La Victoria y los generales

https://larepublica.pe/politica/1404815-victoria-generales

La República

La mitadmasuno

1 de febrero de 2019

Juan De la Puente

Se libra en el distrito de La Victoria (Lima) una batalla compleja que presenta por lo menos dos tensiones, una contra las mafias y otra contra la Policía, ambas protagonizadas por su alcalde George Forsyth, que con su valiente desafío al crimen y a la inseguridad ciudadana ha cambiado radicalmente la agenda municipal de la capital, urgiendo por soluciones inmediatas a problemas que se encuentran más allá del alcance municipal, pero que forman parte de sus intereses.

La batalla del alcalde contra las mafias debe ser leída como el cambio de la posición del municipio contra el crimen organizado en un distrito que silenciosamente fue tomado, por lo menos, por 25 bandas, la mayor de las cuales se alojó en la misma municipalidad, llamada “Los Intocables Ediles”, dirigida por el alcalde y desarticulada en parte en agosto pasado con la detención de 32 personas.

El modelo de negocio de esta banda era perfecto. Operaba en dos zonas, Gamarra y el Mercado de Frutas; para ello establecieron cuadrantes en los que realizaban ordenadamente cobros ilícitos del parqueo de vehículos (solo en Gamarra hay 2.500 espacios disponibles) y a más de 8 mil vendedores ambulantes, que hacían un primer pago para empadronarse y luego realizaban pagos diarios.

Un modelo de esa magnitud se basó en dos pilares, el municipio y la Policía. La investigación ha detectado que por lo menos 5 generales de la PNP eran parte del grupo criminal, dos de los cuales fueron pasados a retiro, en tanto que los otros tres seguirían en actividad, además de decenas de otros oficiales y suboficiales. No habría que olvidar que el operativo de agosto incluyó el allanamiento de 11 locales policiales, entre ellos las comisarías de La Victoria, Apolo, Yerbateros, San Cosme, Juan Ingunza Valdivia, Jesús María y Sagitario, y el Departamento de Investigación Criminal de La Victoria.

En La Victoria existen otras redes, que van desde la extorsión a la “protección” de negocios, las rutas del tránsito, hasta las licencias ilegales, entre otras actividades que reportan dividendos a una actividad delictiva que “garantiza” el empleo de centenares de personas. Se entiende ello considerando que el distrito es al mismo tiempo un espacio de informalidad y formalidad económica: una de cada 10 empresas de Lima funciona en La Victoria, que además tiene, luego de San Isidro y Miraflores, la mayor densidad empresarial.

La primera batalla del alcalde Forsyht ha sido pública y ha consistido en plantar cara a las mafias e iniciar un proceso de ordenamiento del comercio, la ocupación de los espacios públicos y recuperar el papel dirigente del municipio. Esa es ya una tarea titánica para un municipio que, tomando en cuenta el volumen de la economía a la que está integrada –y que debería convertirlo en uno de los más ricos-, ha sido depredado por la corrupción, tiene un déficit de 580 millones de soles y recibe escasos ingresos propios, precisamente porque estos se van a las redes ilegales.

La segunda tensión, contra la corrupción e ineficiencia policial, es todavía silenciosa, aunque debe quedar claro que sin un compromiso nuevo y firme en ese punto, no se tendrán avances tangibles. La realización del reciente operativo con 2 mil policías, es insuficiente como respuesta de la Policía Nacional a un problema estructural, aun se hiciese un operativo cada semana.

No es la mejor salida a este fenómeno plantearse el concurso del Ejército sino insistir que cumplan su función las instituciones llamadas al control del territorio. El municipio ha empezado haciendo lo que corresponde, y ahora es el turno de otras partes del problema. La Policía debería desarticular las redes corruptas internas que operan en ese distrito, retirar de ahí a los mandos denunciados y procesarlos, implementar el trabajo de inteligencia o darle curso fiscal y judicial a los hallazgos que tiene, y presentar ante los vecinos un programa de acción que signifique el inicio de un giro creíble respecto de décadas de abandono. Cuando el alcalde señala que La Victoria “está destrozada” reporta en realidad que, además, está desprotegida.

Gente como uno (GCU)

http://larepublica.pe/impresa/opinion/728617-gente-como-uno-gcu

La República

La mitadmasuno

25 de diciembre 2015

Juan De la Puente

La polémica sobre la agresión de una ciudadana a un policía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, condenada a 6 años y 8 meses de prisión, es emblemática para otra discusión más crucial sobre el papel de las leyes y de la justicia en la lucha contra el delito. Como ya sucedió en México y otros países que experimentan el auge del crimen, se vislumbran dos fenómenos en pugna ante el delito, el populismo penal y el clasismo elitista.

El país lleva una década de cambios legislativos para hacer de esta regulación más severa en penas y menos garantista respecto de los infractores. Esta espiral se eleva por un impulso multiclasista con sed de venganza más que de sanción y es probable que no se detenga hasta la ampliación de la pena de muerte y la eliminación de todo beneficio penitenciario.

Parte de este populismo es la tolerancia con el gatillo fácil policial estimulado también legalmente, excepto la reciente Ley sobre el uso de la fuerza por la PNP (D. Leg. Nº 1186), de modo que, por ejemplo, era natural que en diciembre del año 2009 una encuesta de Ipsos revelara que el 47% aprobaba la existencia de escuadrones policiales que ejecuten a delincuentes.

El populismo penal no es el único fenómeno que se observa frente al delito. Se aprecia también un clasismo elitista que entiende que los secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes son siempre los otros, los de abajo, los peruanos de “color puerta”. Nos lo dice todos los días la falta de imaginación para bautizar a los detenidos como “cholo” “negra” o ”chino” o la historia sin fin de las bandas de “malditos” siempre de Cantogrande,  Bayóvar o Huáscar aunque se apresen bandas cuyos miembros vivan, todos, en Chacarilla, Camacho o La Molina.

En el caso del Aeropuerto Jorge Chávez han chocado populismo y elitismo con la justicia al medio, la que siempre paga los platos rotos. Y han salido chispas. La  agresión de una mujer de camioneta 4x4 a un policía mestizo no puede ser más simbólica de ambas subjetividades que actúan en lo público. Frente a la intervención policial por una infracción cierta la ciudadana manoteó y derribó el casco del policía, le dio una bofetada, lo insultó, le dijo que no lo habían enviado al colegio y luego arrancó su vehículo atropellando a los policías que estaban delante.

La condena a la infractora se vio rápidamente en disputa. Una página de Facebook que reclama por su libertad tilda de resentido social al policía agredido, sostiene que la acusada solo lo despeinó, que los policías del Perú son acomplejados y que este es un caso de abuso contra la minoría blanca del Perú, lo que involucra al juez.

El cuestionamiento jurídico de la sentencia empezó usando los vocablos desproporcionado y excesivo, escondiendo que el mar de fondo es la desordenada reforma penal a la que ha conducido la crisis de seguridad del país, uno de cuyos resultados es la obligada terminación anticipada de los procesos llamados “inmediatos” en casos de flagrancia, para lo cual se modificó otra vez el Código Penal (D. Leg. Nº 1194).

Varios abogados que hemos criticado desde hace años el populismo penal hemos sido enfrentados por quienes desde una visión conservadora se imaginan una justicia sin derechos operando bajo la lógica de “mientras el populismo penal no me afecte ¡Viva la pena! En esta ocasión, ese grupo social se ha sentido afectado por una norma que creía que jamás los alcanzaría basados en sus apreciaciones de que el delito no es propio de Gente Como Uno (GCU). La conclusión es la de siempre, un grupo contra una ley que acaba de descubrir que puede castigar severamente la prepotencia.

Los GCU han retrocedido y piden condenas benignas. Desde el gobierno han dicho con dramática sinceridad que la ley de flagrancia no fue pensada para las agresiones individuales sino para la resistencia a la policía en casos de marchas y desalojos. Tranquilos, así la cosa cambia; la justicia se había equivocado, es decir, había acertado; creía que era para todos. Qué ingenua. (Libertad para los presos políticos en Venezuela esta Navidad).

Seguridad, la tormenta perfecta

La República

La mitadmasuno

24 de abril de 2015

Juan De la Puente

¿Querían un estado mínimo? Ahí lo tienen. Mínimo de policías, procuradores, jueces y fiscales; mínimo de comisarías, cárceles y juzgados; mínimo en control, prevención, sentencias y rehabilitación. Se desmorona la utopía neoliberal que pretendía un estado que no promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en el mercado y, al mismo tiempo, promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en la sociedad.

No es posible un estado mínimo para ti y máximo para el resto. Los Oropezas, Orellanas y Ferraris, y las bandas que se bautizan como apelativos familiares son la carcajada del crimen ante un estado débil, estrecho y sin recursos para combatirlo. La mayor prueba es la Ley contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, de agosto de 2013, sin recursos y con escasos magistrados.

Nuestra crisis de seguridad es una grave amenaza para la democracia. Casi la mitad de los peruanos (46.7%), de acuerdo al reciente Barómetro de las Américas, cree que la inseguridad es nuestro principal problema. La tormenta perfecta sobre la que varios alertamos hace cinco años, finalmente se ha formado. Las variables de la crisis de seguridad se han encontrado y estrellado. Una alta percepción de victimización es aleatoria de la desconfianza en las instituciones y de la búsqueda de alternativas a la falta de eficacia del Estado.

La mayoría de funcionarios, políticos, periodistas, jueces y fiscales continúan en el momento anterior. Solo la policía parece consciente del nuevo momento, atrapada entre los dos momentos y samaqueada por la irrupción de lo inédito que se vuelve cotidiano: la extorsión desde las cárceles, los niños sicarios, los asaltos a restaurantes y las nuevas bandas con su escandaloso cohorte de autos de alta gama y casas refugio para el desenfreno.

El viejo momento del delito impregna casi todo, especialmente las instituciones que siguen mirando a la policía como la fuerza pública salvadora. La prensa, cuando no, alegre de cascos, se ha limitado a ampliar la cobertura de esta crisis como un problema básicamente policial; y persiste, salvo excepciones, el análisis propio del viejo momento, centrado en la idea de que asistimos al aumento de índices que no han desbordado el marco de un país acosado por el delito, nada fuera de “más de lo mismo”, y que lo central es combatir el llamado narcoterrorismo, una construcción enredada y nostálgica que encadena el narcotráfico al terrorismo y nos priva de la posibilidad de atajar el potencial criminal externo e interno de las mafias de las drogas y del crimen organizado.

La crisis de seguridad tiene que ver menos con la policía y más con otras instituciones. Los cinco intentos por asumir el delito como un todo único fracasado. Estos fueron el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia (GTAN) creado el 2001 por acuerdo de 5 organismos públicos; la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales luego que la Corte Suprema declarase en reestructuración el PJ; la Ley Nº 28083 del 2003, que creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS) que propuso un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia; la creación el 2006 del Grupo Impulsor de la Modernización de la Administración de Justicia; y el Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez en abril de 2013.

Me gustaría decir que la historia de fracasos ha concluido, pero me temo que no. En las elecciones del 2011 ningún candidato propuso medidas serias contra el delito, y en las elecciones de octubre pasado las propuestas se movieron entre lo superficial y lo ridículo. Abrigo pocas esperanzas que de cara al 2016 los partidos y candidatos se esmeren en modelos efectivos y democráticos contra el delito y el crimen. Al contrario, más de un aspirante ha soltado la especie de que la única salida es militarizar la seguridad ciudadana y aumentar penas, es decir, el populismo penal.

 

 

 

La epidemia de la violencia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-epidemia-de-la-violencia-07-11-2014
La República

La mitadmasuno

7 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Las elecciones del año 2016 las podrá ganar quien sea más provocador y sugestivo en sus propuestas para encarar el principal problema del país, la inseguridad. Las cosas han llegado a un punto en el que el país parece preparado para una oferta de mano dura contra y lo que esto acarrea: penas más elevadas, la pena de muerte inclusive; juicios sumarios; patrullaje militar; más cárceles y menos beneficios penitenciarios; y menos miramientos contra los delincuentes y con los que parecen serlo, aunque al final no lo sean.
La mano dura y el gatillo fácil ya están aquí a pesar de su fracaso en varios países de la región; la Ley N° 30151, que modifica el Código Penal eximiendo de toda responsabilidad a los policías y militares que den muerte a terceros en acción de servicio, es la prueba de hiel; por ello, la reacción nacional ante el asesinato de Fidel Flores en Cajamarca indica que hay esperanzas de una salida distinta, la de un pacto nacional para encarar esta crisis de seguridad y evitar deslizarnos en el delito sobre el delito y la muerte sobre la muerte.
Luego de la crisis económica y del terrorismo, es la tercera crisis de envergadura que afecta al país en los últimos 50 años. Lamentablemente, no es tratada como tal sino como un hito delicado o un desajuste legal. Un dato puede ilustrar el frenesí legalista ante el delito: el Código Penal ha sido modificado 577 veces desde que se promulgara el año 1991, según un informe de Gaceta Jurídica publicado en febrero de este año.
Esta crisis tampoco ha sido suficientemente estudiada, salvo los trabajos de las ONG Ciudad Nuestra e IDL y de la Defensoría del Pueblo; los especialistas son escasos, en su mayoría oficiales retirados de la policía y pocos académicos agrupados en el colectivo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana. Del mismo modo, hasta hace poco la información con la que se contaba era dispersa y contradictoria, de modo que la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) es un paso importante.
Un pacto por la seguridad se justifica en el hecho de que esta crisis no es del gobierno sino del Estado, y es cada vez menor el papel de la policía en su eficaz control, por el traslado de responsabilidades hacia el Poder Judicial, la fiscalía, las autoridades penitenciarias, los municipios y las regiones. Esta parte del problema sufre una reducción conceptual que debería ser resuelta para adoptar una política integral. Discuto que para el efecto sea útil atrincherarse en el concepto de “seguridad ciudadana” y creo que sería más útil empezar a tratar con un universo distinto: seguridad, violencia común y política criminal.
El recorte conceptual opera en varios ángulos de esta crisis. Por ejemplo, mientras más pretendamos negar que el auge del delito en el Perú se relaciona con el crecimiento económico, la persistencia de la desigualdad y el desarraigo social, y lo situamos estrictamente en el cumplimiento de la ley, estaremos cerca del problema pero no centrados en sus raíces. La data regional podría servir para ilustrarnos: en A. Latina, uno de cada tres internos en cárceles abandonó el hogar familiar antes de los 15 años, en Chile uno de cada dos, y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador), nunca conocieron a su padre o madre.
Durante este gobierno una vez se tocó el problema de modo integral, ocurrió en el premierato de Juan Jiménez Mayor y cuando en Interior estaba Wilfredo Pedraza y en Justicia Eda Rivas. En ese momento se propuso al Congreso un paquete de normas sobre crimen organizado, se inició el equipamiento de la PNP y se crearon algunas superintendencias y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).
No es malo que la opinión pública asuma que la epidemia de la violencia viene acompañada de la corrupción política y que en gran medida depende de ella, una tendencia en la que el incremento de los delitos y la disminución de los juzgamientos y del castigo generan una forma de crimen aspiracional trasladado a la cosa pública. Una razón más para la reforma de las instituciones y de la representación.

El delito, Londres y Lima

La Mitadmasuno
La República
11 de agosto 2011
Juan De la Puente

http://www.larepublica.pe/11-08-2011/el-delito-londres-y-lima

En Londres la policía mata a Mark Duggan, de 29 años y padre de 4 hijos. Un centenar de vecinos se congrega frente a la comisaría del barrio pobre de Tottenham pero el plantón pacífico degenera en violencia que se extiende a varias ciudades inglesas. Al cabo de cuatro días se tienen más de mil detenidos, decenas de vehículos y tiendas saqueadas y quemadas, y solo en Londres más de 100 millones de libras esterlinas en pérdidas, causadas por un vandalismo que mezcla el descontento social con el delito puro y simple.
En Lima, se difunde un video que muestra que el joven Gerson Falla, 26 años y padre de una niña, detenido en abril cuando huía de unos pandilleros, fue torturado en la Comisaría de San Borja; el maltrato que le causó la muerte. La PNP pasó al retiro a cuatro de los 11 asesinos pero todos gozan de libertad. Esos mismos días un delincuente, liberado el 2008 y que fue procesado 10 veces por robo agravado, baleó a la hija de un congresista cuando su banda intentaba robar la camioneta donde viajaba con su madre. Las dos se salvaron gracias al policía que las custodiaba.
Podría ser muy parecida la brutalidad policial en Londres y en Lima. No obstante, en Inglaterra, el rechazo violento de los métodos policiales y la fuerza con la que la sociedad inglesa condena esa respuesta han sido intensos. Se debate allí cuánto de la fractura social se expresa en la violencia reciente y en qué medida ese vandalismo tiene un rostro propio. En el Perú, en cambio, ni la muerte de Falla ni la agresión contra la hija de Renzo Reggiardo han despertado los reflejos de la sociedad, más allá de algunas declaraciones oficiales y editoriales.
En esa ausencia podrían residir los límites de las raídas recetas contra la inseguridad ciudadana que se escuchan estos días: pena de muerte, reapertura de El Frontón, patrullaje del Ejército y más leyes. Al mismo tiempo, salvo la marcha por la paz promovida por el alcalde de La Victoria, nadie ha movilizado a los ciudadanos ni ha valorado las potencialidades de su organización y concurso. Parecería que el delito común es un fenómeno solitario que no se asocia a las condicionantes sociales y a la falta de políticas públicas integrales. Luego de 30 años, se sigue pensando que es un problema exclusivo de policías, jueces y ladrones, es decir del Estado. Así, habría que prepararse para otra arremetida mortícola. Y para otro fracaso.

La crisis de seguridad

La mitadmasuno

La República

Sábado 24 de julio 2010

Juan De la Puente

http://www.larepublica.pe/la-mitadmasuno/24/07/2010/crisis-de-seguridad

El delito se ha convertido en el principal problema de la agenda pública. Esta legitimación está tomando por sorpresa a los políticos, a los medios de comunicación y a los empresarios. De acuerdo a los datos disponibles, los partidos preparan sus programas de gobierno abordando el tema de modo convencional, es decir, como un problema que debe ser tratado desde la ley y la justicia. La prensa, salvo excepciones, sigue situando el delito en las secciones policiales, de las que sale solo cuando los hechos se vinculan a actores públicos. La empresa sigue mirando al tema como un riesgo para la inversión. En todos los casos, se registra la falta de una visión de conjunto, desde la sociedad y el Estado.
Estas ausencias podrían también relacionarse con las debilidades en el análisis del fenómeno violento. Para un sector estaríamos ante al incremento de la delincuencia como hecho ilegal sin que hayamos desbordado el marco clásico de un país poco acosado por el delito si se compara con otros de la región. En ese discurso contemplativo no somos Río de Janeiro y lo que tenemos en esta etapa es un poco más de lo mismo.
La otra, es la versión nostálgica del crimen; considera que el terrorismo sigue siendo la principal amenaza y, en todo caso, es el narcoterrorismo el enemigo central a combatir. El principal riesgo de esta visión es el encadenamiento del narcotráfico al terrorismo, lo que lleva a subestimar el potencial criminal, externo e interno, de las mafias de las drogas.
Así, nos movemos entre la contemplación y la nostalgia sin registrar lo nuevo, que consiste en una crisis de seguridad pública, de carácter sistémico y complejo, y que afecta a las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana y a la administración de justicia, pero también a la ley como norma preventiva, el sistema penitenciario, los gobiernos locales y regionales y las empresas.
Asoma un fenómeno que agrede en una dimensión inédita al Estado, a los ciudadanos y a la democracia. El delito está dejando de ser un problema de policías y jueces y precisar en qué consiste lo nuevo es crucial para definir las opciones. Por ejemplo, si la calle es el principal escenario de la violencia porque se sigue desprotegiendo las ciudades que cuentan con pocos policías, escasa prevención y recuperación de infractores y un alto nivel de impunidad. ¿Por qué se reducen recursos para la lucha contra el delito?