PNP y las FFAA divorciadas casi en todo; o cómo fueron empleados los recursos entregados para el equipamiento militar; o por qué es más exitoso el papel de la PNP en el Alto Huallaga. Si el Estado decidiera que frente a la banda armada del VRAE se debe desarrollar una nueva estrategia antinarco, la primera decisión sería crucial: ¿Deben las FFAA participar en la lucha contra las drogas sobre todo luego de la experiencia mexicana?

No obstante lo dicho, estamos lejos del cambio. Nadie puede garantizar que, por ejemplo, se instalen dos garitas móviles en las vías hacia el VRAE como se espera desde hace casi 10 años, o que se generalicen las acciones de desarrollo alternativo en aquellas zonas donde las características del suelo lo permiten. Siendo minimalistas, ¿Es posible pensar en un Plan VRAE de verdad, que no sea la agregación de obras sectoriales? Quizás por ahora no.

La fiesta equivocada

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-fiesta-equivocada-16-02-2012

La República

La mitadmasuno

16 de febrero 2012

Juan De la Puente

La celebración de la captura de “Artemio” se ha incorporado a la épica antiterrorista. Desde el Estado y los medios el arresto es presentado como una consecuencia de la política antisubversiva lineal y a pesar del uso del término “narcoterrorismo” para designar a la violencia en el Huallaga y el VRAE, el sentido común indica que el Perú le acaba de asestar un golpe mortal a Sendero Luminoso. En más de un comentario, “Artemio” y su banda han sido mezclados en el debate sobre el Movadef, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y los comandos de la Operación Chavín de Huántar, un mix que elude el problema de fondo, la verdadera batalla que el país tiene por delante.

La información de la que se dispone desde hace años indica que en el Huallaga y el VRAE operan grupos armados del y para el narcotráfico entre los cuales son más notables los llamados “remanentes” senderistas. Lo cierto es que de remanentes no tienen nada; son bandas que le dan gobernabilidad y seguridad al tráfico de drogas usando de vez en cuando la tapadera senderista. Desde hace más de una década se han despojado de todo objetivo político y sus líderes han pasado del clásico cobro de cupos al narcotráfico, una práctica de los años ochenta, a la propiedad de pozas de maceración, la prestación de servicios de seguridad al traslado de la droga, el asesinato de policías y erradicadores de coca y el ataque a comisarías para vengar detenciones o para ajustar cuentas.

El fenómeno que descubre la captura de “Artemio” es el paramilitarismo narco. Es visible, no obstante, que los cautivos del discurso antiterrorista eluden oficialmente el contexto de los recientes sucesos. En algunos casos podría tratarse de pereza mental para delimitar los nuevos horizontes de los problemas del Estado. En la mayoría de casos, sin embargo, se advierte una consciente renuncia a poner en valor la amenaza del narcotráfico porque es más cómodo, institucional y presupuestalmente, enfrentar al terrorismo que al tráfico de drogas.

Esta renuncia tiene costos. Según el Informe de Monitoreo de Cultivos de coca 2010 de la ONUDD, entre el VRAE, Alto Huallaga y la contigua Aguaytía reúnen más del 60% de la superficie cultivada de coca. En el mismo informe se consigna que, por regiones, en San Martín estos cultivos se multiplicaron 4,5 veces, es decir, pasaron en un año de 378 a 1.725 hectáreas. Habría que recordar que el Huallaga y desde hace poco Aguaytía son la fecunda tierra del desarrollo alternativo.

Mientras más se demoren el Estado y la sociedad en asumir el nuevo reto y mientras se siga cubriendo con el lenguaje antiterrorista el desafío de las bandas armadas al servicio del narcotráfico, la actividad de este, que demanda una estrategia propia en el campo de la interdicción y el juzgamiento y una nueva institucionalidad, continuará gozando de la alta cuota de impunidad.