¿Al diablo con la transición?

http://larepublica.pe/impresa/opinion/230044-al-diablo-con-la-transición

La República

Lamitadmasuno

7 de agosto de 2015

Juan De la Puente

El presidente al que le entregue el mando Ollanta Humala será el cuarto del ciclo democrático inaugurado el año 2000. Aunque este ciclo muestra señales claras de agotamiento dura ya 15 años y ha permitido la elección de tres presidentes constitucionales, de modo que la elección de un nuevo mandatario resume paradójicamente la maduración de un sistema con crisis en progreso.

Esta transición de gobierno es la más compleja de dicho ciclo; que vaya a durar 12 meses y que se realice en el contexto de una creciente debilidad del poder político hace de ella un período con fenómenos riesgosos y desafiantes que incidirán ahora y en el mañana. Estos son: a) la necesidad de mayores apoyos para que el gobierno termine su mandato; b) el riesgo de una tormentosa guerra electoral de bajas pasiones y métodos; c) la posibilidad de que el gobierno no pueda organizar un legado distinguible; d) el riesgo de retrocesos en política social de un nuevo gobierno; y e) la posibilidad de que de las elecciones resulte un gobierno menos fuerte de lo esperado.

Merece por lo mismo prestarles atención a los esfuerzos que se realizan para mejorar el clima político y rebajar las tensiones. El gobierno se propone llevar a cabo una ronda de consultas con los poderes del Estado y convocar en breve a un Consejo de Estado para pactar con la oposición que dirige el Congreso una agenda legislativa racional y probablemente un periodo de distensión.

También destacan otras dos iniciativas en favor de una transición gobernable. Recientemente 16 partidos integrantes del Acuerdo Nacional suscribieron una declaración llamando a respaldar los esfuerzos en favor de elecciones transparentes y apoyar al gobierno en materia económica y seguridad ciudadana. Del mismo modo, la Confiep ha solicitado un diálogo con el gobierno para una agenda de fin de periodo.

Queda claro que los actores políticos que han empezado a moverse recuerdan que de cómo termine un gobierno depende cómo se inicia el otro, y que las transiciones inestables que no son mínimamente pactadas pueden irse al diablo. Cada uno, los que vienen y los que se van, tienen mucho que ganar y perder.

Siendo evidente que se ha constituido una corriente en favor de una transición gobernable no es menos cierto que este objetivo depende del tratamiento de determinados problemas que inciden en un escenario fragmentado, confuso y antagónico. El primero es el balance del gobierno, un asunto que Humala intenta abordar con una evaluación anticipada a los 4 años de gobierno a pesar de que su mandato es de 5, siendo probable que este intento dificulte el establecimiento de una agenda compartida para el próximo año porque remite a un segundo problema, el adelanto del proceso electoral.

Es posible que estas dos tendencias, la transición gobernable y la disputa electoral adelantada, generen una transición con hitos de tensión y permanentes esfuerzos de moderación, elevando el papel de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Acuerdo Nacional, en una suerte de arbitraje público.

Los actores deben apostar a más y no quedarse en el clima. Deberían avanzar hacia pactos imprescindibles para una transición gobernable, es decir, cambios de fondo resistidos por la mayoría de partidos o, para ser precisos, adelantar algunas de esas reformas.

Entender por ejemplo que: 1) el sistema no puede escaparse del financiamiento público directo y de la entrega de mayores facultades a la ONPE para sancionar el fraude en el financiamiento partidario; 2) que se precisa de un compromiso para que TODAS las investigaciones sobre corrupción sean procesadas, las ya denunciadas y las nuevas, sin recurrir a dilaciones o bloqueos judiciales o parlamentarios; 3) que es muy necesario evitar que el próximo Congreso sea peor que el actual y, para ello, por citar dos decisiones, los partidos no deberían fichar a independientes salidos de las sombras y realizar elecciones internas, las de verdad; y 4) que debe arribarse a un acuerdo inicial de vigencia de los programas sociales y la reforma en educación.

La caída del emblema. 12/12/2014

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-caida-del-emblema-12-12-2014

La República

La mitadmasuno

12 de diciembre de 2014

Juan De la Puente

Desde hace una semana, el Perú tiene seriamente debilitada su política anticorrupción; las procuradurías especializadas, su emblema más importante, han caído arrolladas, no por una embestida de los ejércitos del mal sino por una riña en la que menudean los golpes bajos y los botellazos. Mañana quizás no, pero algún día la democracia sabrá cobrar los destrozos a los parroquianos de hoy.

En tanto, habría que salir del juego fácil de héroes y villanos. Como sucede en las feroces batallas, la sangre puede hacernos olvidar los motivos del combate, una trama que revela dos problemas de fondo: 1) que el gobierno no tiene una posición firme sobre el caso de Martín Belaunde Lossio (MBL); y 2) que ha estallado una disputa entre la fiscalía y el sistema de procuradurías especializadas y entre estas y el gobierno, choques mal gestionados que por ahora han afectado a los procuradores.

El de MBL no era un gran caso, pero ya lo es; revela los afanes ilegales de un lobista inexperto en 5 regiones que habría usado sus anteriores contactos con la alta cúpula del gobierno para hacer negocios. Las investigaciones determinarán si fue tolerado o estimulado por el poder, pero una cosa es cierta: sea cual fuese el tratamiento del caso, proyectará su sombra los próximos 10 años de la política.

No todos piensan lo mismo y la falta de perspectiva sobre su significado origina errores. Es cierto que la oposición ha puesto reflectores y altavoces al escándalo como hizo lo propio la oposición de entonces al gobierno anterior en el caso “Petroaudios”. También es cierto que medios con agenda opositora se centran en este asunto para desgastar al gobierno. Aun así, no puede argüirse que este es un caso sembrado por la oposición, ni es prudente relativizarlo como una pieza más de la competencia entre el gobierno y sus enemigos.

Esta percepción hace que el oficialismo carezca de una estrategia en el caso. Ha sabido deslindar de MBL en relación a sus gestiones parlamentarias y se ha tomado el trago amargo de permitir la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Sin embargo, no ha roto de modo inequívoco con el acusado prófugo, la primera regla que todo manual anticorrupción gubernamental aconseja, y ha permitido que se establezca con él un diálogo en claves en el que sobresalen dos actos: el “gratis no me voy a ir a la cárcel” de MBL y los afanes para que se pueda acoger a la colaboración eficaz.

Más grave es la implosión del sistema de procuradores, un drama de enredos del que derivan tensiones institucionales propias de un sistema que en el reciente estallido de la corrupción regional apareció como el único instrumento no contaminado. Ya no lo es, y la pésima gestión política del caso MBL ha detonado una crisis interinstitucional en la que sobresalen la incomodidad del Ministerio Público por la audacia de las procuradurías especializadas, el paso de algunos fiscales al otro lado del mostrador, y la indefensión de los procuradores respecto del humor del gobierno de turno.

Imposible negar que existiera por lo menos un interés oficialista en que MBL se acoja a la colaboración eficaz, y en este hecho reside la responsabilidad política del ministro de Justicia que debe saldarse con su salida. Sin embargo, el terrible manejo de este caso solo pudo escenificarse con ayuda interna, diligentemente prestada por el ex procurador Christian Salas –impreciso, dubitativo y tardío– y la ex procuradora Yeni Vilcatoma, desbordada, calculadora y poco prudente en el uso de los medios en relación a los fines. 

Este es un típico caso en el que se juega en el borde de la cancha y es común que se pretenda justificar conductas con las coartadas “no es ilegal” o “no está demostrado”. Pero este no es un lío legal y por eso una primera conclusión es que un eficaz sistema anticorrupción no puede edificarse sobre el chuponeo de procuradores a ministros, de viceministros a ministros y de ministros al presidente de la República; o de ministros que no asumen el costo de la destrucción de un sistema en el que habíamos puesto tantas esperanzas.

Control político o cama saltarina. Seis comentarios al voto de investidura que no es de investidura

Por Juan De la Puente

Lo sucedido con el llamado voto de investidura se presenta otra vez como una comedia de enredos que, vista con realismo y principismo, no beneficia ni al gobierno ni a la oposición, al mismo tiempo que deja sentado antecedentes que debilitan el sistema político peruano y su régimen democrático. Aquí algunas ideas:

1.- La comedia de enredos surge de una decisión equívoca del Congreso en marzo pasado a raíz de la presentación del gabinete Cornejo cuando, a partir de una interpretación con escaso sentido práctico y jurídico, se impide que la votación mayoritaria en ámbar (abstención) no signifique un rechazo al pedido de confianza. Esta disposición, que no figura ni en la Constitución ni en el Reglamento del Congreso, se origina en un acuerdo del pleno de 11 de diciembre del año 2003 que aprueba un informe de la Comisión de Constitución sobre el procedimiento a seguir cuando una comisión ordinaria pide facultades de investigación y sobre la aplicación del Reglamento en el caso de que como resultado de una votación las abstenciones sean mayores a los votos a favor o en contra. Esta decisión no se convirtió en norma positiva y como se aprecia no resiste un mínimo test de legalidad.

2.- Esta interpretación que parecería beneficiar a un gobierno, en este caso al de Ollanta Humala, en realidad beneficia a la oposición, aunque a la larga perjudica a todos. Permite que el Congreso, formando una mayoría no política (es decir con programa propio) bloquee al gobierno. Muy al estilo peruano, el hecho que el Congreso no apruebe ni rechace al gabinete abre un período signado por la pérdida de legitimidad, lo que en realidad no es el propósito del mecanismo constitucional del llamado voto de investidura. La figura de sesiones de voto infinitas -no se ponen de acuerdo y si son tres o más- es tan insolvente que podría tenerse a un gabinete rebotando cada dos días, un modelo de política italiana que no debería imponerse en el Perú, un país de instituciones débiles.

3.- El mismo “voto de investidura” peruano no lo es, como tampoco lo es nuestro "premier"; es así que en los artículos 130° y 134° de la Constitución este procedimiento recibe el nombre de voto de confianza.  El voto de investidura es propio de los regímenes parlamentarios donde la jefatura de gobierno está separada de la jefatura de Estado, de modo que el Congreso inviste, nombra y permite formar gobierno recurriendo para ello a una mayoría política, es decir aquella que se presenta con un programa propio y si es necesario a través de alianzas. En nuestro régimen presidencial, el Congreso no forma gobierno, no inviste y no designa al premier; su papel es confirmar, controlar y si se quiere ratificar o habilitar, y de allí la palabra confianza. Por lo mismo puede no confiar, desaprobar o no confirmar y en ese caso existe un procedimiento establecido: nuevo gabinete, y si es el caso nuevas elecciones si dos gabinetes han sido censurados o no alcanzaron la confianza. En esa perspectiva, el debate de la llamada investidura ha sido en general juicioso y por esa razón debió concluir en una decisión cierta y útil. Lo que se tiene en cambio es una incertidumbre constitucional, política y específicamente gubernamental.

4.-Una cosa es el control político y otra una cama saltarina. Así como el Congreso no puede bloquear al gobierno, aunque si puede censurar o no entregarle la confianza, tampoco puede establecer figuras que salen de los límites de sus funciones de control. La idea del diálogo Ejecutivo/Legislativo es consustancial al control y de hecho el llamado indirizzo político europeo (colaboración de órganos más control) es rico en ejemplos. Es un acto y un proceso, no una medida de presión o una coartada. Por ello que la idea de negociar nombres de ministros y políticas es muy peligroso para el mismo Congreso que termina, por ese mecanismo, siendo parte de las decisiones del Ejecutivo, un Congreso gobernante o casi gobernante. Todo esto lo digo coincidiendo en que fue un error del gabinete ir al Congreso como si fuera el primero del gobierno y sin dejar en su casa al ministro Eleodoro Mayorga.

5.- De modo que ahora tenemos un Congreso que no ha negado la confianza ni ha habilitado al gabinete pero en cambio ha bloqueado al gobierno y acaba de aplicarle al Ejecutivo un dardo adormecedor. Si somos optimistas, esta etapa puede durar tres días, aunque igualmente treinta. Todo ello en lugar de votar verde o rojo a la primera o considerar como lo dicta el sentido común que el voto ámbar es igualmente un rechazo a la confianza y por lo tanto con efecto jurídico constitucional. Son las consecuencias de la práctica de un pseudo parlamentarismo en el marco de un presidencialismo ya deformado por la Constitución de 1993.

6.- Me interesa también la perspectiva política de los hechos y su prospectiva. En ese sentido, este episodio tiene dos actos; el primero el de la cama saltarina, pero advierto que en el segundo la base de esta cama se desfondará y los actores, los que saltan y hacen saltar, recibirán tomates y naranjas del respetable.

Embestido, investido, desvestidos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/embestido-investido-desvestidos-21-03-2014

La mitadmasuno

La República

21 de marzo de 2014

Juan De la Puente

UNO. No entendiendo por qué el Presidente de la República perdió la oportunidad de relegitimar su gobierno. De haber aceptado la primera votación como lo que fue, es decir, un rechazo al gabinete y designado otro corrigiendo lo que los ciudadanos demandan, habría obligado al Congreso a entregarle la confianza a un equipo de gobierno remozado con menos reparos, relanzado su administración de cara a la segunda mitad de su quinquenio. El temor del cierre constitucional del Parlamento que atemoriza a la mayoría de los hijos del voto preferencial habría movilizado más que a la Confiep a una parte importante de la sociedad civil interesada en una cooperación Ejecutivo/Legislativo en lugar del bloqueo.

En ese escenario se legitimaba el gobierno, el Congreso mismo, que al rehusar la confianza ejerció su derecho a desaprobar al gobierno y que al aprobarlo luego de los cambios habría mostrado determinación. En este caso, los votos verdes y rojos habrían sido menos cuestionados que ahora. No obstante, el Presidente prefirió la ruta de una negociación un tanto ignominiosa, por lo que el voto en favor de la investidura no le permite a su gobierno superar el aislamiento ni el efecto de las dos primeras embestidas parlamentarias. En esas condiciones, una confianza agónica es un caramelo envenenado de efecto programado que debilita al gobierno.

DOS. Entiendo un poco más la razón por la que una parte de la oposición se negó a rechazar de un modo más enfático al gabinete y prefirió la abstención, aunque una parte de ella haya sido llevada de las narices. Si la idea era propinarle al gobierno un jalón de orejas, un gesto que obligue a Humala a negociar desde su debilidad la rebaja del protagonismo de Nadine Heredia, esta estrategia es entendible en el caso del Apra y el fujimorismo, potenciales adversarios de Heredia el 2016 que cuentan ya con candidatos presidenciales.

Para el resto de la oposición (PPC, AP, Frente Amplio, Solidaridad Nacional, Partido Humanista, Somos Perú y Alianza para el Progreso) el sentido de su primera votación debió ser mucho más enfático que la abstención, en una perspectiva programática y con razones de fondo. ¿Qué pasó con los temas Castilla y los salarios del sector público, la reducción del canon, las promesas electorales incumplidas, el gasoducto del sur y la seguridad ciudadana? Fueron sepultados por la nadinofobia. Una parte de estos grupos mostraron como un trofeo un comunicado de la PCM sobre el papel de Heredia renunciando a una representación más amplia de sus electores.

Apreciado en el conjunto, el resultado del impasse del voto de investidura tampoco ha fortalecido a la oposición y no solo porque no consiguió su propósito antinadinista. Ningún partido logró aparecer como una alternativa potable y, en cambio, en el resultado final más de uno no ha podido convencernos de que no pactaron prebendas. Al final, queda la imagen de una oposición que creyó que era un crimen sangriento licenciar al gabinete y que siente haber sido pillada con el puñal en la mano.

TRES. Los abusos de las mayorías parlamentarias gobiernistas son peligrosos al igual que las dictaduras parlamentarias. En ambos casos se eliminan los contrapesos y las modalidades de cooperación en favor de la sujeción de un poder por el otro. En ese sentido, en el episodio de la investidura se ha planteado una nueva situación no prevista ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que es la posibilidad del bloqueo del Ejecutivo por el Congreso a partir de una desastrosa decisión, la de votar más de una vez la confianza en un gabinete amparada en un acuerdo de hace 10 años que nunca se convirtió en norma positiva, que no pasa el más simple test de legalidad y que tampoco puede ser usado como costumbre parlamentaria, por el delicado objeto al que se aplica.

En los sistemas parlamentarios se puede jugar al bloqueo porque en los congresos reside la posibilidad de formar gobierno, pero cuando en un sistema presidencialista se pretende votar tres o cuatro veces la investidura de un gabinete, el juego de los carritos chocones puede ser muy dañino.

Los carritos chocones

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/los-carritos-chocones-14-03-2014

La República

La mitadmasuno

14 de marzo de 2014

Juan De la Puente

El áspero intercambio de frases sentenciosas entre el gobierno y la oposición a raíz de la remodelación del gabinete han reabierto una etapa de polarización clausurada un breve momento a raíz del fallo de La Haya. Al igual que el año pasado las fuerzas se ha dispuesto en línea de batalla y el discurso es casi el mismo: “Nadine Heredia tiene el poder”, “Alan García teme ser condenado”, “El gobierno es ineficaz”, “La oposición no tiene autoridad moral”, entre otras afirmaciones.

Los actores son también los mismos, pero me temo que una parte del escenario ha variado. El primer cambio que distingue la tensión del año pasado con el ciclo abierto recientemente es el hartazgo de la opinión pública, una especie de cansancio ciudadano que emerge de la convicción de que lo que ahora se critica no podrá ser alterado hasta dentro de dos años y medio. El segundo cambio es el desgaste de la mayoría de actores, especialmente los que han entrado a la pelea cuerpo a cuerpo, donde el que lleva la peor parte es el gobierno, imposibilitado por ahora de salir del aislamiento y recuperar la agenda pública.

Esta polarización se torna paradójica porque no produce una mayor crisis que la que existe. Curiosa polarización que viene con sus propias certidumbres: es seguro que el gabinete obtenga la investidura en el Congreso, que la oposición y los medios continuarán manejando la agenda, que el gobierno seguirá tomando las decisiones y las indecisiones y que Nadine Heredia continuará llenando el vació oficialista. Es tan cierta esta relación contranatura polarización/certidumbre que una de las seguridades de los poderes económicos y mediáticos es que el gobierno no producirá cambios en el modelo económico.

Si la tensión no lleva a ninguna parte en el corto plazo se torna evidente que estamos ante una polarización a velocidad controlada, sobre todo por la falta de fuerza de los que conducen los coches. Una suerte de carrera de carritos chocones.

Nada de lo que se dice o se pretende es masivo y contundente porque pasada la primera mitad del gobierno de Humala, los actores son conscientes de sus propios límites y que una crisis grave de gobernabilidad es cada vez más lejana, de modo que en más de una expresión se advierte un genuino interés político pero con una alta cuota de sobreactuación.

¿Todo está dicho o no hay nada más por hacer que sentarse a esperar el 2016? Me temo que no. En el marco de una polarización controlada, no se descartan dos controversias agudas que podrían agitar las certidumbres y deshacer las paradojas. La primera es una mayor ofensiva sobre Nadine Heredia en la idea de marcar con críticas hasta el último detalle de su actividad pública, más con el objetivo de desgastarla e impedir su eventual candidatura presidencial que evitar su influencia en el gobierno.

Una ofensiva final sobre ella tendría, sin embargo, que vencer la visión neoinstitucionalista y pragmática que sostiene que el activismo en el poder de la esposa del presidente es positivo en la medida que impide que el gobierno cometa errores y se ponga en juego la gobernabilidad y el crecimiento.

Tampoco debe descartarse una intensa campaña anti García a propósito del debate de las conclusiones de la Megacomisión. En este caso, es igualmente evidente que el propósito es inhabilitarlo electoralmente más que sancionar las irregularidades cometidas en su gobierno.

No estoy seguro si este modelo de polarización controlada incluyendo la variante de la tensión extrema por anti Nadine/García sea lo que el Perú espera o se merezca. En esa ruta será muy difícil que la oposición acumule más de lo que lo ha hecho y que el gobierno recupere lo que ha perdido, sobre todo porque propone un horizonte político electoral donde los grandes temas del futuro parecen extraviados y sometidos a los cánones de la política personalizada. Esta tensión en las alturas desmoviliza a la gente y de ella no emerge ninguna fuerza que emita señales nuevas a la sociedad. El primer grupo que exponga otro discurso podrá ser la sorpresa. ¿No es hora ya de una nueva política?

La política es irrenunciable

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-politica-es-irrenunciable-28-02-2014

La República

La mitadmasuno

28 de febrero 2014

Juan De la Puente

Lo ocurrido alrededor de la reciente crisis ministerial ocasionada por la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y el cambio de gabinete refleja una lamentable derrota de la política en varios sentidos de la acepción, por los hechos que han conducido a la crisis, la forma en que ha sido gestionada y por las consecuencias para el desempeño del gobierno, particularmente el reinicio de un período de mayor confrontación y el riesgo de la reducción del desempeño del Ejecutivo.

En teoría, los gobiernos registran una relación tirante entre las demandas de cambio interno y de eficacia, dos variables del poder que solo la política puede administrar. Se demanda cambios cuando es visible el desgaste en un sector y se hace ostensible que no se podrá cumplir con los objetivos sin que el responsable sea desplazado. Del mismo modo, se reclama eficacia cuando la agregación de errores indica que los propósitos no serán alcanzados sin una nueva conducción.

El equilibrio entre estas variables es más complejo cuando el desgaste es generalizado. En tal sentido, los cambios de ministros suelen ser sinónimos de relanzamiento del gobierno y los nuevos gozan de un período de gracia. Eso sucedió con la designación de César Villanueva y su gestión fue una apuesta política, el elemento que la mayoría consideraba era el déficit del gobierno, a pesar de que su antecesor, Juan Jiménez Mayor, había capeado con habilidad varios meses de polarización extrema. Villanueva parecía tener las cuotas exactas de eficacia y política que todo relanzamiento necesita.

En el nuevo escenario se tiene desde el inicio un premierato debilitado. Lo que sucede en este cargo, el segundo del Ejecutivo después del Presidente de la República, no es de poca importancia. Es el más político de los ministerios, el que responde por el Presidente ante el Congreso y ante la sociedad, y el que de algún modo y en distintas intensidades, es bombero, gestor y escudero.

Celebrar como un logro del nuevo gabinete su condición de tecnócrata, como lo han hecho ciertos comentaristas y ¡vaya! políticos, es increíblemente tonto. Más allá de su errada repulsión de la política, sintetiza una ingenua concepción del poder y del gobierno como una empresa que solo demanda gerentes.

El gobierno necesita llevar a cabo una urgente labor de saneamiento de la figura del Presidente del Consejo de Ministros para evitar un rápido desgaste del gobierno bajo el entendido de que una corta vida del nuevo gabinete tendrá un efecto serio en la operatividad del Ejecutivo. A los sahumadores de los tecnócratas habría que decirles que en cualquier sistema político una alta tasa de rotación de ministros es expresión de ineficiencia  y que la ciencia política no conoce el concepto de “desgaste técnico”. Todo desgaste es político.

Es cierto que el premier peruano no tiene la clásica figura de los premieres de los regímenes parlamentarios y que la Constitución de 1993 le rebaja el perfil en desmedro del Ministro de Economía, el único ministro constitucional.  No obstante, felizmente la Ley Orgánica de la Presidencia del Consejo de Ministros (LOPE), la Ley N° 29158, de diciembre del 2007, ha superado algunos de estos vacíos.

Un premier que no se sienta infeliz desempeñando una función política y al que le dejen trabajar sin interferencia tiene en el gobierno un papel relevante como coordinador de las políticas nacionales y en la conducción de grupos importantes como la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros (CIAEF) y  la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS). La LOPE le señala otras cuatro funciones que le permiten desempeñar un rol articulador del poder en nombre del Ejecutivo como dirigir el proceso de descentralización, dirigir las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales, los otros niveles de Gobierno y la sociedad civil; promover la participación y concertación sociales en la gestión de gobierno; y coordinar la planificación estratégica en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

La derrota de la política

http://www.ideeleradio.org.pe/web/wNoti.php?idN=9239&tip=especiales

Radio San Borja

25 de febrero 2014

Entrevista en Ideeleradio, que dirige Glatzer Tuesta, de Radio San Borja, sobre la renuncia de César Villanueva al premierato y los cambios en el gabinete.

Ideeleradio.- La salida de César Villanueva del Poder Ejecutivo refleja un achatamiento de la figura del premier, una derrota de la política, y evidencia la dificultad en respetar las formas que son importantes en democracia, afirmó el analista Juan De la Puente.

“Lo que veo en el caso de Villanueva es una derrota de la política, porque él ingresa como premier y como un futuro gabinete en el caso de que se produjera los cambios en la idea de fortalecer el proceso de descentralización, el diálogo político para bajar la polarización, la solución de determinados problemas que pudieran crear una mayor expectativa y una agilización de los proyectos que estaban detenidos”, anotó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“De modo que esto deja un mal sabor por eso, es una especie de achatamiento de la figura del primer ministro, una derrota de la política, pero también es una evidencia de la dificultad para respetar las formas que en democracia son importantes, y que en determinadas circunstancias hacen también el contenido”, acotó.

El analista señaló, del mismo modo, que el Perú no debe ser un "país bananero", y que, por ello, hay que respetar las formas. Arhumentó que si había incomodidad con la gestión del expremier César  Villanueva, se pudo conversar con él.

“El premier no ha podido construir una relación política al interior del Gobierno, sea por los poderes superfácticos o sea, también, porque no ha tenido la fuerza suficiente al interior del Ejecutivo para promover los cambios y, también, para construir esta relación”, declaró.

“Esto es un problema porque termina limitando mucho en términos institucionales la figura del primer ministro, que ya la Constitución lo tiene limitado, y porque la Constitución le da mucha fuerza política al Ministerio de Economía y Finanzas”, precisó.

Alta rotación de ministros limita efectividad

Existe el riesgo de una larga debilidad en el gobierno de Ollanta Humala, porque la alta rotación de ministros limita su efectividad, aseveró al señalar que el principal desafío del actual Consejo de Ministros será su operatividad.

“Mi preocupación, es el riesgo de una larga debilidad. Normalmente un presidente y un gobierno es un 'gobierno pato cojo', seis meses u ocho meses antes de entregar el cargo, que es lo que dictan las leyes de la política cuando está acercándose la transmisión del mando. Creo que el Perú no puede tener un gobierno con una larga debilidad, porque la alta rotación de ministros implica cambios adentro de cada sector y esto limita la efectividad”, comentó.

“[…] Cinco premieres en la primera mitad de los cinco años, nos hace decir con cuántos va a terminar. Algunos desearían que este sea el último y que haya estabilidad, pero digamos por ahí no va la cosa”, anotó.

El analista explicó, además, que el principal desafío del nuevo Gabinete que preside René Cornejo será su operatividad. Subrayó que es importante que esta se incremente.

“Diría que el principal desafío de este nuevo gabinete es la operatividad, es decir hay que hacer funcionar a los sectores. No sé a qué porcentaje está funcionando el aparato del Estado, pero es muy importante que esto se incremente. Ya no solo hay un tema de relación política con la sociedad, con los otros poderes, sino de manejo de Estado, a lo que conspira esta alta rotación”, declaró.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, y la ministra de Trabajo, Ana Jara, vienen con demandas regionales y podrían hacer "cortocircuito" con el esquema del Ministerio de Economía que no quiere entregar recursos, aseveró.

“En esta composición [del Gabinete] hay muchos elementos que puedan tironear, porque tenemos dos ministras que traen demandas regionales personales, la ministra de la Mujer, que es representante parlamentaria por Huánuco, y la ministra de Trabajo, Ana Jara, por Ica, y ambas son ministras peleadoras y ahí podría haber un 'cortocircuito' con el esquema de un Ministerio de Economía que no quiere entregar recursos”.

“Una cosa es en el Ministerio de la Mujer y otra en el Trabajo que es más estratégico, que tiene más recursos y demandas y no está obligada a mayor gestión. También es portador de esta demanda regional sobre el Gaseoducto del Sur el nuevo ministro de Energía y Minas, que probablemente no tenga el perfil deseado por el ministerio de Economía y finanzas en general para ese cargo […]”, agregó.

El analista sostuvo, además, que la gestión de Humala Tasso va a requerir más de su bancada, tras señalar que el claro defecto del actual gabinete es que no aparece su perspectiva política. Indicó que el gobierno actual está obligado a ser más eficaz.

“El Gobierno va a tener que esforzarse más, requerir más de la bancada. En los últimos meses la bancada ha suplido muchas ausencias en la arena pública de los ministros, pero esto obviamente no ayuda. Y se podrían producir otros cortocircuitos más adelante. Está demostrado que cada vez la figura del premier es cada menos relevante y el posicionamiento político es importante, sobre todo si va a tener un candidato presidencial para competir en el año 2016. Una cosa es tener un candidato de gobierno cuando el presidente tiene 40% a 45% y otra cosa es cuando tiene el 22%”, manifestó.

“De modo que ya no por la administración misma, sino por el derecho de sobrevivencia está obligado a ser eficaz, a responder demandas ciudadanas, a pelear, contradecir y para eso se necesita un equipo humano que tenga algo de perspectiva política, que lo que advierto como una ausencia fundamental”, precisó.

Finalmente, refirió que desde el periodo en que Óscar Valdés fue premier se ha configurado un escenario donde se visualiza que existen varios poderes al interior del Ejecutivo. Refirió que el presidente Ollanta Humala es parte de esta lógica y actúa como árbitro.

“Hay también otros poderes fuera del Gobierno. No me cabe duda, que los grandes poderes económicos que se preocupan mucho si manda Humala o Nadine, y son los que han evitado la toma de muchas decisiones. Se han configurado estos poderes fácticos que reparten el poder, y Humala es parte de eso y, también, opera como un árbitro”, precisó.

“Me imagino que la designación de este gabinete fue decidido por el presidente y tomando en cuenta estas aristas, creo que la salida de Castilla hubiera dejado mejor al presidente en la idea de que yo estoy mandando. Ahora, daría la impresión de que estaría siendo premiado un acto no de insubordinación, sino de poca lealtad que sale en contra del premier”, concluyó.

Patriotismo tardío y tardón

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/patriotismo-tardio-y-tardon-31-01-2014

La República

La mitadmasuno

31 de enero de 2014

Juan De la Puente

Varios comentarios sobre el fallo de La Haya no parecen guardar relación tanto con el sentido común como con el trabajoso proceso realizado por el Perú en demanda de sus intereses territoriales. Estas reacciones son de antología y asumen la expresión de una cultura sobre la que puede entenderse que no sabe perder pero que tampoco sabe ganar. Me refiero a algunos de estos comentarios.

1.) La media victoria. Todo triunfalismo es malsano, en la misma dimensión que el derrotismo. De pronto, los volúmenes de pesca que han quedado en manos chilenas y peruanas terminan siendo lo central del proceso de La Haya y del futuro. Esta visión “pescadocentrista” que reduce inclusive las posibilidades de pesca de solo una especie se presenta tardíamente como patriótica. Luego de 60 años de haber depredado el mar peruano descubre que hay centenares de pescadores artesanales en Tacna sumidos en la pobreza desde hace dos siglos, casi en la misma dimensión que los pescadores de Arica. Los “pescadocentristas” olvidan que el Perú no fue a La Haya por derechos pesqueros sino a reivindicar territorios marítimos que ahora cuentan con un título legítimo. ¿Cómo hacerles entender que los recursos naturales forman parte de nuestros intereses nacionales incluidos en un concepto amplio, que importan todos los días, y sobre los cuales habría que tener una perspectiva estratégica?

2.) La Corte cambió. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido objeto de encendidas críticas que son naturales en una cultura donde lo fallos judiciales son pasibles de cuestionamiento. Sin embargo, en más de un caso, los detractores han pasado al espanto, iracundos contra su decisión de apartarse de su  jurisprudencia. No obstante, debe advertirse que la CIJ no es una corte nacional y que en los tribunales internacionales la jurisprudencia tiene un uso especial que deviene de sus igualmente especiales competencias. Solo basta reparar en el artículo 38° del Estatuto de la CIJ para entender la formación de las fuentes del derecho a través de sus sentencias y en el hecho de que al reconocer la llamada “frontera tácita” marítima no es la primera vez que La Haya innova sus anteriores sentencias.

En tal sentido, puede entenderse la incomodidad por la decisión de la Corte de fijar una línea paralela de 80 millas antes de fijar una línea equidistante hasta las 200 millas, pero las raíces de esta decisión no habría que encontrarlas en La Haya sino en la política nacional, en sus actos de Estado equívocos en los años 1952 y 1954 y en los 50 años de abandono de territorio que se presume propio. En este caso, el patriotismo debería ser útil para ajustar cuentas internas y no para mirar la viga en el ojo ajeno.
3.) Tacna herida. Pasa lo mismo con la parte del fallo que se presume afecta a Tacna. De pronto, es La Haya y un puñado de jueces extraños los que han impedido que esta región tenga mayores posibilidades de desarrollo a partir de “su” litoral. No son responsables los gobiernos y representantes que desde hace casi dos siglos han olvidado al sur, ni el Estado peruano que se ha quedado en la contemplación del heroísmo tacneño y que, fuera de algunas leyes de exoneraciones tributarias y de facilidades aduaneras, se ha puesto de espaldas a esta frontera igual que ante las otras. El patriotismo tardón no ha reparado aún en que Tacna y Arica han construido desde hace 15 años un camino propio, sin La Haya y sin Lima, con inteligencia y tolerancia y que son, paradójicamente, las primeras regiones en superar de verdad y no solo en el papel al trauma de la Guerra del Pacífico.

Este modo de patriotismo tardío y tardón rasga las banderas de la unidad nacional alcanzada en vísperas del fallo, dándole a este momento y de cara al fallo una mira extremadamente baja, recortando la importancia y la perspectiva histórica de lo que acaba de ocurrir. Resistirse a apreciar el aspecto central de la sentencia, una firme victoria en un tribunal internacional que resuelve una controversia sin una gota de sangre termina siendo, mirado con realismo, nada patriótico.

Una épica sin ideas

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/una-epica-sin-ideas-24-01-2014

La República

La mitadmasuno

17 de enero de 2014

Juan De la Puente

El comunicado de la CONFIEP del pasado 12 de enero ha sido severamente criticado desde dentro y fuera del gremio. No son pocos los ejecutivos de empresas que consideran que el tono y el fondo fueron desproporcionados y poco corteses con un gobierno que se ha prodigado generosamente en favor de las demandas empresariales enajenando inclusive su relación con otros sectores sociales.

El pronunciamiento es ciertamente de antología. Su estilo tremendista junta en un haz un conjunto de problemas políticos en proceso, serios y debatibles, a los que se le adjudica la condición de “hechos” que afectan la confianza empresarial que alteran el clima de inversiones, generando discordia y división. Si se buscaba un ejemplo del discurso trillado impropio de los que hablan a nombre de la empresa peruana, se ha encontrado uno perfecto.

Una de las intervenciones más políticas de la CONFIEP pretende quitar el sentido político de complejos asuntos de Estado que si bien merecen la opinión de todos, incluyendo la de los empresarios, es inadmisible considerar que pertenecen a un ámbito intocable y que por lo tanto sobre ellos no cabe ni la opinión ni la decisión del Estado.

No deja de ser extraño que la CONFIEP haya guardado silencio sobre el alto nivel de confrontación política que se experimenta desde hace casi un año y que en más de una ocasión haya alimentado esta con posiciones radicales. El concepto “ruido político”, aunque muy debatible, que los economistas usan en la medición de expectativas no parece haberlos alterado durante varios meses y solo han reparado en él cuando fueron tocados algunos intereses vinculados a los medios de comunicación. Una vez más se presentan asuntos privados como si fueran de todos.

Sin embargo, quizás no deberíamos preocuparnos demasiado por este comportamiento, en el contexto en que la CONFIEP ha dejado de ser el eje sobre el que gira el temperamento de la empresa peruana. Varias de sus partes tienen una vida propia muy intensa, proactiva y moderna, y pertenecen al segmento moderno de la empresa que a fuerza de los desafíos ofrece una relación más abierta de la sociedad y del Estado, menos patrimonialista y con una visión menos demandante y más colaborativa. Las experiencias de los recientes CADE, los congresos mineros y los procesos de responsabilidad social exponen un desarrollo desigual del quehacer empresarial donde la CONFIEP queda reducida a un papel sindical empresarial duro, a costa de sacrificar su tradicional papel de gremio de gremios.

Este desfase es inevitable en un país en el que el crecimiento segmenta a las empresas y a los sectores de acuerdo al nivel de la inversión y a la conciencia de sus ejecutivos. Un conjunto de empresas cuyo número se incrementa, se apropia de preocupaciones sociales, ambientales, laborales y de innovación tecnológica en beneficio del recurso humano; ese sector procura la toma de posición en torno a las instituciones y la democracia y es más resistente a mezclarse con campañas políticas dirigidas.

Otros países con un mercado menos amplios y diversificados tienen una elite empresarial más articulada y coherente que han sabido dar paso a think tanks orgánicos de la empresa en procura de una visión de país. En El Salvador, por señalar un caso, funciona la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). En el Perú, en cambio, la CONFIEP no ha podido generar un centro de reflexión propio por falta de claridad y de desprendimiento; en el mundo empresarial son conocidos sus problemas de liquidez para los gastos corrientes.  

Un papel de reflexión para y desde el mundo de la empresa lo cumplen en cierto modo exitosas consultoras como Macroconsult y Apoyo y otras empresas especializadas en rubros específicos. No obstante no deja de ser extraño que en un país donde se lleva a cabo una batalla épica entre los últimos bastiones del modelo económico neoliberal y las políticas heterodoxas que embisten el continente hace una década, la defensa de la fortaleza sea tan escasamente organizada, esperanzada en los comunicados.

Heraldo Muñoz, el nuevo canciller chileno y el Perú

El designado canciller chileno Heraldo Muñoz, que iniciará sus funciones el 11 de marzo con el gobierno de la Presidente Michelle Bachelet es un sagaz político y un hábil conocedor del Perú. Su relación con nuestro país data de los años 70 cuando en su condición de dirigente del Partido Socialista tomó contacto con organizaciones de la izquierda peruana en el marco de la lucha contra la dictadura de Pinochet. Hasta 1986 fue secretario de relaciones internacionales del Partido Socialista, luego fundador del Partido por la Democracia (PDPD) junto a Ricardo Lagos, y miembro del comando ejecutivo del No en el plebiscito de 1988.

Durante los gobierno de la Concertación desempeñó cargos que siempre lo tuvieron cerca de las relaciones peruano/chilenas. Fue Ministro Secretario General del Gobierno (2002-2003) y antes Subsecretario de Relaciones Exteriores (2000-2002), en el gobierno de Lagos. También fue embajador de Chile en Brasil (1994-1998) ante la OEA (1990-1994) y ante las NNUU (2003-2010).

Desde mayo del 2010, fue Subsecretario General de la ONU y jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En esa condición vino varias veces al Perú; una de ellas fue como representante del Secretario General de NNUU Ban Ki-moon a la toma de posesión del Presidente Ollanta Humala el 28 de julio del 2011. Con el Presidente Humala se ha reunido varias veces y ha compartido con él actos públicos. Tuvo igualmente una relación cercana con el canciller Rafael Roncagliolo.

Poco antes de la segunda vuelta electoral del 2011, Muñoz salió al paso de las visiones catastrofistas que auguraban que un triunfo de Humala llevaría al Perú al regazo de Hugo Chávez, Durante un viaje a España declaró que no se debería descartar que el entonces candidato nacionalista Humala pueda convertirse en el “Lula” peruano. Dijo que no creía que las elecciones peruanas puedan tener un “efecto particular” en las relaciones y equilibrios políticos de los países de Sudamérica y aseveró que lo que hay en América Latina es diversidad.

En noviembre del 2012, participó en Lima en la presentación del Cuaderno la Protesta Social en América Latina, documento elaborado por el Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP) de PNUD. Allí dijo que el conflicto social no es negativo y que detrás de estos conflictos hay deterioros reales de la calidad de vida de la gente, que tiene que ver con postergaciones, como la educación, por ejemplo, la carga histórica de la desigualdad.

También estivo en Lima en noviembre del año pasado para presentar el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 "Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. En esa oportunidad cuestionó las políticas de “mano dura” contra el crimen y dijo que cada país se necesita un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana en el que participen desde los gobiernos y los partidos políticos a la sociedad civil, de modo que la seguridad no se vea politizada y se transforme en una política de Estado.

Muñoz es el canciller ideal para este momento de la política internacional chilena que sin duda será jalonada por el fallo de La Haya, el 27 de este mes. Es un negociador hábil y se relaciona con facilidad con las diversas tendencias de la política regional. Junto a José Miguel Insulza son los chilenos más experimentados en la política internacional; fue facilitador de las consultas sobre la reforma del Consejo de Seguridad (2007-2008) de las NNUU y Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU (2004). En el Consejo de Seguridad, también presidio el Comité de Sanciones contra Al Qaeda y los Talibanes (2003-2004). En febrero de 2009, Ban Ki-moon lo nombró Presidente de la Comisión de Investigación sobre el asesinato de la ex-Primera Ministro de Pakistán Benazir Bhutto, responsabilidad que ejerció hasta su término el 15 de abril de 2010.

Un año de medio pelo

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-ano-de-medio-pelo-27-12-2013

La República

La mitadmasuno

27 de diciembre de 2013

Juan De la Puente

Las malas noticias políticas del 2013 son varias y es preciso realizar un esfuerzo para reconocer las de mayor incidencia, pasando del comentario al análisis. Entre todos los fenómenos, escojo cuatro como los más relevantes: la pérdida de la mayoría política y social por el gobierno, la guerra política gobierno/oposición, el hundimiento del centro político y el reflujo de los movimientos sociales.

La caída de la aprobación presidencial, 33 puntos en 10 meses, es aún motivo de debate; la mayoría de observaciones apunta a que esta obedece a un concepto genérico denominado “mala gestión”, que hace énfasis en el efecto, impidiendo precisar las causas. Es sintomático que en la mayoría de encuestas haya desaparecido la variable “incumplimiento de ofertas” como una de las razones de la desaprobación presidencial. De ese modo, en el ámbito “Humala comentario” la desaprobación se debe a sus desaciertos, aunque en el “Humala análisis” la serie de insatisfacciones como inseguridad, corrupción, conflictos, programas sociales, retraso salarial y derechos, debe leerse como el abandono definitivo del programa de cambio, en sus componentes más básicos. Aquí, la sustitución del análisis por el comentario es crucial porque reduce la intensidad de cualquier política de relanzamiento del gobierno: cambio en las formas y gestos sin recuperación de las reformas desechadas.

También fue un año de intensa confrontación gobierno/oposición; la guerra política escaló para situarse a niveles cercanos a los experimentados en 1987, luego del anuncio de la estatización de la banca, y el 2000, cuando la reelección de Alberto Fujimori. La áspera batalla ha sido llevada a cabo por un arco de fuerzas conservadoras partidarias, empresariales y periodísticas, siendo esta última la más vigorosa, coherente y exitosa. La debilidad del gobierno es evidente sin que amenace su continuidad, en un esquema de tensiones donde el acoso se intercala con la tutela.

Bajo ese marco impuesto es casi un chiste debatir si las decisiones las toma el Presidente o su esposa cuando es evidente que las decisiones de fondo son impulsadas o bloqueadas por los grandes poderes que no se ubican, necesariamente, en Palacio de Gobierno. El mismo marco de acoso/tutela quizás sirva como un escarmiento para futuros intentos de desafío al establishment.

El país se acerca a las elecciones del 2016 sin centro político; este sucumbió como efecto de la polarización anotada líneas arriba pero también por otros eventos, el más importante de ellos la caída de Alejandro Toledo bajo acusaciones de corrupción serias y documentadas. Toledo no era el único centrista pero era uno de los más caracterizados; su hundimiento en los estudios de aprobación de líderes políticos agrega en él una responsabilidad política además de los otros cuestionamientos. ¿Cuánto más podrá funcionar el sistema peruano sin centro y en qué condiciones podrá ser reconstruido de cara al 2016?

Un cuarto fenómeno es el reflujo de los movimientos sociales que no se produce luego de la satisfacción de sus reclamos. La separación de la izquierda del gobierno tiene un efecto letal sobre la parte más demandante de la sociedad civil. Sin considerar el caso Conga, un proyecto dormido por el gobierno y a la espera del beso reactivador, los conflictos sociales persisten aunque su imposibilidad de producir efectos políticos es mayor. No pasa desapercibido el escaso éxito del paro nacional del 26 de setiembre pasado y la señal que proyecta: el proceso político se lleva a cabo sin la presión de la calle, con el costo que ello implica.

Estos cuatro grandes fenómenos se han producido simultáneamente y en algún caso condicionando unos a otros; han operado en el contexto de un régimen político precario y probablemente debido a ello. No obstante, no ha producido una crisis de envergadura, lo que evidencia que la democracia peruana es más fuerte de lo que generalmente se piensa. A pesar de ello han abierto una transición a otro país político con reglas nuevas aunque no siempre con actores nuevos.

La hora de la comparación

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-hora-de-la-comparacion-09-08-2013

La República

La mitadmasuno

9 de agosto de 2013

Juan De la Puente

Ya es un lugar común del análisis político comparar a Ollanta Humala con Lucio Gutiérrez. La comparación viene desde su elección, en una matriz donde caben (cabían) Hugo Chávez, Rafael Correa, Lula y Cristina Kichner. En varios comentarios se dice que la caída de su aprobación y su aislamiento pueden dejar ver la experiencia del ex coronel ecuatoriano como una promesa de futuro del gobierno peruano.

El aislamiento de Humala es una nota preocupante de la coyuntura, aunque ha sido en algunos casos dramatizado, sin tomar en cuenta que Toledo y García estuvieron en una situación parecida y que ambos, con distinto nivel de recursos y de oposición, lograron salir del encierro forzado.

Habría que poner sobre la mesa las similitudes y diferencias entre los personajes, los gobiernos y sobre todo los países. Gutiérrez y Humala tienen historias personales parecidas, especialmente la tradición militar y una epopeya corta aunque decisiva en sus futuros políticos. Humala tiene a su favor, no obstante, una derrota electoral y una experiencia opositora de 5 años.

Los puntos de partida también son similares: ofertas de cambio radical, angustiosas elecciones en segunda vuelta que les obligó a ensanchar la coalición electoral y el inicio de gobiernos amplios con la presencia de partidarios, aliados de izquierda y liberales ortodoxos. Es importante señalar que mientras Humala eligió a 47 congresistas de 130, Gutiérrez tuvo 6 parlamentarios de 100, una base de apoyo menor en el Legislativo.

El giro conservador de ambos fue asimismo rápido; el gobierno de Humala se desprendió de la izquierda a los cinco meses y el de Gutiérrez a los siete. No obstante, allí empiezan las diferencias; Gutiérrez fabricó en el parlamento dos mayorías artificiales, primero acercándose a la derecha orgánica ecuatoriana y luego organizando una coalición populista uniendo a sectores de la derecha y de la izquierda a través de prebendas. Humala, en su caso ha logrado mantener con menos trabajo la mayoría en el Congreso sumando al PPC y Solidaridad Nacional, evitando enfrentar a una oposición unida.

Armado de una mayoría feble, Gutiérrez derrapó en una lógica dictatorial; derribó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral y cesó a 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en esto último para evitar su vacancia. En su fase final sumó a su caída en las encuestas una guerra política con los partidos llamados tradicionales, la prensa, los indígenas, los sindicatos y las clases medias. Construyó una unidad nacional, pero contra él.

Tres elementos determinantes de esa experiencia ecuatoriana fueron la soledad final en el Parlamento, la movilización social intensa y la colisión de poderes, en un contexto en que la crisis del sistema político se empalmó con la crisis de gobierno. En favor de Gutiérrez habría que anotar que no solo giró a la derecha sino que se desvistió bajo un incesante ataque de los poderes fácticos y de la derecha política que cada día le pedía que se sacara una prenda.

En nuestro caso, parte de los análisis deberían explorar la capacidad de maniobra con las que cuenta el gobierno. En el escenario de una crisis de gobierno emergente y otra del sistema político, igualmente inicial, es crucial el cese de la guerra política desaforada en favor de una competencia más racional y programática, una pelea de agendas más que de insultos. Al mismo tiempo, es fundamental escuchar a la calle en sus expresiones diversas, un imperativo que pasa, por ejemplo, por no subestimar la huelga de salud.

El establishment peruano en su ingenuidad cree que debe desvestir a Humala, arrinconarlo, privarlo de aliados y además pedirle liderazgo y mano dura con las demandas sociales, una operación donde el acoso se convierte en tutela; cree que el gobierno está en una disputa solo “arriba”. No se da cuenta de que, con sus límites y a la peruana, la calle es también un escenario de disputa y que importa el recorte del canon, la paralización del Gasoducto Surandino y el retraso salarial en el sector público. Creen que son los únicos insatisfechos.

La guerra política

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-guerra-politica-02-05-2013

La República

La mitadmasuno

3 de mayo de 2013

Juan De la Puente

El escenario peruano ha experimentado en las últimas semanas una inesperada modificación, al anticiparse la campaña electoral que a pesar de encontrarnos a tres años de los comicios del 2016, contiene elementos de creciente polarización y deterioro de las relaciones entre los actores públicos.

El principal afectado en este proceso es el gobierno, al que se le abre nuevos y vulnerables flancos; el resto de actores también sufrirá pérdidas sensibles, por las dificultades para construir coaliciones electorales sólidas y por el abandono del centro político, una ubicación privilegiada que les permitió en su momento a Toledo, García y Humala ganar las elecciones presidenciales.

El curso abierto parece irreversible; en algunos meses extrañaremos el escenario sobre el que el gobierno operaba con cierta comodidad, ante una oposición mediática, parlamentaria y empresarial que atacaba puntos específicos del Ejecutivo conservando un buen talante frente al gobierno en su conjunto. En el nuevo ciclo se esfuman los espacios intermedios y se difuminan las funciones bisagra que permitían la actuación de una mayoría política, prestada pero mayoría al fin y al cabo: el PPC y Solidaridad Nacional en la directiva de Parlamento; Perú Posible, el aliado retrechero; Mario Vargas Llosa, el garante vigilante; y los gremios empresariales, los impacientes acompañantes del manejo económico oficial.

El desenlace de este proceso es impredecible por los rasgos poco clásicos de quienes actúan en la trama peruana. No obstante, debe descartarse una ruta brasileña como la que construyó Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) en la primera presidencia de aquél, inaugurando un proceso democrático que dura más de 10 años. El Perú no tiene un sistema de partidos que acompañe y equilibre al partido de gobierno porque, paradoja peruana, el gobierno no tiene partido de gobierno propiamente dicho, carece de una sociedad civil organizada en diálogo dinámico con el gobierno y, más aún, el país adolece, a diferencia de Brasil, de una sociedad racionalmente abierta al cambio democrático.

Tampoco parece posible un escenario venezolano como el que inaugurara Hugo Chávez en 1999. El gobierno peruano carece de voluntad política para alterar las reglas del juego de la economía a pesar de las críticas que se le han realizado desde la empresa y los medios. A lo sumo, se propone una ligera innovación de modelo heredado, fortaleciendo el papel del Estado en algunos sectores sin reverdecer el estatismo. Un giro chavista implicaría un manejo más decisivo de los resortes políticos y militares del poder, improbables ahora, y sobre todo la movilización de las masas. Al contrario, el gobierno carece de operadores y de la voluntad ideológica chavista. Si hubo signos tempranos de Ollanta Humala, estos fueron su divorcio de la izquierda y su adhesión al pragmatismo. Algo más nos diferencia del escenario chavista: la alta legitimidad del mercado y el consenso nacional respecto a que el crecimiento económico debe ser defendido resueltamente.

El escenario de riesgo reside en que la pérdida de la mayoría y la guerra política aíslen al gobierno y generen un clima de tensión tanto en las alturas como en la calle, poniendo fin a los seis meses de relativa paz social. Si se fuerza una comparación, esta sería lo que vivió Ecuador entre el 2003 y 2005, cuando el presidente Lucio Gutiérrez, sin mayoría parlamentaria propia construyó un gobierno basado en una alianza con los sectores indígenas y la oposición displicente de los partidos. La ruptura de las alianzas y sus errores aislaron al gobierno que cayó por una asonada; la crisis fue conjurada por una sucesión constitucional precaria, el antecedente del actual régimen de Rafael Correa.

Para impedir ese escenario, el juego gobierno oposición no puede derivarse en una guerra política que use todos los medios al alcance incluyendo la amenaza de vacancia presidencial levantada por un partido con arraigo democrático. Nuestro sistema no resistiría 3 años de extrema polarización.

¿Por qué sube Humala?

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/por-que-sube-humala-21-12-2012

La República

La mitadmasuno

21 de diciembre 2012

Juan De la Puente

El presidente Humala terminará el año con 50% de aprobación de acuerdo a la reciente encuesta de GfK publicada por La República. Desde setiembre, su respaldo ha trepado 13 puntos y 14 desde que en julio decidiera cambiar el Gabinete Valdés, el de la mano dura. Es también estimable que luego de varios meses la aprobación supere a la desaprobación (42%).

La pregunta obligada es por qué sube Humala. El sondeo entrega solo algunas pistas en la línea de que son varias razones y no solo una. Las dos más apreciables son que el Jefe de Estado capitaliza el excelente resultado económico con el que termina este año: 6,3% de crecimiento en lugar del 5,5% inicial y 7,5% de aumento de la demanda; y el momento de unidad nacional que significó la presentación del alegato peruano en La Haya. En conjunto, las relaciones exteriores, los programas sociales, el fomento del empleo y el manejo de la economía son las áreas mejor evaluadas del gobierno, criticadas por porcentajes bajos, de entre el 14% y 26%.

El análisis se complica porque el aumento del respaldo presidencial no se relaciona con el movimiento en alza de otros indicadores de opinión pública. El gobierno es desaprobado con altas cuotas en la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Y tampoco mejora la percepción sobre el manejo de la educación y la salud. El único indicador que se ha movido seriamente, no obstante, es el de los conflictos; en julio, un escaso 10% aprobaba el manejo gubernamental de los conflictos sociales contra el 51% que lo cuestionaba. En diciembre y luego de las huelgas de octubre, lo aprueba el 20%, el 28% lo desaprueba y el 46% lo considera regular.

La relativa paz social lleva ya más de dos meses, el gobierno ha podido dormir el conflicto por el proyecto Conga y ha salido hasta ahora airoso de la reforma salarial y pensionaria de las FFAA y de la PNP. Luego, con la ayuda del Parlamento le ha dado un curso a la Ley de la Reforma Magisterial, al Gasoducto del Sur y a la certificación ambiental de la explotación de los recursos naturales vía la aprobación de la ley que crea el SENACE.

En el respaldo presidencial también importa la incidencia de la oposición; Alejandro Toledo tuvo al frente a Alan García, y este tuvo como opositores a Ollanta Humala y a Toledo. En cambio, Humala presidente tiene hasta ahora el silencio de García, el apoyo rezongón de Toledo y la oposición intermitente y focalizada de Keiko Fujimori. Y lo más importante para los efectos de la calle: el gobierno no enfrenta una oposición férrea de los medios, de los movimientos sociales, de la izquierda y de los presidentes regionales, una ausencia que conduce a otra interrogante: ¿El 32% que votó por Gana Perú en la primera vuelta habrá ya consentido el giro de Humala?

Este escenario se ve impactado por una campaña que va tomando forma y que propone remover las trabas que impiden la inversión privada; entre estas aparecen en la primera línea la consulta previa y la fiscalización ambiental, con lo que el mensaje es claro: desandar el camino recorrido, un movimiento que puede devolvernos a la confrontación y a los conflictos cruentos. Habría que recordar que según la Defensoría del Pueblo, de los 168 conflictos activos, 128 son de carácter ambiental (76%).

Esta campaña es extraña aunque explicable; un sector del país considera que ha llegado el momento de imponerle al gobierno una nueva agenda y forzar una vuelta de tuerca en la perspectiva de reducir la presencia del Estado frente al mercado, un error muy grueso.

Las trabas que se requieren remover son aquellas que retrasan la inversión desde la cultura burocrática y de la falta de gestión y no desde la regulación o del reconocimiento de derechos sociales. No deberíamos equivocar el debate ni abandonar la perspectiva de la inclusión; la discusión que necesitamos ahora es cómo encarar el retraso de la inversión pública y de los salarios de los trabajadores públicos, la universalización de los derechos y la reforma para una mayor equidad.

!No quiero ser mayoría!

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/no-quiero-ser-mayoria-16-11-2012

La República

La mitadmasuno

16 de noviembre de 2012

Juan De la Puente

Quienes sueñan con una democracia sin Parlamento estarán felices: el actual se dirige al colapso como resultado de su creciente inmovilismo y el múltiple bloqueo, principalmente político. Los parlamentarios de fila ven como una docena de sus colegas, voceros reales y formales, practican un raro juego, un rito suicida, que consiste en evitar que el Legislativo adopte decisiones o que las que tome sean poco esenciales. Más extraño todavía es que el oficialismo realice con mayor empeño ese juego.

El bloqueo se localiza en las alturas y en algunas bancadas que viven una guerra fratricida. La base del Parlamento funciona con cierto ritmo pero sin rumbo y sin agenda política. Veamos algunos datos; desde el 28 de julio se han promulgado una veintena de leyes, de las cuales 8 nacieron por iniciativa del Ejecutivo. El oficialismo ha convertido en leyes 3 de sus iniciativas, otras 3 de Alianza Parlamentaria (AP), 3 del fujimorismo y una de la Alianza por el Gran Cambio (APGC). El resto son normas que corresponden a proyectos compartidos por más de una bancada. Otras 15 están a la espera de la promulgación.

Las leyes promulgadas no son espectaculares. Algunas recogen expectativas justas como la delegación de facultades legislativas en Defensa e Interior, la expropiación de los terrenos para el aeropuerto de Chinchero, la estimulación del gasto público y la reactivación de los proyectos ferroviarios en el centro del país. No obstante, en esa lista caben otras normas de trámite forzado como la del sector azucarero (una Ley Oviedo más) y el nombramiento de notarios. Entran en la cuenta también dos normas básicas para la sobrevivencia nacional: la Ley del Día de la Marinera y los cambios en la Ley del Colegio de Odontólogos. Eso sí, el Parlamento es fraterno: solo en noviembre se han presentado 160 mociones de saludo.

La mayoría de comisiones cumplen, con un promedio de reuniones de entre 8 y 10 desde agosto; las de Presupuesto (21), Defensa (16) y Educación (16) superan este rango y pocas van a la zaga como Cultura (7) y Energía (7). Con ese ritmo las comisiones han dictaminado 85 proyectos de ley que están atrapadas en la agenda. Pocas de estas, sin embargo, tienen el espíritu de la reforma y las que corresponden a cambios sustantivos sufren dolorosamente. Un caso emblemático es el proyecto de la Ley de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) enviada como urgente por el gobierno, debatida cinco veces en tres meses y con textos sustitutorios en cada debate. Así, se augura una vía crucis para la Ley del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).

La responsabilidad central es del oficialismo, un inédito caso de renuncia al poder luego de ganarlo. Gana Perú se ha empezado a construir desde una posición defensiva y ha renunciado a ser mayoría. Sus movimientos son cada vez más torpes por la lucha interna entre antiguos y nuevos voceros, un resultado natural en una bancada que carece de democracia interna. El azaroso fracaso en la elección del Defensor del Pueblo es la medida exacta del agotamiento de un modelo de gestión sin objetivos, sin agenda y sin medios políticos. En todo Parlamento democrático la disputa y el consenso se organizan en función de mayorías y minorías. En el actual se carece de grandes acuerdos y se mediatizan unos a otros. El principal resultado es el bloqueo.

La clave se encuentra en el modelo de coalición escogido para gobernar el Parlamento. En la elección de julio los grupos y parlamentarios partidarios de las reformas quedaron fuera de la dirección del Congreso y el oficialismo mantuvo el control del Legislativo a costa de reducir su capacidad de movimiento. El error principal de los líderes del Parlamento es subestimar la agenda de cambio, aún mínima, recuperando lazos con sus promotores y dejar actuar por su cuenta a los voceros formales y reales, especialmente a los últimos. ¿Se puede evitar el colapso? Sí, con una agenda política y desarmando el juego inmovilista.

El indulto a Fujimori y otros temas de coyuntura

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/dialogos-de-primera/el-indulto-es-una-operacion-politica_122889.html

 

Entrevista del periodista Javier Soto publicada en el diario La Primera, el 22 de octubre de 2012
 

EL INDULTO ES UNA OPERACIÓN POLITICA

El analista Juan De la Puente señaló que un hipotético “indulto” a Alberto Fujimori no contribuirá a la reconciliación nacional. Aunque sostuvo que la administración de Humala ha tenido cierto éxito al hacer aquietar el conflicto de Conga, advirtió que su ministro de Economía, Luis Castilla, ha oficiado, con sus recientes declaraciones a favor del reinicio de dicho proyecto minero, de “príncipe azul” que pretende despertar a la “bella durmiente”. 

—¿Cuánto han aportado estos primeros tres meses de gestión del premier Jiménez para alcanzar la meta del gabinete del diálogo, diferenciado del de su antecesor, Óscar Valdés?

—El primer valor de este gabinete es haber revertido el clima de tensión de estos últimos dos meses del gabinete Valdés; y ha instalado en la opinión pública la idea de que no se puede gobernar con una lógica de fuerza y de mano dura. En segundo lugar, algunas de las diez ofertas planteadas por su gabinete al Parlamento se han ido cumpliendo. Ya tenemos en el Congreso un proyecto de Ley de Reforma Magisterial y una nueva norma que establece una nueva relación entre la minería y la sociedad. Evidentemente, los temas de seguridad siguen estando pendientes, pero en estos tres meses el gabinete Jiménez ha hecho muy bien en instalar una lógica de apertura en lugar de una lógica de fuerza.

—Parece que la violencia de la conflictividad social ha amainado, a diferencia de lo que acontecía con la gestión Valdés.

—El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales trae dos novedades. Lo primero es que por tercer mes consecutivo han disminuido los conflictos, al pasar de 247 a 238; y es igual de importante considerar que en los últimos meses se ha resuelto un promedio mensual de cinco conflictos, lo que en sí representa un éxito ya que la tasa de resolución de conflictos es muy baja en el Perú; de uno o dos por mes.

—¿Acaso una prueba de ello sería la desactivación del litigio por las operaciones del proyecto Conga, en Cajamarca?
—Sí. El gobierno ha tenido cierto éxito al hacer “dormir” (aquietar) a Conga. Pero mi impresión es que es el efecto de una “bella durmiente”, en el que viene un príncipe azul, le da un beso y la despierta; y, en esta última etapa, es el ministro de Economía, Luis Castilla, quien ha operado como príncipe azul, porque recientes declaraciones suyas han despertado a Conga.

—Aunque las protestas de índole laboral...
—Estamos en el inicio de una ola de protestas laborales, pero que éstas tienen una connotación distinta a los otros conflictos sociales que son, fundamentalmente, ambientales.

—¿Y por qué Jiménez tiene tanta dificultad en resolverlas?

—Los conflictos laborales, a los que me he referido anteriormente, han revelado la singularidad del Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido que se ha puesto como eje de la discusión la capacidad de este portafolio para resolver o postergar soluciones. Al respecto, tengo entendido que los demás ministros tienen una muy escasa capacidad de negociación con los gremios laborales, porque todo lo termina autorizando y vetando el Ministro de Economía.

 

NARCOTERRORISMO
—¿Cree usted que el narcoterrorismo se ha expandido, durante los últimos gobiernos, en la zona del Vraem?

—Yo no diría que se ha expandido. Lo que pasa es que los ataques espectaculares que han desarrollado estas bandas en el Vraem ante la falta de éxito de las fuerzas del orden han dado la sensación de ausencia por parte del Estado. Pero, por encima de ello, lo que tenemos en el Perú es una crisis de seguridad en la que este gobierno tiene una agenda pendiente que resolver y que, esperamos, comience a ser afrontada y resuelta por la gestión de Humala.

 —El gobierno del presidente Humala y su ministro de Defensa, Pedro Cateriano, están recuperando el terreno perdido por el Estado?

—Es probable que en este espacio denominado Vraem existan algunas zonas independientes del Estado, pero también es cierto que en los últimos días los errores que se han producido se deberían a la autonomía excesiva con que cuentan los mandos militares en dicha área. En ese sentido deben interpretarse entonces las palabras del ministro de Defensa, que el poder político y constitucional va a estar mucho más atento a lo que se haga aquí en los ámbitos de la inteligencia, programas sociales, desarrollo de infraestructura, etc.

—¿Los últimos anuncios de Cateriano sobre la construcción de diez nuevas bases militares en el Vraem y la inversión en helicópteros y logística bélica, contribuirán a superar las carencias, desarticular las bandas narcosenderistas y a resolver el problema de seguridad en la zona?

—Es muy importante que se complete el equipamiento militar aéreo en el Vraem, teniendo en cuenta que, con la experiencia Colombiana, no es posible una vigilancia minuciosa del gasoducto de Camisea, ya que se ha planteado la posibilidad de que esta infraestructura sea hostigada en, por lo menos, sus primeros 200 kilómetros por las fuerzas narcosenderistas en la zona, lo que sí constituiría un golpe a la independencia y capacidad energética del país. Por ello me parece fundamental y de primer orden la compra de este equipamiento; y espero que ésta sea rápida.

—¿Coincide usted con los sectores que han reclamado cambios en la estrategia seguida, a fin de privilegiar la inteligencia, que ha dado resultados en el Valle del Huallaga?—En mi opinión, el mejor cambio debería estar orientado al privilegio de las acciones de inteligencia como un antecedente de las operaciones abiertas de interdicción. En segundo lugar, creo que debe resolverse el tema del mando en la zona, que está disperso. Y la mejor manera es entregándole una mayor competencia y presencia a la Policía Nacional que ha demostrado una mejor capacidad para resolver este problema. En cualquier circunstancia, debería garantizarse un comando unificado. En tercer lugar, es muy importante ser más incisivos en la lucha antiDrogas.

 —Si bien el manejo económico mantiene la ortodoxia, ¿hasta qué punto es cierta la afirmación de que la administración de Humala continúa con la política del “piloto automático”?

—Bueno, si bien no se ha producido un cambio sustantivo del poder económico, como lo había planteado inicialmente el Jefe del Estado, respecto al proceso de la economía nacional, evidentemente estamos frente a esta posibilidad (de mantener el statu quo). Pero también es cierto que éste es un gobierno que ha empezado a utilizar muchos más recursos en infraestructura e inclusión social, aunque con cierta dificultad y lentitud en el gasto, lo que podría provocar una crisis de distribución. Sin embargo, es un hecho que en los últimos años el modelo de economía liberal ortodoxa, que se heredó del gobierno de Alberto Fujimori, ha sufrido cambios sustantivos, en la línea de incentivar la demanda y la inversión pública.

EL PEDIDO DEL INDULTO
Parte al país en dos
—El pedido de indulto para el sentenciado expresidente, Alberto Fujimori, ha polarizado al país. ¿Cómo debería resolver el gobierno este nudo gordiano?
—Queda claro, en estos últimos días, que enfrentamos una operación política, con un alto contenido publicitario, por parte del Fujimorismo, con lo que se está demostrando que no estamos frente a un pedido humanitario. Por lo tanto, esto conduce a que la sociedad y el gobierno traten también este tema de un modo político. Tengo la impresión de que la orientación del gobierno es la de postergar esta decisión. Es decir, a ir con más lentitud. Las revelaciones que hacen los medios sobre los conflictos internos que afectan al Fujimorismo por el tema del indulto, confirman que la solución no puede dejar de ser política. De modo que para tomar una decisión política, la administración de Humala va a tener que estudiar muchos este asunto.
—¿Cuán falsa es la premisa del sector fujiconservador respecto a que la expedición de esta gracia, a favor del exdictador, favorecerá la reconciliación nacional?
—Yo lo dudo, porque se tratan de crímenes de lesa humanidad por los que ha sido condenado Alberto Fujimori. Segundo, porque, como se ve en las últimas acciones del Fujimorismo, se trata de una operación política que, inicialmente, fue presentada como humanitaria. Y, tercero, si el resultado del indulto va a conducir al retorno de Fujimori a la actividad política de primera línea, no estaríamos frente a una medida que favoreciese la reconciliación, sino a la polarización del país.