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sábado, 2 de enero de 2016

Gente como uno (GCU)

http://larepublica.pe/impresa/opinion/728617-gente-como-uno-gcu
La República
La mitadmasuno
25 de diciembre 2015
Juan De la Puente
La polémica sobre la agresión de una ciudadana a un policía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, condenada a 6 años y 8 meses de prisión, es emblemática para otra discusión más crucial sobre el papel de las leyes y de la justicia en la lucha contra el delito. Como ya sucedió en México y otros países que experimentan el auge del crimen, se vislumbran dos fenómenos en pugna ante el delito, el populismo penal y el clasismo elitista.
El país lleva una década de cambios legislativos para hacer de esta regulación más severa en penas y menos garantista respecto de los infractores. Esta espiral se eleva por un impulso multiclasista con sed de venganza más que de sanción y es probable que no se detenga hasta la ampliación de la pena de muerte y la eliminación de todo beneficio penitenciario.
Parte de este populismo es la tolerancia con el gatillo fácil policial estimulado también legalmente, excepto la reciente Ley sobre el uso de la fuerza por la PNP (D. Leg. Nº 1186), de modo que, por ejemplo, era natural que en diciembre del año 2009 una encuesta de Ipsos revelara que el 47% aprobaba la existencia de escuadrones policiales que ejecuten a delincuentes.
El populismo penal no es el único fenómeno que se observa frente al delito. Se aprecia también un clasismo elitista que entiende que los secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes son siempre los otros, los de abajo, los peruanos de “color puerta”. Nos lo dice todos los días la falta de imaginación para bautizar a los detenidos como “cholo” “negra” o ”chino” o la historia sin fin de las bandas de “malditos” siempre de Cantogrande,  Bayóvar o Huáscar aunque se apresen bandas cuyos miembros vivan, todos, en Chacarilla, Camacho o La Molina.
En el caso del Aeropuerto Jorge Chávez han chocado populismo y elitismo con la justicia al medio, la que siempre paga los platos rotos. Y han salido chispas. La  agresión de una mujer de camioneta 4x4 a un policía mestizo no puede ser más simbólica de ambas subjetividades que actúan en lo público. Frente a la intervención policial por una infracción cierta la ciudadana manoteó y derribó el casco del policía, le dio una bofetada, lo insultó, le dijo que no lo habían enviado al colegio y luego arrancó su vehículo atropellando a los policías que estaban delante.
La condena a la infractora se vio rápidamente en disputa. Una página de Facebook que reclama por su libertad tilda de resentido social al policía agredido, sostiene que la acusada solo lo despeinó, que los policías del Perú son acomplejados y que este es un caso de abuso contra la minoría blanca del Perú, lo que involucra al juez.
El cuestionamiento jurídico de la sentencia empezó usando los vocablos desproporcionado y excesivo, escondiendo que el mar de fondo es la desordenada reforma penal a la que ha conducido la crisis de seguridad del país, uno de cuyos resultados es la obligada terminación anticipada de los procesos llamados “inmediatos” en casos de flagrancia, para lo cual se modificó otra vez el Código Penal (D. Leg. Nº 1194).
Varios abogados que hemos criticado desde hace años el populismo penal hemos sido enfrentados por quienes desde una visión conservadora se imaginan una justicia sin derechos operando bajo la lógica de “mientras el populismo penal no me afecte ¡Viva la pena! En esta ocasión, ese grupo social se ha sentido afectado por una norma que creía que jamás los alcanzaría basados en sus apreciaciones de que el delito no es propio de Gente Como Uno (GCU). La conclusión es la de siempre, un grupo contra una ley que acaba de descubrir que puede castigar severamente la prepotencia.
Los GCU han retrocedido y piden condenas benignas. Desde el gobierno han dicho con dramática sinceridad que la ley de flagrancia no fue pensada para las agresiones individuales sino para la resistencia a la policía en casos de marchas y desalojos. Tranquilos, así la cosa cambia; la justicia se había equivocado, es decir, había acertado; creía que era para todos. Qué ingenua. (Libertad para los presos políticos en Venezuela esta Navidad).

sábado, 16 de mayo de 2015

Seguridad, la tormenta perfecta

La República
La mitadmasuno
24 de abril de 2015
Juan De la Puente
¿Querían un estado mínimo? Ahí lo tienen. Mínimo de policías, procuradores, jueces y fiscales; mínimo de comisarías, cárceles y juzgados; mínimo en control, prevención, sentencias y rehabilitación. Se desmorona la utopía neoliberal que pretendía un estado que no promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en el mercado y, al mismo tiempo, promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en la sociedad.
No es posible un estado mínimo para ti y máximo para el resto. Los Oropezas, Orellanas y Ferraris, y las bandas que se bautizan como apelativos familiares son la carcajada del crimen ante un estado débil, estrecho y sin recursos para combatirlo. La mayor prueba es la Ley contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, de agosto de 2013, sin recursos y con escasos magistrados.
Nuestra crisis de seguridad es una grave amenaza para la democracia. Casi la mitad de los peruanos (46.7%), de acuerdo al reciente Barómetro de las Américas, cree que la inseguridad es nuestro principal problema. La tormenta perfecta sobre la que varios alertamos hace cinco años, finalmente se ha formado. Las variables de la crisis de seguridad se han encontrado y estrellado. Una alta percepción de victimización es aleatoria de la desconfianza en las instituciones y de la búsqueda de alternativas a la falta de eficacia del Estado.
La mayoría de funcionarios, políticos, periodistas, jueces y fiscales continúan en el momento anterior. Solo la policía parece consciente del nuevo momento, atrapada entre los dos momentos y samaqueada por la irrupción de lo inédito que se vuelve cotidiano: la extorsión desde las cárceles, los niños sicarios, los asaltos a restaurantes y las nuevas bandas con su escandaloso cohorte de autos de alta gama y casas refugio para el desenfreno.
El viejo momento del delito impregna casi todo, especialmente las instituciones que siguen mirando a la policía como la fuerza pública salvadora. La prensa, cuando no, alegre de cascos, se ha limitado a ampliar la cobertura de esta crisis como un problema básicamente policial; y persiste, salvo excepciones, el análisis propio del viejo momento, centrado en la idea de que asistimos al aumento de índices que no han desbordado el marco de un país acosado por el delito, nada fuera de “más de lo mismo”, y que lo central es combatir el llamado narcoterrorismo, una construcción enredada y nostálgica que encadena el narcotráfico al terrorismo y nos priva de la posibilidad de atajar el potencial criminal externo e interno de las mafias de las drogas y del crimen organizado.
La crisis de seguridad tiene que ver menos con la policía y más con otras instituciones. Los cinco intentos por asumir el delito como un todo único fracasado. Estos fueron el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia (GTAN) creado el 2001 por acuerdo de 5 organismos públicos; la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales luego que la Corte Suprema declarase en reestructuración el PJ; la Ley Nº 28083 del 2003, que creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS) que propuso un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia; la creación el 2006 del Grupo Impulsor de la Modernización de la Administración de Justicia; y el Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez en abril de 2013.
Me gustaría decir que la historia de fracasos ha concluido, pero me temo que no. En las elecciones del 2011 ningún candidato propuso medidas serias contra el delito, y en las elecciones de octubre pasado las propuestas se movieron entre lo superficial y lo ridículo. Abrigo pocas esperanzas que de cara al 2016 los partidos y candidatos se esmeren en modelos efectivos y democráticos contra el delito y el crimen. Al contrario, más de un aspirante ha soltado la especie de que la única salida es militarizar la seguridad ciudadana y aumentar penas, es decir, el populismo penal.
 
 
 

viernes, 17 de enero de 2014

Gatillo fácil quiere más sangre

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/gatillo-facil-quiere-mas-sangre-17-01-2014
La República
La mitadmasuno
17 de enero 2014
Juan De la Puente
Dispare primero, pregunte después. La Ley N° 30151 que exime de toda responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a terceros en acción de servicio, aun cuando el uso de sus armas no se realice en forma reglamentaria, es una nueva evidencia de la ruta que ha tomado la lucha contra el delito en el Perú, asumida abiertamente como una respuesta violentista a la violencia del crimen, una receta ya conocida en la región y en el país, sin resultados exitosos.
El gatillo fácil tiene en el Perú casi 20 años. En los años noventa se abrió la ruta del populismo penal a través de normas teóricamente orientadas a enfrentar el incremento de los delitos violentos, especialmente los secuestros. Estas leyes, varias de ellas dictadas al amparo de la delegación de facultades del Congreso, significaron el inicio de las restricciones al derecho de defensa, la limitación del amparo y del hábeas corpus, la imputación de los adolescentes y la posibilidad de que estos puedan ser procesados en tribunales militares. Fueron los años en que se crearon discutibles figuras jurídicas como la del terrorismo agravado o el pandillaje pernicioso.
En aquel momento, los especialistas tuvieron una respuesta unánime de rechazo al giro que se había operado. No obstante, el incremento de la inseguridad ha relajado la doctrina y relativizado las prevenciones de un sistema que necesita combatir la delincuencia desde la justicia y la razón. Los sucesivos cambios en la legislación penal desde el 2001 han configurado un movimiento estatal de mano dura contra el delito que se activa con facilidad. La Ley N° 30151 fue aprobada por una amplia mayoría, al igual que otras normas de incremento de penas, limitación de beneficios penitenciarios, facilidades a la policía para asegurar las pruebas en la escena del delito o levantar cadáveres sin la presencia de un fiscal o juez, y de disminución de la edad mínima de imputabilidad penal.
Para ser sinceros, el gatillo fácil estatal se alimenta mutuamente con la visión de mano dura predominante en la sociedad. Cuando un grupo de policías en Trujillo organizaron hace años un escuadrón de la muerte para ajusticiar a por lo menos 56 supuestos delincuentes, una encuesta de Ipsos Apoyo (diciembre de 2009) recogió que el 47% se mostraba de acuerdo con esta forma de enfrentar a la delincuencia. De hecho, otros sondeos indican que la población simpatiza ampliamente con la pena de muerte, la castración de los violadores, la eliminación de los beneficios penitenciarios, el trabajo forzoso y rapado del cabello de los internos y en general con toda medida radical contra los que violan la ley.
El gatillo fácil se alimenta de la sangre y pide más, sobre todo porque esa forma de abordar el delito es un perfecto fracaso aunque sus promotores, mecanizados y faltos de imaginación, se nieguen a reconocer que la crisis de la seguridad es el resultado de casi 20 años de esas políticas de mano dura. De hecho, el escuadrón de la muerte de Trujillo se formó el 2007 poco después de la promulgación del Decreto Legislativo N° 982 que exime de responsabilidad penal a los policías que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria causen lesiones o muerte.
Matar al delincuente más que al delito es un paradigma vigente en nuestro país, y es profundamente atrasado en relación con políticas criminales más modernas garantistas y sobre todo eficaces. La impunidad de los guardianes ha sido siempre el inicio del fin de la interdicción de la arbitrariedad de los actos del poder, un retroceso de la tendencia histórica que busca limitar el abuso de los encargados del orden.
Una sociedad que cree que los delincuentes no merecen vivir revela mucho más que el populismo penal. Desnuda por ejemplo la incapacidad de las autoridades para entender las razones del origen del delito y ello explica la serie de errores y fracasos en materia de seguridad ciudadana. De leyes restrictivas y violadoras de derechos que luego se vuelven contra los ciudadanos tenemos muchas. Sobran amenazas,  faltan resultados.