La mitadmasuno
La República
Sábado 24 de julio 2010
Juan De la Puente
El delito se ha convertido en el principal problema de la agenda pública. Esta legitimación está tomando por sorpresa a los políticos, a los medios de comunicación y a los empresarios. De acuerdo a los datos disponibles, los partidos preparan sus programas de gobierno abordando el tema de modo convencional, es decir, como un problema que debe ser tratado desde la ley y la justicia. La prensa, salvo excepciones, sigue situando el delito en las secciones policiales, de las que sale solo cuando los hechos se vinculan a actores públicos. La empresa sigue mirando al tema como un riesgo para la inversión. En todos los casos, se registra la falta de una visión de conjunto, desde la sociedad y el Estado.
Estas ausencias podrían también relacionarse con las debilidades en el análisis del fenómeno violento. Para un sector estaríamos ante al incremento de la delincuencia como hecho ilegal sin que hayamos desbordado el marco clásico de un país poco acosado por el delito si se compara con otros de la región. En ese discurso contemplativo no somos Río de Janeiro y lo que tenemos en esta etapa es un poco más de lo mismo.
La otra, es la versión nostálgica del crimen; considera que el terrorismo sigue siendo la principal amenaza y, en todo caso, es el narcoterrorismo el enemigo central a combatir. El principal riesgo de esta visión es el encadenamiento del narcotráfico al terrorismo, lo que lleva a subestimar el potencial criminal, externo e interno, de las mafias de las drogas.
Así, nos movemos entre la contemplación y la nostalgia sin registrar lo nuevo, que consiste en una crisis de seguridad pública, de carácter sistémico y complejo, y que afecta a las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana y a la administración de justicia, pero también a la ley como norma preventiva, el sistema penitenciario, los gobiernos locales y regionales y las empresas.
Asoma un fenómeno que agrede en una dimensión inédita al Estado, a los ciudadanos y a la democracia. El delito está dejando de ser un problema de policías y jueces y precisar en qué consiste lo nuevo es crucial para definir las opciones. Por ejemplo, si la calle es el principal escenario de la violencia porque se sigue desprotegiendo las ciudades que cuentan con pocos policías, escasa prevención y recuperación de infractores y un alto nivel de impunidad. ¿Por qué se reducen recursos para la lucha contra el delito?
Estas ausencias podrían también relacionarse con las debilidades en el análisis del fenómeno violento. Para un sector estaríamos ante al incremento de la delincuencia como hecho ilegal sin que hayamos desbordado el marco clásico de un país poco acosado por el delito si se compara con otros de la región. En ese discurso contemplativo no somos Río de Janeiro y lo que tenemos en esta etapa es un poco más de lo mismo.
La otra, es la versión nostálgica del crimen; considera que el terrorismo sigue siendo la principal amenaza y, en todo caso, es el narcoterrorismo el enemigo central a combatir. El principal riesgo de esta visión es el encadenamiento del narcotráfico al terrorismo, lo que lleva a subestimar el potencial criminal, externo e interno, de las mafias de las drogas.
Así, nos movemos entre la contemplación y la nostalgia sin registrar lo nuevo, que consiste en una crisis de seguridad pública, de carácter sistémico y complejo, y que afecta a las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana y a la administración de justicia, pero también a la ley como norma preventiva, el sistema penitenciario, los gobiernos locales y regionales y las empresas.
Asoma un fenómeno que agrede en una dimensión inédita al Estado, a los ciudadanos y a la democracia. El delito está dejando de ser un problema de policías y jueces y precisar en qué consiste lo nuevo es crucial para definir las opciones. Por ejemplo, si la calle es el principal escenario de la violencia porque se sigue desprotegiendo las ciudades que cuentan con pocos policías, escasa prevención y recuperación de infractores y un alto nivel de impunidad. ¿Por qué se reducen recursos para la lucha contra el delito?
