Los liderazgos regionales

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/los-liderazgos-regionales-04-09-2012

La República

La mitadmasuno

4 de setiembre de 2012

Juan De la Puente

Dos recientes episodios, en Huánuco y Junín, ponen sobre la mesa el carácter de los liderazgos públicos regionales, incrementando la vitrina que ofrece una realidad consistente, la de presidentes regionales con escasa capacidad para representar los intereses de todos sus gobernados y actuar con una visión por lo menos de mediano plazo.

En Huánuco, el Presidente Regional se pronunció por la suspensión de la erradicación de cultivos de coca ilegal y al parecer lo ha logrado, reiterando la conducta de sus antecesores, prisioneros del mito de la hoja de coca como motor del desarrollo de una región con los más altos índices de pobreza extrema. Su sugerencia es la aprobación de un Plan de Pacificación y Desarrollo de las zonas cocaleras, un plan que está dentro de sus atribuciones y sobre cuya ejecución se tiene escasas noticias, en el marco de una gestión sin brillo y sin grandes realizaciones. El Presidente Regional es un próspero empresario y fue elegido usando el membrete de un partido político nacional del que se desligó casi de inmediato para reasumir su independencia.

En Junín, el Presidente Regional protagoniza un conflicto por el aeropuerto de Jauja cuya internacionalización demanda esa provincia aunque la región prefiere la construcción de otro cercano. Sin un proceso de consulta y visión de las prioridades en un marco de acuerdos con los alcaldes provinciales, reproduce la clásica rivalidad Jauja/Huancayo. El presidente regional es un médico con larga experiencia política, fundador de un movimiento regional de izquierda aliado del actual gobierno.

El proceso de descentralización peruano está marcado por estos liderazgos, independientes o no, hábiles para el ejercicio personal pero con dificultades para escenificar y conducir un gobierno que exige visiones integradoras del ejercicio del poder. En estos casos, los presidentes regionales no han logrado superar la fragmentación política y social que heredan y de la que son parte, a pesar de reflejar la emergencia de una nueva representación. El patrón de resultados, luego de tres elecciones regionales, indica que no serán reelegidos. En la otra vertiente se tienen a presidentes regionales que superan la fragmentación y elaboran un discurso y una práctica que intenta el ejercicio racional de su poder, superando o mediatizando la fragmentación. Es el caso, por ejemplo, de la experiencia del Gobierno Regional de San Martín.

En esta etapa, donde el gobierno nacional se propone incluir a las regiones en una nueva estrategia para la gestión de conflictos y en función de ello delegar competencias, conviene adelantar que algunos estarán más dispuestos que otros a una visión de gobierno compartida entre las prioridades nacionales y regionales. Para todos, sin embargo, será una oportunidad inigualable para asumir roles alejados de falsos localismos que han demostrado que hasta electoralmente sirven de poco.

Las camisas de fuerza

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-camisas-de-fuerza-17-07-2012

La República

La mitadmasuno

17 de julio 2012

Juan De la Puente

La reciente encuesta de Ipsos Apoyo (15/07) revela un conjunto de certezas de la opinión pública con respecto a varios temas de la coyuntura. La más importante de las certidumbres es la que desaprueba el manejo gubernamental de los conflictos sociales, asociando esta variable a la evaluación del Gobierno y del Presidente. En sus respuestas, los ciudadanos critican ese proceder: 71% desaprueba el desempeño presidencial en el caso Conga y critican al Gobierno por ser más duro (36%) o más blando (28%) y consideran una alta responsabilidad de las fuerzas del orden en las muertes de Celendín (40%).

Esta dependencia conflicto/respaldo es relativamente nueva en el escenario peruano acostumbrado a aprobar o a desaprobar a partir de varios factores. En el sondeo de este mes, como en otros anteriores, surgen como determinantes en esa opinión el cumplimiento de las promesas (que se asocia a la dicotomía agua v/s oro de la campaña electoral) y la gestión de los conflictos que, al parecer, los ciudadanos asocian al mismo tiempo al orden público y a la justicia social. Esta dependencia conflicto/respaldo es una camisa de fuerza que condiciona al gobierno y le obliga, luego del fracaso de la mano dura, a ensayar una rectificación cuyos alcances aún no se vislumbran.

Con esa misma convicción, los ciudadanos respaldan el uso de métodos pacíficos para resolver los pendientes públicos y recusan la violencia y el radicalismo. Así, dos tercios de entrevistados aprueban la designación de los facilitadores para reanudar el diálogo con Cajamarca, cuestionan el papel del gobierno de esa región en el conflicto (40%) y de quienes atacaron la Municipalidad de Celendín (47%). Entre las certezas también se inscribe aquella que cree que el proyecto seguirá adelante (60%) y que el Gobierno debe garantizar su viabilidad con los debidos reajustes y luego del diálogo (56%). Ahí se localiza otra camisa de fuerza no solo para el Gobierno sino también para los movimientos sociales: el Conga no va es por ahora minoría social (39%).

Estas certezas y camisas de fuerza se dirigen al diálogo que se abre lentamente en Cajamarca porque todo indica que será difícil la ubicación de un punto intermedio entre el Conga va y Conga no va. Presumiendo esto, la opinión pública es un tanto sombría en relación con el éxito de ese diálogo: el 36% cree que se logrará un acuerdo y 30% que ello no será posible. En ese sentido, el conflicto de Conga se parece más al de Arequipa del año 2002 y al de Bagua del 2009 y mucho menos a los recientes de Espinar y Quellaveco.
Es conveniente que todo Gobierno sepa que el diálogo es rentable políticamente y una opción ética irrenunciable. También es deseable que sepa advertir cuándo el diálogo es una opción de salida a una crisis y cuándo implica una ruta para que el Estado decida basándose en los derechos y libertades. Parece que el conflicto por Conga ha ingresado a esa fase.

Severa, correcta, "muy" blanda

La República
La mitadmasuno
21 de junio de 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/severa-correcta-muy-blanda-21-06-2012
Ipsos Apoyo, una encuestadora a la que respeto, acaba de difundir un sondeo de opinión pública muy revelador que, sin embargo, me motivan algunas críticas que las hago públicas con el mejor ánimo.

La primera se refiere a la pregunta sobre la actuación del gobierno frente a los conflictos mineros, en la que se colocan cuatro opciones: severa (26%), correcta (23%), muy blanda (41%) y no precisa (10%). Creo que es un equívoco reducir a cuatro las alternativas y no entiendo por qué el diálogo no aparece como una opción, sobre todo si en decenas de conflictos ambientales se han instalado mesas de diálogo, salvo que, para efectos del sondeo, el diálogo se haya incluido en las otras opciones. Si así es, tampoco se justifica que esta política que se practica frente a los conflictos sociales sea invisibilizada.

Luego, es extraño el uso que hace el sondeo de la palabra “blanda”, un sinónimo de suave y falto de energía y al que, como si no fuera suficiente, se le agrega la palabra “muy”, con lo que se podría predisponer a una respuesta afirmativa. Es también incomprensible que esa opción no se contraponga con la palabra “dura”, su antónimo exacto, sino con “severo”, palabra que no obstante carece del “muy”. ¿Por qué lo blando debe ser “muy” y lo severo no?

La pregunta sigue siendo extraña debido al uso de la opción “correcta”, que excluye a las otras que, se supone, no lo son, de modo que si nos atenemos a los resultados, más de dos tercios de encuestados consideran que la respuesta del gobierno a los conflictos no es correcta. Si las reacciones “severa” y “muy blanda” del gobierno ante los conflictos son incorrectas, ¿por qué se ha concluido en el análisis del sondeo que la alternativa del pueblo es la mano dura?

De esa encuesta y de otras publicadas no se puede concluir que el mensaje de la opinión pública para el gobierno es de respaldo a la clausura del diálogo y al privilegio de la fuerza contra las demandas sociales. En cambio, es patente que en el escenario se han dibujado dos grandes políticas de gestión de conflictos, aquella fácil y contraproducente que es la negación del reclamo y la simple reposición del principio de autoridad, y la otra ciertamente compleja que consiste en la previsión, el diálogo, el uso del principio de justicia sin renunciar a la autoridad y a la protección de la tranquilidad pública.

El concepto de mano dura es un hijo bastardo del Estado cuando no era Estado de Derecho y es más ilegítimo aun en la época del Estado Social y Democrático de Derecho porque contrapone artificialmente el principio de autoridad y el principio de justicia. Ya tuvimos durante la presente década democrática episodios de mano dura con altos costos para la sociedad y el Estado. De todos ellos, el gobierno y el sistema político salieron debilitados y con menos respaldo y capacidad de acción. No aparecen ahora elementos que hagan presumir que esta vez la receta funcionará.

A propósito del caso Conga una entrevista hace 15 días en Ideéleradio

El 14 de noviembre brindé declaraciones al programa No hay Derecho, de IDL, que dirige Glatzer Tuesta, en Radio San Borja, cuando la ola de conflictos era "pequeña". Estuvimos con Javier Torres, de SER. Hablamos de todo pero lo central fueron los conflictos.

Ideeleradio.- El Gobierno pudo haber resuelto de una forma más sencilla la pequeña ola de conflictos, pero aún está utilizando el colapsado modelo de gestión de conflictos que heredó del aprismo, en el que el Estado es lerdo, sostuvo el analista político Juan de la Puente.
“Podía haber sido más sencillo [administrar la controversia], si es que se cambiaba el modelo de gestión de conflictos heredado del gobierno anterior y en general de la década pasada, que es un modelo que ha colapsado, que no funciona, es un modelo que ha sido derrotado por los acontecimientos, ese modelo de gestión incluye mesas de diálogo actas, comisiones de alto nivel, y desde el lado de la sociedad, incluye obviamente marchas, tomas de carreteras […]”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Aquí el problema fundamental es el Estado, y en ese modelo el Estado es lerdo, en ese modelo hay que esperar que la población se levante para ir a firmar actas, […] ese modelo ha colapsado y se necesita obviamente un nuevo modelo, y en eso una actitud del Estado más cercana en una calidad de árbitro frente a este tema”, dijo.
Demandas ambientales y de inclusión social
Refirió que la base de la mayoría de conflictos sociales responde a intereses de caracteres medioambientales y sociales, como los suscitados en Andahuaylas, donde la población reclama la eliminación de la minería informal y también de ordenamiento territorial, como el de las comunidades de Cajamarca.
“En la base de los conflictos hay intereses ambientales, medioambientales, pero son principalmente sociales, en algunos casos, se tratan de pedidos para que la minería informal sea erradicada, fundamentalmente, en el caso de Andahuaylas; en el caso de Cajamarca, se trata de una demanda en función de una expectativa de ordenamiento territorial”, señaló.
Indicó que a diferencia de los conflictos sociales ocurridos en gobiernos anteriores, donde los reclamos eran cuestiones de políticas globales, los actuales pedidos son exigencias de inclusión social.
“Yo vería esto como una pequeña ola [de conflictos] en el programa de inclusión del nuevo gobierno no es una demanda como en gobiernos anteriores lo que se trataba es de cuestionar políticas globales. […] Hay un lineamiento político en el Gobierno, quizás porque sólo tiene 100 días o quizás porque no ha habido cuidado en plantearlo”, anotó.
Un gobierno que incluye a vencedores y vencidos
En otro momento, precisó que la actual gestión contrasta con las administraciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, porque a diferencia de estos países, el presidente Ollanta Humala ha construido un gobierno que incluye también a los vencidos, al punto que está conformada por nacionalistas, socialistas y liberales.
“El presidente Humala ha construido un gobierno que no es de vencedores y vencidos, donde una parte de los vencidos están sentados en el Gobierno, por eso que el señor [Miguel] Castilla es ministro de Economía, entonces, no es un modelo [como el de] [Hugo] Chávez, [Rafael] Correa o [Evo] Morales, [más bien] es un equilibrio donde hay nacionalistas, socialistas y liberales”, indicó.
Los que votaron en primera y segunda vuelta
El analista estimó que los pobladores y comuneros que protestan en Cajamarca, Ancash y Andahuaylas no son parte de grupos radicales, sino de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta. Añadió que estamos ante un momento que requiere de un nuevo modelo de gestión de conflictos.
“Yo creo que los que protestan hoy día no son los que formaron parte del 31 o el 32% de Humala en la primera vuelta, son parte de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta, o sea, yo no creo que esto sea una demanda radical, al interior pueden haber grupos radicales […] minoritarios, pero estas son demandas sentidas en Andahuaylas, nadie va a decir que los que han salido a las calles son radicales”, declaró.
“Entonces, estamos frente a un nuevo momento, sobre el cual se necesita un nuevo tipo de gestión de conflictos del Estado y ese paso no se ha dado y mientras se siga con ese modelo de gestión de conflictos vamos a tener eso”, argumentó.
Megaconsulta y Pacto Nacional Minero son interesantesEn otro momento, calificó de interesantes tanto las propuestas del presidente Ollanta Humala de realizar una megaconsulta concerniente al tema del ordenamiento territorial, como la del asesor de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Carlos Tapia, quien planteó crear el Pacto Nacional Minero, porque será la población total quien decidirá si habrá o no minería en su zona.
Cuestionó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por deslizar la idea de erradicar la minería en su región porque no ha hecho un estudio ambiental que le permita llegar a esa conclusión, ni ha consultado a su población.
“Me parecen dos iniciativas interesantes, porque el Perú debería decidir donde realizar minería y donde no, eso no puede nacer desde la iniciativa de un presidente regional. Yo el otro día escuché a Gregorio Santos decir ‘ya no más minería en Cajamarca’ y quién es él para decir eso, se le ocurrió a él, ese día amaneció dispuesto a decirlo, acaso ha hecho un estudio”, refutó.
Conflictos son una oportunidad de generar crisis
Advirtió, finalmente, que esta secuencia de conflictos sociales puede ser empleada por sectores políticos y empresariales para intentar desequilibrar la administración de Ollanta Humala, en el sentido de generar una crisis en el interior del Ejecutivo y un cambio de su orientación inicial.
“Los conflictos también son una oportunidad para los sectores políticos, y para los sectores de la gran empresa, esta es una oportunidad también para provocar e intentar generar una crisis en el interior del gobierno y un cambio de orientación”, concluyó.

Puede encontrar más información de esta nota en: https://juandelapuente.com/proposito-del-caso-conga-una-entrevista/