La mitadmasuno
24 de abril de 2015
Juan De la Puente
¿Querían un
estado mínimo? Ahí lo tienen. Mínimo de policías, procuradores, jueces y
fiscales; mínimo de comisarías, cárceles y juzgados; mínimo en control,
prevención, sentencias y rehabilitación. Se desmorona la utopía neoliberal que
pretendía un estado que no promueva, controle, regule, supervise y sancione las
actividades en el mercado y, al mismo tiempo, promueva, controle, regule,
supervise y sancione las actividades en la sociedad.
No es
posible un estado mínimo para ti y máximo para el resto. Los Oropezas, Orellanas y Ferraris, y las bandas que se bautizan como
apelativos familiares son la carcajada del crimen ante un estado débil,
estrecho y sin recursos para combatirlo. La mayor prueba es la Ley contra el
Crimen Organizado, Ley N° 30077, de agosto de 2013, sin recursos y con escasos
magistrados.
Nuestra
crisis de seguridad es una grave amenaza para la democracia. Casi la mitad de
los peruanos (46.7%), de acuerdo al reciente Barómetro de las Américas, cree
que la inseguridad es nuestro principal problema. La tormenta perfecta sobre la
que varios alertamos hace cinco años, finalmente se ha formado. Las variables
de la crisis de seguridad se han encontrado y estrellado. Una alta percepción
de victimización es aleatoria de la desconfianza en las instituciones y de la
búsqueda de alternativas a la falta de eficacia del Estado.
La mayoría
de funcionarios, políticos, periodistas, jueces y fiscales continúan en el
momento anterior. Solo la policía parece consciente del nuevo momento, atrapada
entre los dos momentos y samaqueada por la irrupción de lo inédito que se
vuelve cotidiano: la extorsión desde las cárceles, los niños sicarios, los
asaltos a restaurantes y las nuevas bandas con su escandaloso cohorte de autos
de alta gama y casas refugio para el desenfreno.
El viejo
momento del delito impregna casi todo, especialmente las instituciones que
siguen mirando a la policía como la fuerza pública salvadora. La prensa, cuando
no, alegre de cascos, se ha limitado a ampliar la cobertura de esta crisis como
un problema básicamente policial; y persiste, salvo excepciones, el
análisis propio del viejo momento, centrado en la idea de que asistimos al aumento
de índices que no han desbordado el marco de un país acosado por el delito,
nada fuera de “más de lo mismo”, y que lo central es combatir el llamado
narcoterrorismo, una construcción enredada y nostálgica que encadena el
narcotráfico al terrorismo y nos priva de la posibilidad de atajar el potencial
criminal externo e interno de las mafias de las drogas y del crimen organizado.
La crisis de seguridad
tiene que ver menos con la policía y más con otras instituciones. Los cinco
intentos por asumir el delito como un todo único fracasado. Estos fueron el Grupo
de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de
Justicia (GTAN) creado el 2001 por acuerdo de 5 organismos públicos; la
Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales luego que
la
Corte Suprema declarase en reestructuración el PJ; la Ley Nº 28083 del 2003, que creó la Comisión Especial
de Reforma Integral de la
Administración de
Justicia (CERIAJUS) que propuso un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de
Justicia; la creación el 2006 del Grupo Impulsor de la Modernización de la Administración de
Justicia; y el Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan
Jiménez en abril de 2013.
Me gustaría decir que la historia
de fracasos ha concluido, pero me temo que no. En las elecciones del 2011 ningún candidato propuso medidas serias contra
el delito, y en las elecciones de octubre pasado las propuestas se movieron
entre lo superficial y lo ridículo. Abrigo pocas esperanzas que de cara al 2016
los partidos y candidatos se esmeren en modelos efectivos y democráticos contra
el delito y el crimen. Al contrario, más de un aspirante ha soltado la especie
de que la única salida es militarizar la seguridad ciudadana y aumentar penas,
es decir, el populismo penal.
