La República
La Mitadmasuno
2 de noviembre de 2012
Juan De la Puente
Los sucesos del 25 y 27 de octubre pasado iluminaron cual relámpagos varios fenómenos que corrían ocultos en la sociedad. Uno de ellos es la convivencia pacífica entre comerciantes y delincuentes en una zona que moviliza ingentes recursos, coexistencia que solo es posible por las serias restricciones del Estado para ocupar los espacios públicos y brindar allí con mínima eficacia los servicios de seguridad e interdicción del delito. El estallido de violencia de esos días es la explosión sangrienta de un territorio emancipado de la ciudad que el Estado punzó casi inadvertidamente para hacer cumplir la ley.
Las imágenes de la extrema violencia expresan para la mayoría el extraordinario desprecio del hampa por la vida. En ese territorio, sin embargo, y para una minoría creciente, es más cotidiana y ordinaria, y reveladora de la altísima cuota de violencia que la sociedad peruana recibe. Es el resultado de la impunidad en un país donde los barrabravas son tolerados por el Estado al punto que desfilan a los estadios custodiados por la policía ante el miedo de los ciudadanos y mantenidos por los líderes de los clubes de fútbol que les suministran alcohol y dinero. Estas imágenes exponen los excelentes resultados de la pedagogía de la violencia luego de los intensivos cursos de delito y sangre.
Los sucesos de La Parada, no obstante, son más contundentes; el 25 y 27 de octubre asistimos a la primera gran batalla urbana entre la policía y un ejército formado por centenares de delincuentes a cara descubierta. En la primera ronda, el 25, ganó el delito con los resultados conocidos: la toma del territorio, el saqueo y el ataque a los símbolos del orden público. En la segunda ronda, el 27, ganó felizmente la policía gracias a un despliegue masivo, inteligente y decidido y a que el ejército del delito había sido diezmado por las detenciones.
Imposible comparar lo sucedido con los conflictos sociales que atraviesan el país a pesar de que en buena parte de estos se advierten episodios de preocupante y creciente violencia y el desafío al orden público; las partes que confrontan en los conflictos sociales sostienen una lógica argumentativa, ciertamente debatible para los otros actores, pero en el marco de una interacción de las partes. Lo de La Parada fue una asonada, la rebelión del lumpen, un hito significativo en el espiral de delito cuya intensidad probablemente subestimamos.
El mensaje ha sido lanzado. La brutal agresión a la policía ha generado la adhesión ciudadana a ella pero, al mismo tiempo, envía señales sobre el éxito que puede tener el desafío del orden público desde el delito. La imagen de la fuerza pública atacada por el hampa es un poderoso estímulo para el delito y coloca en el debate en busca de respuestas la extrema precariedad de la autoridad policial. Ha evidenciado también la fuerza y grado de articulación de las bandas y su disposición temeraria de enfrentarse en las calles a la autoridad haciendo más patente que nunca la crisis de la seguridad en el Perú.
Los territorios liberados al delito o a punto de estarlo son un laboratorio para futuras rebeliones y espacios de la sociedad en busca de la organización de un orden mafioso que parece haberse cristalizado en varios casos. La alianza de los comerciantes mayoristas y las bandas que defendieron La Parada es la superficie de un fenómeno mayor al que concurren la escasa censura social de ciertos delitos, las complicidades entre los buenos que toleran y los malos que actúan y la emergencia de la legitimidad de las formas de vida al margen y contra la ley.
En ese contexto son muy positivas las iniciativas legales para hacer más efectiva la lucha contra el delito organizado y otras anteriores para recuperar los territorios cedidos al hampa. No obstante, hace falta mucho más que eso, sobre todo una auténtica política criminal para enfrentar un problema que no se reduce a policías y ladrones. Aunque tarde, estamos a tiempo.
