La República
La mitadmasuno
21 de octubre de 2016
Juan De la Puente
Por segunda vez en los últimos años, el Perú tiene la oportunidad de encarar la corrupción como un grave problema nacional. La primera vez, el año 2014, cuando el asesinato de Ezequiel Nolasco por la mafia que operaba en Áncash, perdimos esa oportunidad. Para ser más precisos, fueron los políticos y los medios los que dejaron pasar ese valioso momento sin hacer nada.
Como hace tres años, las reacciones al caso Moreno se parecen bastante. El manual empieza a desarrollarse: harta indignación pública, investigaciones de la prensa sobre el modus operandi delictivo, políticos asqueados con lo sucedido, la fiscalía y los procuradores tomando el caso con ahínco e investigaciones parlamentarias en camino.
No sostengo que esa indignación y avocación no sean necesarias. Al contrario, la prensa fue eficaz en desentrañar las interioridades de la corrupción en Áncash, Tumbes, Cajamarca, Pasco, Huánuco, Loreto y en otras regiones y ciudades, así como los procuradores y fiscales realizaron con solvencia su trabajo enfrentándose al poder de turno, inclusive.
Sucede que ese episodio no pudo transformarse en un movimiento nacional contra la corrupción para forzar a su paso normas y arreglos institucionales y derribar los muros que colocan los intereses políticos y económicos que se resisten a que el Estado sea una pecera, transparente.
La mayoría de las normas planteadas en ese momento fueron congeladas en el Parlamento o, en una consecuencia derivada, los políticos de entonces creían que su función en este asunto se reducía a presentar leyes. Al mismo tiempo, cuando la indignación cedió no hicieron caso por ejemplo al pedido de más recursos de la Contraloría en un país en que más de S/ 40.000 millones del gasto público están fuera del ámbito de control, a decir del entonces Contralor Fuad Khoury.
En aquel tiempo la prensa insistió en los corruptos, pero no en la corrupción como redes, cultura y organización. La mayoría de medios escondió a los corruptores y a los sistemas de corrupción instalados en las empresas y en el Estado. Nos contentamos esa vez con las imágenes y los símbolos y en pocos meses tuvimos juicios mediáticos que condenaron a los corruptos, pero dejaron sin tocar a los sistemas y a los poderes que corrompen. En un país donde la indignación es de corto plazo y la corrupción y el lobby ilegal son de largo plazo, dejamos de pasar la oportunidad. Ganaron ellos.
Ahora podría pasar lo mismo y por esa razón habría que preocuparse porque la indignación está cediendo y otros temas ocupan la agenda pública. Por eso, creo que de las medidas planteadas por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dos son básicas para el propósito de politizar la lucha contra la corrupción en el mejor sentido del término, la convocatoria al Consejo de Estado y la creación de la Oficina Presidencial de Integridad.
Ambas iniciativas nos remiten a la carencia de una agenda anticorrupción, porque lo que tenemos a la vista son medidas saludables desconectadas entre sí. El país tampoco tiene un sistema anticorrupción con responsabilidades del Estado, de los ciudadanos y de las empresas. Otros países de la región en cambio, como lo del ingreso reciente a la OCDE, se dotan de sistemas de prevención además de las sanciones; es el caso de Colombia que ha aprobado un Estatuto Anticorrupción.
Finalmente, junto con las medidas penales situemos el debate en las medidas políticas (¿Suena otra vez las palabras reforma electoral?), administrativas, educativas y preventivas. Y si se trata de leyes, vayamos en serio; habría que recordar que en algunos países las empresas desarrollan hace años códigos contra el soborno certificadas por el Estado y se avienen con gusto a los cambios normativos para permitir la colaboración anticipada para los ejecutivos que denuncien sobornos, o la responsabilidad penal de las personas jurídicas, resistida en el Perú por una alianza entre ciertos medios y grandes estudios de abogados.
