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viernes, 6 de mayo de 2016

Rafo León y el fin de la ironía

http://larepublica.pe/impresa/opinion/765290-rafo-leon-y-el-fin-de-la-ironia
La República
La mitadmasuno
6 de mayo de 2016
Juan De la Puente
Espero que por esta columna no sea denunciado por la jueza Susan Coronado en aplicación de sus novísimas teorías expuestas en su sentencia contra el periodista Rafo León, denunciado por otra periodista, Martha Meier, por haberle dedicado una columna de opinión criticando a su vez sus puntos de vista vertidos en otra columna, también de opinión.
La jueza acaba de traerse abajo 200 años de doctrina sobre la libertad de expresión y por lo menos medio siglo de jurisprudencia sobre el derecho al honor y la intimidad, en ambos casos conquistas liberales contra el conservadurismo de las ideas y de los gobiernos.
Un estudiante del tercer año de derecho, que ha superado las asignaturas de Derecho Constitucional, Parte General del Derecho Penal y Teoría General del Proceso, ya sabe que en un supuesto conflicto entre el honor y la libertad de expresión se aplica un test de ponderación donde se busca objetivizar el insulto directo con ánimo agraviante como condición de una sanción penal. También sabe que la libertad de opinión solo puede dañar el bien jurídico de la intimidad personal o familiar si, precisamente, divulga datos íntimos del agraviado, sobre todo si son embarazosos o lo perjudican objetivamente frente a los demás.
Coronado ha vuelto todo eso patas arriba. Su sentencia se basa en una lectura errónea de un Acuerdo Plenario de la Salas Penales de la Corte Suprema de octubre de 2006 que sienta precedentes vinculantes sobre delitos contra el honor y el derecho a la libertad de expresión. Este acuerdo empieza recordando que la libertad de expresión es de naturaleza pública porque está referida a la formación de la opinión ciudadana, y por ello se exige que sus expresiones incidan en el interés público.
La jueza tomó este acuerdo con ligereza afirmando que la denunciante no podía ser criticada por Rafo León porque no era funcionaria pública o figura pública, una atroz confusión entre funcionario público e interés público. De allí se puede saltar a increíbles conclusiones como esta: un periodista de opinión hace públicas sus opiniones pero estas no son públicas porque un periodista no es una figura pública. ¿Se entiende? No, pero la jueza es feliz con la disquisición.
La magistrada deja precedentes contra la tolerancia social como que opinar de una persona afirmando que es irresponsable es una diatriba sancionable penalmente, y que también los son los giros lingüísticos, es decir, las licencias literarias, las expresiones satíricas e irónicas. Si se generaliza esta idea en la justicia nos quedaremos sin las Carlincaturas, de Carlín; sin Heduardicidios, de Heduardo; sin El Cuy, de Juan Acevedo; sin Los Calatos, de Alfredo Marcos, y sin los poderosos textos de Álvaro Portales, Piero Quijano o Mario Molina, entre otros. Esta jueza quiere acabar con lo único serio de la política peruana, que es el humor político.
Un comentario aparte sobre el principal requisito que la jueza le pide a la crítica/opinión: que sea neutral. Si no se trata de otra atroz confusión entre neutralidad y objetividad nos encontramos ante una pretensión totalitaria además de una cachetada a la epistemología. Ante esa forma de abordar el debate del conocimiento y las ideas, el poeta alemán Goethe respondió hace ya 200 años con firmeza: “Puedo prometer ser sincero, pero no imparcial”; es decir, exíjanme objetividad pero no imparcialidad.
Es deplorable que en la primera fila de quienes aplauden con infantil alegría en precedente nefasto se encuentren algunos abogados y periodistas que ven en esta sentencia una pequeña victoria contra el llamado “mundo caviar”. Pésima señal ya no solo de madurez social y jurídica sino de orientación ideológica. Las libertades informativas que ahora se pretenden estrechar no son un producto histórico de la izquierda; se hacen legítimas a partir revoluciones liberales, sobre todo la inglesa del siglo XVII y de la independencia norteamericana.

viernes, 17 de enero de 2014

Gatillo fácil quiere más sangre

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/gatillo-facil-quiere-mas-sangre-17-01-2014
La República
La mitadmasuno
17 de enero 2014
Juan De la Puente
Dispare primero, pregunte después. La Ley N° 30151 que exime de toda responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a terceros en acción de servicio, aun cuando el uso de sus armas no se realice en forma reglamentaria, es una nueva evidencia de la ruta que ha tomado la lucha contra el delito en el Perú, asumida abiertamente como una respuesta violentista a la violencia del crimen, una receta ya conocida en la región y en el país, sin resultados exitosos.
El gatillo fácil tiene en el Perú casi 20 años. En los años noventa se abrió la ruta del populismo penal a través de normas teóricamente orientadas a enfrentar el incremento de los delitos violentos, especialmente los secuestros. Estas leyes, varias de ellas dictadas al amparo de la delegación de facultades del Congreso, significaron el inicio de las restricciones al derecho de defensa, la limitación del amparo y del hábeas corpus, la imputación de los adolescentes y la posibilidad de que estos puedan ser procesados en tribunales militares. Fueron los años en que se crearon discutibles figuras jurídicas como la del terrorismo agravado o el pandillaje pernicioso.
En aquel momento, los especialistas tuvieron una respuesta unánime de rechazo al giro que se había operado. No obstante, el incremento de la inseguridad ha relajado la doctrina y relativizado las prevenciones de un sistema que necesita combatir la delincuencia desde la justicia y la razón. Los sucesivos cambios en la legislación penal desde el 2001 han configurado un movimiento estatal de mano dura contra el delito que se activa con facilidad. La Ley N° 30151 fue aprobada por una amplia mayoría, al igual que otras normas de incremento de penas, limitación de beneficios penitenciarios, facilidades a la policía para asegurar las pruebas en la escena del delito o levantar cadáveres sin la presencia de un fiscal o juez, y de disminución de la edad mínima de imputabilidad penal.
Para ser sinceros, el gatillo fácil estatal se alimenta mutuamente con la visión de mano dura predominante en la sociedad. Cuando un grupo de policías en Trujillo organizaron hace años un escuadrón de la muerte para ajusticiar a por lo menos 56 supuestos delincuentes, una encuesta de Ipsos Apoyo (diciembre de 2009) recogió que el 47% se mostraba de acuerdo con esta forma de enfrentar a la delincuencia. De hecho, otros sondeos indican que la población simpatiza ampliamente con la pena de muerte, la castración de los violadores, la eliminación de los beneficios penitenciarios, el trabajo forzoso y rapado del cabello de los internos y en general con toda medida radical contra los que violan la ley.
El gatillo fácil se alimenta de la sangre y pide más, sobre todo porque esa forma de abordar el delito es un perfecto fracaso aunque sus promotores, mecanizados y faltos de imaginación, se nieguen a reconocer que la crisis de la seguridad es el resultado de casi 20 años de esas políticas de mano dura. De hecho, el escuadrón de la muerte de Trujillo se formó el 2007 poco después de la promulgación del Decreto Legislativo N° 982 que exime de responsabilidad penal a los policías que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria causen lesiones o muerte.
Matar al delincuente más que al delito es un paradigma vigente en nuestro país, y es profundamente atrasado en relación con políticas criminales más modernas garantistas y sobre todo eficaces. La impunidad de los guardianes ha sido siempre el inicio del fin de la interdicción de la arbitrariedad de los actos del poder, un retroceso de la tendencia histórica que busca limitar el abuso de los encargados del orden.
Una sociedad que cree que los delincuentes no merecen vivir revela mucho más que el populismo penal. Desnuda por ejemplo la incapacidad de las autoridades para entender las razones del origen del delito y ello explica la serie de errores y fracasos en materia de seguridad ciudadana. De leyes restrictivas y violadoras de derechos que luego se vuelven contra los ciudadanos tenemos muchas. Sobran amenazas,  faltan resultados.