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lunes, 1 de julio de 2019

Cruzada penal, no política

https://larepublica.pe/politica/1461474-cruzada-penal-politica/
La República
La mitadmasuno
3 de mayo de 2019
Juan De la Puente
El largo proceso crítico que ha liquidado a casi todo el liderazgo del país demanda politizar, en el sentido más conceptual de la palabra, la lucha contra la corrupción, bajo el riesgo de que sus reconocibles logros sean en algún momento frenados, o superados por etapas de megacorrupción.
La lucha contra la corrupción es ciertamente desafiante, y sometida a un juego máximo de presiones e intereses, lo que ha hecho que más de una vez sus avances se encuentren jaqueados por fuerzas que operan a veces en el terreno penal, otras en lo político, y por supuesto en los dos ámbitos.
A pesar de ello, en la sociedad y los poderes públicos que no forman parte de la fiscalía y el Poder Judicial predomina la idea de que esta es una cruzada estrictamente penal. En esta visión es decisivo el proceso de investigación, las evidencias, las pruebas y los plazos procesales. Alrededor de ello se han librado batallas cruciales para defender la independencia de los magistrados y la continuidad de los procesos frente a las dilaciones, una épica muy significativa respecto a los otros procesos de lucha contra la corrupción.
La prensa ha jugado en este proceso un papel precursor y determinante al mismo tiempo. Sus primeros hallazgos fueron seguidos de otros más complejos y profundos. La judicialización de la política conllevó a la judicialización de la prensa, en una dinámica antes nunca vista, elevando el papel político de los medios de comunicación. A pesar de ello, para la mayoría de medios, la demanda de ética de los gobernantes es una opción legítima de la búsqueda de la verdad, con propósitos no necesariamente políticos.
Es por ello explicable que el período más álgido de la lucha contra la corrupción coincida con el momento en que la reforma política pierde centralidad. Esta brecha, que podría denominarse como de alta demanda ética con baja demanda de reforma, debe ser analizada especialmente en referencia a los actores públicos.
La impunidad ha sacado a las calles a importantes sectores ciudadanos, pero ahora mismo sería una ilusión aspirar a que por lo menos la mitad de los manifestantes que se movilizaron contra la impunidad lo hagan para demandar reformas de la política. De hecho, la impunidad en el Perú tiene un rostro básicamente penal, asociado a la justicia.
Esta brecha es potencialmente peligrosa, especialmente si los partidos –léase programas, líderes y organizaciones– antes asociados al concepto “cambio político” se oponen mayoritariamente a los 12 proyectos de la Comisión Tuesta enviados por el Gobierno al Congreso. En ese escenario, la falta de politización de la demanda de ética pública es ahora la principal limitación de esta.

No debería esperarse que sean los fiscales o jueces los que realicen esta asociación; no es su papel, ni lo correcto. Este desafío debería ser asumido por los grupos políticos que se consideran no vinculados a los casos en curso, los militantes de base de los partidos llamados a renovarse o morir, los poderes públicos con mandatos para el cambio –especialmente el Ejecutivo– y los medios de comunicación. Para ellos, para todos, esta politización de la ética pública tiene plazos.

lunes, 31 de julio de 2017

Cómo has crecido, Baby (I) (II) y (III)

http://larepublica.pe/impresa/opinion/890817-como-has-crecido-baby-i
http://larepublica.pe/politica/1061402-como-has-crecido-baby-ii
La República
La mitadmasuno
30 de junio de 2017
Juan De la Puente

Hace algunos años, la detención de un policía comprometido con el delito común era un noticia inesperada y desagradable. Esta penetración del “mal dentro del bien” se registraba especialmente en relación con el tráfico de drogas y el control del tránsito, y era esencialmente una degeneración personal. Con el paso del tiempo, los compromisos delictivos se han hecho colectivos al punto que varias veces casi toda la plantilla de las unidades antidrogas terminó envuelta por el delito.
La evolución es radical, intensa y rápida. La reciente detención de más de 20 oficiales y suboficiales de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, y de la Dirección de Inteligencia de la PNP, asociados a un grupo de mafiosos prontuariados, varios de ellos en prisión, evidencia que la masificación de la corrupción policial se encuentra en el punto más alto.
Una cosa era la corrupción personal, cuentapropista o de pequeños núcleos, y otra es la colectivización mafiosa de buena parte de las estructuras policiales. El salto cualitativo es crucial, al potenciar el desafío de la seguridad ciudadana hacia límites poco imaginados hasta hace poco, una realidad de donde emerge una grotesca pero certera pregunta: ¿quiénes harán la lucha contra el delito?
Cuando la crisis de seguridad se hizo patente, a finales de la década pasada, varios anotábamos en relación con este punto que la evolución de esta crisis nos acercaba a las experiencias mexicana y colombiana combinada y no solo a una de ellas. Si en ese momento México y Colombia estaban cerca, es posible que ahora se encuentren aquí. Varios rasgos del proceso registrado en los dos países se están desarrollando en nuestra seguridad/inseguridad, como la masificación del delito y la integración de las familias a él; la sofisticación del crimen; la brutalización de los grupos de tarea; y la pauperización de la policía como antecedente del desborde de sus filas hacia el enemigo a combatir. Puede doler decirlo o escucharlo, pero parece que estamos en los inicios de una importante alianza social entre los buenos y los malos.
Este proceso tiene varios años en curso y, en ese contexto, es meritorio lo realizado en la última etapa por el alto mando policial y la actual gestión del Ministerio del Interior. De hecho, emerge esta alarmante colectivización debido a la labor de los sectores sanos, institucionales y valerosos de la PNP y el MININTER dispuestos a combatir el crimen dentro de casa. Los operativos contra los Babys de Oquendo, la mafia de Chilca y la denuncia del escuadrón de la muerte, es trabajo limpio policial con ayuda de la fiscalía, y, ojalá sea siempre, de los jueces.
Espero que sea suficiente. El debate dentro y fuera del Congreso durante la reciente interpelación del ministro del Interior, Carlos Basombrío, me genera dudas sobre la claridad del liderazgo del país ante esta realidad. En el Congreso, la mayoría de las preguntas de la interpelación y las intervenciones en respuesta al ministro brindaron la sensación de la falta de conciencia colectiva respecto de esta crisis. Las críticas radicales, envueltas en la pequeñez de las cosas y en la denuncia populista del estado de la cuestión –una especialidad que dominan varios legisladores pero que no pasa de su indignación frente a las cámaras de TV–, han sido como se esperaba las que menos han aportado.
Sucede no obstante que no es la única inconciencia; esta también opera en la sociedad que, a pesar de responder en las encuestas desde hace 5 años de que la delincuencia es el principal problema del país, no está dispuesta a llevar a cabo importantes aportes personales y sacrificios para conjurar esta crisis nacional. Lo patentiza lo más público: la microcorrupción en la que incurren masivamente los ciudadanos y la cooperación con delitos e infracciones; y la precipitación de decenas de miles de peruanos a los grupos criminales que –como ya lo demuestran México y Centroamérica– son una importante fuente de generación de empleo. Nuestra economía tiene menos proletariado y más lumpen proletariado.

http://larepublica.pe/politica/1061402-como-has-crecido-baby-ii
La República
La mitadmasuno
14 de julio de 2017
Juan De la Puente
Recientemente fueron liberados 11 de los 24 policías detenidos en la operación contra la banda “Los babys de Oquendo” porque habrían sido “engañados” para participar en el desalojo de un terreno de Puente Piedra.Esta explicación podría ser verosímil considerando el sistema de ordeno y mando policial, más aún si se trata de suboficiales, aunque este hecho actualiza una declaración del ministro del Interior, Carlos Basombrío, sobre que se podría terminar con el crimen organizado antes del Bicentenario “si existe un trabajo conjunto con el Ministerio Público y el Poder Judicial”.Ese trabajo conjunto, adecuado al marco descrito contra el crimen organizado, no existe. El virtual fracaso del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) y la ralentización del Acuerdo Nacional por la Justicia, lo resumen casi sin palabras, en tanto que la práctica fiscal reciente y las decisiones judiciales relativizan la colaboración eficaz como mecanismo de lucha contra los grupos criminales.La figura dominante de la lucha contra el delito es la de esfuerzos meritorios y avances parciales dentro de un espiral cualitativo que eleva el delito en número y calidad, una batalla ahora claramente desigual librada por la policía a su suerte, con los otros operadores del sistema atrincherados en sus autonomías, con las que parecen hundirse por exceso de peso.En el cuadro general, ahora se denuncian más delitos (primer indicador), se detienen a más personas (segundo indicador), sin impactar en la tasa de hechos delictivos. Según las estadísticas de la PNP, el 2016 se detuvieron a más de 111 mil personas, un 16% más que el año anterior y mucho más que los 74 mil detenidos el 2011. Al mismo tiempo, si bien es cierto que se registra una pequeña caída de las denuncias de delitos contra el patrimonio, el delito más importante en este rubro, el hurto, no se ha reducido, en tanto que los delitos de secuestro y violación sexual tuvieron un incremento significativo (tercer indicador).En nuestro país se denuncian 23 delitos cada hora, y más de 5 mil cada semana, una frecuencia que solo puede ser medida de modo muy general, porque los datos policiales son audaces y engañosos, hacen énfasis en los logros y esconden los aumentos de varios delitos en el oscuro rubro de “otros”.Aun así, esos datos dan cuenta del desborde de la crisis de seguridad en lo tocante a la impunidad (cuarto indicador), resumido en una enorme brecha entre las denuncias y las detenciones. En el 2016 se registraron 94 mil denuncias de hurto, pero hubo solo 15 mil detenidos; 76 mil denuncias por robo con solo 13 mil detenidos; y 9 mil denuncias por violación sexual, con apenas 3 mil detenidos.Con relación a delitos específicos debe tenerse en cuenta que el año pasado hubo 844 denuncias de extorsión con solo 222 detenidos, que en una interpretación optimista podría significar que cada detenido era responsable por cuatro de las denuncias.Similar brecha se advierte en la investigación criminal propiamente dicha. Al 2007, de las 9 mil denuncias tomadas por la Dirincri se resolvieron 7 mil, es decir, se esclarecieron el 78% de los hechos desde la perspectiva policial. Desde ese año se ha producido un aumento significativo de denuncias que superaron en un momento las 40 mil (2010) con una baja tasa de resolución que cayó al 20%. El año más terrible fue el 2015, cuando de las 33 mil denuncias solo se esclarecieron en el ámbito policial poco más de 5,800, es decir solo el 17%. El 2016 esta tasa subió al 20%, pero está lejos de lo mínimamente aceptable.Es una pena que un debate sobre logros y desafíos no estuviese presente en la reciente interpelación del ministro Basombrío, y en cambio la base de la discusión se situase en lo estrictamente personal. No es extraño, por esa razón, que según la última encuesta de GfK, más de dos tercios de los peruanos desconozca qué propone la oposición sobre seguridad ciudadana, la principal razón de desaprobación del Gobierno y el asunto por el que fue interpelado el ministro.


http://larepublica.pe/politica/1069601-como-has-crecido-baby-iii
La República
La mitadmasuno
4 de agosto de 2017
Juan De la Puente
Debe anotarse como logros en la lucha contra el delito los más de 70 megaoperativos realizados en los últimos meses, la captura de 500 de los 1,800 grandes delincuentes buscados, y la férrea respuesta interna a la corrupción policial. Siendo esto inicial y correcto, me temo que la primera tendencia del proceso es que ha llegado a un límite operativo e institucional que debe ser encarado con un ánimo reformista firme.
La parte institucional de este límite reproduce brechas entre la policía y la fiscalía, entre esta y los jueces, y entre todos los actores de una política criminal pública. La parte operativa es estrictamente policial y se resume en una crisis de la investigación criminal cuyas cifras no dejan dudas. Hace 10 años se resolvían el 78% de las denuncias a cargo de la DIRINCRI, que es una parte del total de denuncias; desde entonces, se ha producido un fenómeno perverso, el aumento vertiginoso del número de denuncias y la caída con igual velocidad del número de investigaciones exitosas. En el 2014, de 33 mil denuncias solo se esclareció el 17% y el año pasado de 22 mil, solo se esclareció el 20%.
En cifras gruesas, 18 mil denuncias investigadas el año pasado por la DIRINCRI no han sido resueltas, es decir, que solo una de cada cinco denuncias es resuelta, una brecha gigantesca que revela que, junto a la impunidad conocida, la judicial, que consiste en un mal juzgamiento del delito, coexiste la impunidad policial, más perjudicial y recreadora del delito.
La primera constante de esta brecha, el aumento de denuncias, debe ser estudiada para esclarecer lo siguiente: 1) si se debe a que los ciudadanos confían más en la policía; 2) si se registran más denuncias porque se cometen más delitos; o 3) si este incremento se debe a que el volumen de lo afectado es mayor. A simple vista, el crecimiento de las tasas de victimización y la relación entre aumento de delitos contra el patrimonio y los índices de crecimiento y distribución, indican que se trataría esencialmente de las dos últimas razones.

Respecto a la segunda constante, la brecha denuncia/esclarecimiento, es perceptible que no hubo estrategia para asimilar la avalancha de denuncias, a pesar de cierto esfuerzo en acercar a los ciudadanos a las comisarías y hacer más amigable este tedioso proceso. Que cada año DIRINCRI, el cuerpo especializado de la PNP, tenga 20 mil denuncias en promedio sin resolver indica varios fenómenos que no pueden barrerse bajo la alfombra y que parecen ser concurrentes: 1) el escaso número de personal competente para la investigación criminal; 2) la sofisticación de los infractores; 3) la obsolescencia de técnicas e instrumentos de investigación; 4) la corrupción policial, de lo que hay sonados ejemplos; y 5) la persistencia de arreglos institucionales deficientes y de poca eficacia operativa.