Cruzada penal, no política

https://larepublica.pe/politica/1461474-cruzada-penal-politica/

La República

La mitadmasuno

3 de mayo de 2019

Juan De la Puente

El largo proceso crítico que ha liquidado a casi todo el liderazgo del país demanda politizar, en el sentido más conceptual de la palabra, la lucha contra la corrupción, bajo el riesgo de que sus reconocibles logros sean en algún momento frenados, o superados por etapas de megacorrupción.

La lucha contra la corrupción es ciertamente desafiante, y sometida a un juego máximo de presiones e intereses, lo que ha hecho que más de una vez sus avances se encuentren jaqueados por fuerzas que operan a veces en el terreno penal, otras en lo político, y por supuesto en los dos ámbitos.

A pesar de ello, en la sociedad y los poderes públicos que no forman parte de la fiscalía y el Poder Judicial predomina la idea de que esta es una cruzada estrictamente penal. En esta visión es decisivo el proceso de investigación, las evidencias, las pruebas y los plazos procesales. Alrededor de ello se han librado batallas cruciales para defender la independencia de los magistrados y la continuidad de los procesos frente a las dilaciones, una épica muy significativa respecto a los otros procesos de lucha contra la corrupción.

La prensa ha jugado en este proceso un papel precursor y determinante al mismo tiempo. Sus primeros hallazgos fueron seguidos de otros más complejos y profundos. La judicialización de la política conllevó a la judicialización de la prensa, en una dinámica antes nunca vista, elevando el papel político de los medios de comunicación. A pesar de ello, para la mayoría de medios, la demanda de ética de los gobernantes es una opción legítima de la búsqueda de la verdad, con propósitos no necesariamente políticos.

Es por ello explicable que el período más álgido de la lucha contra la corrupción coincida con el momento en que la reforma política pierde centralidad. Esta brecha, que podría denominarse como de alta demanda ética con baja demanda de reforma, debe ser analizada especialmente en referencia a los actores públicos.

La impunidad ha sacado a las calles a importantes sectores ciudadanos, pero ahora mismo sería una ilusión aspirar a que por lo menos la mitad de los manifestantes que se movilizaron contra la impunidad lo hagan para demandar reformas de la política. De hecho, la impunidad en el Perú tiene un rostro básicamente penal, asociado a la justicia.

Esta brecha es potencialmente peligrosa, especialmente si los partidos –léase programas, líderes y organizaciones– antes asociados al concepto “cambio político” se oponen mayoritariamente a los 12 proyectos de la Comisión Tuesta enviados por el Gobierno al Congreso. En ese escenario, la falta de politización de la demanda de ética pública es ahora la principal limitación de esta.

No debería esperarse que sean los fiscales o jueces los que realicen esta asociación; no es su papel, ni lo correcto. Este desafío debería ser asumido por los grupos políticos que se consideran no vinculados a los casos en curso, los militantes de base de los partidos llamados a renovarse o morir, los poderes públicos con mandatos para el cambio –especialmente el Ejecutivo– y los medios de comunicación. Para ellos, para todos, esta politización de la ética pública tiene plazos.

Manual para no hacer nada

http://larepublica.pe/impresa/opinion/813945-manual-para-no-hacer-nada

La República

La mitadmasuno

21 de octubre de 2016

Juan De la Puente

Por segunda vez en los últimos años, el Perú tiene la oportunidad de encarar la corrupción como un grave problema nacional. La primera vez, el año 2014, cuando el asesinato de Ezequiel Nolasco por la mafia que operaba en Áncash, perdimos esa oportunidad. Para ser más precisos, fueron los políticos y los medios los que dejaron pasar ese valioso momento sin hacer nada.

Como hace tres años, las reacciones al caso Moreno se parecen bastante. El manual empieza a desarrollarse: harta indignación pública, investigaciones de la prensa sobre el modus operandi delictivo, políticos asqueados con lo sucedido, la fiscalía y los procuradores tomando el caso con ahínco e investigaciones parlamentarias en camino.

No sostengo que esa indignación y avocación no sean necesarias. Al contrario, la prensa fue eficaz en desentrañar las interioridades de la corrupción en Áncash, Tumbes, Cajamarca, Pasco, Huánuco, Loreto y en otras regiones y ciudades, así como los procuradores y fiscales realizaron con solvencia su trabajo enfrentándose al poder de turno, inclusive.

Sucede que ese episodio no pudo transformarse en un movimiento nacional contra la corrupción para forzar a su paso normas y arreglos institucionales y derribar los muros que colocan los intereses políticos y económicos que se resisten a que el Estado sea una pecera, transparente.

La mayoría de las normas planteadas en ese momento fueron congeladas en el Parlamento o, en una consecuencia derivada, los políticos de entonces creían que su función en este asunto se reducía a presentar leyes. Al mismo tiempo, cuando la indignación cedió no hicieron caso por ejemplo al pedido de más recursos de la Contraloría en un país en que más de S/ 40.000 millones del gasto público están fuera del ámbito de control, a decir del entonces Contralor Fuad Khoury.

En aquel tiempo la prensa insistió en los corruptos, pero no en la corrupción como redes, cultura y organización. La mayoría de medios escondió a los corruptores y a los sistemas de corrupción instalados en las empresas y en el Estado. Nos contentamos esa vez con las imágenes y los símbolos y en pocos meses tuvimos juicios mediáticos que condenaron a los corruptos, pero dejaron sin tocar a los sistemas y a los poderes que corrompen. En un país donde la indignación es de corto plazo y la corrupción y el lobby ilegal son de largo plazo, dejamos de pasar la oportunidad. Ganaron ellos.

Ahora podría pasar lo mismo y por esa razón habría que preocuparse porque la indignación está cediendo y otros temas ocupan la agenda pública. Por eso, creo que de las medidas planteadas por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dos son básicas para el propósito de politizar la lucha contra la corrupción en el mejor sentido del término, la convocatoria al Consejo de Estado y la creación de la Oficina Presidencial de Integridad.

Ambas iniciativas nos remiten a la carencia de una agenda anticorrupción, porque lo que tenemos a la vista son medidas saludables desconectadas entre sí. El país tampoco tiene un sistema anticorrupción con responsabilidades del Estado, de los ciudadanos y de las empresas. Otros países de la región en cambio, como lo del ingreso reciente a la OCDE, se dotan de sistemas de prevención además de las sanciones; es el caso de Colombia que ha aprobado un Estatuto Anticorrupción.

Finalmente, junto con las medidas penales situemos el debate en las medidas políticas (¿Suena otra vez las palabras reforma electoral?), administrativas, educativas y preventivas. Y si se trata de leyes, vayamos en serio; habría que recordar que en algunos países las empresas desarrollan hace años códigos contra el soborno certificadas por el Estado y se avienen con gusto a los cambios normativos para permitir la colaboración anticipada para los ejecutivos que denuncien sobornos, o la responsabilidad penal de las personas jurídicas, resistida en el Perú por una alianza entre ciertos medios y grandes estudios de abogados.

Una nueva UIF sin cambiar la Constitución. Hay antecedentes.

Por Juan De la Puente

El Congreso y el Gobierno están en la obligación de resolver legalmente el pedido de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se amplíen sus funciones en dos potestades: 1) acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de las personas cuya información financiera analiza; y 2) compartir esa información con la JNE y la ONPE. Algunas reflexiones desde el derecho constitucional.

1.- La oposición a que el Congreso conceda facultades al gobierno en la materia aduce que este acceso violaría la disposición constitucional establecida en el artículo 2° Inciso 5) que reza: “El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”.

2.- Se señala que para darle más poder a la UIF se requiere modificar la Constitución. Sin embargo, no encuentro razones constitucionales para que no se amplíe las facultades de la UIF tal como está pedidas. En cambio, realizar una reforma constitucional perforando cláusulas del bloque de constitucionalidad sería riesgoso porque se sentaría un precedente innecesario. Sí se podría aprobar una norma que opere en similar sentido a las MIT (Medidas de Intervención Telefónica) dispuestas por la Ley N° Ley 27697 del año 2002 (Gobierno de Toledo), denominada Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, y que fue reformada precisamente por el Decreto Legislativo N° 991 del año 2007 (Gobierno de García) merced a facultades delegadas. Estas normas regulan las limitaciones del derecho al secreto de las comunicaciones, un derecho conexo al de la intimidad personal y según algunos tratadistas parte del mismo.

3.- En esta norma hay dos figuras claves: 1) el juez que autoriza las MIT; y el fiscal que lo solicita, llamado “fiscal recolector”. Por lo que he podido saber, en el caso de la UIF lo que se propone no es eliminar la figura del juez que autoriza sino la del “fiscal recolector”, que a su vez tramita las solicitudes de otros fiscales y de los procuradores. Este procedimiento opera para la investigación de 14 delitos, incluido el lavado de activos (los otros son secuestro, trata de personas, pornografía infantil, robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de migrantes, asociación ilícita para delinquir, delitos contra la humanidad, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, peculado, corrupción de funcionarios, terrorismo, y delitos tributarios y aduaneros).

4.- En el caso de la UIF sería perfectamente constitucional que el procedimiento opere así: 1) el oficial recolector de la UIF lo solicita; y 2) el juez lo autoriza. El artículo 2° inciso 5) no menciona al fiscal sino al juez. ¿Por qué el fiscal? Porque las intervenciones telefónicas se realizan en el marco de la indagación de un delito. En el caso de la UIF nadie podría negar que si bien por mandato de su ley de creación (Ley Nº 27693) no investiga, si está autorizada a analizar la información, solicitar la ampliación de información y trasladar a la fiscalía sus hallazgos.

5.- Si la pregunta es ¿Se puede levantar el secreto bancario y la reserva tributaria en un caso administrativo que no constituye investigación? la respuesta es sí. Si hay otra pregunta, esta sería: ¿Por qué no funciona la relación UIF-fiscalía en este caso? Porque esta última se demora en procesar la información existente y porque en esa parte no ha funcionado la Ley contra el lavado de activos, Decreto Legislativo N° 1106, dictado igualmente por delegación de facultades. Esta ley no obstante avanzó sin mucha queja en lo  que ahora se pretende con más profundidad, cuando al modificar las funciones de la UIF dice: "La UIF-Perú tiene las siguientes funciones y facultades: Artículo 3.- Funciones y facultades de la UIF-Perú: 1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público del Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y locales, instituciones y empresas pertenecientes a éstos, y en general a toda institución o empresa del Estado sin excepción ni reserva alguna, y a todas las personas naturales a jurídicas privadas, quienes están obligados a proporcionar la información requerida bajo responsabilidad. Dicha información debe ser de acceso y manejo exclusivo del Director Ejecutivo de la UIF, para lo establecer un procedimiento especial que resguarde dicha información. En los casos que la UIF-Perú considere necesario, podrá solicitar acceso a base de datos, información será proporcionada a través de enlace electrónico. No puede oponerse a la UIF-Perú reserva alguna en materia de acceso a la información, bajo responsabilidad”.

6.- No se entiende la negativa a conceder las facultades en este punto, y parecer ser que el problema es otro: que la UIF comparta esta información con el JNE y la ONPE. Allí podría existir el riesgo de una potencial violación de la intimidad, ahora remachada con la Ley de Protección de Datos Personales, aunque creo que ya la Hoja de Vida obliga a los candidatos a exponer parte de su intimidad en favor del interés público. Una medida que ayudaría a evitar la violación de algún derecho sería que la UIF ponga los hallazgos al mismo tiempo en manos de la fiscalía de lavado activos que en un plazo rápido abra investigación considerando al JNE y la ONPE como terceros interesados. De otro modo, ambos organismos electorales no podrían cumplir su función y evitar el dinero sucio en la política.

2014, el año del estallido. 26/12/2014

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/2014-el-ano-del-estallido-26-12-2014

La República

La mitadmasuno

26 de diciembre de 2014

Juan De la Puente

A diferencia del año pasado, abigarrado en sucesos que era necesario desenredar para anotar los de mayor incidencia, un balance objetivo del 2014 no puede evitar señalar cuatro fenómenos que lo definieron inevitablemente: 1) la explosión de la corrupción; 2) la desaceleración de la economía; 3) la consolidación del delito como el principal problema nacional; y 4) el agravamiento pernicioso de la crisis en varios órganos del Estado.

Es arriesgado señalar cuál de estos fenómenos es más decisivo para la formación del escenario público nacional. No obstante, dos de ellos, la corrupción y el agravamiento de la crisis de seguridad, se relacionan directamente con otro que los determina y los hace sostenibles, la crisis en varios organismos cuyas funciones en el sistema político son insustituibles para la vigencia de la legalidad: el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Para efectos de un análisis ponderado, también es difícil agregar fenómenos de tan similar intensidad, especialmente por la necesidad de proyectar tendencias. Con ese afán, lo más irrebatible reside en el carácter de estallido de los fenómenos señalados, es decir, en su explosiva ocurrencia y en las revelaciones, procesos, sagas y personajes que irrumpen con ellos con cierto furor y violencia.

Este estallido refleja una crisis que nos ha cambiado y nos cambiará aún más; nos ha traído otra política, una que ha llegado para quedarse debido a dos de sus componentes: 1) una creciente falta de legitimidad de lo público y por extensión de los hombres públicos, aunque también comprende a la sociedad: y 2) la asimilación de este estallido por el establishment y de los ciudadanos, ambos en distinto sentido, como una forma de legitimación cultural de lo existente que zanja de un modo pragmático las relaciones entre los intereses públicos y los apetitos privados a decir del profesor Daniel Bell, y que en nuestro caso no es posible determinar por cuánto tiempo.

En el sistema político peruano, la procesión a veces va por dentro y otras por fuera. La intermitente salida del closet de la crisis de legitimidad de nuestra sociedad no es una originalidad nacional, por lo que no habría que extremar las visiones catastrofistas sobre que algo feo pasará aquí en muy poco tiempo. Del mismo modo, su visibilidad tampoco es garantía de que se resuelva; las mejores perspectivas económicas para el año 2015 impiden mayores discusiones “sobre el modelo” que las ya realizadas, en tanto que el bloqueo de toda posibilidad de reforma institucional, aun las mínimas, hace que marchemos al 2016 sin cambios en las reglas de juego. En ese contexto, el sistema no hará nada respecto de una crisis que incluso algunos académicos se resisten a nombrar cono tal.

Sobre la corrupción, los datos más sólidos son dos: que una pequeña parte de la sociedad ha empezado a reaccionar frente a ella, ante la crisis y la nueva política que esta implica aunque la tendencia rupturista es extremadamente débil. El segundo dato proviene de todos los sucesos que agregados indican una tendencia social predominante de acondicionarse al estallido, de caminar con esa política, no renunciar a ella y, obviamente,  gobernar con ella todo el tiempo que sea posible.

No identifico una voz nacional potente que recuse la crisis y proponga resolverla. De cara a las elecciones, los discursos que se articulan sufren de minimalismo, salvo las medidas de mano dura en clave conservadora que asoman respecto a la seguridad ciudadana pero que carecerán de correlato legislativo y constitucional y por esa vía también serán bloqueadas.

El estallido del 2014 va camino a ser tragado por esa enorme panza peruana llamada conformismo, falta de voluntad, conservadurismo o racionalismo pragmático. El estallido no deja de ser tal pero parece que ha empezado a parecerse a fuegos artificiales, de los que emergen casos de corrupción indudable congelados en los tribunales, ministros populares que dirigen sectores con percepciones espantosas y promesas de cambio que si no ahora, mañana no serán tales.

El gran movimiento

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-gran-movimiento-25-07-2014

La República

La mitadmasuno

25 de julio de 2014

Juan De la Puente

La difusión por la Asociación Civil Transparencia y Utero.pe de hallazgos en la revisión de las hojas de vida de los candidatos a las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre, nos refriega en los ojos la asociación delito/política y corrupción/política. Más de 1,400 de los que aspiran a cargos de elección popular fueron condenados por delitos en los que la sociedad pone un énfasis especial, como prestaciones alimenticias (871 condenados); peculado (113); lesiones (59); apropiación ilícita (31); abuso de autoridad (29); homicidio (12), narcotráfico (13); entre otros.

Una respuesta inmediata alegaría que esta asociación no es nueva y que lo novedoso es conocerla en su emplazamiento electoral. Otra más avisada diría que esta relación es inherente a la política en tanto afán de poder y de lo público. No en vano Maquiavelo propugnaba una buena utilización del delito en un momento concreto para asegurar el poder y en beneficio de los súbditos (leído ahora como roba pero hace), aunque desaconsejaba que los delitos aumenten en lugar de desaparecer.

No obstante, la política también es un espacio de pugna entre la virtud de lo público contra la corrupción. El diálogo entre Sócrates y Critón en vísperas de su muerte, cuando este se presenta a su celda para contarle que sus seguidores habían recolectado dinero para sobornar a los guardias y a los delatores profesionales para posibilitar su fuga, es aleccionador. El filósofo se niega a participar en un doble acto de corrupción, soborno y chantaje, aun a costa de su vida con una épica sentencia: No podemos burlar aquello que hemos convenido que es justo.

Esta batalla entre la tolerancia y la censura a la corrupción en la política es tenaz; varios estados ha logrado vencerla y otros controlarla. En el ránking de 175 países que publica Transparencia Internacional, es curioso que de los 15 menos corruptos, 14 sean estados de bienestar, con sólidos sistemas de partidos y una alta conciencia del servicio público; y que los 15 más corruptos sean estados pobres y empobrecidos, con regímenes autocráticos y dictatoriales, desprovistos de comunidades políticas organizadas. En ese ránking el Perú está debajo de la mitad de la tabla, en el puesto 83, aunque otro estudio, el Barómetro Global de la Corrupción 2013, es más revelador: el Poder Judicial, los partidos, la policía y el Congreso se ubican entre las instituciones más corruptas.

Podría ser incluso que estas mediciones que recogen percepciones vayan a la zaga de una realidad mayor y que estas, las percepciones, sean un tanto generosas. El reciente estallido de corrupción regional, añadida a la local y nacional, nos avisa de un fenómeno vasto, masivo, intenso y sólido. En este punto, la pregunta sobre si la de ahora es la misma corrupción un poco aumentada por la mayor disposición de recursos, o si es nueva, es crucial. En el primer caso se trataría de la continuación de un hilo histórico y en el segundo de una ruptura estructural.

Me temo que estamos en ciclo corrupto totalmente nuevo, amamantado desde el Estado, la sociedad, la política y el mercado, inédito en cuanto a los actores, redes, organización y eficacia, una dinámica que nos impulsa desde un país “con corrupción” a un país “de corrupción”. Este movimiento es ahora el más importante de la sociedad, aún más que otros verificados por la academia, como el emprendedurismo y la informalidad. Como dirían algunos amigos, la corrupción ya hizo sociología.

Este movimiento se encuentra institucional y socialmente instalado, con una larga pista de recorrido por delante y a él se adecúan comportamientos públicos y privados. Una evidencia  de ello, muy peruana, es que con frecuencia le echamos al Estado la culpa de la corrupción para evitar culparnos a nosotros mismos. A ese gran movimiento cuyo horizonte es de largo plazo se le opone por ahora un pequeño movimiento anticorrupción de corto plazo que utiliza escasos mecanismos institucionales, carece de fuerza política y respaldo confiable de los medios de comunicación y de activismo social.

Corrupción, mentira pública y noticia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/corrupcion-mentira-publica-y-noticia-13-06-2014

La República

La mitadmasuno

13 de junio de 2014

Juan De la Puente

El país asiste durante tres meses a revelaciones sobre la corrupción regional y municipal. Por ahora, los escándalos son solo noticia, algunas detenciones y harta indignación pública, y sorprende que a pesar de la dimensión del estallido el país no haya abierto un debate nacional sobre la corrupción pero sí sobre la descentralización. No es un olvido sino una omisión dolosa: el argumento que predomina sobre este ciclo de corrupción considera que esta es el resultado de un hecho fallido, la apurada creación de regiones, y no la expresión de un mal en sí mismo, inherente a la sociedad y al Estado.

En su Historia de la Corrupción (IEP/IDL 2013) Alfonso Quiroz señala que nuestra corrupción es histórica, alarmante, permanente y descontrolada, y se pregunta por la renuencia de las ciencias sociales peruanas a estudiarla, acusándolas de subestimar su papel determinante en la vida nacional. Quiroz describe siete largos ciclos de corrupción, cada uno con una duración de entre 20 y 70 años, de modo que bajo este esquema nos encontraríamos en el octavo ciclo.

La mayoría de estos períodos coinciden con los gobiernos autoritarios; en cambio, el actual es de inexcusable factura democrática y quizás a este hecho se deba el esfuerzo por relativizar su profundidad y daño institucional.

Las claves del actual discurso público sobre la corrupción esconden sus causas y caracteres, es decir, un sistema político y una cultura favorables a la impunidad, y fija su atención en los símbolos circunstanciales de los casos denunciados, por ejemplo César Álvarez, en un aparente ejercicio de objetividad y transparencia que coloca en escena a los corruptos pero esconde a los corruptores y a los sistemas de corrupción instalados en las empresas que los organizan y mantienen y en el Estado.

Este discurso ha instalado un consenso que favorece la predominancia de las imágenes y de los ritos ya aprendidos, es decir, el detenido esposado, la conferencia de prensa de la autoridad y la audiencia pública de la comisión, en un contexto de revelaciones de innegable importancia que parecen estar contentando por ahora a la sociedad aunque ignora o relativiza otros fenómenos. Este ejercicio, por ejemplo, casi ha legalizado la coima con el religioso adjetivo de “diezmo”.

Hemos empezado a vivir una ficción, un juego engañoso que aparenta una ofensiva anticorrupción esperanzado en el hecho de que la indignación es de corto plazo mientras la corrupción es de largo plazo. La mentira pública, aliada de la noticia, o esa convertida en juicio mediático se aprestan a condenar a algunos culpables pero a dejar intocados los sistemas, una penalización recargada que a la vez despolitiza un hecho de primer orden. El actual estallido de corrupción carece de fuerza para producir por lo menos una versión peruana de Mani pulite, aquel movimiento anticorrupción italiano que despertó a la sociedad y puso al descubierto un colosal sistema de complicidades mafiosas.

El país tiene varios mapas –el de la pobreza, el de sus potencialidades o el de sus recursos humanos–, pero carece de un mapa de la corrupción. Es que también carece de un programa político contra la corrupción y es probable que al paso que vamos no lo tenga en varios años. Esta ausencia es muy reveladora en un contexto en el que solo importa la “nueva” corrupción, la regional y local, y no la “vieja” y nacional, la pequeña corrupción más que la grande, la pública más que la privada, y la de otros más que la propia.

Si el desenlace de este proceso que sorprende e indigna fuese otro se abriría un período intenso de cambios que nos enriquecerían como comunidad y nos evitarían perjuicios económicos y sociales. Ajustaríamos cuentas con pesadas cargas republicanas, como el caudillismo de por sí corrupto, y con esquemas institucionales que favorecen el delito. De hecho, hasta nuestra Constitución guarda disposiciones que legitiman la corrupción, como el permiso laboral de los congresistas en las horas en que no funciona el Congreso o la figura de abandono de las tierras comunales para ser vendidas a terceros.

La corrupción y la "otra cosa"

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-corrupcion-y-la-otra-cosa-30-05-2014

La República

La mitadmasuno

30 de mayo de 2014

Juan De la Puente

Me pregunto cuál será el destino de esta cada vez más intensa demanda contra la corrupción cuya rotundidad han empezado a recoger los sondeos de opinión. Como hace 14 años la sociedad es sacudida por un indignado repudio a un sistema tramposo que se descompone por capítulos. Como aquella vez, una entrega tras otra, se va formando un macizo sentido común que llama a otra cosa.

Esa “otra cosa” sin embargo no aparece con claridad, sobre todo por las diferencias entre la indignación de hace 14 años y la de ahora. Aquel momento fue especial debido a la confluencia de factores que definieron un discurso social y una práctica política alternativa.

Estos factores fueron: 1) la crítica de los partidos democráticos al autoritarismo; 2) las audaces revelaciones de la prensa independiente contra el poder oscuro; y 3) el activismo político de una sociedad civil movilizada, cuya mayoría poco antes se había emancipado del fujimorismo.

Tampoco es posible imaginarse ese período sin el escandaloso despliegue de recursos extremos y abusivos en favor de la reelección que expusieron ante la opinión pública la asociación corrosiva entre el autoritarismo y la corrupción, y que generaron una reacción ética.

La actual indignación anticorrupción carece de esos atributos. La primera ausencia es la de una política democrática opuesta a la corrupción, sea porque varios partidos aparecen asociados a ella, o porque los que aparentemente no lo están guardan un silencio enfático; en líneas generales, salvo una que otra declaración, se tiene la impresión de que la corrupción es un problema del Estado pero no de la democracia, de sus partidos y de sus hombres, una emanación maligna que pertenece a otro mundo, a excepción del monotema sobre que la descentralización fue apresurada.

Luego, siendo relevante el desempeño de los medios en los destapes de sonados casos y con mayor diligencia que algunas instituciones, es también evidente que buena parte de la prensa trata este crucial momento desde una perspectiva policial/penal y poco rigurosa para ahondar en el descalabro de los sistemas de control nacionales y en el fracaso de la representación vía el fraude de los elegidos.

A la prensa le debemos la “chimbotanización” de este momento, a pesar de que 19 presidentes regionales están comprendidos en 158 casos de corrupción, y el olvido de sonadas denuncias “nacionales”, entre ellas de 5 parlamentarios pillados con las manos en la masa. Luego de 70 días del asesinato de Ezequiel Nolasco, el hecho que despertó al país, no tenemos un mapa de la corrupción pública.

A esta indignación ciudadana le falta pueblo y movimiento o, para ser precisos, una sociedad civil activa y decidida en su demanda de transparencia. La falta de epopeya se debe a la falta de actores sociales, más allá de la figura emblemática de Fiorella Nolasco, significativamente solitaria. Sin duda los ciudadanos están molestos e indignados con la corrupción pero en su conjunto el país carece de una razón motivadora.

Sería prematuro afirmar que este síntoma nos remite al fin de la ilusión democrática. No obstante, para los efectos contables esta corrupción va a la cuenta de la democracia cuyos líderes, partidos e instituciones emergieron o reaparecieron hace 14 años como una alternativa superior al autoritarismo con destellantes ofertas entre las que se encontraba la ética pública.

No me ilusiono demasiado; bajo estas premisas es comprensible que el actual humor de la opinión pública no se provea de mapas, faros y rutas, no se dirija a la otra cosa y se mueva en un escenario delimitado por los enfoques legalistas y controlistas de la mayoría de políticos y por una gestión informativa nada crítica de los procesos, instituciones y liderazgos.

Con un escenario cuyo eje es la ausencia de un juicio al modelo que genera la corrupción, la indignación con este formato “sin ilusión no hay movilización” podría terminar en un tsunami, algo violento y pasajero, pero que se lleve solo algunas personas y edificios institucionales.