El shock de seguridad

http://larepublica.pe/impresa/opinion/744156-el-shock-de-seguridad

La República

La mitadmasuno

26 de febrero de 2016

Juan De la Puente

Los tres temas sobre los que giran los pocos contenidos  en la actual campaña electoral son transparencia pública, crecimiento económico y seguridad ciudadana. Los dos primeros no registran propuestas detalladas y reconocibles, por lo que es muy probable que en referencia a ellos elijamos un gobierno sin mayores compromisos.

Sobre la seguridad se han vertido varias iniciativas y en este rubro se han esmerado los partidos y candidatos echando mano a la capacidad instalada que representa un grupo de especialistas con conocimientos y experiencia en la materia. Esta avocación ha llevado a que el Instituto de Defensa Legal (IDL) diseñe interesantes parámetros de evaluación, aprobando algunos planes de gobierno y desaprobando otros.

A pesar de sus diferencias, estos planes tienen la racionalidad propia de los especialistas a cargo, y por esa razón hasta los que ofrecen una política de mano dura contra el crimen no llegan al extremo de proponer la pena de muerte para los delitos más graves (salvo un partido que lo propone para los casos de corrupción), una salida que sin embargo tiene el 65% de aprobación de acuerdo a la reciente encuesta de Ipsos.

Es probable que estos especialistas cumplan con los candidatos el mismo papel alfabetizador y moderador que en materia económica cumplen los economistas. La crisis de la seguridad ha especializado a un grupo de profesionales, cuya principal función es convencer a los candidatos presidenciales de la centralidad de este problema.

Allí reside el principal riesgo del debate de un asunto crucial que sin embargo carece de la suficiente significación para los hombres y mujeres que aspiran a gobernar el país. Este retraso en la apropiación de planes de seguridad puede costarle caro el Perú.

En el reciente foro temático sobre seguridad, el cuarto de la serie de debates que organizan La República, Latina, PNUD, Idea Internacional, PUCP, Telefónica y el JNE, con la veeduría de Transparencia, se ha constado dos diferencias de fondo en las propuestas. Por un lado, la mayoría de partidos insisten en una perspectiva policialista frente a una minoría que propone integrar en el problema también los asuntos de justicia y educación. Otra brecha separa a los partidarios de las penas más severas y la intervención de las FFAA en la lucha contra el delito, que también son mayoría, de quienes proponen medidas que equilibren la prevención, la inteligencia y la interdicción.

En este tema básico para la convivencia no será posible alcanzar un gran acuerdo de políticas y medidas, de modo que lo más probable es que el gobierno que se instale en julio de este año, sin un referente político transversal, se sienta presionado por la opinión pública mayoritariamente dispuesta a salidas rápidas y aparentemente firmes y se anime a descargar un shock de seguridad cuyas líneas efectistas están definidas, es decir, declaratoria de más estados de emergencia –a pesar del fracaso de esta medida en el Callao–, el patrullaje militar, reorganizaciones policiales por arriba y grandes anuncios para las comisarías.

Ese será el shock de la derrota y el preludio de que volveremos a perder otros cinco años en experimentos fracasados en otros países y en recetas aprobadas para las tribunas. Aunque en esta oportunidad cinco años más serán muy perjudiciales si a ellos se agregan medidas que aumenten la violencia cotidiana, como ha experimentado México durante el gobierno de Felipe Calderón.

Por si a alguno le interesa, este es el típico tema de Estado cuyo tratamiento es ahogado por la debilidad de partidos que deben “importar” técnicos en seguridad por su falta de cuadros, en un esquema donde los jefes se preocupan por mostrar que existe un plan elaborado, una propuesta que no obstante no sienten suya y que más allá del papel están dispuestos a hacer lo que les plazca si llegan al gobierno. En este punto más que en ninguno se requieren pactos nacionales pero dramáticamente lo viejo y lo nuevo se parecen tanto, ni lo quieren ni lo entienden.

Seguridad, la tormenta perfecta

La República

La mitadmasuno

24 de abril de 2015

Juan De la Puente

¿Querían un estado mínimo? Ahí lo tienen. Mínimo de policías, procuradores, jueces y fiscales; mínimo de comisarías, cárceles y juzgados; mínimo en control, prevención, sentencias y rehabilitación. Se desmorona la utopía neoliberal que pretendía un estado que no promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en el mercado y, al mismo tiempo, promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en la sociedad.

No es posible un estado mínimo para ti y máximo para el resto. Los Oropezas, Orellanas y Ferraris, y las bandas que se bautizan como apelativos familiares son la carcajada del crimen ante un estado débil, estrecho y sin recursos para combatirlo. La mayor prueba es la Ley contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, de agosto de 2013, sin recursos y con escasos magistrados.

Nuestra crisis de seguridad es una grave amenaza para la democracia. Casi la mitad de los peruanos (46.7%), de acuerdo al reciente Barómetro de las Américas, cree que la inseguridad es nuestro principal problema. La tormenta perfecta sobre la que varios alertamos hace cinco años, finalmente se ha formado. Las variables de la crisis de seguridad se han encontrado y estrellado. Una alta percepción de victimización es aleatoria de la desconfianza en las instituciones y de la búsqueda de alternativas a la falta de eficacia del Estado.

La mayoría de funcionarios, políticos, periodistas, jueces y fiscales continúan en el momento anterior. Solo la policía parece consciente del nuevo momento, atrapada entre los dos momentos y samaqueada por la irrupción de lo inédito que se vuelve cotidiano: la extorsión desde las cárceles, los niños sicarios, los asaltos a restaurantes y las nuevas bandas con su escandaloso cohorte de autos de alta gama y casas refugio para el desenfreno.

El viejo momento del delito impregna casi todo, especialmente las instituciones que siguen mirando a la policía como la fuerza pública salvadora. La prensa, cuando no, alegre de cascos, se ha limitado a ampliar la cobertura de esta crisis como un problema básicamente policial; y persiste, salvo excepciones, el análisis propio del viejo momento, centrado en la idea de que asistimos al aumento de índices que no han desbordado el marco de un país acosado por el delito, nada fuera de “más de lo mismo”, y que lo central es combatir el llamado narcoterrorismo, una construcción enredada y nostálgica que encadena el narcotráfico al terrorismo y nos priva de la posibilidad de atajar el potencial criminal externo e interno de las mafias de las drogas y del crimen organizado.

La crisis de seguridad tiene que ver menos con la policía y más con otras instituciones. Los cinco intentos por asumir el delito como un todo único fracasado. Estos fueron el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia (GTAN) creado el 2001 por acuerdo de 5 organismos públicos; la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales luego que la Corte Suprema declarase en reestructuración el PJ; la Ley Nº 28083 del 2003, que creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS) que propuso un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia; la creación el 2006 del Grupo Impulsor de la Modernización de la Administración de Justicia; y el Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez en abril de 2013.

Me gustaría decir que la historia de fracasos ha concluido, pero me temo que no. En las elecciones del 2011 ningún candidato propuso medidas serias contra el delito, y en las elecciones de octubre pasado las propuestas se movieron entre lo superficial y lo ridículo. Abrigo pocas esperanzas que de cara al 2016 los partidos y candidatos se esmeren en modelos efectivos y democráticos contra el delito y el crimen. Al contrario, más de un aspirante ha soltado la especie de que la única salida es militarizar la seguridad ciudadana y aumentar penas, es decir, el populismo penal.

 

 

 

El populismo policial

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-populismo-policial-27-06-2014
La República

La mitadmasuno

27 de junio de 2014

Juan De la Puente

El gobierno parece ha decidido hacerse cargo de la alta percepción de inseguridad aceptando la evidencia empírica que sostiene que en este tema, más que en cualquier otro, las sensaciones son definitivas. Se entiende así que la designación de Daniel Urresti como Ministro del Interior busca corregir una omisión patente en declaraciones oficiales y en anteriores estrategias. En esa misma línea de actuación, la irrupción de Urresti en la escena también lleva implícito el mensaje sobre un liderazgo operativo cotidiano que impedirá a los críticos señalar que no se hace nada.

En principio, la decisión es correcta. Sin embargo, toda construcción de imágenes es al mismo tiempo una elaboración de mensajes y una asignación de cuotas de poder en las instituciones del Estado. Siendo que la política mediática es una forma de hacer política, no basta con que los actores públicos y las imágenes existan sino el cómo existen, porque de ello depende el destino del mensaje y su impacto.

Este esfuerzo se complica en el caso de la seguridad ciudadana donde las imágenes pueden ser pasajeras al estar condicionadas por la exigencia de resultados de corto plazo. También se complejiza porque lo que se tiene al frente no es un adversario identificable con facilidad, lo que hace de la construcción de contenidos una tarea de extremo cuidado.

Estas previsiones no han sido tomadas en cuenta en los primeros días de gestión del ministro Urresti caracterizados por una lluvia de promesas y actos de fe, entre ellas la declaratoria de guerra al delito, el compromiso de entregar resultados a fin de año y la subestimación de la lucha contra la corrupción policial. Estas ligerezas se han empezado a corregir aunque persiste la duda sobre el carril sobre el que se desplaza la nueva gestión en esa cartera ministerial. Sobre el particular, aquí resumo dos riesgos que deben ser conjurados.

1. La idea de una guerra contra el delito común desarma, desarticula y enerva; expresa la idea clásica de buenos contra malos que deben ser exterminados, y es la base de políticas de la mano dura, gatillo fácil, y dispare primero y pregunte después. La idea de guerra, con la cuota de excepcionalidad que implica, es distinta al despliegue de una política pública, las guerras las dirigen los jefes militares y las políticas los hombres de Estado. La guerra contra el delito es un discurso en espiral que en México, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) ha costado más de 70 mil muertos, y solo en último año, 25 mil. De esa vorágine no ha podido salir el gobierno de Enrique Peña Nieto que en sus primeros 14 meses de gobierno ha tenido 23 mil muertos. En ese mensaje de mano dura acaba de inscribirse el congresista Renzo Reggiardo al sugerir el ingreso del Ejército a Comas y San Juan de Lurigancho.

2. La visión de combate al delito que absolutiza la labor policial es tradicional y desanda el camino realizado en estos años. Frente a ese facilismo, en este mismo gobierno y en las gestiones de Wilfredo Pedraza y Walter Albán, se han logrado avances que no deberían tirarse por la borda. El más importante de ellos es la creación de una visión compartida de la seguridad ciudadana como un asunto que trasciende la relación entre policías y ladrones. A pesar de las debilidades el trabajo del CONASEC y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 nos colocan sobre un piso mínimo multisectorial en el que importa el trabajo de fiscales, jueces y otros funcionarios e instituciones, un modelo que no debe ser subestimado frente a una "lógica Rambo", de autosuficiencia policial que no tiene ninguna posibilidad de éxito real y escasa vida como imagen pública. Esa agenda debe ser fortalecida e implementada y no sustituida por experimentos.

La crisis de seguridad que vive el país demanda un liderazgo que, no obstante, no es sinónimo de figuración o populismo policial. El liderazgo que pide esta crisis es más exigente; incluye símbolos y operativos pero es más que eso, exige ganar la calle y recuperarla frente al delito pero reclama poner fin a la cadena de impunidad.

Gatillo fácil quiere más sangre

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/gatillo-facil-quiere-mas-sangre-17-01-2014

La República

La mitadmasuno

17 de enero 2014

Juan De la Puente

Dispare primero, pregunte después. La Ley N° 30151 que exime de toda responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a terceros en acción de servicio, aun cuando el uso de sus armas no se realice en forma reglamentaria, es una nueva evidencia de la ruta que ha tomado la lucha contra el delito en el Perú, asumida abiertamente como una respuesta violentista a la violencia del crimen, una receta ya conocida en la región y en el país, sin resultados exitosos.

El gatillo fácil tiene en el Perú casi 20 años. En los años noventa se abrió la ruta del populismo penal a través de normas teóricamente orientadas a enfrentar el incremento de los delitos violentos, especialmente los secuestros. Estas leyes, varias de ellas dictadas al amparo de la delegación de facultades del Congreso, significaron el inicio de las restricciones al derecho de defensa, la limitación del amparo y del hábeas corpus, la imputación de los adolescentes y la posibilidad de que estos puedan ser procesados en tribunales militares. Fueron los años en que se crearon discutibles figuras jurídicas como la del terrorismo agravado o el pandillaje pernicioso.

En aquel momento, los especialistas tuvieron una respuesta unánime de rechazo al giro que se había operado. No obstante, el incremento de la inseguridad ha relajado la doctrina y relativizado las prevenciones de un sistema que necesita combatir la delincuencia desde la justicia y la razón. Los sucesivos cambios en la legislación penal desde el 2001 han configurado un movimiento estatal de mano dura contra el delito que se activa con facilidad. La Ley N° 30151 fue aprobada por una amplia mayoría, al igual que otras normas de incremento de penas, limitación de beneficios penitenciarios, facilidades a la policía para asegurar las pruebas en la escena del delito o levantar cadáveres sin la presencia de un fiscal o juez, y de disminución de la edad mínima de imputabilidad penal.

Para ser sinceros, el gatillo fácil estatal se alimenta mutuamente con la visión de mano dura predominante en la sociedad. Cuando un grupo de policías en Trujillo organizaron hace años un escuadrón de la muerte para ajusticiar a por lo menos 56 supuestos delincuentes, una encuesta de Ipsos Apoyo (diciembre de 2009) recogió que el 47% se mostraba de acuerdo con esta forma de enfrentar a la delincuencia. De hecho, otros sondeos indican que la población simpatiza ampliamente con la pena de muerte, la castración de los violadores, la eliminación de los beneficios penitenciarios, el trabajo forzoso y rapado del cabello de los internos y en general con toda medida radical contra los que violan la ley.

El gatillo fácil se alimenta de la sangre y pide más, sobre todo porque esa forma de abordar el delito es un perfecto fracaso aunque sus promotores, mecanizados y faltos de imaginación, se nieguen a reconocer que la crisis de la seguridad es el resultado de casi 20 años de esas políticas de mano dura. De hecho, el escuadrón de la muerte de Trujillo se formó el 2007 poco después de la promulgación del Decreto Legislativo N° 982 que exime de responsabilidad penal a los policías que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria causen lesiones o muerte.

Matar al delincuente más que al delito es un paradigma vigente en nuestro país, y es profundamente atrasado en relación con políticas criminales más modernas garantistas y sobre todo eficaces. La impunidad de los guardianes ha sido siempre el inicio del fin de la interdicción de la arbitrariedad de los actos del poder, un retroceso de la tendencia histórica que busca limitar el abuso de los encargados del orden.

Una sociedad que cree que los delincuentes no merecen vivir revela mucho más que el populismo penal. Desnuda por ejemplo la incapacidad de las autoridades para entender las razones del origen del delito y ello explica la serie de errores y fracasos en materia de seguridad ciudadana. De leyes restrictivas y violadoras de derechos que luego se vuelven contra los ciudadanos tenemos muchas. Sobran amenazas,  faltan resultados.

La rebelión del hampa. Imágenes

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-rebelion-del-hampa-imagenes-02-11-2012

La República

La Mitadmasuno

2 de noviembre de 2012

Juan De la Puente

Los sucesos del 25 y 27 de octubre pasado iluminaron cual relámpagos varios fenómenos que corrían ocultos en la sociedad. Uno de ellos es la convivencia pacífica entre comerciantes y delincuentes en una zona que moviliza ingentes recursos, coexistencia que solo es posible por las serias restricciones del Estado para ocupar los espacios públicos y brindar allí con mínima eficacia los servicios de seguridad e interdicción del delito. El estallido de violencia de esos días es la explosión sangrienta de un territorio emancipado de la ciudad que el Estado punzó casi inadvertidamente para hacer cumplir la ley.

Las imágenes de la extrema violencia expresan para la mayoría el extraordinario desprecio del hampa por la vida. En ese territorio, sin embargo, y para una minoría creciente, es más cotidiana y ordinaria, y reveladora de la altísima cuota de violencia que la sociedad peruana recibe. Es el resultado de la impunidad en un país donde los barrabravas son tolerados por el Estado al punto que desfilan a los estadios custodiados por la policía ante el miedo de los ciudadanos y mantenidos por los líderes de los clubes de fútbol que les suministran alcohol y dinero. Estas imágenes exponen los excelentes resultados de la pedagogía de la violencia luego de los intensivos cursos de delito y sangre.

Los sucesos de La Parada, no obstante, son más contundentes; el 25 y 27 de octubre asistimos a la primera gran batalla urbana entre la policía y un ejército formado por centenares de delincuentes a cara descubierta. En la primera ronda, el 25, ganó el delito con los resultados conocidos: la toma del territorio, el saqueo y el ataque a los símbolos del orden público. En la segunda ronda, el 27, ganó felizmente la policía gracias a un despliegue masivo, inteligente y decidido y a que el ejército del delito había sido diezmado por las detenciones.

Imposible comparar lo sucedido con los conflictos sociales que atraviesan el país a pesar de que en buena parte de estos se advierten episodios de preocupante y creciente violencia y el desafío al orden público; las partes que confrontan en los conflictos sociales sostienen una lógica argumentativa, ciertamente debatible para los otros actores, pero en el marco de una interacción de las partes. Lo de La Parada fue una asonada, la rebelión del lumpen, un hito significativo en el espiral de delito cuya intensidad probablemente subestimamos.

El mensaje ha sido lanzado. La brutal agresión a la policía ha generado la adhesión ciudadana a ella pero, al mismo tiempo, envía señales sobre el éxito que puede tener el desafío del orden público desde el delito. La imagen de la fuerza pública atacada por el hampa es un poderoso estímulo para el delito y coloca en el debate en busca de respuestas la extrema precariedad de la autoridad policial. Ha evidenciado también la fuerza y grado de articulación de las bandas y su disposición temeraria de enfrentarse en las calles a la autoridad haciendo más patente que nunca la crisis de la seguridad en el Perú.

Los territorios liberados al delito o a punto de estarlo son un laboratorio para futuras rebeliones y espacios de la sociedad en busca de la organización de un orden mafioso que parece haberse cristalizado en varios casos. La alianza de los comerciantes mayoristas y las bandas que defendieron La Parada es la superficie de un fenómeno mayor al que concurren la escasa censura social de ciertos delitos, las complicidades entre los buenos que toleran y los malos que actúan y la emergencia de la legitimidad de las formas de vida al margen y contra la ley.

En ese contexto son muy positivas las iniciativas legales para hacer más efectiva la lucha contra el delito organizado y otras anteriores para recuperar los territorios cedidos al hampa. No obstante, hace falta mucho más que eso, sobre todo una auténtica política criminal para enfrentar un problema que no se reduce a policías y ladrones. Aunque tarde, estamos a tiempo.