La República
La mitadmasuno
11 de diciembre de 2015
Juan De la Puente
Si pudiese sugerirles algo básico a los gobernadores regionales y a los alcaldes provinciales es que eviten los acuerdos electorales con las listas nacionales para apoyar a un candidato presidencial a cambio de colocar a un representante suyo en el Congreso.
Esa experiencia ha sido nefasta y fallida. El actual Congreso tiene por lo menos 8 congresistas que alcanzaron sus curules incrustados en por lo menos tres listas presidenciales que compitieron el 2011. Es el caso de legisladores elegidos por Áncash, Huánuco, Loreto, Junín y Cusco, entre otras regiones.
La operación no les ha servido a las administraciones regionales. Como primer efecto, los que participaron en alianzas que no ganaron la Presidencia de la República vieron enajenada la voluntad del partido ganador o, si formaron parte del grupo ganador, fueron presionados sin éxito para lograr mejoras gracias a sus contactos con el nuevo poder. Así, en uno u otro caso, solo consiguieron desazón y decepción.
Ninguno de los presidentes regionales que se ufanaron de haber hecho el 2011 el negocio de su vida, se reeligió. Antes, a poco más de un año en funciones, “sus parlamentarios” se mimetizaron en el Congreso, no lograron casi nada en favor de sus regiones con las que además perdieron contacto, en tanto que renunciaron a sus bancadas en la primera oportunidad o les dieron la espalda a los jefes políticos que organizaron el acuerdo.
Advierto que ahora por lo menos tres gobernadores regionales y algunos alcaldes de capitales de departamento han llegado a acuerdos con partidos nacionales. Estos pactos se basan en la seguridad de que los líderes regionales pueden endosar a un candidato nacional los votos obtenidos el año pasado, algo debatible y relativo. Son los casos, por citar dos ejemplos, de los gobernadores de Arequipa y Tacna, que obtuvieron alrededor de 20% de votos en la primera vuelta y que difícilmente endosarán ese caudal luego de un año de complejas administraciones.
Desde el lado nacional, en los partidos creen que un pacto con grupos locales puede resolver sus problemas de implantación, y el suministro de militantes, activistas y operadores tan necesarios en una campaña electoral. Eso también es relativo; en la mayoría de regiones los grupos que ganaron las elecciones del año pasado se han desactivado, los vínculos se han debilitado y las autoridades se han autonomizado, de modo que un acuerdo con una autoridad es principalmente con su aparato de gobierno. Y nada más.
Es cierto que para un grupo nacional sin implantación local un pacto con una autoridad local es mejor que nada. De acuerdo, pero el asunto cambia cuando lo que se quiere es gobernar un país en serio, una tarea cada vez más enfrentada por la hostilidad de un Congreso donde escasea la disciplina partidaria y los legisladores recuperan su independencia rápidamente.
Los gobernadores regionales tienen problemas nacionales más serios que sentar a un enviado suyo en una curul. El más desafiante es el destino de la descentralización, acosada por dentro y fuera de las regiones. Dentro, por la corrupción y la precariedad institucional, al punto que un gobernador regional ha sido vacado y otros tres están en esa ruta; y fuera, por un movimiento que propone ir en reversa. En la reciente CADE 2015 he escuchado por lo menos tres exposiciones que sugieren recentralizar el país bajo la convicción de que la descentralización ha fracasado.
La campaña electoral necesita de una potente y unida voz política de las regiones más que de enjuagues electorales que hacen de los líderes regionales peones del centralismo. Por si acaso, casi todos los candidatos guardan silencio sobre qué hacer con la descentralización, un proceso suspendido en el aire hace varios años, otro rasgo inédito de este proceso electoral. Como hace 30 años, las ideas de la capital se aprestan para decidir por el resto del país mientras los líderes fuera de Lima se contentan ¡qué tal minimalismo! con buscar una esquinita en el Parlamento. Qué favor tan caro para el centralismo.
