La República
La mitadmasuno
16 de febrero 2012
Juan De la Puente
La celebración de la captura de “Artemio” se ha incorporado a la épica antiterrorista. Desde el Estado y los medios el arresto es presentado como una consecuencia de la política antisubversiva lineal y a pesar del uso del término “narcoterrorismo” para designar a la violencia en el Huallaga y el VRAE, el sentido común indica que el Perú le acaba de asestar un golpe mortal a Sendero Luminoso. En más de un comentario, “Artemio” y su banda han sido mezclados en el debate sobre el Movadef, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y los comandos de la Operación Chavín de Huántar, un mix que elude el problema de fondo, la verdadera batalla que el país tiene por delante.
La información de la que se dispone desde hace años indica que en el Huallaga y el VRAE operan grupos armados del y para el narcotráfico entre los cuales son más notables los llamados “remanentes” senderistas. Lo cierto es que de remanentes no tienen nada; son bandas que le dan gobernabilidad y seguridad al tráfico de drogas usando de vez en cuando la tapadera senderista. Desde hace más de una década se han despojado de todo objetivo político y sus líderes han pasado del clásico cobro de cupos al narcotráfico, una práctica de los años ochenta, a la propiedad de pozas de maceración, la prestación de servicios de seguridad al traslado de la droga, el asesinato de policías y erradicadores de coca y el ataque a comisarías para vengar detenciones o para ajustar cuentas.
El fenómeno que descubre la captura de “Artemio” es el paramilitarismo narco. Es visible, no obstante, que los cautivos del discurso antiterrorista eluden oficialmente el contexto de los recientes sucesos. En algunos casos podría tratarse de pereza mental para delimitar los nuevos horizontes de los problemas del Estado. En la mayoría de casos, sin embargo, se advierte una consciente renuncia a poner en valor la amenaza del narcotráfico porque es más cómodo, institucional y presupuestalmente, enfrentar al terrorismo que al tráfico de drogas.
Esta renuncia tiene costos. Según el Informe de Monitoreo de Cultivos de coca 2010 de la ONUDD, entre el VRAE, Alto Huallaga y la contigua Aguaytía reúnen más del 60% de la superficie cultivada de coca. En el mismo informe se consigna que, por regiones, en San Martín estos cultivos se multiplicaron 4,5 veces, es decir, pasaron en un año de 378 a 1.725 hectáreas. Habría que recordar que el Huallaga y desde hace poco Aguaytía son la fecunda tierra del desarrollo alternativo.
Mientras más se demoren el Estado y la sociedad en asumir el nuevo reto y mientras se siga cubriendo con el lenguaje antiterrorista el desafío de las bandas armadas al servicio del narcotráfico, la actividad de este, que demanda una estrategia propia en el campo de la interdicción y el juzgamiento y una nueva institucionalidad, continuará gozando de la alta cuota de impunidad.
